viernes, 30 de mayo de 2014

Inseguridad y prevención


Luis Alberto Romero

El martes 6 de mayo fue un día de psicosis colectiva en Papantla, dos balaceras ocurridas en ese lugar se robaron la tranquilidad de un pueblo mágico y apacible. Un día después, las escuelas de esa cabecera lucían semivacías porque, ante el miedo, muchos padres de familia prefirieron que sus hijos no acudieran a tomar clases.

El lunes siguiente, 12 de mayo, el gobernador Javier Duarte acudió a ese lugar, donde anunció el operativo “Blindaje Norte”, que se enfocaría en la Huasteca y el Totonacapan, limítrofe con los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. De igual forma, el ejecutivo de Veracruz señaló que los cuerpos policiacos de 20 ayuntamientos de la zona norte serían depurados y que los comandantes municipales tendrían que aprobar los exámenes de confiabilidad.

Dos semanas después, el lunes 26, el gobierno veracruzano arrancó un operativo similar en el sur de la entidad, el “Blindaje Coatzacoalcos” incluye tareas de vigilancia del Ejército Mexicano, Armada de México, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad del gobierno estatal. En total, 535 elementos reforzarían la seguridad en Coatzacoalcos, Minatitlán y los municipios cercanos. Esa fuerza se suma a los 290 efectivos que ya se encargan de la seguridad en una región que limita con Tabasco.

Este jueves 29, Duarte de Ochoa estuvo en la zona centro, donde dio a conocer los detalles del programa “Blindaje Córdoba”, que destina 750 elementos de la federación y el estado a las tareas de seguridad. Ahí, el gobernador señaló que 14 municipios están incluidos en los operativos. Apuntó también que el índice delictivo en Veracruz iba a la baja y que el objetivo es evitar que la delincuencia de otras entidades llegue a operar a tierras veracruzanas.

Esa estrategia, que ya se desarrolla en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, busca desalentar las actividades delincuenciales y evitar que las bandas que se dedican a los delitos de alto impacto, como el secuestro, la trata de personas y la venta de drogas, se establezcan en el estado.

Son acciones muy importantes y, además, necesarias. Sin embargo, es evidente que los recursos gubernamentales que se destinan a estas áreas están enfocados a la atención a un problema que forma parte de la realidad presente; es decir, se combate a la delincuencia pero no se previene el delito.

En febrero del año pasado, hace 15 meses, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que incluye la participación de nueve secretarías de estado. Anunció, asimismo, recursos por 118 mil millones de pesos para las localidades y municipios con mayores índices delictivos.

En Veracruz actualmente funciona una dirección de prevención del delito que depende de la subsecretaría del ramo y que cuenta con recursos insuficientes; implementa básicamente cuatro programas: Jornadas Comunitarias, Escuela Segura, Empresa Segura y Policía Contigo, que no registran resultados contundentes.
Debido a ello, desde la presidencia de la Legislatura local se cocina una propuesta para integrar la Ley Estatal de Prevención Social para el Estado de Veracruz, que elevaría el tema a un nivel de legislación, iría en sintonía con las acciones del gobierno federal y ubicaría a la entidad como una de las primeras en el país en esa materia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 29 de mayo de 2014

Veracruz obeso


Luis Alberto Romero

De acuerdo con el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, el cambio en los hábitos alimenticios ha provocado un alarmante aumento en los índices de obesidad. De hecho, desde 2010, ese problema se convirtió en la primera causa de muerte en nuestro país; ese año, más de 83 mil connacionales murieron como consecuencia del sobrepeso.

Se trata de un problema que se ha extendido a todas las clases sociales, pero que tiene una mayor incidencia en la población más pobre.

El 70 por ciento de la población enfrenta problemas de sobrepeso y una tercera parte de los mexicanos sufre obesidad.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 señalaba que casi el 37 por ciento de los niños de 5 a 11 años enfrentaba esa situación. Según la fuente, la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en la población adulta llegaba al 69.4 por ciento en hombres y 73 por ciento en mujeres.

Para julio del año pasado, México ya se había convertido en el país con mayor índice de obesidad en el mundo, superando a los Estados Unidos, una estadística de la que no podemos enorgullecernos porque implica otros problemas de salud pública: uno de cada seis mexicanos padece diabetes, enfermedad que cada año cobra la vida de casi 70 mil personas; por otro lado, más del 26 por ciento de la población adulta enfrenta problemas de colesterol alto, los candidatos a isquemias. 

Especialistas en el tema de salud pública apuntan que en los últimos 30 años, los problemas de obesidad y sobrepeso han aumentado de manera exponencial en nuestro país: hace 15 años, el índice en México apenas superaba el 23 por ciento; tres lustros después, la cifra llegó casi al 33 por ciento. Analizando esa tendencia y el acelerado ritmo de crecimiento, expertos en la materia calculan que en 3 años más, la obesidad costará a nuestro país más de 70 mil millones de pesos.

El reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal señala que el 25 por ciento de las incapacidades laborales se relacionan con estos padecimientos y que tres de cada cuatro camas de hospital son ocupadas por pacientes con obesidad.

Veracruz, desafortunadamente, es una de las entidades del país que enfrenta mayores índices de obesidad y diabetes. Para atender esa problemática, la Secretaría de Salud y el DIF estatal instrumentaron acciones para mejorar los hábitos alimenticios del veracruzano, eliminar de la dieta infantil el consumo de golosinas y comida chatarra, y promover una cultura contra el sedentarismo, actividad física y un estilo de vida saludable.

