lunes, 30 de junio de 2014

El Norte de Veracruz, en crisis


Luis Alberto Romero

Generalmente en el olvido, con carreteras en mal estado y una población con altos niveles de pobreza, la zona norte de Veracruz enfrenta hoy más problemas: crisis comercial, ayuntamientos en quiebra y recortes presupuestales de la principal empresa generadora, directa o indirectamente, de empleo, Petróleos Mexicanos.

En esa región, integrada por la Huasteca Alta y Baja, así como por el Totonacapan, hay 48 municipios veracruzanos; casi todos muy pobres. La parte norte de Veracruz limita con los estados de Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí; comienza en Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, El Higo, Ozuluama y Tempoal; sigue en Huayacocotla, la sierra de Otontepec y Tuxpan; y en la zona Totonaca, Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. En total, 33 municipios de la Huasteca y 15 del Totonacapan, casi todos, con elevados índices de carencias y rezago social.

A una actividad comercial deprimida en casi todos los municipios y a la muy limitada presencia industrial, se suman los problemas propios del sector primario: bajos precios en los productos del campo, plagas y enfermedades, así como una exagerada presencia de intermediarios.

No es todo: en Poza Rica, por ejemplo, donde parte de la actividad económica que se desarrolla tiene que ver con la industria petrolera, prevalece un ambiente de tensión y nerviosismo por los recortes presupuestales de Pemex. Más todavía, al interior del sindicato petrolero hay desconfianza por la liquidación, en diciembre de 2013, de unos 3 mil trabajadores de base en todo el país.

A esa situación se agrega el cierre de pequeñas y medianas empresas: el hotel Principal y los restaurantes El Chalet y El Petrolero terminaron por bajar sus cortinas y se convirtieron en ejemplos de las empresas que resienten la crisis y quiebran, aunque hay quien atribuye estos casos en particular a los problemas ocasionados por la falta de conclusión de la obra del distribuidor vial, cuyos trabajos llevan dos años sin terminar.

En otros municipios, como Tihuatlán y Gutiérrez Zamora, cuyos ayuntamientos son gobernados por Gregorio Gómez Martínez y Leticia Delong Capellini, respectivamente, comienza julio y no inicia la construcción de obra pública, que también representa empleo y derrama económica; lo peor es que esos gobiernos locales enfrentan problemas cada quincena para cubrir el pago de sus nóminas. Igual ocurre en Poza Rica, donde el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz ha limitado su trabajo a la atención de las solicitudes para tapar baches.

Mientras tanto, en el municipio de Álamo, cuyo ayuntamiento sigue bajo el control del ex alcalde y actual diputado local Jorge Vera Hernández, quien dejó una herencia de 100 empleados de confianza, el alcalde está más preocupado por buscar la diputación el año próximo que por el tema de la obra pública.
Ante ese panorama, dos son las obras que destacan y que podrían detonar de manera significativa el desarrollo del norte veracruzano: la autopista México-Tuxpan, ya terminada y que representa una inversión de más de 9 mil millones de pesos; y la ampliación del Puerto de Tuxpan, todavía pendiente, que podría costar al erario unos 100 mil millones. Esa infraestructura aumentará la capacidad portuaria y modernizará al puerto más próximo al Distrito Federal. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 25 de junio de 2014

El reto panista


Luis Alberto Romero

Las diferencias entre los grupos internos del Partido Acción Nacional no son nuevas y hasta podríamos calificarlas como normales dentro de cualquier instituto político, porque además de ideas comunes también existe la confrontación por espacios, posiciones y candidaturas.

Igual ocurre en el Partido Revolucionario Institucional, aunque ahí las diferencias no se dirimen de manera pública; tenemos un ejemplo en el proceso de selección del candidato a la presidencia municipal de Xalapa en 2010; Américo Zúñiga era secretario del Trabajo y se perfilaba como el más viable aspirante a suceder a David Velasco Chedraui; sin embargo, en el camino de Zúñiga Martínez se interpuso la ex diputada federal Elizabeth Morales García, quien finalmente fue postulada debido a que garantizaba una mayor votación para su partido. El hoy alcalde tuvo que esperar tres años para ocupar esta posición, tiempo suficiente para alimentar los resentimientos que hoy se reflejan contra su antecesora.

Igual ocurre en el Partido de la Revolución Democrática, donde la división y el enfrentamiento entre las tribus resultan ya proverbiales y predominan las acusaciones y descalificaciones mutuas.

En el caso de Acción Nacional, dos grupos se han conformado en el escenario estatal: por un lado, el que encabeza Miguel Angel Yunes Linares, integrado también por Víctor Serralde Martínez,  Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y José Mancha Alarcón; y por otro, el llamado grupo estatal, en el que se encuentran Tito Delfín Cano, Julen Rementería del Puerto, Juan Bueno Torio, Germán Yescas y Enrique Cambranis Torres.

