viernes, 10 de octubre de 2014

PRD veracruzano, la dócil dirigencia


Luis Alberto Romero

En el Partido de la Revolución Democrática no hubo sorpresas y tras una larga sesión del Consejo Nacional, durante la madrugada de este domingo 5 de octubre, Carlos Navarrete Ruiz rindió protesta como nuevo dirigente nacional.

Como todos los procesos internos de ese partido, esta sesión del perredismo nacional se caracterizó por un  ambiente complicado, con señalamientos y acusaciones entre las tribus, sobre todo las corrientes minoritarias, que literalmente fueron avasalladas por Nueva Izquierda.

El poderoso grupo que encabeza René Bejarano optó por abstenerse de la votación; algunos consejeros, incluso, tomaron el presídium, lo que provocó que la asamblea partidaria se prolongara por doce horas.

Reducidos, como están, Patria Digna, de Carlos Sotelo; Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano; Alternativa Democrática Nacional, de Héctor Bautista López; y otros, se convierten ahora en los grupos de oposición dentro del partido.

Carlos Navarrete, la carta de Nueva Izquierda, corriente también conocida como “Los Chuchos”, presidirá al Comité Ejecutivo Nacional del PRD al lograr 259 votos; su adversario interno, si así se le puede llamar, Carlos Sotelo, apenas alcanzó 26 sufragios; fue una contienda de un solo lado.

En este proceso del PRD se impuso la continuidad porque Carlos Navarrete representa a la tribu que ha mantenido el control del partido y su línea es la de la negociación y el pacto sobre la confrontación.

Sin embargo, el problema central para Nueva Izquierda y, en general, para el Partido de la Revolución Democrática no es la elección interna del dirigente nacional, porque ese fue sólo un trámite; el tema importante apenas viene y tiene que ver con su organización y estructura de cara al proceso electoral federal de 2015, cuando en nuestro país se renueve la cámara baja del Congreso de la Unión, así como 7 gubernaturas, 17 legislaturas estatales y 1015 ayuntamientos.

Veremos entonces qué cara muestra al electorado un partido que se ha caracterizado por los fracasos en sus participaciones en los procesos intermedios.

Y para complicar todavía más el panorama del perredismo nacional, el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, tiene un pie fuera del partido, mientras que Andrés Manuel López Obrador, postulado en dos ocasiones como candidato a la presidencia de la República, impulsará ahora a su propio proyecto político, el Movimiento de Regeneración Nacional, que competirá con el PRD para convertirse en la principal expresión de la izquierda mexicana.

En Veracruz, Nueva Izquierda tiene a Rogelio Franco, Celso Pulido, Fredy Marcos y a los alcaldes de Papantla, Marcos Romero, y San Rafael, Héctor Lagunes, como sus principales cuadros.
El ex dirigente estatal del partido, Rogelio Franco Castán, asumirá durante los últimos días de octubre su segundo periodo y con esto, al igual que ocurre en el ámbito nacional, se dará continuidad al proyecto de la actual dirigencia del PRD veracruzano, que se ha caracterizado por su cercana relación con el gobierno local; dicho de otra manera, los dirigentes de ese partido, dóciles como han sido, seguirán recibiendo línea desde Palacio de Gobierno. Como está, el PRD más parece una subsecretaría del gobierno que un partido político. Al diputado Uriel Flores se le ve cada vez más cerca de Morena; Manuel Bernal, Fredy Ayala y Daniel Nava serán la oposición al interior del partido. @luisromero85

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Pueblos Mágicos, las nuevas reglas


Luis Alberto Romero

En materia de turismo, actualmente Veracruz tiene tres lugares incorporados al programa Pueblos Mágicos del gobierno federal: Xico, Coatepec y Papantla; otras tres localidades aspiran a la misma denominación: Zozocolco, Naolinco y Catemaco, de lograrlo, no solo obtendrían promoción, sino también recursos económicos gubernamentales y un aumento en la derrama por la actividad turística.

Sin embargo, ante las nuevas reglas que emitirá la Secretaría de Turismo, el tema de la incorporación de más asentamientos veracruzanos a dicho programa federal podría complicarse.

Un interesante trabajo publicado por el periódico Capital de México da cuenta del nuevo rumbo que se espera en ese programa; el próximo 27 de septiembre, en el marco de los festejos del Día Mundial del Turismo, el gobierno federal dará a conocer las nuevas reglas y se adelanta que 26 lugares que actualmente tienen esa denominación podrían perderla.

Por si fuera poco, quienes pretendan incorporarse al programa de Pueblos Mágicos deberán presentar una gran oferta turística, mejor imagen urbana y promoción de sus productos, sostiene el trabajo del diario.

En sus inicios –durante la administración del presidente Vicente Fox, ese programa exigía cinco requisitos fundamentales a los lugares interesados en lograr la denominación: estar cerca de un destino turístico grande, contar con buenos accesos por carretera, participación ciudadana, tener atractivos religiosos e históricos, así como tiendas de artesanías, restaurantes y comercios.

Finalmente, durante el sexenio de Felipe Calderón, la entrega discrecional de nombramientos terminó por empañar esa estrategia gubernamental; debido a ello, la Secretaría de Turismo buscar tener un mayor grado de exigencia para las ciudades que aspiren a lograr ese reconocimiento.

Al iniciar septiembre, por ejemplo, la dependencia presentó los resultados de una evaluación al programa y de este documento se desprende que sólo tres destinos cumplen en todos sus términos los requisitos y exigencias de incorporación y certificación; y que resulta preocupante el incumplimiento detectado en los temas más importantes del programa; lo más común es el ambulantaje, la inadecuada imagen urbana y el bajo desarrollo de los productos locales.

Debido a ese diagnóstico, la Secretaría de Turismo determinó endurecer los requisitos para alcanzar y mantener la categoría. Se prevé ahora que existan tres niveles de Pueblos Mágicos: los que por sus características e infraestructura están destinados a los visitantes internacionales tendrán el nivel de “gran turismo”; las 5 estrellas serán asignadas para pueblos en desarrollo, y se enfocarán al turismo nacional; mientras que 4 y 3 estrellas se concederán para lugares potenciales o en construcción y su promoción se enfocará a visitantes regionales.   

Pero esos no son los únicos cambios; se espera que dentro de una semana, cuando se den a conocer las nuevas reglas, la Secretaría de Turismo determine que perderán la denominación aquellos lugares que no tengan inversión durante dos años consecutivos, que tengan poca inversión estatal, o que no entreguen seguimiento e informes puntuales al gobierno federal.
En ese contexto, no sólo hay dudas en cuanto al nombramiento para pueblos como Zozocolco, Naolinco y Catemaco, sino también riesgos para los lugares que actualmente tienen esa denominación, Papantla, Xico y Coatepec; hay que recordar que la ciudad que se ubica en el Totonacapan ya perdió en 2009 esa categoría, mientras que el nombramiento del municipio que encabeza Roberto Pérez Moreno se encuentra en peligro por las precarias finanzas y la nula inversión. @luisromero85

Indígenas veracruzanos


Luis Alberto Romero

El tema de la discriminación y los derechos indígenas pareciera un debate agotado y, por tanto, innecesario. No es así, sobre todo tomando en cuenta la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades para sectores que por años han sido excluidos y marginados.

El 11 de junio de 2003, el Diario Oficial de la Federación publicó La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el documento establece las medidas legales para prevenir cualquier forma de exclusión social y garantizar la igualdad entre las personas.

No es un tema nuevo, ni en México ni en el ámbito internacional: la Carta de las Naciones Unidas de 1945, como muestra, establece la importancia de la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

Sin embargo, la realidad de nuestro país es muy diferente a lo que establecen tanto los tratados internacionales como nuestras propias leyes; un ejemplo es la discriminación que enfrentan las etnias. Se estima que este problema social afecta a más de 7 millones de indígenas y unos 450 mil afromexicanos.

México es un país racista. La más reciente Encuesta Nacional de Discriminación reveló que más del 23 por ciento de los mexicanos no estarían dispuestos a compartir su casa con personas de otra raza; que el 54 por ciento señala que el color de la piel es un motivo de insulto; y que el 16 por ciento de la población vincula la pobreza de los indígenas con un tema de pereza; es decir, apuntan que son pobres porque no trabajan.

Pero no sólo los indígenas son discriminados en este país; también lo son mujeres, ancianos, jóvenes, niños, enfermos, discapacitados, migrantes, creyentes no católicos y miembros de la comunidad lésbico-gay.

En el caso de los indígenas, se trata de una doble discriminación porque este grupo no sólo enfrenta un trato desigual debido a su condición racial, sino también por la pobreza y el rezago que prevalece en las comunidades.

Por si fuera poco, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reconoce atrasos en el trato igualitario para indígenas en diferentes ámbitos: en los procesos penales, en el acceso a la salud y a la alimentación, en los derechos políticos y en las oportunidades de trabajo.