Sin embargo, sería muy importante que otras instancias de gobierno, como la Secretaría de Educación de Veracruz, termine con la simulación en cuanto a la venta de comida chatarra en escuelas, porque en las cooperativas de muchas primarias es común encontrar refrescos, jugos azucarados y todo tipo de golosinas y comida con altos niveles de grasa y carbohidratos.
El combate al sobrepeso y obesidad podría ahorrar muchos problemas de salud pública y también muchos recursos financieros al país y al estado. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 28 de mayo de 2014

Policías municipales


Luis Alberto Romero

El pasado 19 de mayo, el secretario de seguridad pública del gobierno estatal, Arturo Bermúdez Zurita, anunció que la dependencia reforzaría el trabajo de vigilancia en los principales municipios de Veracruz y también en las zonas que limitan con otras entidades, específicamente Puebla, Tamaulipas y Tabasco, aunque dicha acción se extendería a la Huasteca Alta, debido a la proximidad de regiones de Hidalgo y San Luis Potosí.

De igual manera, los trabajos de la mencionada dependencia se intensificarían en los municipios más complicados en términos de índices delictivos: Poza Rica, Papantla, Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció dos programas en materia de seguridad, los blindajes Norte y Coatzacoalcos, que implican una  mayor presencia policiaca y una coordinación más eficiente con otras instancias, sobre todo, las secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como la Policía Federal.

Se trata de acciones que complementan a otras estrategias en esa materia; en 2011, por ejemplo, fue implementado el programa Veracruz Seguro; se año, el gobierno del estado inició una depuración de policías y 4 mil elementos causaron baja, debido a que no cumplieron con los requisitos establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, el problema no sólo se registra en la policía estatal: las corporaciones municipales están todavía peor y en ese sentido, Veracruz es fiel reflejo de la realidad nacional. De los 2 mil 439 municipios que integran los 32 estados de la República, unos 400 no cuentan con policías propios; por otro lado, más de mil 200 municipios tienen menos de 20 elementos policíacos, que sirven de poco para el combate a la delincuencia.

Y es que lo común en las policías municipales es la falta de preparación y capacitación, los bajos salarios, las condiciones miserables en que operan las corporaciones y la falta de armamento, vehículos y equipo de radiocomunicación. Con esas condiciones, las policías son inoperantes y sus elementos son enviados a la calle en calidad de asaltantes con charola.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando más se recrudecieron los problemas de inseguridad y delincuencia organizada, inició una estrategia nacional para dotar de mejores condiciones a los cuerpos policiacos, que estaban ya rebasados. Antes de eso, en nuestro país, dos de cada diez corporaciones asignaban a sus elementos salarios inferiores a mil pesos mensuales; y cuatro de cada diez pagan menos de dos mil pesos a la quincena. Hoy, por cierto, Veracruz es de las entidades que mejor pagan a sus policías estatales, pero prevalecen severos rezagos en muchos municipios.

Sobre ese tema, ayer, la diputada Mariela Tovar Lorenzo, presentó un punto de acuerdo en la Legislatura del Estado para que los municipios veracruzanos se adhieran al programa “Policía Municipal Acreditable” y que sus elementos cumplan con los controles de evaluación, a fin de evitar la ineficiencia y el bajo nivel de confianza que impera en esas corporaciones.
La información que reveló la legisladora por el distrito de Papantla debe ser motivo de preocupación: 97 de los 212 municipios no han enviado elementos a capacitación, 44 mandaron de uno a 5, y sólo 35 llevaron de 6 a 10 policías. Esa es la realidad que registran los ayuntamientos veracruzanos, cuyos alcaldes se concentran en el tema de la obra pública y olvidan áreas determinantes, como educación y seguridad. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 27 de mayo de 2014

Poza Rica, el caos


Luis Alberto Romero

Alfredo Gándara Andrade era presidente municipal de Poza Rica cuando el 2 de mayo de 2011, hace tres años, Petróleos Mexicanos anunció la mayor inversión en obra pública para ese municipio: 365 millones de pesos que servirían para construir un distribuidor vial y solucionar, al menos en teoría, el problema de la movilidad urbana en una cabecera donde circulan cada día unos 115 mil vehículos.

Ese día, el subdirector de PEMEX Exploración y Producción, Región Norte, Juan Arturo Hernández Carrera, y el gerente de Construcción y Mantenimiento, Salvador Quero García, explicaron los detalles de esa obra, que es básicamente un segundo piso sobre las principales arterias de Poza Rica: inicia en el bulevar González Ortega, llega a la avenida Central Norte y finaliza en Ruiz Cortines para una longitud total de 3.32 kilómetros.

El 22 de noviembre de ese año inició la construcción, cuya conclusión estaba programada para diciembre de 2012, 13 meses para un proyecto que incluía drenaje pluvial, señalamientos y alumbrado.

Sin embargo, la obra registró diversos atrasos: en febrero de 2012, la construcción se detuvo por problemas técnicos que representaban una mayor inversión, 20 millones de pesos que no se habían presupuestado.

Hace dos años, en julio, el grupo Sigma, la empresa constructora responsable de esos trabajos, derribó 217 árboles del Paseo de la Burrita, uno de los pocos patrimonios ecológicos de Poza Rica; luego echaron abajo otros 100 árboles en ese mismo lugar, que se convirtió en una enorme plancha de concreto que complica aún más la vialidad, el comercio y las condiciones de vida de la población.

Posteriormente, al iniciar el año pasado, la obra fue paralizada en dos ocasiones más debido a problemas presupuestales: Pemex no estimó correctamente los costos de esos trabajos y los recursos, 365 millones de pesos, no fueron suficientes.

A la fecha, hay un atraso de 17 meses.

El problema es que la vialidad de Poza Rica, lejos de resolverse, se ha complicado y la circulación resulta todavía peor que antes: los tiempos de traslado se han duplicado y los problemas de movilidad, también. La peor parte es la que lleva el comercio local porque las ventas se han desplomado entre el 30 y el 50 por ciento, dependiendo del giro. Empresas históricas, como los restaurantes “El Petrolero” y “El Chalet”, optaron por cerrar sus puertas. El transporte público también resultó afectado.