Son esos los dos grupos que predominan en el blanquiazul veracruzano, mismos que ya han  medido fuerzas anteriormente, en la selección de consejeros, en la elección del dirigente nacional, y actualmente en el proceso de renovación del comité estatal.

El más reciente desacuerdo ocurre actualmente con el tema de la reforma electoral veracruzana: en su propuesta ante la Legislatura del Estado, la bancada panista propuso que el próximo gobernador de la entidad ocupe el cargo durante un periodo de dos años. Siendo Miguel Angel Yunes uno de los aspirantes al cargo, se inconformó con dicha iniciativa, presentó sus argumentos y acudió al comité nacional del partido para que esta instancia intervenga y llame a cuentas al coordinador de la bancada panista, Julen Rementería del Puerto.

El pasado 20 de junio, el ex alcalde de Veracruz retó a Yunes Linares a debatir sobre el tema de la homologación de las elecciones locales con los procesos federales. El ex director del ISSSTE, por su parte, se apresuró a tomarle la palabra y aceptó el duelo verbal. Las partes acordaron entonces que el intercambio ocurriera este viernes 27 del presente en la sede del poder legislativo veracruzano.

Ayer, sin embargo, el pleno de la Legislatura acordó que no se usen sus instalaciones para dirimir los conflictos internos de los partidos políticos.
Hubo reacciones: Agustín Basilio de la Vega, representante del PAN ante el órgano electoral, consideró que el espacio apropiado para ese debate es la propia sede del partido y no el Congreso veracruzano, que tiene otros fines. No le falta razón, sobre todo porque el edificio de la Legislatura no debe convertirse en el cuadrilátero donde los partidos resuelvan los asuntos polémicos de su vida interna. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

Maíz veracruzano


Luis Alberto Romero

Históricamente, el estado de Veracruz no se encuentra entre los principales productores de maíz en México. Las entidades punteras en cuanto a superficie cultivada, producción y rendimiento son Sinaloa, Jalisco, México, Chiapas y Michoacán.

A pesar de ello, Veracruz registra un exponencial aumento en cuanto a la superficie y el valor de la producción, que pasó de poco más de 496 mil hectáreas en 2005 a más de 530 mil en 2009.

En 2010, la entidad registró una ligera baja en la producción, misma que se ubicó en casi 843 mil toneladas sobre 446 mil hectáreas cultivadas, para un rendimiento de 1.8 toneladas por hectáreas. Dentro de Veracruz, las principales zonas productoras se encuentran en Isla, José Azueta, Papantla, Playa Vicente y San Andrés Tuxtla.

Se trata de una actividad del sector primario de la economía veracruzana que incluye a varias industrias, como la pecuaria, almidonera, harinera y la que tiene que ver con la masa y la tortilla; todas ellas generan al estado recursos por más de 3 mil 600 millones de pesos.

Esas cifras pudieran resultar impresionantes, pero si las comparamos con las que registra Sinaloa, no lo son tanto; en aquella entidad, esta actividad representa recursos por 14 mil millones de pesos al año, cuatro veces más.

Sin embargo, desde hace un par de años, la superficie destinada a este cultivo se ha incrementado de forma importante en Veracruz, al igual que el rendimiento por hectárea y los recursos públicos que se destinan para ello. El 5 de junio de este año, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal, cuyo titular es Manuel Emilio Martínez de Leo, anunció la siembra de 300 mil hectáreas y que en 2014 aumentaría la cosecha del grano en un 40 por ciento.

No sólo eso: el funcionario estimó que la rentabilidad en el campo productor llegaría al 50 o 55 por ciento y que se trabaja para garantizar a los campesinos una segura comercialización, talón de Aquiles de todas las cadenas productivas.

Ese incremento, en teoría, es suficiente para duplicar la producción anual y que Veracruz se ubique en el liderazgo nacional de maíz blanco, debido a una cosecha de 2.7 millones de toneladas, casi el doble de lo que se registraba en años anteriores.

Lamentablemente, las cuentas alegres de Martínez de Leo no entusiasman a un amplio sector de los productores. Ayer, Ramón Pino Méndez, vocal del Sistema Nacional Producto Maíz, se quejó porque de 36 mil hectáreas programadas, sólo 9 mil pudieron sembrarse, como consecuencia de la falta de recursos.

Alertó que de no canalizarse el dinero público pendiente, el ciclo agrícola para Veracruz estaría en grave riesgo, sobre todo porque la Sagarpa no ha entregado 80 millones de pesos a 15 mil productores de la entidad, afiliados a las 108 organizaciones que integran el Consejo Veracruzano del Maíz.
Pareciera que los funcionarios de la Sagarpa siembran en el pizarrón y cosechan en el escritorio. Evidentemente, hay una distancia enorme entre la planificación que realizan las instancias gubernamentales del sector agropecuario y las necesidades de los productores. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 18 de junio de 2014

Expropiación de ejidos


Luis Alberto Romero

Nunca como hoy, las organizaciones campesinas de nuestro país han estado tan unidas entorno a un tema derivado de la reforma energética, la Ley de Hidrocarburos que contiene los términos para la posible expropiación de tierras a particulares, ejidatarios y comuneros, a fin de beneficiar los trabajos de exploración y extracción de combustibles.

