Luis Alberto Romero
El martes 6 de mayo fue un día de psicosis colectiva en
Papantla, dos balaceras ocurridas en ese lugar se robaron la tranquilidad de un
pueblo mágico y apacible. Un día después, las escuelas de esa cabecera lucían
semivacías porque, ante el miedo, muchos padres de familia prefirieron que sus
hijos no acudieran a tomar clases.
El lunes siguiente, 12 de mayo, el gobernador Javier Duarte
acudió a ese lugar, donde anunció el operativo “Blindaje Norte”, que se
enfocaría en la Huasteca y el Totonacapan, limítrofe con los estados de Tamaulipas,
Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. De igual forma, el ejecutivo de Veracruz
señaló que los cuerpos policiacos de 20 ayuntamientos de la zona norte serían
depurados y que los comandantes municipales tendrían que aprobar los exámenes
de confiabilidad.
Dos semanas después, el lunes 26, el gobierno veracruzano
arrancó un operativo similar en el sur de la entidad, el “Blindaje
Coatzacoalcos” incluye tareas de vigilancia del Ejército Mexicano, Armada de
México, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad del gobierno estatal.
En total, 535 elementos reforzarían la seguridad en Coatzacoalcos, Minatitlán y
los municipios cercanos. Esa fuerza se suma a los 290 efectivos que ya se
encargan de la seguridad en una región que limita con Tabasco.
Este jueves 29, Duarte de Ochoa estuvo en la zona centro,
donde dio a conocer los detalles del programa “Blindaje Córdoba”, que destina
750 elementos de la federación y el estado a las tareas de seguridad. Ahí, el
gobernador señaló que 14 municipios están incluidos en los operativos. Apuntó
también que el índice delictivo en Veracruz iba a la baja y que el objetivo es
evitar que la delincuencia de otras entidades llegue a operar a tierras
veracruzanas.
Esa estrategia, que ya se desarrolla en la zona conurbada de
Veracruz-Boca del Río, busca desalentar las actividades delincuenciales y
evitar que las bandas que se dedican a los delitos de alto impacto, como el
secuestro, la trata de personas y la venta de drogas, se establezcan en el
estado.
Son acciones muy importantes y, además, necesarias. Sin
embargo, es evidente que los recursos gubernamentales que se destinan a estas
áreas están enfocados a la atención a un problema que forma parte de la
realidad presente; es decir, se combate a la delincuencia pero no se previene
el delito.
En febrero del año pasado, hace 15 meses, el presidente Enrique
Peña Nieto presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia, que incluye la participación de nueve secretarías de estado.
Anunció, asimismo, recursos por 118 mil millones de pesos para las localidades
y municipios con mayores índices delictivos.
En Veracruz actualmente funciona una dirección de prevención
del delito que depende de la subsecretaría del ramo y que cuenta con recursos
insuficientes; implementa básicamente cuatro programas: Jornadas Comunitarias,
Escuela Segura, Empresa Segura y Policía Contigo, que no registran resultados
contundentes.
Debido a ello, desde
la presidencia de la Legislatura local se cocina una propuesta para integrar la
Ley Estatal de Prevención Social para el Estado de Veracruz, que elevaría el
tema a un nivel de legislación, iría en sintonía con las acciones del gobierno
federal y ubicaría a la entidad como una de las primeras en el país en esa
materia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/
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