Por si fuera poco, los trabajos provocaron frecuentes cortes al suministro de agua entubada en diferentes colonias, ocasionando otro problema social que tampoco fue contemplado por los proyectistas.

En Poza Rica prevalece el caos, como ha denunciado en reiteradas ocasiones el ex alcalde Luis Manuel Villegas Salgado, porque esa millonaria obra no fue planeada en todas sus dimensiones.
Lo peor es que, de acuerdo con el regidor Francisco Cázares Echeverría, existe el riesgo de que Pemex cancele los recursos, si la obra no se concluye antes del 31 de agosto de este año, 20 meses después de lo programado, lo que sería un desastre para Poza Rica, ya que la reactivación de los recursos federales asignados a estos trabajos no tendrían un tiempo definido, podría ser en meses o en años. Una lástima. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 26 de mayo de 2014

Protagonistas de la sucesión


Luis Alberto Romero

Cuando faltan dos años para el relevo en el gobierno estatal, en el PRD no existe una figura que resulte atractiva para el electorado. Divididos, los perredistas no tienen claro el rumbo de su partido; ni siquiera cuentan con dirigencia nacional y de antemano, las tribus descartan la posible postulación de Dante Delgado, del Movimiento Ciudadano. Militantes destacados del norte veracruzano nos manifestaban este fin de semana su preocupación por no contar con cuadros capaces de contender de manera digna en un proceso electoral que se antoja complicado para este partido. Debido a ello, no falta quien proponga buscar una figura dentro de otros partidos, que resulte llamativa en una elección y en ese contexto, observan con buenos ojos dos posibilidades, el ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, y el senador del PRI, Héctor Yunes Landa.

El problema para los perredistas que promueven esa última posibilidad es que Héctor Yunes sigue recorriendo Veracruz, buscando la postulación por el PRI. De hecho, queda claro que contrario a lo que afirman sus promotores, el camino del otro senador priísta, José Francisco Yunes Zorrilla, no está pavimentado.

El de Perote, al igual que Yunes Landa, tiene mucho tiempo aspirando a gobernar el estado. José Francisco Yunes ha sido alcalde, dos veces diputado federal y legislador local en una ocasión. Fue candidato a senador en dos procesos, aunque en su primera oportunidad fue enviado al tercer lugar de la contienda, sin alcanzar el cargo.

Hoy, Yunes Zorrilla marcha a paso lento rumbo a la candidatura de su partido al gobierno veracruzano. En ese camino también está Héctor Yunes Landa, quien centra su estrategia política en una hiperactividad que ha orillado a su adversario interno a dejar de actuar como si la candidatura estuviera decidida de antemano a su favor.

Quienes piensan que pudiera registrarse un posible centralazo, como era costumbre en las presidencias priístas, manejan dos nombres de veracruzanos que trabajan en altos cargos del gobierno federal: Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y José Antonio González Anaya, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos, economistas con estudios en el extranjero pero sin la mínima presencia en Veracruz. A esos nombres habría que agregar el del empresario Miguel Alemán Magnani, cercano a las altas esferas del gobierno federal e hijo del exgobernador Miguel Alemán Velasco. Lo cierto es que, evidentemente, en el PRI no está tomada la decisión.

Probablemente, el único partido que tiene un panorama más o menos claro en cuanto a su candidatura es Acción Nacional. Una vez que concluyó el proceso interno para la renovación de su dirigencia, en el blanquiazul viene el cambio en el consejo y en la dirigencia estatal, lo que ocurrirá en agosto. De continuar la tendencia, la decisión panista en cuanto a la sucesión podría favorecer otra vez a Miguel Angel Yunes Linares, al senador Fernando Yunes Márquez y, con menos posibilidades, al diputado federal Juan Bueno Torio.
En ese sentido, 2015, la antesala de la sucesión en Veracruz, será un año determinante para las aspiraciones de todos ellos. El año que viene observaremos el reacomodo de fuerzas dentro de los partidos y la nueva geografía política del estado, el tercero más importante del país en términos electorales. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 22 de mayo de 2014

Desapariciones y secuestros


Luis Alberto Romero

En conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presentó ayer miércoles el resultado del trabajo de la Procuraduría de Justicia del Estado en cuanto a la ubicación y solución de 186 casos de personas desaparecidas; algunas de ellas habían sido víctimas del delito de secuestro y todas se encuentran ya a salvo, con sus respectivas familias.

Por supuesto, a salvo pero no sanas, considerando el trauma y el daño psicológico que presenta generalmente una persona que fue víctima de este delito, que literalmente le cambia la vida a quien lo sufre.

Lo importante es que se trató del resultado del trabajo de investigación realizado por la Procuraduría y, en algunos casos, también de las corporaciones de seguridad.

En la conferencia del gobernador estuvieron presentes, como testigos de esas acciones, 65 personas cuyas familias habían reportado como desaparecidas o secuestradas.

Sin embargo, hay otras 529 denuncias que no han sido resueltas o que se encuentran en proceso.

El de ayer fue el segundo anuncio de esta naturaleza en lo que va del año: el pasado 9 de mayo, la autoridad estatal presentó a otras 26 personas que también fueron encontradas o rescatadas.

En el tema de los desaparecidos, sobre todo cuando se trata de menores de edad, un papel importante juegan la Alerta Ámber, que recientemente se adoptó en Veracruz, y la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas no Localizadas.

Recordamos que poco después de asumir su cargo, el 26 de febrero, el procurador Luis Angel Bravo Contreras informó que de 2011 a la fecha se habían reportado cerca de 200 menores desaparecidos. En ese lapso, son 650 personas en total, entre niños y adultos.  

De ahí que dicho problema causó preocupación entre la población veracruzana y también entre algunas organizaciones civiles; el Colectivo por la Paz y la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados, por ejemplo, han lanzado voces de alerta. De hecho, la mencionada fundación dice que no son 198 niños desaparecidos, como lo consignan las fuentes oficiales, sino más de 550 aunque la mayoría de los casos no son denunciados.