No se trata sólo de privilegiar a la industria petrolera, sino que se incluye, además, al sector eléctrico. La semana pasada, en las comisiones que dictaminan las leyes secundarias, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional acordaron la expropiación de los terrenos necesarios para el impulso y desarrollo del sector energético nacional, considerado de interés social y orden público; por ello se apunta que este sector tendrá preferencia sobre cualquier otro que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo.

Debido a ello, investigadores, académicos y, sobre todo, organizaciones campesinas, han manifestado su preocupación. Incluso la CNC, que es la más oficialista de todas las agrupaciones del sector, externó ya su molestia sobre dicho tema.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, lanzó una voz de alerta en el sentido de que la reforma energética prevé la expropiación de ejidos mediante la figura de servidumbre legal de hidrocarburos.

Nicolás Torreblanca, investigador de la UNAM, también se refirió a ese tema: sostuvo que las modificaciones legales contemplan la expropiación de terrenos a particulares, ejidatarios y comuneros, en el caso de que los dueños no lleguen a un acuerdo con las compañías transnacionales sobre la renta o venta de los mismos.

En voz de Alejandro Encinas y Manuel Bartlett, el PRD señaló que con las reformas a la ley, los ejidos del país serán entregados a las empresas del sector energético, transnacionales en su mayoría; y que la Ley de Hidrocarburos pone a ejidatarios y pequeños propietarios en desventaja ante esas compañías, que tendrán la facultad de solicitar la expropiación, en el caso de que no alcancen acuerdos con los propietarios.

En Veracruz, el delegado de la Procuraduría Agraria, Cirilo Rincón Aguilar, desmintió las versiones que apuntan a una posible expropiación de tierras y sostuvo que, contrario a ello, la reforma energética garantiza que la renta pública del petróleo llegará a los campesinos.

Sin embargo, en el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos se establecen los términos para la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación en los terrenos necesarios para esa industria.

Lo cierto es que entorno a ese tema prevalece la desinformación y, por tanto, la incertidumbre en el sector campesino.

En nuestro país existe una superficie de 196 millones de hectáreas y el 51 por ciento de ese territorio corresponde a núcleos agrarios. Hay en México más de 100 millones de hectáreas de propiedad social, ejidos y tierras comunales.

De acuerdo con  la Secretaría de la Reforma Agraria hay 31 mil 785 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343, comunidades. En total, hay 5 millones 222 mil sujetos agrarios en la República. La entidad con más núcleos en el país es Veracruz, con 3 mil 714; le siguen Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato.
Cualquiera pensaría que expropiar ejidos es provocar un enorme estallido social; sin embargo, en un campo tan desorganizado, empobrecido y poco rentable, prácticamente cualquier cosa puede ocurrir. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 17 de junio de 2014

PRI, reorganización interna


Luis Alberto Romero

El Partido Revolucionario Institucional se reorganiza desde sus bases, a fin de llegar fortalecido a 2015 y estar en condiciones de mantenerse en el gobierno estatal en las elecciones de 2016, cuando será renovado el poder ejecutivo de Veracruz.

Igual que en los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que relevarán a sus dirigencias estatales, el PRI también proyecta cambios, aunque estos podrían llegar al comité directivo en diciembre de este año o a principios de 2015, en caso de que la lideresa del partido, Elizabeth Morales García, asuma la candidatura a la diputación federal por el distrito de Xalapa Urbano. Si no es así, por el momento no habrá renovación en el comité directivo estatal.

Donde sí se programan mudanzas es en los comités directivos municipales; sin embargo, antes de que eso ocurra, dicho partido se enfocará en los comités seccionales y en la estructura básica.

Este año podría concretarse el cambio en la Liga de Comunidades Agrarias, el sector campesino del PRI, donde desde hace un par de años venció el periodo estatutario de la ex alcaldesa de Emiliano Zapata, Bertha Hernández.

En todo caso, al margen de la renovación de su vieja estructura, el reto del Revolucionario Institucional es integrar su padrón de representantes ante los comités seccionales; una lista que no sólo debe ser revisada sino, sobre todo, depurada de manera escrupulosa, a fin de evitar que se incluya a ciudadanos que ahora militan en otros partidos políticos o simplemente que ya murieron.

Es ahí, en la estructura electoral –y también en la capacidad de movilización– dónde se define, en gran medida, el resultado de una elección. Por eso resulta importante el trabajo de reorganización interna que emprendió el Comité Directivo Estatal que encabeza Morales García.