Ayer, por cierto, el presidente Enrique Peña Nieto se presentó ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, donde convocó a combatir la desigualdad, la injusticia y la discriminación que enfrentan los pueblos indígenas; sin embargo, es un problema que no se puede resolver por decreto.

En Veracruz existen siete grandes grupos étnicos; es la cuarta entidad con más población indígena, superada sólo por Oaxaca, Chiapas y Estado de México. Más del 9 por ciento los indígenas del país vive en territorio veracruzano, donde muchas veces sufren discriminación y malos tratos por su condición racial.
Generalmente, las comunidades de regiones como Chicontepec, Papantla, Tantoyuca, Uxpanapa, Ixhuatlán y Soteapan, entre otras, enfrentan problemas de discriminación y un acceso inequitativo a servicios y oportunidades para su desarrollo. Es un problema que se registra en prácticamente todas las etnias de un país, México, que ve en lo indígenas a ciudadanos de segunda, lo cual no sólo es vergonzoso, sino también indignante. @luisromero85

lunes, 18 de agosto de 2014

Educación, el rezago


Luis Alberto Romero

Hace un mes y medio, a finales de junio, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett Chemor, estuvo en Veracruz, donde habló del arranque de la Estrategia Nacional contra el Analfabetismo y el Rezago Educativo, programada para agosto.

De acuerdo con el anuncio del funcionario, el objetivo es que en los próximos 4 años, 2.2 millones de mexicanos aprendan a leer y escribir, que una cantidad similar concluya la primaria y que más de 3 millones terminen la secundaria. Se trata, en síntesis, de disminuir el rezago educativo. 

En nuestro país, el grado de escolaridad promedio es de 9.1 años, que equivale a poco más de la secundaria terminada. De cada 100 personas mayores de 15 años, 4.8 no tienen un solo año de estudios, y apenas el 55.5 cuentan con educación básica.

En Veracruz hay 2.2 millones de personas con la educación básica incompleta y el promedio de escolaridad es de 7.7 años; es decir, menos del segundo grado de secundaria, lo que ubica a la entidad debajo del promedio nacional.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dicen que de cada cien veracruzanos mayores de 15 años, 10.6 por ciento no tienen ni un solo grado de estudios, y sólo el 57.9 por ciento tiene la educación básica terminada; en ese renglón, está Veracruz arriba de la media tabla.

El censo de INEGI en 2010 reporta que con el 11.4 por ciento de su población analfabeta, Veracruz es la cuarta entidad con más altos índices en el país, sólo debajo de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el estado de Puebla.

En contraparte, es Veracruz una de las entidades que destinan mayor presupuesto a la educación: casi 10 mil millones de pesos se ejercen en programas educativos y poco menos de 30 mil millones se asignan a la Secretaría de Educación del gobierno estatal.

Ese es el punto: debido a la inversión que se aplica en el rubro educativo, no se explican los pobres resultados en materia de analfabetismo y rezago educativo.

Hoy, con el regreso a clases de 2 millones 380 mil estudiantes, el tema de la educación en Veracruz vuelve a ser noticia; no sólo por el inicio del ciclo escolar sino, sobre todo, por el señalamiento de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyo secretario general, Juan Nicolás Callejas Roldán, señaló que más de 3 mil escuelas veracruzanas presentan daños en su estructura, lo que pondría en peligro la integridad de maestros y alumnos.  

Pero no queda ahí: Francisco Pineda González, también ligado al magisterio veracruzano y quien encabezara la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza, señaló, sin dar cifras, que muchas escuelas de la entidad se encuentran en el abandono por la falta de mantenimiento y que prácticamente no existe construcción ni rehabilitación de espacios educativos.
Esas declaraciones no son coincidencia de posturas. Lo que llama la atención, en todo caso, es que las fuentes pertenecen a un sector tradicionalmente alineado con los gobiernos estatales; es una alianza que ha representado para los liderazgos magisteriales posiciones políticas y todo tipo de prebendas. @luisromero85

jueves, 24 de julio de 2014

Xalapa, un caos


Luis Alberto Romero

Hace más de una década comenzaron los problemas de movilidad en la capital de Veracruz.

Sin contar los domingos y días festivos, prácticamente todo el año hay manifestaciones; cálculos conservadores estiman que en Xalapa se registran más de mil 200 cada año.

El problema se complica por el enorme número de autos que circulan por las arterias de esta ciudad; si se considera el número de habitantes, podríamos decir que la Atenas Veracruzana es la ciudad que tiene más autos en el país, unos 160 mil ruedan por las calles y avenidas y cada año, más de 10 mil unidades se suman al parque vehicular xalapeño.

Por ello, las últimas 4 administraciones municipales han considerado a la movilidad urbana como un tema de necesaria atención y urgente solución; este es, junto con limpia pública, alumbrado y mal estado de las calles, uno de los talones de Aquiles del actual gobierno municipal.

Hace 9 años, en octubre de 2005, el entonces alcalde Ricardo Ahued Bardahuil anunciaba tres obras que contribuirían a mejorar la vialidad de Xalapa: la construcción del bulevar del Norte, el distribuidor vial de Las Trancas y el Libramiento de Xalapa; fueron útiles, pero ninguna de esas obras resolvió el problema de fondo.

Tres años después, el sucesor de Ahued en la presidencia municipal, David Velasco Chedraui, presentaba el Plan de Movilidad Urbana Xalapa 2009, que incluían el cambio en el sentido de las vialidades, así como circuitos que agilizarían la circulación. Ante las presiones del comercio y los empresarios locales, ese ayuntamiento, de endeble determinación, terminó por doblar las manos y dejar todo como estaba; el plan fue un fracaso.

Ya durante la administración de Elizabeth Morales García, en marzo del año pasado se retomó el tema con el apoyo del gobierno estatal y se presentó el proyecto denominado Movilidad 360, que contemplaba el cambio de sentido en algunas calles, así como pares viales en la capital; de igual manera, la sincronización de semáforos, el rediseño de vialidades, la implementación de 7 circuitos de circulación continua, la instalación de estacionamientos públicos, la reestructuración de las rutas del transporte local y la construcción de 3 terminales para autobuses foráneos. Muy pocas de las acciones anunciadas se llevaron a cabo y el problema se mantiene.

Hoy, la administración que encabeza Américo Zúñiga retomó el tema de la movilidad urbana e inició el análisis de las posibles medidas a implementar: pares viales, cambio de sentido en calles, nuevas rutas para el transporte público, cierre del centro histórico para los automóviles y la instalación de parquímetros.

Algunas de esas acciones ya se han desarrollado, como la que se refiere a un primer cuadro peatonal; se trata de una propuesta de quien fungía en 1989 como presidente de la comisión coordinadora del Centro Histórico de Xalapa, Magno Garcimarrero Ochoa.

Otras son medidas que causarán polémica entre la población, como los parquímetros, sobre todo si no se aclara qué empresa recibiría la concesión de ese sistema, cuánto generaría en términos de recursos para el municipio y qué se ocuparían éstos.
Lo cierto es que si el ayuntamiento de Xalapa pone a la movilidad urbana la misma atención que a los parques y jardines, a la basura, al alumbrado y al estado de las calles, la estrategia estará condenada al fracaso. @luisromero85

miércoles, 23 de julio de 2014

Dos años


Luis Alberto Romero

Para la sucesión en Veracruz faltan más de dos años; antes de eso habrá de celebrarse, en 2015, la elección federal intermedia para la renovación de la Cámara Baja. En ese contexto, los partidos políticos trabajan en dos pistas: la selección de candidatos para el proceso del próximo año y las contiendas internas entre sus aspirantes a buscar el poder ejecutivo de la entidad.

Se trata de temas diferentes pero que aparecen entrelazados porque de los resultados del próximo año podría depender la selección de los candidatos en 2016.

En el caso del Partido Acción Nacional, ya con su nueva dirigencia estatal –que entrará en funciones este año–, 2015 será el termómetro para medir el resultado de la aparente alianza entre los grupos internos; veremos también quién se perfila para aparecer en las boletas electorales de 2016; y observaremos el resultado de esa unidad y lucha de contrarios: por un lado, Miguel Angel Yunes, José Mancha y Joaquín Guzmán Avilés; por el otro, Julen Rementería, Enrique Cambranis y Juan Bueno.

En el otro frente de batalla, para el Partido Revolucionario Institucional, 2015 también será el año que podría definir el rumbo de la sucesión en el ejecutivo: a los dos aspirantes claramente identificados, Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla, se sumarían algunos diputados federales que serán electos el próximo año; de antemano, se mencionan los nombres del actual coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Alberto Silva Ramos, quien buscará la curul federal por el distrito de Tuxpan; y el secretario General de Gobierno, Erick Lagos Hernández, quien será postulado por Acayucan.