Eso es en cuanto a personas desaparecidas. El secuestro es aparte: de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa el sexto lugar nacional en los índices de este delito, después de Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos y Tabasco. Aquí se reportan, sólo en los dos primeros meses del año, 24 denuncias por privación ilegal de la libertad.
Por supuesto, hay avances en materia de combate a otros delitos del fuero común, como robo, lesiones y homicidios, entre otros, donde se registran resultados más alentadores; incluso, de manera constante recibimos noticias sobre operativos y captura de criminales que se dedican al secuestro; en total, 11 bandas delincuenciales han sido detenidas en los últimos meses; sin embargo, en el tema del secuestro en Veracruz, al órgano investigador le  falta mucho trabajo por hacer; ese delito se mantiene como la piedra en el zapato del procurador. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 21 de mayo de 2014

La defensa del consumidor


Luis Alberto Romero

En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue aprobada por el Congreso de la Unión la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigente desde el 24 de diciembre de ese año, con la finalidad, dice el texto, de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Se trata de un ordenamiento que fue reformado y adicionado en reiteradas ocasiones, aunque tal vez el cambio más sobresaliente fue el de 2004, cuando se adaptó a las nuevas exigencias de la sociedad mexicana.  

Antes de eso, en 1976 fue promulgada la Ley de Protección a los Consumidores que creó la Procuraduría Federal del Consumidor y que consagra los derechos a la información, a elegir libremente un producto, a la seguridad y calidad de bienes y servicios, a la no discriminación, a la compensación y a la protección por parte de las autoridades.

A partir de una estructura básica, la Profeco comenzó a crecer en burocracia y también en el presupuesto asignado a una abultada nómina: se crearon las subprocuradurías, las delegaciones y subdelegaciones; las áreas de servicios y verificación; la coordinación general de educación y divulgación, así como el laboratorio nacional de protección al consumidor, entre otras oficinas dependientes.

El trabajo que realiza Profeco resulta útil porque significa la posibilidad de que los consumidores sean alertados sobre los riesgos que representan algunas empresas; así, constantemente esa dependencia genera información sobre los riesgos de algunos productos, bienes y servicios, es el caso de escuelas en periodo de inscripciones, hoteles y restaurantes en temporada vacacional, gasolineras, gaseras, casas de empeño y supermercados, entre muchos otros giros.

Sin embargo, de manera constante se han reportado abusos y atropellos al comercio por parte de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Durante años, los actos de corrupción de los inspectores y verificadores de la Profeco han sido casi proverbiales; la transa y el soborno, el sello de la casa.

Un ejemplo fue lo ocurrido en Veracruz a principios de este año, el 14 de enero, cuando el entonces delegado de la dependencia en el estado, Inocencio Yáñez Vicencio, anunció su renuncia al cargo y evidenció una red de complicidades y corrupción, prácticamente una mafia que operaba para cobrar cuotas al comercio, lucrar con el cargo.

Yáñez Vicencio reveló, incluso, un caso de extorsión a un empresario gasolinero, a quien un empleado de la dependencia pedía 50 mil pesos por el retiro de los sellos de clausura.

Ante esos actos de corrupción cometidos por los verificadores, propiciados por la burocracia media de la dependencia e ignorados por los mandos de la misma Procuraduría, Inocencio Yáñez terminó por renunciar al cargo, para evitar ser parte de esos abusos contra empresarios y comerciantes.
Pues bien, este 20 de mayo, Profeco nombró a Gilberto Ojeda Camacho como nuevo delegado en Veracruz. Se trata de un abogado que ya fue diputado local por Sinaloa y legislador federal; se supone que llega con la experiencia necesaria para representar a la procuraduría en esta entidad. Ojalá comience con una depuración, una limpia a fondo para revertir la mala imagen. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 20 de mayo de 2014

PAN; quién gana en Veracruz


Luis Alberto Romero

Este domingo 18 de mayo, los panistas salieron a las urnas, en una elección interna, para seleccionar a su dirigencia nacional. Por primera vez en su historia, el albiazul abrió la contienda a toda la militancia y no se limitó a la acostumbrada asamblea de delegados.

Por la noche del mismo domingo, el presidente de la comisión organizadora del proceso, Francisco Gárate, informó que la tendencia era irreversible y que Gustavo Madero ocuparía la máxima dirigencia del partido en un segundo periodo. Se había computado el 94 por ciento de las actas y el resultado era contundente: 14 puntos porcentuales y más de 20 mil sufragios separaban a Ernesto Cordero, apoyado por el grupo calderonista, del ganador del proceso.

Luego de conocerse los resultados, contrario a lo que los analistas políticos esperaban, la fórmula perdedora, integrada por Cordero y Juan Manuel Oliva, reconoció la derrota y anunció que no impugnarían la elección ni recurrirían a los tribunales.

Se impone así una corriente que se ha caracterizado por concertar, pactar y establecer acuerdos con el gobierno federal priísta, situación que fue duramente criticada en campaña por los detractores de Gustavo Madero.

De acuerdo con el recuento que realizó la comisión organizadora de la elección, el ex secretario de Hacienda sólo habría logrado el triunfo en ocho entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato,  Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí y Yucatán.

En Veracruz, el resultado fue cerrado pero se impuso la continuidad en la dirigencia; Xalapa fue para el grupo de Cordero pero el Puerto, Boca del Río y Córdoba fueron para Madero. Trascendieron algunas irregularidades que dejaban entrever una elección turbia; por otro lado, habría que destacar el clima de tranquilidad generado por la madurez de los principales actores de esa elección en el estado.

Lo curioso es que en la entidad, maderistas y corderistas se apresuraron a declararse ganadores, como si la contienda se definiera en Veracruz y como si la disputa fuera entre el grupo que encabeza Miguel Angel Yunes y el que integran Tito Delfín, Julen Rementería, Juan Bueno y Enrique Cambranis, entre otros.