Generalmente, los partidos políticos acaparan los reflectores en los procesos electorales, en los cambios de sus respectivas dirigencias y en la selección de sus candidatos; a pesar de ello, no hay que perder de vista que en la organización interna se define en gran medida el rumbo de los procesos electorales.

Habría que apuntar que en estos momentos, sólo Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se encuentran en sus procesos internos de renovación y así se preparan para los años electorales en puerta. Y mientras ello ocurre en esos dos partidos, en el Sol Azteca no dan señales de vida y pareciera que toda la actividad partidaria se reduce a la renovación del comité directivo estatal.

Hoy, todos los partidos están a la espera de las nuevas leyes electorales que se cocinan en la Legislatura del Estado; y todos, sin excepción, están preocupados por el tema de la equidad de género, que obligará a postular mujeres en la mitad de las candidaturas a cargos de elección popular.
Ese es, sin duda, el tema que más se debatirá en las dirigencias de los partidos a la hora de seleccionar candidatos en 2015; sin embargo, entre los equipos de los aspirantes a contender en 2016 por la gubernatura del estado, la mayor preocupación no tiene que ver con la equidad de género, sino con la amenaza, que así lo ven, de que el próximo gobernador veracruzano sólo ocupe el cargo por un periodo de dos años. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 16 de junio de 2014

Otro asalto a La Bestia


Luis Alberto Romero

El pasado sábado 14 de junio, un grupo armado asaltó en el sur de Veracruz al tren de carga conocido como La Bestia; el saldo: una persona fallecida y dos lesionados de gravedad.

De acuerdo con los datos que ofrecieron los migrantes que sobrevivieron a esos hechos, los delincuentes exigían el pago de una cuota para permitirles continuar su camino. Ante la negativa, los asaltantes abrieron fuego con el resultado citado.

No es el primer atraco de esta naturaleza: el 26 de marzo, muy cerca del municipio de Cosoleacaque, también en sur de Veracruz, un comando asaltó a los migrantes que circulaban a bordo de La Bestia, a quienes exigieron el pago de cien dólares por persona. Dos centroamericanos perdieron la vida y uno más sufrió la amputación de las extremidades inferiores.

Recordamos, entre los muchos asaltos ocurridos sobre esas vías, los hechos del 27 de noviembre del año pasado, cuando un ataque contra migrantes a la altura del municipio de San Juan Evangelista arrojó un saldo de dos personas muertas y una lesionada.

La Bestia inicia su marcha en las ciudades de Tenosique, Tabasco, y Tapachula, Chiapas; pasa por la zona centro y sur de Veracruz y después cruza por entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León; en otra ruta, el tren marcha sobre Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, el paso por el Golfo de México y Nuevo León es el más peligroso para los migrantes que emprenden el viaje a los Estados Unidos.

Hace un mes, en mayo, el secretario de salud del gobierno estatal, Juan Antonio Nemi Dib, declaró que Veracruz es el primer estado en procurar la salud de los migrantes y que, en ese contexto, había diseñado una estrategia para atender a ese sector.

Incluso, el funcionario expuso que cada año, la Secretaría de Salud practica más de 200 cirugías a migrantes mutilados en su paso por Veracruz; la mayoría, como consecuencia de caídas del tren. Esa atención, por cierto, no sólo incluye la cuestión médica, sino también la prótesis y, en muchas ocasiones, también el proceso de rehabilitación. De hecho, cada tercer día, uno y hasta dos migrantes son amputados en la entidad.

Debido a esos niveles de inseguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que durante 2013, las estadísticas de los delitos relacionados con el tráfico de migrantes se dispararon en un 172 por ciento en Veracruz.

Lugares como Coatzacoalcos, Tierra Blanca y Orizaba son escenarios frecuentes de abusos, atropellos y actos delictivos contra este sector. Fray Tomás González Castillo, coordinador de la Casa del Migrante “La 72”, por ejemplo, expuso que de cada 100 mujeres que cruzan por Veracruz, 50 son víctimas de violaciones y trata.
La Procuraduría de Justicia del Estado, a cuyo frente se encuentra Luis Angel Bravo Contreras, denunció a las dos empresas que operan La Bestia, Kansas City Southern y Ferrosur, por su presunta responsabilidad, por acción u omisión, en ilícitos y violaciones a los derechos humanos, ya que, presuntamente, el propio personal del tren apoya a las bandas que se dedican al asalto a los migrantes, que son víctimas de robos, extorsiones, trata de personas e, incluso, como en el caso del sábado, asesinatos. @luisromero85