Esas dos opciones del PRI, Silva Ramos y Lagos Hernández, se fortalecerían de pasar, como así parece, la propuesta de una gubernatura de dos años, que iniciaría en 2016 y concluiría en 2018, para que el ejecutivo que entre en funciones ese año sea electo en el mismo proceso que el próximo presidente de la República.

Por otro lado, para que esas cartas del grupo en el poder sean realmente viables, no sólo deberán ganar las elecciones en sus respectivos distritos, sino, literalmente, avasallar a la oposición y, en ese sentido, una clara ventaja lleva el vocero del gobierno veracruzano, quien ya fue alcalde de la cabecera distrital y secretario de desarrollo social en el estado.

Del Partido de la Revolución Democrática mejor ni hablar porque a pesar de que su dirigente estatal, Sergio Rodríguez Cortés, diga que se postulará a un candidato ciudadano de probada calidad moral y trayectoria, lo cierto es que salvo el actual diputado federal por el distrito de Xalapa, Uriel Flores Aguayo, el Sol Azteca no cuenta con personajes de talla estatal que puedan representar una competencia real en una elección Constitucional; por si fuera poco, la presencia del PRD en Veracruz se ha reducido considerablemente en la última década.

Para aclarar un poco el panorama, lo que falta es saber si se modificará la Constitución Política del Estado para dar paso al periodo de dos años en la gubernatura; en ese punto ya han coincidido PRD y Movimiento Ciudadano, así como una de las fracciones más importantes del PAN. En recientes declaraciones, incluso, el gobernador Javier Duarte ha dejado abierta esa posibilidad, que convence a muchos actores y protagonistas de la política estatal menos, por supuesto, a los directamente afectados. @luisromero85

lunes, 21 de julio de 2014

La Liga, inoperante y rebasada


Luis Alberto Romero

El 23 de marzo de 1923, hace 91 años, en Xalapa nació la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz. Adalberto Tejera gobernaba la entidad y desde ese cargo impulsó la organización de los campesinos veracruzanos. Más de 120 representantes de grupos agrarios se reunieron para el congreso constituyente de la organización, que tuvo como primeros líderes a Úrsulo Galván, José Cardel, Juan Rodríguez Clara, Antonio Carlón e Isauro Acosta.

Muchos de esos líderes fueron asesinados poco después de fundar la Liga de Comunidades Agrarias. Sin embargo, ese fue uno de los primeros antecedentes postrevolucionarios de lo que hoy es la Confederación Nacional Campesina.

En 1926, tres años después de la fundación de esa agrupación de campesinos veracruzanos, fue creada la Liga Nacional Campesina, que ya organizaba a los agricultores de 16 estados de la República. En 1933 se integró la Confederación Campesina Mexicana y la CNC, como tal, nacería en 1938, durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas; Graciano Sánchez fue su primer dirigente.

El objetivo original que daba sentido a la CNC y a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Veracruz era la demanda de tierra para cultivo, que estaba en manos de terratenientes. Durante las décadas posteriores a su fundación, esas organizaciones se convirtieron en defensoras del ejido, la propiedad comunal y la pequeña propiedad; sin embargo, terminaron por convertirse en instrumentos de poder.

El ala campesina del Partido Revolucionario Institucional tuvo sus días de gloria hace cuatro o cinco décadas. Incluso, hace treinta años, la CNC mantenía un poder importante en la estructura de ese partido y del llamado sector campesino del PRI salían lo mismo gobernadores que senadores, diputados y, por supuesto, alcaldes.

Hoy, la CNC y la Liga de Comunidades Agrarias no son ni la sombra de lo que fueron. En Veracruz, por ejemplo, la organización está tan disminuida que prácticamente pasa inadvertida en el contexto político. Sus posiciones están reducidas a su mínima expresión y ni siquiera ocupa un lugar importante entre las agrupaciones que se dedican a la gestión de proyectos productivos.

A pesar de esa cuestionada importancia política y pese a que en Veracruz cada vez pierde más terreno el llamado voto verde del PRI, la actual dirigencia de la Liga, encabezada por la ex alcaldesa de Emiliano Zapata, Bertha Hernández Rodríguez, se mantiene en el cargo luego de que su periodo estatutario concluyera hace un par de años.

En el último trimestre de 2013 llegó Jesús Siller Rojas como delegado del Comité Ejecutivo de la CNC; a 9 meses de dicho nombramiento, ni convocatoria, ni señal de cambio en la organización, donde los grupos internos ya exigen una renovación, que no es otra cosa que la salida de Bertha Hernández, quien se defiende al señalar que la emisión de la convocatoria corresponde a la instancia nacional y que ella no se aferra al cargo.
Lo cierto es que al interior de la Liga, cada vez son más las voces que se suman a la inconformidad por la permanencia del actual comité estatal. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 10 de julio de 2014

Del Orfis a la Procuraduría


Luis Alberto Romero

Comenzaba el año cuando el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia en la Legislatura del Estado, Francisco Garrido Sánchez, daba a conocer el resultado de más de mil auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, a dependencias del gobierno de Veracruz, a los ayuntamientos y a los organismos descentralizados que manejaron recursos públicos durante el ejercicio presupuestal de 2012.

La información dio cuenta de las irregularidades en el manejo de las finanzas en 38 municipios de la entidad que presentaron presuntos daños patrimoniales que iban desde los 500 mil a los 41 millones de pesos; los casos más mencionados, precisamente por los elevados montos de las observaciones, fueron Fortín de las Flores, con 41 millones de pesos; Xico, con casi 25 millones; Castillo de Teayo, con 7; Camerino Z. Mendoza, con 5; y Nogales, con casi 4 millones 500 mil pesos.

Pero los 38 ayuntamientos no fueron los únicos que resultaron con presuntas irregularidades; de hecho, los montos más abultados corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y al Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, convertido en una cloaca.

En el caso de la secretaría a cuyo frente se encontraba el hoy diputado local Raúl Zarrabal Ferat, las observaciones superaron los 400 millones 600 mil pesos.

Dos meses después de que el resultado de las auditorías se hiciera público, el 7 de marzo de este año se llevó a efecto la audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. El Fideicomiso del Túnel Sumergido no solventó ni una de las observaciones que fueron realizadas por el Orfis, en tanto que la Secom lo hizo de manera parcial; es decir, de las 17 observaciones, sólo solventó 2.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, los sujetos a quienes se les podrían fincar una responsabilidad contaron con 10 días en la fase de establecimiento de sanciones para interponer un recurso de reconsideración. También se abrió un periodo de 15 días para recurrir a un juicio contencioso administrativo ante el Poder Judicial del Estado.

En mayo, el Orfis dio por terminada la etapa de determinación de responsabilidades a los funcionarios públicos que no solventaron las observaciones: 28 instancias lograron deslindarse y 20 no pudieron acreditar un aseado manejo de los recursos; entre ellas se encuentran la Secretaría de Comunicaciones, el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, el Tecnológico de Alamo y la Oficina Operadora de Ciudad Mendoza.

Luego de ese periodo, en mayo comenzaron las notificaciones por parte del Orfis, sobre las presuntas irregularidades no solventadas; en problemas se encuentran los ex alcaldes de 15 ayuntamientos, los ex funcionarios de la Secom, del Túnel Sumergido y de otros 3 fideicomisos estatales.
Ayer, el propio diputado Francisco Garrido confirmó que la semana próxima iniciará la siguiente etapa de ese largo proceso, que es la notificación final a los involucrados; posterior a ello vendrá la presentación de las denuncias penales que habrá de interponer el Órgano de Fiscalización ante la Procuraduría de Justicia del Estado contra los involucrados que no solventaron las observaciones ni resarcieron el daño patrimonial; la gran mayoría de ellos no gozan de fuero; el diputado Raúl Zarrabal si está protegido por esa figura y por ello, de encontrarse en la lista final de los presuntos responsables de daño patrimonial, enfrentará un desgastante juicio de procedencia. @luisromero85 http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 9 de julio de 2014

Verificación vehicular


Luis Alberto Romero

El pasado 8 de julio, ante la Legislatura del Estado, el ejecutivo veracruzano presentó una iniciativa relacionada con la operación de los centros de verificación vehicular, a fin de controlar de manera más eficiente a los módulos que funcionan para ello y que en muchos casos se han caracterizado por privilegiar el precio del engomado por encima de los criterios estrictos que deben prevalecer.

Actualmente, quien paga los 185 pesos por la verificación realiza el trámite sin importar ni el modelo, ni el estado mecánico, ni las emisiones de la unidad porque, como dicen los verificadores “todos pasan.”

Debido a ello, la iniciativa turnada al Congreso de Veracruz  busca dar mayores facultades a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuraduría de esa materia, aplicar multas a los propietarios de los automotores que no sean revisados y concesionar la operación de los centros de verificación por 20 años con la posibilidad de duplicar el periodo.