Al margen del resultado de la elección en el estado, hay que observar que Yunes Linares, Víctor Serralde, José de la Torre y Joaquín Rosendo Guzmán integraban el principal punto de apoyo de la campaña de Madero Muñoz en Veracruz; sin embargo, la dirigencia nacional panista que fue electa el domingo no estará ya en funciones cuando dicho partido seleccione a su próximo candidato a gobernador del estado, porque su periodo concluye al terminar el próximo año; aun así, de extender su etapa por cuestiones de tiempos electorales, esa dirigencia definirá no sólo candidatos en 2016, sino la posibilidad de una alianza con el PRD.
Lo que viene ahora para el panismo veracruzano es la renovación del consejo estatal, que podría concretarse en julio, y de la dirigencia en la entidad, para finales de agosto o inicios de septiembre; esa será la verdadera batalla panista en el estado porque es determinante para los grupos que busquen el control del partido un año antes del proceso electoral federal de 2015 y dos años previos a la renovación del ejecutivo estatal. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 19 de mayo de 2014

Limpia pública, a la IP


Luis Alberto Romero

En la mayoría de los municipios del país, el tema de la recolección, el manejo y la disposición de los desechos sólidos es uno de los talones de Aquiles de los ayuntamientos. Prácticamente todas las administraciones enfrentan problemas de limpia pública y basura; y muy pocas cumplen con las normas establecidas. En Veracruz, por ejemplo, prevalecen los tiraderos a cielo abierto y hasta el año pasado únicamente operaban 18 rellenos sanitarios.

En cuanto a la recolección de basura, las quejas de los habitantes de los 212 municipios veracruzanos son tan frecuentes que ya dejaron de ser noticia. En Xalapa basta recorrer las colonias para observar el nivel de molestia y descontento provocado por un muy deficiente servicio de limpia pública.

Pero Xalapa no es el único caso, quejas hay en casi todos los municipios. Debido a ello y ante la desesperación causada por fallar a la población de sus municipios, hay alcaldes que determinaron concesionar a la iniciativa privada la recolección y disposición de la basura, volviendo negocio un servicio que deben prestar los ayuntamientos.

Un caso ocurrió en marzo de 2008 en Poza Rica: con la aprobación de la Legislatura del Estado, ese ayuntamiento, presidido entonces por Pablo Anaya Rivera, concesionó el servicio a la empresa Promotora Ambiental La Laguna, S.A. de C.V, también conocida como PASA, que cobraría durante los 15 años que dura el contrato entre 20 y 30 millones de pesos anualmente.

Sin embargo, no es el único antecedente; esa misma empresa, que inició operaciones hace 23 años, ha tenido entre sus clientes a municipios como Tijuana, Torreón, León y Ciudad Juárez.

No en todos ha tenido éxito: en San Pedro Garza García, Nuevo León, PASA enfrentó problemas de operación y lo mismo ocurrió en Poza Rica, donde señalaron a la empresa por provocar daños ambientales y contaminación de suelos y mantos freáticos.  

Tras las fuertes diferencias entre el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz y el gerente comercial de PASA, César de la Rosa, el tiempo y el peritaje de especialistas en la materia le dieron la razón al presidente municipal. Intervino la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, que impuso una sanción de 5 mil salarios mínimos a esa empresa por el derrame de lixiviados ocurrido en el relleno sanitario en agosto del año pasado. A la fecha, todavía no hacen efectivo el pago ni construyen la planta de tratamiento para aguas especiales, a que le pretende obligar la procuraduría.

En la capital veracruzana, hace unas semanas surgieron voces que proponen la concesión de limpia pública debido a los problemas del ayuntamiento que encabeza Américo Zúñiga para prestar el servicio. La organización “Profesionales por México”, que encabeza Reynaldo Guerrero, opinó que debe analizarse la posible participación de la iniciativa privada, que podría aportar recursos frescos para la adquisición de unidades recolectoras y propuso también la construcción de un relleno sanitario metropolitano. El propio presidente municipal ya declaró que no descarta esa posibilidad.
Sin embargo, al margen de reconocer la incapacidad para prestar el servicio, el gobierno municipal debe realizar un análisis minucioso y un estudio profesional para evitar que en Xalapa se reproduzca el fallido modelo de Poza Rica. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

Veracruz, mayor recaudación


Luis Alberto Romero

La nota pasó casi inadvertida, de no ser por algunos medios nacionales que le dieron cobertura y espacio. Se trata del reporte que sobre el manejo del presupuesto de Veracruz realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación, cuyo titular es Fernando Charleston Hernández.

Se trata de un esfuerzo en materia de transparencia, que incluye conceptos como los ingresos del primer trimestre del año, el avance en el pago a proveedores, el gasto público y las participaciones a los municipios.

Destaca que como resultado de la estrategia trazada en materia de recaudación, que incluye acciones como el pago móvil, las citas electrónicas, las campañas informativas y el programa de condonación de multas, se alcanzó un aumento considerable, 9.7 por ciento, con relación a los resultados del mismo periodo del año anterior.

El gobierno del estado reporta ingresos totales durante el primer trimestre de 2014 por 23 mil 721 millones de pesos, que representa el 25 por ciento de lo que se espera recaudar en todo el año, 94 mil 972 millones, de acuerdo con la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado.

Del monto que ingresó a la Secretaría de Finanzas de enero a marzo, el 43.6 por ciento corresponde a participaciones federales; 43 por ciento son los Fondos de Aportación del Ramo 033; 6.8 por ciento pertenece a ingresos propios; mientras que 6.5 se relacionan con otros ingresos federales.