jueves, 12 de junio de 2014

Negligencia médica


Luis Alberto Romero
El caso de Sergio Valente Gallardo Ramos, un padre de familia que denunció a 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social por una presunta negligencia que le costó la vida a su menor hijo, no tiene precedentes en nuestro país.
El hecho ocurrió en Guadalajara, Jalisco, en 2009 pero hasta ahora está terminando un largo, tortuoso y desgastante proceso judicial emprendido por Gallardo Ramos.
El menor, de 16 años, ingresó al Hospital de Pediatría del IMSS y ahí comenzó su calvario: estuvo internado 55 días; le fueron realizados diferentes diagnósticos por el personal médico, pero ni uno fue certero; siete intervenciones quirúrgicas en un lapso de 16 días terminaron por ocasionar una enorme pérdida de sangre; en esas cirugías abdominales, le perforaron ambos pulmones y, finalmente, la víctima perdió la vida.
El personal del IMSS insistió a los familiares del menor dispensar la necropsia y recomendó sepultar a la brevedad; sin embargo, el padre del adolescente trasladó el cuerpo al Centro Médico Forense, donde concluyeron que el daño que registraba no correspondía con el diagnóstico.
Después vino algo que es muy común en estos casos, un intento de los médicos del IMSS por conciliar con la familia del joven fallecido, cuyo padre decidió emprender el camino más difícil en un país como el nuestro: primero presentó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, instancia que determinó que había existido una “mala praxis”, pero no una responsabilidad médica. 
Debido a ese dictamen, la familia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República y presentó pruebas suficientes para acreditar la negligencia.
Finalmente, hace una semana fueron liberadas las órdenes de aprehensión contra 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son acusados por homicidio culposo derivado de negligencia médica. Están libres gracias a un amparo, pero se trata de un delito grave que implica inhabilitación.
Por supuesto, de inmediato inició un movimiento de médicos y personal del IMSS que busca manifestar su rechazo a las órdenes de aprehensión contra sus colegas y compañeros de trabajo. Como una acción solidaria, emprendieron una campaña en redes sociales a fin de externar su indignación ante lo que consideran un acto injusto.
Eso no opinan las víctimas de las negligencias y los malos tratos que son comunes en muchas clínicas y hospitales de un instituto que acumula quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también ante la Conamed.
Ayer, por ejemplo, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se presentó el señor Ignacio López Montalvo, quien denunció una presunta negligencia médica que le habría costado la vida a su esposa, Marisol Perdomo Martínez, en la clínica del IMSS de Plan de Arroyos, municipio de Atzalan. Los hechos, el pasado 24 de mayo.
Igual que en el caso de Jalisco, el personal del IMSS le ofreció, de acuerdo con la denuncia, incluirlo a él en un programa de empleo temporal y a sus hijos en el padrón de Oportunidades a cambio de no hablar del tema.
Por supuesto, el hombre se negó a ello y buscó el apoyo de la comisión que encabeza Luis Fernando Perera Escamilla, a fin de aclarar la muerte de su esposa, que se encontraba en trabajo de parto, y castigar a los responsables de la negligencia, en caso de que ésta se acredite. Son dos casos diferentes pero ambos reflejan un cambio de la mentalidad en cuanto a la cultura de la denuncia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 11 de junio de 2014

Fraude en gasolineras


Luis Alberto Romero

Cada primer sábado de mes se registra un nuevo incremento en el precio de los combustibles; el pasado 6 de junio, por ejemplo, el precio de la gasolina magna llegó a 12.77 pesos; la Premium, a 13.45; y el diesel, a 13.28 pesos.

El aumento ha sido mensual, entre 9 y 11 centavos por litro; debido a esa tendencia permanente, el precio de la gasolina magna pasó de 7.45 en febrero de 2008 a 12.77 en el más reciente incremento, que se produjo el pasado sábado. La diferencia es de más de 5 pesos por litro.

A eso nos hemos acostumbrado ya en nuestro país, a los exponenciales aumentos en los precios de los combustibles; sin embargo, si sumamos ese fenómeno a todas las estafas y los actos deshonestos, los fraudes y los robos en las estaciones gasolineras, el panorama se complica para el consumidor, el automovilista y el usuario del transporte.

Ayer, Reporte Índigo, medio especializado en periodismo de investigación, difundió un interesante trabajo sobre lo que tituló “La lista negra de las gasolineras”; lo que destaca es que cuatro de cada diez estaciones que despachan combustible cometen fraude contra los consumidores, al vender “litros” incompletos.

Ese trabajo apunta que durante 2013, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó operativos de verificación en 2 mil 359 gasolineras; de ese total, en 850; es decir, el 36 por ciento, se detectaron irregularidades.

Hay casos que llaman poderosamente la atención, como el que se registra en el estado de Coahuila, donde de los 89 establecimientos inspeccionados, 52 presentaron alteraciones en las bombas.

Veracruz no está mucho mejor: se verificaron 119 gasolineras y 58 presentaron irregularidades; es decir, la mitad de esos giros alteran sus bombas para despachar una cantidad de combustible menor a la que paga el cliente.