El documento también expone la necesidad de instalar fuentes de monitoreo de la calidad del aire, a fin de garantizar a los ciudadanos un entorno ambiental con menos índices de contaminación y mejor calidad del aire. En ese contexto, Duarte de Ochoa propuso reformar la Ley Estatal de Protección Ambiental, el Código Financiero y la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz.

De acuerdo por el boletín emitido por la oficina de Comunicación Social de la Legislatura del Estado, la propuesta del gobernador plantea, en su parte central, “otorgar facultades en materia de prevención y control de la contaminación a la Sedema y a la Procuraduría de Medio Ambiente, para establecer y prestar el servicio público de verificación de calidad del aire… y limitar o prohibir la circulación de los vehículos cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que marca el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.”

El tema va de la mano del aumento en el parque vehicular veracruzano; sólo en la ciudad de Xalapa, el incremento es alarmante: la ciudad pasó de 37 mil unidades en 1987 a casi 68 mil vehículos hace una década. Hoy, más de 160 mil automóviles circulan en esta capital, que se ha convertido en una de las ciudades más complicadas del país en cuanto a la vialidad. Por si fuera poco, cada año se suman otros 10 mil autos al parque vehicular xalapeño; lo peor es que de acuerdo con la Alianza Veracruzana de Centros de Verificación, solo el 35 por ciento de las unidades cumplen ese requisito.

Podríamos decir que existe un auto por cada tres habitantes y por cada dos casas habitación hay tres automóviles. Proporcionalmente, Xalapa casi triplica en esa materia al Distrito Federal,  donde existe un auto por cada ocho habitantes. Si a eso le sumamos las unidades del servicio público, más de mil 500 autobuses y 7 mil taxis, el panorama se complica todavía más, porque muchos autos ya no están en condiciones de circular.
Las multas, la medición de la calidad del aire y el retiro de las unidades que no sean verificadas son disposiciones que podrían resultar poco populares, sobre todo si se considera el alto número de vehículos viejos, chatarras que ruedan por calles, avenidas y carreteras veracruzanas y que son verdaderos focos de contaminación; sin embargo, son medidas necesarias para evitar problemas futuros, como los relacionados con la salud pública. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 2 de julio de 2014

Los suicidios en Veracruz


Luis Alberto Romero

San Juan Evangelista es un municipio del sur veracruzano; se encuentra muy cerca de Rodríguez Clara y Acayucan y cuenta con unos 30 mil habitantes.

Con 233 localidades –sólo 3 de ellas urbanas–, este es un municipio considerado de alta marginación y donde la tasa de analfabetismo supera el 16 por ciento. Ahí, únicamente el 60 por ciento de los hogares disponen de agua entubada y casi la mitad de la población vive en condiciones de hacinamiento. Los niveles de pobreza son muy altos: el 78 por ciento de la gente es pobre; hay 11 mil personas en pobreza extrema, 17 mil en pobreza moderada y a 6 mil habitantes se les considera vulnerables por carencias sociales. De los más de 30 mil pobladores de San Juan Evangelista, apenas 600 no enfrentan problemas económicos o de rezago social.

Este municipio se convirtió recientemente en noticia nacional; sin embargo, no fue por el tema de la pobreza, sino por los recientes y lamentables casos de suicidio entre jóvenes.

El pasado 7 de mayo, un estudiante de secundaria se quitó la vida en este municipio. Los vecinos señalan que al adolescente se le presionaba mucho al interior de su familia luego de que confesara sus preferencias sexuales. No es difícil imaginar el contexto de exclusión y marginación que enfrentan homosexuales y lesbianas en zonas rurales. El joven murió y fue sepultado en el panteón del lugar; previamente, en la escuela secundaria donde cursaba sus estudios le rindieron honores al cuerpo.

Días después, una menor de edad, 11 años, se dijo impresionada por el homenaje que le rindieron al suicida y habría comentado a sus amigos que cualquiera desearía una muerte así. Presuntamente por imitación, la niña también se suicidó.

A esas muertes se suma otra en el mismo lugar, la de un hombre de 22 años que, de acuerdo con versiones de los vecinos, enfrentaba problemas de drogadicción. Sin dinero para pagar el precio de su adicción, el joven entró en depresión y también se colgó. Fue ese el tercer caso en menos de un mes en el pequeño municipio de San Juan Evangelista.

Fuera de ese municipio pero en el mismo territorio estatal hay otros casos: hace menos de una semana, en la comunidad de El Castillo, perteneciente al municipio de Xalapa, una estudiante de primaria también decidió terminar con su vida; su familia atribuye la decisión a un caso de acoso escolar y responsabiliza a la maestra de la menor. Más recientemente, el domingo 29 de junio, en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, otro niño de la misma edad, 11 años, se suicidó en el interior de su vivienda, ahorcándose con una cadena.

El secretario de salud en el estado, Juan Antonio Nemi Dib, informó que este año, 95 suicidios se han registrado en la entidad; esa cifra no es suficiente para ubicar a Veracruz entre las entidades con más casos; de hecho, se encuentra debajo de la media nacional. El funcionario explicó que las causas son multifactoriales y que no existe vínculo alguno entre los suicidas; a pesar de ello, todos los casos se investigan para determinar las causas.
En redes sociales se habló inicialmente de una especie de pacto satánico en San Juan Evangelista; es absurdo. Lo cierto es que en el tema de la salud mental, el entorno y la comunicación familiar tienen un papel determinante para evitar que los suicidios se incrementen. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 1 de julio de 2014

Analfabetismo y rezago educativo


Luis Alberto Romero

Hace un año y medio, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y el investigador David Moctezuma Navarro presentaron un ensayo que fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y que se refiere a la dimensión del problema del analfabetismo en nuestro país.

En el trabajo “Analfabetismo en México, una deuda social”, se reconoce el rezago que en ese sentido enfrentan, sobre todo, adultos mayores, mujeres e indígenas. Se sostiene, además, que las estrategias y acciones emprendidas por el gobierno no han sido exitosas hasta el momento.

Los autores sostienen que “El analfabetismo constituye una de las grandes deudas que tiene la sociedad con quienes lo padecen. Limita el crecimiento de las personas y afecta su entorno familiar, restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza el goce de otros derechos humanos…”; de igual manera, advierten que de no enfrentarse esta situación, será cada vez más difícil revertir el problema de la desigualdad.

Los números nos dicen que nuestro país tiene más de cinco millones de analfabetas. En 1950, con una población de más de 25 millones de habitantes, México tenía el 42 por ciento de personas en el analfabetismo; esto es, 6 millones 400 mil. Para 1970 tenía el país 48 millones de habitantes, de los cuales casi 7 millones no sabían leer ni escribir, el 25.8 por ciento.

En el 2000, 97 millones de mexicanos fueron contados por el inegi; de ellos, casi 6 millones eran analfabetas, el 9.5 por ciento. Diez años después, en 2010, había 112 millones de personas y de ellas, 5 millones 300 mil no saben leer ni escribir, el 6.9 por ciento.

En México, el grado de escolaridad promedio es de 9.1, que equivale a poco más de la secundaria terminada. De cada 100 personas mayores de 15 años, 4.8 no tienen un solo año de estudios, y apenas el 55.5 cuentan con educación básica. En Veracruz, hay 2.2 millones de personas con la educación básica incompleta y el promedio de escolaridad es de 7.7; es decir, menos del segundo grado de secundaria. De cada cien veracruzanos mayores de 15 años, 10.6 por ciento no tienen ni un solo grado de escolaridad, y sólo el 57.9 por ciento tiene la educación básica terminada.

El censo de 2010 reporta que con el 11.4 por ciento de su población analfabeta, Veracruz es la cuarta entidad con más altos índices en el país. En esa lista se encuentra a la cabeza Chiapas, con el 17.8 por ciento; Guerrero, con el 16.7; Oaxaca, con el 16.3; y el estado de Puebla completa la lista de los primeros cinco, con 10.4 por ciento, siendo la media nacional de 6.9. En contraparte, los estados con menor población analfabeta son Distrito Federal, Nuevo León, Baja California Norte, Coahuila y Sonora.
De ahí la trascendencia del anuncio realizado ayer en Veracruz por el secretario de educación pública, Emilio Chuayfett Chemor, quien señaló que en agosto arranca la estrategia nacional contra el analfabetismo y el rezago educativo; el objetivo es que en los próximos 4 años, 2.2 millones de mexicanos aprendan a leer y escribir, que una cantidad similar concluya la primaria y que más de 3 millones terminen la secundaria. De tener éxito en dicho programa, México habrá dado un paso importante para saldar esa deuda social con su población vulnerable. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 30 de junio de 2014

El Norte de Veracruz, en crisis


Luis Alberto Romero

Generalmente en el olvido, con carreteras en mal estado y una población con altos niveles de pobreza, la zona norte de Veracruz enfrenta hoy más problemas: crisis comercial, ayuntamientos en quiebra y recortes presupuestales de la principal empresa generadora, directa o indirectamente, de empleo, Petróleos Mexicanos.