Llama la atención la baja recaudación en cuanto a los ingresos propios, porque éstos no llegan al 7 por ciento; sin embargo, existe un aumento considerable en este rubro, que llegó a mil 623 millones de pesos, mientras que el año pasado la cifra se ubicó en mil 268, de tal manera que el aumento representa el 28 por ciento.

También hay un incremento de más de 2 mil 200 millones en los ingresos que provienen de la federación y que se ubican en 20 mil 560 millones; es un aumento que se registra en todos los estados que manejan con eficiencia el tema de la recaudación; es decir, a mayores ingresos propios, más cuantioso es también el dinero que reciben los estados del gobierno federal.

En el destino de esos recursos podríamos destacar el aumento en el gasto social, que es el que se asigna a salud, educación, combate a la pobreza y medio ambiente, que absorbieron el 56.8 por ciento del gasto total. En educación, el incremento fue del 10.6 por ciento con relación al primer trimestre de 2013; en salud, el crecimiento llegó al 15.2 por ciento; y en desarrollo social, 9.1 por ciento más. El 49 por ciento de los ingresos fueron destinados a la obra pública.

Durante el primer trimestre de 2014, Sefiplan pagó 3 mil 187 millones a mil 26 proveedores y contratistas. Los municipios veracruzanos recibieron en ese periodo 2 mil millones de pesos.

Ese esfuerzo por transparentar las cuentas de ingresos y egresos ubica a Veracruz, por cierto, entre las entidades que registran las más altas calificaciones de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Armonización Contable.
La transparencia es importante, sin embargo, también lo es el correcto uso del presupuesto, porque no sólo se trata de que nos digan cuánto se recaudó y se invirtió en determinado periodo, sino los resultados y el impacto del gasto social en el nivel de vida de los veracruzanos. Ese es un tema aparte. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 15 de mayo de 2014

El secuestro de la presa


Luis Alberto Romero

Desde 1986, cuando fue inaugurada por el presidente Miguel de la Madrid, hace 28 años, la presa Yuribia ha sido tomada, bloqueada y liberada en muchas ocasiones: maestros, ejidatarios y pobladores de esa región han hecho un negocio del secuestro de esa construcción, y por ello constantemente amagan con cerrar las válvulas, sabiendo de antemano el daño que provocan a la población de 3 importantes municipios del sur, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, unas 500 mil personas.

A pesar de que en reiteradas ocasiones se han desarrollado obras de infraestructura hidráulica, como la perforación de pozos profundos en Canticas, la presa Yuribia se mantiene como la principal fuente de abastecimiento de agua para esa zona.

Se ubica en el municipio de Tatahuicapan, en la sierra de Soteapan. Su construcción fue iniciada en octubre de 1984 y dos años después se efectuó la inauguración. La obra completa incluye 64 kilómetros de tubería de acero, 80 válvulas y una profundidad de más de 16 metros.

Sin embargo, debido a su importancia estratégica para el desarrollo de la zona petrolera del sur de Veracruz, la presa se convirtió en rehén de diversos grupos. En septiembre de 2006, por ejemplo, pobladores de Tatahuicapan de Juárez, provenientes de comunidades nahuas y popolucas, bloquearon las instalaciones y cerraron las válvulas, argumentando que el gobierno del estado no les apoyó con recursos para la construcción de obras luego de los daños causados por la tormenta tropical que afectó a su municipio en junio de ese año.

En aquella ocasión, los 500 indígenas inconformes fueron encabezados por el entonces alcalde, Julián Cruz Gómez, y también, como ahora, obstruyeron los caminos y cerraron las válvulas, en demanda de recursos del gobierno del estado, básicamente la rehabilitación del camino que conecta a sus comunidades con el municipio de Cosoleacaque, la introducción de agua potable, energía eléctrica y drenaje pluvial.

Esta vez, el cierre de las válvulas dejó sin agua por más de una semana a la población de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde se registra un fuerte problema social por la falta de ese recurso natural imprescindible.

Más de 500 mil personas son afectadas por esta medida de presión de los habitantes de las comunidades de Tatahuicapan, que exigen que se les pague por el agua que se toma de la presa para el consumo de esas tres ciudades del sur del estado.

Hubo un intento de diálogo pero éste no prosperó de forma satisfactoria, de tal manera que el gobierno estatal resolvió, el pasado martes 13, utilizar la fuerza pública para liberar la presa. Acompañados por visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los elementos de la policía estatal procedieron a retirar a los ejidatarios; mientras tanto, para satisfacer las necesidades de agua de la población afectada, el gobierno estatal envió 60 pipas como apoyo emergente.
Posteriormente, el problema se intensificó y subió de tono, debido a que quienes bloquearon la prensa, una vez desalojados, resolvieron boicotear el suministro y rompieron los ductos. Por si fuera poco, en una medida desesperada, podríamos decir que irracional, amagaron con dinamitar las instalaciones, lo que puso a prueba la capacidad del gobierno veracruzano para resolver ese problema; afortunadamente, este miércoles por la tarde, los titulares de las secretarías de gobierno, desarrollo social, seguridad pública y comunicación social se reunieron con los alcaldes de la región y los grupos inconformes, con quienes establecieron los acuerdos para dar por concluido el tema. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 14 de mayo de 2014

Desidia de Ayuntamientos


Luis Alberto Romero

El pasado 30 de abril venció el plazo para que los alcaldes de 209 municipios veracruzanos entregaran los planes de desarrollo correspondientes al periodo 2014-2017.

El Plan Municipal de Desarrollo es la hoja de ruta, el eje rector para el trabajo de los ayuntamientos. De acuerdo con la Ley de Planeación del Estado de Veracruz y la Orgánica del Municipio Libre, los Ayuntamientos tienen un plazo de cuatro meses, a partir de la toma de posesión, para presentar ante la Legislatura del Estado dicho documento, que contiene los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal.

Del artículo 26 al 35 de la Ley de Planeación se establecen las obligaciones de los municipios veracruzanos en esa materia; sin embargo, no se especifican las sanciones en el incumplimiento de las mismas.