Únicamente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se detectaron anomalías en 22 gasolineras; 5 se ubican en Xalapa y 11 en Coatzacoalcos y Manatitlán. Además, se iniciaron procesos para sancionar a estaciones ubicadas en Córdoba, Orizaba, Lerdo de Tejada, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Nanchital, Agua Dulce, Alvarado y Poza Rica.

En Xalapa, las gasolineras identificadas, de acuerdo con el documento emitido por Profeco a Reporte Índigo, son: Grupo Ferche, de Rébsamen número 236; Servicio Sabagas, de la Avenida Xalapa, esquina con Ciudad Victoria; Grupo Jessy, de Ruiz Cortines 497; Servicio La Rotonda, de Miguel Alemán 33; y Cegasel, de la Avenida de las Jacarandas.

Apenas el pasado jueves 5 de junio, la Profeco había informado que en el ámbito nacional se atienden 100 denuncias mensuales contra gasolineras que registran irregularidades, la mayoría de ellas relacionadas con la venta fraudulenta de combustibles; de enero a mayo, por ejemplo, se acumularon 504 quejas.

Lo cierto es que los clientes de las empresas que trabajan en el sistema de franquicias de Pemex ya están cansados de los engaños y los fraudes, de esa estafa que es la venta de “litros” incompletos, o de agua como si fuera gasolina.

En 2019, por cierto, Pemex perderá el monopolio en la venta de gasolinas y entrarán al mercado mexicano las grandes transnacionales como Exxon, Chevron y Mobil, que instalarán en territorio nacional sus estaciones de servicio; ahí veremos el verdadero nivel de competitividad de esa paraestatal y sus franquicias.

Este es el enlace que usted puede consultar para ampliar la información de las gasolineras con irregularidades: http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/la-lista-negra-de-gasolineras
@luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 10 de junio de 2014

UV, cupo lleno


Luis Alberto Romero

Hace casi cuatro meses, el 20 de febrero, la Universidad Veracruzana publicó su convocatoria para los aspirantes a ingresar a esa casa de estudios.

El proceso de registro de aspirantes concluyó en abril y los días 3 y 4 de mayo se aplicó el examen de admisión en las propias instalaciones de la UV. Este lunes nueve de junio, de acuerdo con los términos de la convocatoria, se dan a conocer los resultados.

Posterior a la publicación de la primera lista, se difundirán los nombres de quienes teniendo derecho a inscribirse, no lo hicieron, para dar paso a la inclusión de más aspirantes, mediante el criterio de corrimiento. Los espacios vacantes se asignarán en orden descendiente, privilegiando a los mejor evaluados en el examen.

De antemano, se sabe que sólo el 42 por ciento de los aspirantes a ingresar a las 206 carreras que imparte la Universidad Veracruzana serán aceptados en este proceso, según las cifras que maneja la Dirección General de Administración Escolar de la institución.

Habría que destacar que el 42 por ciento, aunque suene poco, insuficiente de acuerdo con las necesidades de los estudiantes veracruzanos, es una cifra muy superior a la media nacional, que es del 25 por ciento. La Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, sólo recibe a menos del 19 por ciento de los aspirantes a ingresar.

Se estima que poco más de 6 mil estudiantes iniciarán una carrera universitaria en la región de Xalapa; casi 3 mil 500 en Veracruz; 2 mil 300 en Orizaba-Córdoba; igual número en Poza Rica y mil 700 en Coatzacoalcos. En total, ingresarán a la UV, vía examen de admisión, más de 15 mil 800 aspirantes y casi 20 mil quedarán fuera y deberán buscar acomodo en las más de 120 escuelas de nivel superior del estado, entre públicas y privadas, institutos tecnológicos y escuelas patito.

Hace tres días, integrantes del Frente Revolucionario Estudiantil por la Democracia, señalaron la necesidad de que la Universidad Veracruzana abra más espacios para los aspirantes; es decir, que amplíe su matrícula igual que el año pasado, cuando se anunció que, con el apoyo del gobierno estatal, habría mil 500 nuevos espacios.

Sin embargo, se trata de un asunto que pasa irremediablemente por el tema presupuestal, por lo cual se antoja sumamente complicado.

Hace 20 días, el 19 de mayo, la rectora Sara Ladrón de Guevara se refirió a la necesidad de que la UV reciba un mayor presupuesto porque actualmente el más alto porcentaje de los recursos que ejerce corresponde a las partidas que destina el gobierno del estado.

El problema es que los recursos federales asignados a la educación superior se han estancado en los últimos años. En noviembre de 2013, por ejemplo, un grupo de rectores de universidades públicas del país se presentó ante el Congreso de la Unión, donde los representantes del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines se quejaron porque el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación incluía una reducción presupuestal que afectaría los programas, la calidad académica y, por consiguiente, el nivel de la educación superior en nuestro país.