En esa región, integrada por la Huasteca Alta y Baja, así como por el Totonacapan, hay 48 municipios veracruzanos; casi todos muy pobres. La parte norte de Veracruz limita con los estados de Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí; comienza en Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, El Higo, Ozuluama y Tempoal; sigue en Huayacocotla, la sierra de Otontepec y Tuxpan; y en la zona Totonaca, Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. En total, 33 municipios de la Huasteca y 15 del Totonacapan, casi todos, con elevados índices de carencias y rezago social.

A una actividad comercial deprimida en casi todos los municipios y a la muy limitada presencia industrial, se suman los problemas propios del sector primario: bajos precios en los productos del campo, plagas y enfermedades, así como una exagerada presencia de intermediarios.

No es todo: en Poza Rica, por ejemplo, donde parte de la actividad económica que se desarrolla tiene que ver con la industria petrolera, prevalece un ambiente de tensión y nerviosismo por los recortes presupuestales de Pemex. Más todavía, al interior del sindicato petrolero hay desconfianza por la liquidación, en diciembre de 2013, de unos 3 mil trabajadores de base en todo el país.

A esa situación se agrega el cierre de pequeñas y medianas empresas: el hotel Principal y los restaurantes El Chalet y El Petrolero terminaron por bajar sus cortinas y se convirtieron en ejemplos de las empresas que resienten la crisis y quiebran, aunque hay quien atribuye estos casos en particular a los problemas ocasionados por la falta de conclusión de la obra del distribuidor vial, cuyos trabajos llevan dos años sin terminar.

En otros municipios, como Tihuatlán y Gutiérrez Zamora, cuyos ayuntamientos son gobernados por Gregorio Gómez Martínez y Leticia Delong Capellini, respectivamente, comienza julio y no inicia la construcción de obra pública, que también representa empleo y derrama económica; lo peor es que esos gobiernos locales enfrentan problemas cada quincena para cubrir el pago de sus nóminas. Igual ocurre en Poza Rica, donde el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz ha limitado su trabajo a la atención de las solicitudes para tapar baches.

Mientras tanto, en el municipio de Álamo, cuyo ayuntamiento sigue bajo el control del ex alcalde y actual diputado local Jorge Vera Hernández, quien dejó una herencia de 100 empleados de confianza, el alcalde está más preocupado por buscar la diputación el año próximo que por el tema de la obra pública.
Ante ese panorama, dos son las obras que destacan y que podrían detonar de manera significativa el desarrollo del norte veracruzano: la autopista México-Tuxpan, ya terminada y que representa una inversión de más de 9 mil millones de pesos; y la ampliación del Puerto de Tuxpan, todavía pendiente, que podría costar al erario unos 100 mil millones. Esa infraestructura aumentará la capacidad portuaria y modernizará al puerto más próximo al Distrito Federal. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 25 de junio de 2014

El reto panista


Luis Alberto Romero

Las diferencias entre los grupos internos del Partido Acción Nacional no son nuevas y hasta podríamos calificarlas como normales dentro de cualquier instituto político, porque además de ideas comunes también existe la confrontación por espacios, posiciones y candidaturas.

Igual ocurre en el Partido Revolucionario Institucional, aunque ahí las diferencias no se dirimen de manera pública; tenemos un ejemplo en el proceso de selección del candidato a la presidencia municipal de Xalapa en 2010; Américo Zúñiga era secretario del Trabajo y se perfilaba como el más viable aspirante a suceder a David Velasco Chedraui; sin embargo, en el camino de Zúñiga Martínez se interpuso la ex diputada federal Elizabeth Morales García, quien finalmente fue postulada debido a que garantizaba una mayor votación para su partido. El hoy alcalde tuvo que esperar tres años para ocupar esta posición, tiempo suficiente para alimentar los resentimientos que hoy se reflejan contra su antecesora.

Igual ocurre en el Partido de la Revolución Democrática, donde la división y el enfrentamiento entre las tribus resultan ya proverbiales y predominan las acusaciones y descalificaciones mutuas.

En el caso de Acción Nacional, dos grupos se han conformado en el escenario estatal: por un lado, el que encabeza Miguel Angel Yunes Linares, integrado también por Víctor Serralde Martínez,  Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y José Mancha Alarcón; y por otro, el llamado grupo estatal, en el que se encuentran Tito Delfín Cano, Julen Rementería del Puerto, Juan Bueno Torio, Germán Yescas y Enrique Cambranis Torres.

Son esos los dos grupos que predominan en el blanquiazul veracruzano, mismos que ya han  medido fuerzas anteriormente, en la selección de consejeros, en la elección del dirigente nacional, y actualmente en el proceso de renovación del comité estatal.

El más reciente desacuerdo ocurre actualmente con el tema de la reforma electoral veracruzana: en su propuesta ante la Legislatura del Estado, la bancada panista propuso que el próximo gobernador de la entidad ocupe el cargo durante un periodo de dos años. Siendo Miguel Angel Yunes uno de los aspirantes al cargo, se inconformó con dicha iniciativa, presentó sus argumentos y acudió al comité nacional del partido para que esta instancia intervenga y llame a cuentas al coordinador de la bancada panista, Julen Rementería del Puerto.

El pasado 20 de junio, el ex alcalde de Veracruz retó a Yunes Linares a debatir sobre el tema de la homologación de las elecciones locales con los procesos federales. El ex director del ISSSTE, por su parte, se apresuró a tomarle la palabra y aceptó el duelo verbal. Las partes acordaron entonces que el intercambio ocurriera este viernes 27 del presente en la sede del poder legislativo veracruzano.

Ayer, sin embargo, el pleno de la Legislatura acordó que no se usen sus instalaciones para dirimir los conflictos internos de los partidos políticos.
Hubo reacciones: Agustín Basilio de la Vega, representante del PAN ante el órgano electoral, consideró que el espacio apropiado para ese debate es la propia sede del partido y no el Congreso veracruzano, que tiene otros fines. No le falta razón, sobre todo porque el edificio de la Legislatura no debe convertirse en el cuadrilátero donde los partidos resuelvan los asuntos polémicos de su vida interna. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

Maíz veracruzano


Luis Alberto Romero

Históricamente, el estado de Veracruz no se encuentra entre los principales productores de maíz en México. Las entidades punteras en cuanto a superficie cultivada, producción y rendimiento son Sinaloa, Jalisco, México, Chiapas y Michoacán.

A pesar de ello, Veracruz registra un exponencial aumento en cuanto a la superficie y el valor de la producción, que pasó de poco más de 496 mil hectáreas en 2005 a más de 530 mil en 2009.

En 2010, la entidad registró una ligera baja en la producción, misma que se ubicó en casi 843 mil toneladas sobre 446 mil hectáreas cultivadas, para un rendimiento de 1.8 toneladas por hectáreas. Dentro de Veracruz, las principales zonas productoras se encuentran en Isla, José Azueta, Papantla, Playa Vicente y San Andrés Tuxtla.

Se trata de una actividad del sector primario de la economía veracruzana que incluye a varias industrias, como la pecuaria, almidonera, harinera y la que tiene que ver con la masa y la tortilla; todas ellas generan al estado recursos por más de 3 mil 600 millones de pesos.

Esas cifras pudieran resultar impresionantes, pero si las comparamos con las que registra Sinaloa, no lo son tanto; en aquella entidad, esta actividad representa recursos por 14 mil millones de pesos al año, cuatro veces más.

Sin embargo, desde hace un par de años, la superficie destinada a este cultivo se ha incrementado de forma importante en Veracruz, al igual que el rendimiento por hectárea y los recursos públicos que se destinan para ello. El 5 de junio de este año, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal, cuyo titular es Manuel Emilio Martínez de Leo, anunció la siembra de 300 mil hectáreas y que en 2014 aumentaría la cosecha del grano en un 40 por ciento.

No sólo eso: el funcionario estimó que la rentabilidad en el campo productor llegaría al 50 o 55 por ciento y que se trabaja para garantizar a los campesinos una segura comercialización, talón de Aquiles de todas las cadenas productivas.

Ese incremento, en teoría, es suficiente para duplicar la producción anual y que Veracruz se ubique en el liderazgo nacional de maíz blanco, debido a una cosecha de 2.7 millones de toneladas, casi el doble de lo que se registraba en años anteriores.

Lamentablemente, las cuentas alegres de Martínez de Leo no entusiasman a un amplio sector de los productores. Ayer, Ramón Pino Méndez, vocal del Sistema Nacional Producto Maíz, se quejó porque de 36 mil hectáreas programadas, sólo 9 mil pudieron sembrarse, como consecuencia de la falta de recursos.