Debido a ello, en algunas autoridades municipales prevalecen desidia, desinterés e indolencia: justo por la mañana del día límite para la presentación de los planes, el 30 de abril, únicamente 50 de los 209 municipios obligados habían acudido al Congreso veracruzano. Ese día observamos un desfile de alcaldes que llegaron al cuarto para las doce a la Legislatura estatal; muchos de ellos, con documentos elaborados prácticamente sobre las rodillas.

Recordemos que en 3 municipios fueron anuladas las elecciones locales, Chumatlán, Las Choapas y Tepetzintla, por lo que esos casos tienen un plazo diferente.

Del tema habló ayer el diputado Raúl Zarrabal Ferat, de la Comisión de Hacienda Municipal; señaló que al concluir el plazo y luego de una prórroga de 15 días, la mayoría de los ayuntamientos cumplió con el trámite; y que 13 de los 209 quedaron pendientes, entre ellos, Chalma, Coyutla, Yanga, Acultzingo, Tenejapan y Acula, municipios pequeños cuyos alcaldes evidentemente no cuentan con disposición ni capacidad para cumplir lo que establece la ley veracruzana.

Sin embargo, el principal problema de la planeación en los municipios de Veracruz no tiene que ver con la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, que es visto por los alcaldes sólo como un trámite burocrático, sino con la falta de voluntad  para cumplir con proyectos a largo plazo.

Lo peor, entonces, no es que los presidentes municipales no integren ese documento, sino la falta de sanciones para quienes incumplen con esa obligación que establece la Ley de Planeación del Estado.

Por si fuera poco, tampoco existe un trabajo de seguimiento en la Legislatura para obligar a los alcaldes a cumplir con los proyectos municipales que se presentan al arrancar las administraciones.

Hace poco más de un año, por cierto, el Instituto Mexicano de la Competitividad reveló que tres de cada diez alcaldes de las grandes ciudades del país no contaba con estudios profesionales y que el 66 por ciento de las autoridades de los municipios rurales ni tenían estudios superiores.
Lamentable, pero en el caso de muchos alcaldes de Veracruz y de México, la falta de preparación y capacidad para gobernar, para cumplir las leyes y para plantear programas de gobierno los vuelve presas fáciles de quienes buscan convertir los presupuestos municipales en botín para engrosar la billetera personal. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 13 de mayo de 2014

Michoacán y Veracruz


Luis Alberto Romero

La inseguridad amenaza prácticamente a todos los sectores de la vida productiva. En la última década, la delincuencia organizada ha recurrido a métodos cada vez más violentos y la lucha entre bandas y cárteles por el control de territorios ha quedado en segundo término, porque ahora el secuestro y la extorsión constituyen la principal preocupación del mexicano.

El pasado 5 de mayo, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, desestimó la situación de su estado en materia de índices delictivos y declaró que su entidad es más segura que Jalisco, Tamaulipas, Morelos, Estado de México y Veracruz, debido a que los trabajos de vigilancia son realizados por la federación.

Lo que no dijo Vallejo Figueroa es que el gobierno federal determinó asumir el control de Michoacán debido, primero, a la situación insostenible en materia delictiva y, segundo, sobre todo, a que el gobierno local literalmente estaba bajo control y comiendo de la mano del hampa.

Aunque no llega a los extremos del Estado de México, Guerrero, Morelos y Tamaulipas, en varias regiones de Veracruz la inseguridad y la presencia de grupos delincuenciales son temas preocupantes.

De 2006 a 2008, por ejemplo, el índice delictivo que registraba la zona norte del estado, desde la Huasteca Alta a la región del Totonacapan, pasando por Poza Rica y las sierras de Chicontepec y Otontepec, era alarmante y constantes eran los secuestros, las extorsiones y los homicidios relacionados con la delincuencia organizada.

Después vino la crisis en materia delictiva, que puso a Veracruz en el mapa de la nota roja nacional. El 2010, la guerra del gobierno federal contra las bandas delincuenciales tuvo en la entidad a uno de sus campos de batalla; probablemente, la cúspide de ese problema llegó con el asesinato de 35 personas que fueron encontradas frente a una plaza comercial de Boca del Río.

De manera más reciente se han registrado brotes relacionados con la presencia de bandas que se dedican a delinquir en diferentes regiones de Veracruz, pero sobre todo en el norte veracruzano.

Hace unos días, un enfrentamiento a balazos en el centro de la cabecera municipal de Papantla causó zozobra entre una población acostumbrada a la tranquilidad.

Debido a ello, el gobernador del estado trasladó su conferencia de prensa a ese municipio, donde realizó dos anuncios en materia de combate a la delincuencia: primero, el fortalecimiento del programa “Blindaje Norte”, que tiene como objetivo reducir los niveles de inseguridad con una mayor presencia de la policía estatal y con la suma de esfuerzos de los cuerpos federales; segundo, que se instrumentarán acciones conjuntas con las entidades con las que Veracruz tiene límites territoriales comunes.

En Martínez de la Torre, el viernes 9 de mayo, Javier Duarte de Ochoa se reunió con su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, y con los representantes de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, para establecer acciones que refuercen la seguridad y la prevención del delito en la zona limítrofe.
Se trata de reconocer, enfrentar y buscar la solución a un problema que es evidente; y no desentenderse y negar la realidad, como ocurre en el estado de Michoacán. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 12 de mayo de 2014

Auditorías, pruebas y alegatos


Luis Alberto Romero

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado concluyó la etapa de determinación de responsabilidades a los funcionarios públicos que no solventaron las observaciones a la cuenta pública de 2012.

Como se recuerda, desde la Legislatura estatal se informó que 48 entes fiscalizables, entre los que destacaban la Secretaría de Comunicaciones y el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, registraron un presunto daño patrimonial por más de 409 millones de pesos.