De igual manera, los miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior se reunieron con el secretario de educación, Emilio Chuayffet, a quien le expusieron la necesidad de aumentar el presupuesto para los programas enfocados a la educación superior.
Debido a que el presupuesto federal no ha registrado un aumento, lo más probable es que los espacios que actualmente ofrece la Universidad Veracruzana tampoco se incrementen y que, igual que el año pasado, más de la mitad de los aspirantes queden fuera en el proceso de selección. @luisromero85

Reforma política


Luis Alberto Romero

Hace dos semanas, el 23 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma político electoral, que incluye la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos y Delitos Electorales, así como las modificaciones a las leyes del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Todas esas modificaciones son el resultado del debate entre los partidos políticos en el Congreso de la Unión y representan las reglas del juego en las elecciones futuras. Se estrenarán en el proceso electoral federal de 2015, cuando se renovarán las 500 curules de la Cámara Baja; las gubernaturas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí; las alcaldías y diputaciones locales en  Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Tabasco; así como los delegados y asambleístas en Distrito Federal.

Las leyes secundarias de la reforma político electoral establecen las nuevas disposiciones en la materia y delimitan las funciones del Instituto Nacional Electoral, las obligaciones de los partidos políticos y también abordan lo referente a las candidaturas independientes en los procesos federales.

Falta ahora que al menos 17 entidades del país modifiquen sus legislaciones, para lo cual los Congresos locales tienen como fecha límite el 30 de junio; es decir, 20 días a partir de hoy, ya que la Constitución Política prohíbe explícitamente las reformas a las leyes electorales en los 90 días previos al inicio de un proceso.

Ese fue uno de los temas que abordó ayer, en su conferencia de prensa, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien señaló que las normas estatales de Veracruz se adecuarán a la legislación federal para dar cumplimiento a esos acuerdos.

De igual manera, el ejecutivo estatal dijo que la homologación a la ley federal será plena e incluirá todos los términos del documento promulgado por el presidente Peña Nieto: se garantizará la equidad de género y se reducirán los tiempos de las campañas políticas: 60 días para gobernador y 30 para el proselitismo de los candidatos a diputados. De igual forma, se replantea el funcionamiento del Tribunal Electoral para separarlo del Poder Judicial, a fin de otorgarle un mayor grado de independencia; y se incluirá la figura del candidato ciudadano.

Habría que agregar que las nuevas leyes en materia electoral establecen las obligaciones de los partidos en materia de contenido de los documentos básicos, integración de órganos directivos, postulación de candidatos, acceso a la información y transparencia en el uso de los recursos, así como las reglas para las precampañas, campañas políticas y coaliciones.
A partir de esas modificaciones, si los partidos políticos quieren conservar su registro y las prerrogativas que ello implica, tendrán que obtener en las urnas el 3 por ciento de los votos en los procesos electorales, y no el 2 por ciento como hasta ahora. Esas son, en síntesis, las nuevas reglas del juego en materia electoral y el trabajo que tiene pendiente, y con el tiempo encima, la legislatura veracruzana. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 3 de junio de 2014

Delincuentes electorales


Luis Alberto Romero

La celebración de las elecciones extraordinarias en tres municipios veracruzanos, Chumatlán, Tepetzintla y Las Choapas, ocurrió sin mayores contratiempos, sólo acusaciones mutuas de los partidos pero prácticamente ninguna causal de nulidad.

Recordemos que el 7 de julio de 2013 se llevó a efecto el proceso para presidentes municipales y diputados locales en la entidad; fue una elección que, como casi todas en este país, terminó por judicializarse hasta llegar al Tribunal Electoral de la Federación.

A pesar de que en muchos municipios, como Tierra Blanca, Boca del Río, Santiago Tuxtla, Veracruz y Córdoba, entre otros, hubo impugnaciones y acusaciones entre los partidos, sólo en esos tres casos se decretó la nulidad de la elección y se convocó a un proceso extraordinario.

Entraron en funciones los consejos municipales correspondientes, corrieron los tiempos electorales y este domingo se efectuó el proceso.

En disputa estaban tres municipios asentados en diferentes regiones de Veracruz: Chumatlán, en el Totonacapan; Tepetzintla, en la Huasteca, en el norte de la entidad; y Las Choapas, en la zona Olmeca, la parte sur del estado.

Diferentes características e importancia demográfica, porque mientras la población de Chumatlán no llega a los 4 mil habitantes, Tepetzintla tiene casi 14 mil. Las Choapas cuenta con más de 77 mil y es uno de los municipios más poblados del sur de la entidad.

Ayer, en el recuento de las actas en Tepetzintla, el resultado favoreció al PRI y a su candidata, Teresa Amor Muñoz, quien obtuvo 4 mil 261 votos, suficientes para derrotar al Movimiento Ciudadano, cuyo candidato, Roberto Miguel Galván, logró 3 mil 951 sufragios. El Partido del Trabajo y Acción Nacional quedaron reducidos a su mínima expresión, al registrar 98 y 7 votos, respectivamente.