Alertó que de no canalizarse el dinero público pendiente, el ciclo agrícola para Veracruz estaría en grave riesgo, sobre todo porque la Sagarpa no ha entregado 80 millones de pesos a 15 mil productores de la entidad, afiliados a las 108 organizaciones que integran el Consejo Veracruzano del Maíz.
Pareciera que los funcionarios de la Sagarpa siembran en el pizarrón y cosechan en el escritorio. Evidentemente, hay una distancia enorme entre la planificación que realizan las instancias gubernamentales del sector agropecuario y las necesidades de los productores. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 18 de junio de 2014

Expropiación de ejidos


Luis Alberto Romero

Nunca como hoy, las organizaciones campesinas de nuestro país han estado tan unidas entorno a un tema derivado de la reforma energética, la Ley de Hidrocarburos que contiene los términos para la posible expropiación de tierras a particulares, ejidatarios y comuneros, a fin de beneficiar los trabajos de exploración y extracción de combustibles.

No se trata sólo de privilegiar a la industria petrolera, sino que se incluye, además, al sector eléctrico. La semana pasada, en las comisiones que dictaminan las leyes secundarias, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional acordaron la expropiación de los terrenos necesarios para el impulso y desarrollo del sector energético nacional, considerado de interés social y orden público; por ello se apunta que este sector tendrá preferencia sobre cualquier otro que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo.

Debido a ello, investigadores, académicos y, sobre todo, organizaciones campesinas, han manifestado su preocupación. Incluso la CNC, que es la más oficialista de todas las agrupaciones del sector, externó ya su molestia sobre dicho tema.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, lanzó una voz de alerta en el sentido de que la reforma energética prevé la expropiación de ejidos mediante la figura de servidumbre legal de hidrocarburos.

Nicolás Torreblanca, investigador de la UNAM, también se refirió a ese tema: sostuvo que las modificaciones legales contemplan la expropiación de terrenos a particulares, ejidatarios y comuneros, en el caso de que los dueños no lleguen a un acuerdo con las compañías transnacionales sobre la renta o venta de los mismos.

En voz de Alejandro Encinas y Manuel Bartlett, el PRD señaló que con las reformas a la ley, los ejidos del país serán entregados a las empresas del sector energético, transnacionales en su mayoría; y que la Ley de Hidrocarburos pone a ejidatarios y pequeños propietarios en desventaja ante esas compañías, que tendrán la facultad de solicitar la expropiación, en el caso de que no alcancen acuerdos con los propietarios.

En Veracruz, el delegado de la Procuraduría Agraria, Cirilo Rincón Aguilar, desmintió las versiones que apuntan a una posible expropiación de tierras y sostuvo que, contrario a ello, la reforma energética garantiza que la renta pública del petróleo llegará a los campesinos.

Sin embargo, en el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos se establecen los términos para la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación en los terrenos necesarios para esa industria.

Lo cierto es que entorno a ese tema prevalece la desinformación y, por tanto, la incertidumbre en el sector campesino.

En nuestro país existe una superficie de 196 millones de hectáreas y el 51 por ciento de ese territorio corresponde a núcleos agrarios. Hay en México más de 100 millones de hectáreas de propiedad social, ejidos y tierras comunales.

De acuerdo con  la Secretaría de la Reforma Agraria hay 31 mil 785 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343, comunidades. En total, hay 5 millones 222 mil sujetos agrarios en la República. La entidad con más núcleos en el país es Veracruz, con 3 mil 714; le siguen Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato.
Cualquiera pensaría que expropiar ejidos es provocar un enorme estallido social; sin embargo, en un campo tan desorganizado, empobrecido y poco rentable, prácticamente cualquier cosa puede ocurrir. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 17 de junio de 2014

PRI, reorganización interna


Luis Alberto Romero

El Partido Revolucionario Institucional se reorganiza desde sus bases, a fin de llegar fortalecido a 2015 y estar en condiciones de mantenerse en el gobierno estatal en las elecciones de 2016, cuando será renovado el poder ejecutivo de Veracruz.

Igual que en los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que relevarán a sus dirigencias estatales, el PRI también proyecta cambios, aunque estos podrían llegar al comité directivo en diciembre de este año o a principios de 2015, en caso de que la lideresa del partido, Elizabeth Morales García, asuma la candidatura a la diputación federal por el distrito de Xalapa Urbano. Si no es así, por el momento no habrá renovación en el comité directivo estatal.

Donde sí se programan mudanzas es en los comités directivos municipales; sin embargo, antes de que eso ocurra, dicho partido se enfocará en los comités seccionales y en la estructura básica.

Este año podría concretarse el cambio en la Liga de Comunidades Agrarias, el sector campesino del PRI, donde desde hace un par de años venció el periodo estatutario de la ex alcaldesa de Emiliano Zapata, Bertha Hernández.

En todo caso, al margen de la renovación de su vieja estructura, el reto del Revolucionario Institucional es integrar su padrón de representantes ante los comités seccionales; una lista que no sólo debe ser revisada sino, sobre todo, depurada de manera escrupulosa, a fin de evitar que se incluya a ciudadanos que ahora militan en otros partidos políticos o simplemente que ya murieron.

Es ahí, en la estructura electoral –y también en la capacidad de movilización– dónde se define, en gran medida, el resultado de una elección. Por eso resulta importante el trabajo de reorganización interna que emprendió el Comité Directivo Estatal que encabeza Morales García.

Generalmente, los partidos políticos acaparan los reflectores en los procesos electorales, en los cambios de sus respectivas dirigencias y en la selección de sus candidatos; a pesar de ello, no hay que perder de vista que en la organización interna se define en gran medida el rumbo de los procesos electorales.

Habría que apuntar que en estos momentos, sólo Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se encuentran en sus procesos internos de renovación y así se preparan para los años electorales en puerta. Y mientras ello ocurre en esos dos partidos, en el Sol Azteca no dan señales de vida y pareciera que toda la actividad partidaria se reduce a la renovación del comité directivo estatal.

Hoy, todos los partidos están a la espera de las nuevas leyes electorales que se cocinan en la Legislatura del Estado; y todos, sin excepción, están preocupados por el tema de la equidad de género, que obligará a postular mujeres en la mitad de las candidaturas a cargos de elección popular.
Ese es, sin duda, el tema que más se debatirá en las dirigencias de los partidos a la hora de seleccionar candidatos en 2015; sin embargo, entre los equipos de los aspirantes a contender en 2016 por la gubernatura del estado, la mayor preocupación no tiene que ver con la equidad de género, sino con la amenaza, que así lo ven, de que el próximo gobernador veracruzano sólo ocupe el cargo por un periodo de dos años. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 16 de junio de 2014

Otro asalto a La Bestia


Luis Alberto Romero

El pasado sábado 14 de junio, un grupo armado asaltó en el sur de Veracruz al tren de carga conocido como La Bestia; el saldo: una persona fallecida y dos lesionados de gravedad.

De acuerdo con los datos que ofrecieron los migrantes que sobrevivieron a esos hechos, los delincuentes exigían el pago de una cuota para permitirles continuar su camino. Ante la negativa, los asaltantes abrieron fuego con el resultado citado.

No es el primer atraco de esta naturaleza: el 26 de marzo, muy cerca del municipio de Cosoleacaque, también en sur de Veracruz, un comando asaltó a los migrantes que circulaban a bordo de La Bestia, a quienes exigieron el pago de cien dólares por persona. Dos centroamericanos perdieron la vida y uno más sufrió la amputación de las extremidades inferiores.

Recordamos, entre los muchos asaltos ocurridos sobre esas vías, los hechos del 27 de noviembre del año pasado, cuando un ataque contra migrantes a la altura del municipio de San Juan Evangelista arrojó un saldo de dos personas muertas y una lesionada.

La Bestia inicia su marcha en las ciudades de Tenosique, Tabasco, y Tapachula, Chiapas; pasa por la zona centro y sur de Veracruz y después cruza por entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León; en otra ruta, el tren marcha sobre Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, el paso por el Golfo de México y Nuevo León es el más peligroso para los migrantes que emprenden el viaje a los Estados Unidos.

Hace un mes, en mayo, el secretario de salud del gobierno estatal, Juan Antonio Nemi Dib, declaró que Veracruz es el primer estado en procurar la salud de los migrantes y que, en ese contexto, había diseñado una estrategia para atender a ese sector.

Incluso, el funcionario expuso que cada año, la Secretaría de Salud practica más de 200 cirugías a migrantes mutilados en su paso por Veracruz; la mayoría, como consecuencia de caídas del tren. Esa atención, por cierto, no sólo incluye la cuestión médica, sino también la prótesis y, en muchas ocasiones, también el proceso de rehabilitación. De hecho, cada tercer día, uno y hasta dos migrantes son amputados en la entidad.