En Chumatlán las cosas son diferentes porque el resultado podría revertirse, dadas las denuncias contra un grupo presuntamente armado y vinculado al PRI, que intentó reventar la elección. Ahí se instalaron 5 casillas; el resultado favorece al candidato de la coalición Veracruz para Adelante, Anselmo Gómez Olmos, con 856 votos, apenas 12 más que su contendiente del Movimiento Ciudadano, Gerardo Méndez Hernández.

En Las Choapas se instalaron 106 urnas y previo al cómputo final, el resultado preliminar favorecía al Partido de la Revolución Democrática, que alcanzó 11 mil 123 sufragios, más del 55 por ciento de los votos, mientras que el PAN logró 5 mil 622. Una presencia testimonial tuvieron en este municipio Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Al final, Marco Antonio Estrada asumirá el gobierno en ese ayuntamiento. Recordemos que luego de la exclusión de Miguel Angel Tronco Gómez, el PRI no postuló candidato.

Podríamos decir que las elecciones extraordinarias en estos tres municipios transcurrieron en normalidad; sin embargo, no hay que perder de vista que este proceso se lleva a cabo debido a que en la jornada electoral del 7 de julio de 2013 ocurrieron todo tipo de irregularidades y conductas delictivas, por lo que los tribunales determinaron la nulidad y la repetición como única salida.
Es una lástima, porque no sólo se perdieron los recursos públicos que fueron canalizados a la organización del proceso, o la reducción del tiempo de esos ayuntamientos, sino la credibilidad de los actores políticos locales, algunos de los cuales presentan conductas que bien podrían calificarse como deshonestas y tipificarse como delitos electorales. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 2 de junio de 2014

Elecciones amenazadas


Luis Alberto Romero

Con algunos retrasos en la instalación de casillas y con el incidente ocurrido en Chumatlán por la presencia de un grupo violento que presuntamente simpatiza con el PRI y que recurrió a la provocación e intimidación de ciudadanos, ayer se llevó a efecto la jornada electoral extraordinaria en ese municipio del Totonacapan, en Tepetzintla, la Huasteca veracruzana, y en Las Choapas, al sur del estado.

Ayer en Chumatlán prevaleció la preocupación por la presencia de personas que llegaron procedentes de municipios vecinos, los integrantes de la banda conocida como “Los Pelones”, a cuyo frente se encuentra el alcalde Reveriano Pérez Vega, de Coxquihui; evidentemente, fueron a provocar, a desalentar la participación como en otras ocasiones; y por ello, los organizadores del proceso municipal pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y es que la violencia electoral en los municipios del Totonacan, particularmente en Coxquihui, es la principal característica en cada proceso: en 2011 tuvieron que efectuar una elección extraordinaria y en las municipales de 2013 se registró un hecho que causó una muerte.

En Tepetzintla, la parte montañosa de la Huasteca Baja, no se reportaron incidentes pero sí una participación escasa. Hubo vigilancia de la policía estatal y observadores de la comisión de los derechos humanos. La jornada fue tranquila. Ahí, el candidato del Movimiento Ciudadano, Roberto Miguel Galvan, y la representante de la coalición PRI-PVEM-PANAL, Teresa Muñoz Martínez, se mostraron satisfechos por la ausencia de problemas mayores.

En Las Choapas, salvo una participación escasa, no hay reportes de incidentes. En ese municipio del sur, el PRD consideraba altamente probable el triunfo.

En esos tres casos, las elecciones municipales del 7 de julio de 2013 fueron anuladas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al acreditarse irregularidades que incluyeron el robo y embarazo de urnas y que definieron el rumbo de una elección fraudulenta.

En términos generales, el común denominador en las elecciones extraordinarias de Chumatlán, Tepetzintla y Las Choapas fue el temor a la inseguridad. De hecho, ese tema acaparó la atención de los representantes de los partidos en el inicio de la sesión de ayer en el Consejo General de Vigilancia de la Jornada Electoral. El del PAN, Agustín Basilio de la Vega, por ejemplo, señaló que este proceso extraordinario se realizaba por la violencia y la intromisión de caciques en la jornada del 7 de julio del año pasado. Por lo que se tendría que evitar que los hechos de 2013 se repitieran en 2014.

En esta ocasión, el robo de urnas, la compra de votos, la coacción y la falsificación de boletas electorales no fueron temas centrales en las discusiones en el órgano electoral; tampoco el retraso en la instalación de casillas, sino la seguridad y la vigilancia del proceso, así como la presencia de grupos que amenazaron con ensuciar todavía más la jornada extraordinaria de ayer.
Al final no hubo problemas mayores y al margen del resultado en esos lugares, lo destacable es un ambiente de relativa paz en los municipios en disputa. Vienen ahora las discusiones entre los principales actores, las acusaciones post electorales y la defensa del voto en los tribunales. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

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