Debido a esos niveles de inseguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que durante 2013, las estadísticas de los delitos relacionados con el tráfico de migrantes se dispararon en un 172 por ciento en Veracruz.

Lugares como Coatzacoalcos, Tierra Blanca y Orizaba son escenarios frecuentes de abusos, atropellos y actos delictivos contra este sector. Fray Tomás González Castillo, coordinador de la Casa del Migrante “La 72”, por ejemplo, expuso que de cada 100 mujeres que cruzan por Veracruz, 50 son víctimas de violaciones y trata.
La Procuraduría de Justicia del Estado, a cuyo frente se encuentra Luis Angel Bravo Contreras, denunció a las dos empresas que operan La Bestia, Kansas City Southern y Ferrosur, por su presunta responsabilidad, por acción u omisión, en ilícitos y violaciones a los derechos humanos, ya que, presuntamente, el propio personal del tren apoya a las bandas que se dedican al asalto a los migrantes, que son víctimas de robos, extorsiones, trata de personas e, incluso, como en el caso del sábado, asesinatos. @luisromero85

jueves, 12 de junio de 2014

Negligencia médica


Luis Alberto Romero
El caso de Sergio Valente Gallardo Ramos, un padre de familia que denunció a 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social por una presunta negligencia que le costó la vida a su menor hijo, no tiene precedentes en nuestro país.
El hecho ocurrió en Guadalajara, Jalisco, en 2009 pero hasta ahora está terminando un largo, tortuoso y desgastante proceso judicial emprendido por Gallardo Ramos.
El menor, de 16 años, ingresó al Hospital de Pediatría del IMSS y ahí comenzó su calvario: estuvo internado 55 días; le fueron realizados diferentes diagnósticos por el personal médico, pero ni uno fue certero; siete intervenciones quirúrgicas en un lapso de 16 días terminaron por ocasionar una enorme pérdida de sangre; en esas cirugías abdominales, le perforaron ambos pulmones y, finalmente, la víctima perdió la vida.
El personal del IMSS insistió a los familiares del menor dispensar la necropsia y recomendó sepultar a la brevedad; sin embargo, el padre del adolescente trasladó el cuerpo al Centro Médico Forense, donde concluyeron que el daño que registraba no correspondía con el diagnóstico.
Después vino algo que es muy común en estos casos, un intento de los médicos del IMSS por conciliar con la familia del joven fallecido, cuyo padre decidió emprender el camino más difícil en un país como el nuestro: primero presentó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, instancia que determinó que había existido una “mala praxis”, pero no una responsabilidad médica. 
Debido a ese dictamen, la familia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República y presentó pruebas suficientes para acreditar la negligencia.
Finalmente, hace una semana fueron liberadas las órdenes de aprehensión contra 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son acusados por homicidio culposo derivado de negligencia médica. Están libres gracias a un amparo, pero se trata de un delito grave que implica inhabilitación.
Por supuesto, de inmediato inició un movimiento de médicos y personal del IMSS que busca manifestar su rechazo a las órdenes de aprehensión contra sus colegas y compañeros de trabajo. Como una acción solidaria, emprendieron una campaña en redes sociales a fin de externar su indignación ante lo que consideran un acto injusto.
Eso no opinan las víctimas de las negligencias y los malos tratos que son comunes en muchas clínicas y hospitales de un instituto que acumula quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también ante la Conamed.
Ayer, por ejemplo, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se presentó el señor Ignacio López Montalvo, quien denunció una presunta negligencia médica que le habría costado la vida a su esposa, Marisol Perdomo Martínez, en la clínica del IMSS de Plan de Arroyos, municipio de Atzalan. Los hechos, el pasado 24 de mayo.
Igual que en el caso de Jalisco, el personal del IMSS le ofreció, de acuerdo con la denuncia, incluirlo a él en un programa de empleo temporal y a sus hijos en el padrón de Oportunidades a cambio de no hablar del tema.
Por supuesto, el hombre se negó a ello y buscó el apoyo de la comisión que encabeza Luis Fernando Perera Escamilla, a fin de aclarar la muerte de su esposa, que se encontraba en trabajo de parto, y castigar a los responsables de la negligencia, en caso de que ésta se acredite. Son dos casos diferentes pero ambos reflejan un cambio de la mentalidad en cuanto a la cultura de la denuncia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 11 de junio de 2014

Fraude en gasolineras


Luis Alberto Romero

Cada primer sábado de mes se registra un nuevo incremento en el precio de los combustibles; el pasado 6 de junio, por ejemplo, el precio de la gasolina magna llegó a 12.77 pesos; la Premium, a 13.45; y el diesel, a 13.28 pesos.

El aumento ha sido mensual, entre 9 y 11 centavos por litro; debido a esa tendencia permanente, el precio de la gasolina magna pasó de 7.45 en febrero de 2008 a 12.77 en el más reciente incremento, que se produjo el pasado sábado. La diferencia es de más de 5 pesos por litro.

A eso nos hemos acostumbrado ya en nuestro país, a los exponenciales aumentos en los precios de los combustibles; sin embargo, si sumamos ese fenómeno a todas las estafas y los actos deshonestos, los fraudes y los robos en las estaciones gasolineras, el panorama se complica para el consumidor, el automovilista y el usuario del transporte.

Ayer, Reporte Índigo, medio especializado en periodismo de investigación, difundió un interesante trabajo sobre lo que tituló “La lista negra de las gasolineras”; lo que destaca es que cuatro de cada diez estaciones que despachan combustible cometen fraude contra los consumidores, al vender “litros” incompletos.

Ese trabajo apunta que durante 2013, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó operativos de verificación en 2 mil 359 gasolineras; de ese total, en 850; es decir, el 36 por ciento, se detectaron irregularidades.

Hay casos que llaman poderosamente la atención, como el que se registra en el estado de Coahuila, donde de los 89 establecimientos inspeccionados, 52 presentaron alteraciones en las bombas.

Veracruz no está mucho mejor: se verificaron 119 gasolineras y 58 presentaron irregularidades; es decir, la mitad de esos giros alteran sus bombas para despachar una cantidad de combustible menor a la que paga el cliente.

Únicamente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se detectaron anomalías en 22 gasolineras; 5 se ubican en Xalapa y 11 en Coatzacoalcos y Manatitlán. Además, se iniciaron procesos para sancionar a estaciones ubicadas en Córdoba, Orizaba, Lerdo de Tejada, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Nanchital, Agua Dulce, Alvarado y Poza Rica.

En Xalapa, las gasolineras identificadas, de acuerdo con el documento emitido por Profeco a Reporte Índigo, son: Grupo Ferche, de Rébsamen número 236; Servicio Sabagas, de la Avenida Xalapa, esquina con Ciudad Victoria; Grupo Jessy, de Ruiz Cortines 497; Servicio La Rotonda, de Miguel Alemán 33; y Cegasel, de la Avenida de las Jacarandas.

Apenas el pasado jueves 5 de junio, la Profeco había informado que en el ámbito nacional se atienden 100 denuncias mensuales contra gasolineras que registran irregularidades, la mayoría de ellas relacionadas con la venta fraudulenta de combustibles; de enero a mayo, por ejemplo, se acumularon 504 quejas.

Lo cierto es que los clientes de las empresas que trabajan en el sistema de franquicias de Pemex ya están cansados de los engaños y los fraudes, de esa estafa que es la venta de “litros” incompletos, o de agua como si fuera gasolina.

En 2019, por cierto, Pemex perderá el monopolio en la venta de gasolinas y entrarán al mercado mexicano las grandes transnacionales como Exxon, Chevron y Mobil, que instalarán en territorio nacional sus estaciones de servicio; ahí veremos el verdadero nivel de competitividad de esa paraestatal y sus franquicias.

Este es el enlace que usted puede consultar para ampliar la información de las gasolineras con irregularidades: http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/la-lista-negra-de-gasolineras
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martes, 10 de junio de 2014

UV, cupo lleno


Luis Alberto Romero

Hace casi cuatro meses, el 20 de febrero, la Universidad Veracruzana publicó su convocatoria para los aspirantes a ingresar a esa casa de estudios.

El proceso de registro de aspirantes concluyó en abril y los días 3 y 4 de mayo se aplicó el examen de admisión en las propias instalaciones de la UV. Este lunes nueve de junio, de acuerdo con los términos de la convocatoria, se dan a conocer los resultados.

Posterior a la publicación de la primera lista, se difundirán los nombres de quienes teniendo derecho a inscribirse, no lo hicieron, para dar paso a la inclusión de más aspirantes, mediante el criterio de corrimiento. Los espacios vacantes se asignarán en orden descendiente, privilegiando a los mejor evaluados en el examen.

De antemano, se sabe que sólo el 42 por ciento de los aspirantes a ingresar a las 206 carreras que imparte la Universidad Veracruzana serán aceptados en este proceso, según las cifras que maneja la Dirección General de Administración Escolar de la institución.

Habría que destacar que el 42 por ciento, aunque suene poco, insuficiente de acuerdo con las necesidades de los estudiantes veracruzanos, es una cifra muy superior a la media nacional, que es del 25 por ciento. La Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, sólo recibe a menos del 19 por ciento de los aspirantes a ingresar.

Se estima que poco más de 6 mil estudiantes iniciarán una carrera universitaria en la región de Xalapa; casi 3 mil 500 en Veracruz; 2 mil 300 en Orizaba-Córdoba; igual número en Poza Rica y mil 700 en Coatzacoalcos. En total, ingresarán a la UV, vía examen de admisión, más de 15 mil 800 aspirantes y casi 20 mil quedarán fuera y deberán buscar acomodo en las más de 120 escuelas de nivel superior del estado, entre públicas y privadas, institutos tecnológicos y escuelas patito.

Hace tres días, integrantes del Frente Revolucionario Estudiantil por la Democracia, señalaron la necesidad de que la Universidad Veracruzana abra más espacios para los aspirantes; es decir, que amplíe su matrícula igual que el año pasado, cuando se anunció que, con el apoyo del gobierno estatal, habría mil 500 nuevos espacios.

Sin embargo, se trata de un asunto que pasa irremediablemente por el tema presupuestal, por lo cual se antoja sumamente complicado.

Hace 20 días, el 19 de mayo, la rectora Sara Ladrón de Guevara se refirió a la necesidad de que la UV reciba un mayor presupuesto porque actualmente el más alto porcentaje de los recursos que ejerce corresponde a las partidas que destina el gobierno del estado.

El problema es que los recursos federales asignados a la educación superior se han estancado en los últimos años. En noviembre de 2013, por ejemplo, un grupo de rectores de universidades públicas del país se presentó ante el Congreso de la Unión, donde los representantes del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines se quejaron porque el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación incluía una reducción presupuestal que afectaría los programas, la calidad académica y, por consiguiente, el nivel de la educación superior en nuestro país.

De igual manera, los miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior se reunieron con el secretario de educación, Emilio Chuayffet, a quien le expusieron la necesidad de aumentar el presupuesto para los programas enfocados a la educación superior.
Debido a que el presupuesto federal no ha registrado un aumento, lo más probable es que los espacios que actualmente ofrece la Universidad Veracruzana tampoco se incrementen y que, igual que el año pasado, más de la mitad de los aspirantes queden fuera en el proceso de selección. @luisromero85

Reforma política


Luis Alberto Romero

Hace dos semanas, el 23 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma político electoral, que incluye la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos y Delitos Electorales, así como las modificaciones a las leyes del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Todas esas modificaciones son el resultado del debate entre los partidos políticos en el Congreso de la Unión y representan las reglas del juego en las elecciones futuras. Se estrenarán en el proceso electoral federal de 2015, cuando se renovarán las 500 curules de la Cámara Baja; las gubernaturas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí; las alcaldías y diputaciones locales en  Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Tabasco; así como los delegados y asambleístas en Distrito Federal.

Las leyes secundarias de la reforma político electoral establecen las nuevas disposiciones en la materia y delimitan las funciones del Instituto Nacional Electoral, las obligaciones de los partidos políticos y también abordan lo referente a las candidaturas independientes en los procesos federales.

Falta ahora que al menos 17 entidades del país modifiquen sus legislaciones, para lo cual los Congresos locales tienen como fecha límite el 30 de junio; es decir, 20 días a partir de hoy, ya que la Constitución Política prohíbe explícitamente las reformas a las leyes electorales en los 90 días previos al inicio de un proceso.

Ese fue uno de los temas que abordó ayer, en su conferencia de prensa, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien señaló que las normas estatales de Veracruz se adecuarán a la legislación federal para dar cumplimiento a esos acuerdos.

De igual manera, el ejecutivo estatal dijo que la homologación a la ley federal será plena e incluirá todos los términos del documento promulgado por el presidente Peña Nieto: se garantizará la equidad de género y se reducirán los tiempos de las campañas políticas: 60 días para gobernador y 30 para el proselitismo de los candidatos a diputados. De igual forma, se replantea el funcionamiento del Tribunal Electoral para separarlo del Poder Judicial, a fin de otorgarle un mayor grado de independencia; y se incluirá la figura del candidato ciudadano.

Habría que agregar que las nuevas leyes en materia electoral establecen las obligaciones de los partidos en materia de contenido de los documentos básicos, integración de órganos directivos, postulación de candidatos, acceso a la información y transparencia en el uso de los recursos, así como las reglas para las precampañas, campañas políticas y coaliciones.
A partir de esas modificaciones, si los partidos políticos quieren conservar su registro y las prerrogativas que ello implica, tendrán que obtener en las urnas el 3 por ciento de los votos en los procesos electorales, y no el 2 por ciento como hasta ahora. Esas son, en síntesis, las nuevas reglas del juego en materia electoral y el trabajo que tiene pendiente, y con el tiempo encima, la legislatura veracruzana. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 3 de junio de 2014

Delincuentes electorales


Luis Alberto Romero

La celebración de las elecciones extraordinarias en tres municipios veracruzanos, Chumatlán, Tepetzintla y Las Choapas, ocurrió sin mayores contratiempos, sólo acusaciones mutuas de los partidos pero prácticamente ninguna causal de nulidad.

Recordemos que el 7 de julio de 2013 se llevó a efecto el proceso para presidentes municipales y diputados locales en la entidad; fue una elección que, como casi todas en este país, terminó por judicializarse hasta llegar al Tribunal Electoral de la Federación.

A pesar de que en muchos municipios, como Tierra Blanca, Boca del Río, Santiago Tuxtla, Veracruz y Córdoba, entre otros, hubo impugnaciones y acusaciones entre los partidos, sólo en esos tres casos se decretó la nulidad de la elección y se convocó a un proceso extraordinario.

Entraron en funciones los consejos municipales correspondientes, corrieron los tiempos electorales y este domingo se efectuó el proceso.

En disputa estaban tres municipios asentados en diferentes regiones de Veracruz: Chumatlán, en el Totonacapan; Tepetzintla, en la Huasteca, en el norte de la entidad; y Las Choapas, en la zona Olmeca, la parte sur del estado.

Diferentes características e importancia demográfica, porque mientras la población de Chumatlán no llega a los 4 mil habitantes, Tepetzintla tiene casi 14 mil. Las Choapas cuenta con más de 77 mil y es uno de los municipios más poblados del sur de la entidad.

Ayer, en el recuento de las actas en Tepetzintla, el resultado favoreció al PRI y a su candidata, Teresa Amor Muñoz, quien obtuvo 4 mil 261 votos, suficientes para derrotar al Movimiento Ciudadano, cuyo candidato, Roberto Miguel Galván, logró 3 mil 951 sufragios. El Partido del Trabajo y Acción Nacional quedaron reducidos a su mínima expresión, al registrar 98 y 7 votos, respectivamente.

En Chumatlán las cosas son diferentes porque el resultado podría revertirse, dadas las denuncias contra un grupo presuntamente armado y vinculado al PRI, que intentó reventar la elección. Ahí se instalaron 5 casillas; el resultado favorece al candidato de la coalición Veracruz para Adelante, Anselmo Gómez Olmos, con 856 votos, apenas 12 más que su contendiente del Movimiento Ciudadano, Gerardo Méndez Hernández.

En Las Choapas se instalaron 106 urnas y previo al cómputo final, el resultado preliminar favorecía al Partido de la Revolución Democrática, que alcanzó 11 mil 123 sufragios, más del 55 por ciento de los votos, mientras que el PAN logró 5 mil 622. Una presencia testimonial tuvieron en este municipio Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Al final, Marco Antonio Estrada asumirá el gobierno en ese ayuntamiento. Recordemos que luego de la exclusión de Miguel Angel Tronco Gómez, el PRI no postuló candidato.

Podríamos decir que las elecciones extraordinarias en estos tres municipios transcurrieron en normalidad; sin embargo, no hay que perder de vista que este proceso se lleva a cabo debido a que en la jornada electoral del 7 de julio de 2013 ocurrieron todo tipo de irregularidades y conductas delictivas, por lo que los tribunales determinaron la nulidad y la repetición como única salida.
Es una lástima, porque no sólo se perdieron los recursos públicos que fueron canalizados a la organización del proceso, o la reducción del tiempo de esos ayuntamientos, sino la credibilidad de los actores políticos locales, algunos de los cuales presentan conductas que bien podrían calificarse como deshonestas y tipificarse como delitos electorales. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...