Tras la etapa de determinación de responsabilidades, 28 instancias lograron deslindarse y 20 más continúan en problemas, dado que no explicaron el destino de más de 328 millones.

Se trata de 15 ayuntamientos veracruzanos; sobresalen Fortín de las Flores, que solventó con documentos poco más de 792 mil pesos y reintegró 2 mil 500, aunque arrastra un presunto daño por casi 41 millones de pesos. Está pendiente, de igual forma, Xico, que tenía observaciones por casi 25 millones, de las que pudo solventar poco más de 9, quedando sin resolver irregularidades por más de 15 millones de pesos. Entre esos dos ayuntamientos se encuentra el 75 por ciento de las irregularidades encontradas a todos los municipios de la entidad.

No son los únicos; también están los casos de Alvarado, Camerino Z. Mendoza, Castillo de Teayo y Cuitláhuac, entre otros. Las observaciones emitidas a 9 ayuntamientos no superan el millón de pesos, por lo que se espera que sus ex alcaldes superen el problema sin mayores dificultades.

El caso de la Comisión de Agua Potable de Alvarado no pasó a mayores, pues las observaciones, que apenas superan el millón 100 mil pesos, fueron ya solventadas.

No tuvieron la misma suerte 5 entes estatales que salieron mal librados en la determinación de responsabilidades: la Secretaría de Comunicaciones justificó apenas 409 mil pesos y tiene más de 24 millones en proceso; están pendientes otros 19 millones que no logró solventar. Los responsables del Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos no explicaron ni reintegraron un solo centavo de los más de 225 millones observados.

Por otro lado, el Tecnológico de Alamo y la Oficina Operadora de Ciudad Mendoza tampoco justificaron un solo peso, por lo que arrastran 440 y 104 mil pesos, respectivamente. 

Entre los 20 ayuntamientos involucrados, están pendientes por solventar más de 75 millones 400 mil pesos, en tanto que el presunto daño patrimonial de los entes estatales es de más de 253 millones.

Las notificaciones por parte del Orfis comenzaron con la Secretaría de Comunicaciones y el Fideicomiso del Túnel, el pasado 23 de abril y continuaron durante los días siguientes, por lo que del 12 al 22 de mayo vencerán los plazos de ayuntamientos y funcionarios estatales para interponer un recurso de reconsideración ante el Orfis; de no recurrir a éste, del 19 al 29 de este mismo mes podrán iniciar un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia.
De cualquier manera, el tiempo se agota para los ex alcaldes de 15 ayuntamientos y para los ex funcionarios de la Secom, del Túnel Sumergido y de otros 3 fideicomisos estatales, que podrían ser los próximos inquilinos del sistema de readaptación social. @luisromero85

jueves, 8 de mayo de 2014

Túnel sumergido, una cloaca


Luis Alberto Romero

Aunque su construcción inició en 2007, hace más de dos décadas arrancó el proyecto del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, una obra sin precedentes en América Latina, que contemplaba un presupuesto de casi dos mil 100 millones de pesos; y que ha representado un gasto de más del doble, sin que esté concluida todavía.

El proyecto está diseñado para comunicar a Coatzacoalcos con Villa de Allende; son 2 mil 280 metros de longitud y cuatro carriles para la circulación vehicular, además de los accesos y rampas. Solo en la parte sumergida hay 805 metros y previo a su construcción tuvieron que invertir recursos millonarios para el dragado del río y el hundimiento de los bloques de concreto.

Se trata de una ambiciosa y muy costosa obra de ingeniería en hormigón armado. Cuenta con red de alumbrado, sistemas de ventilación, detección de monóxido de carbono, señalización, circuito cerrado, detección de incendios, etcétera. Por si fuera poco, se incluye un sistema integral de vigilancia y monitoreo en tiempo real. No existe una obra parecida en Latinoamérica.

Sin embargo, el tiempo pasa y el túnel sumergido de Coatzacoalcos parece una obra sin fin, un auténtico barril sin fondo. Hace muchos años que se agotaron los recursos del presupuesto original y las denuncias por las irregularidades que podrían representar un daño patrimonial comenzaron a brotar como las aguas negras de un drenaje azolvado.

Durante los primeros días de enero,  la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado difundió los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior, que confirmaban los señalamientos que desde hace 4 años había lanzado la Auditoría Superior de la Federación.

Las observaciones del Orfis señalan 11 observaciones financieras y un presunto daño patrimonial de más de 225 millones de pesos; 18 recomendaciones técnicas y un probable desfalco de 7 millones más.

Los responsables del Fideicomiso del Túnel Sumergido no pudieron solventar las observaciones derivadas de la revisión del Orfis a la cuenta de 2012.

Ese no fue el primer señalamiento: desde 2009, la Auditoría Superior de la Federación hablaba del incumplimiento de la normatividad, así como de los errores en la planeación, programación y presupuestación de la obra.

En 2010, la misma dependencia emitió otro dictamen negativo y hablaba de irregularidades por un monto de 400 millones de pesos, que incluían pagos improcedentes y materiales de mala calidad.

Debido a todos esos señalamientos acumulados y también a que los trabajos están detenidos desde hace meses, el Congreso local llamó a comparecer al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno estatal, Gerardo Buganza Salmerón, quien ayer dio los pormenores del proceso de construcción y de los recursos destinados por el gobierno veracruzano, 2 mil 326 millones de pesos, desde que arrancó el proyecto a la fecha.

De manera frontal, Gerardo Buganza habló de sobrecostos, omisiones e irregularidades en ese proceso y señaló que la obra será concluida antes de que termine la presente administración estatal. Se trata, entonces, de evitar los mismos errores y concluir la obra.
Sin embargo, no sólo se trata de enmendar el daño, sino, sobre todo, de aplicar la ley con todo rigor, para que los responsables paguen por el daño patrimonial cometido. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 7 de mayo de 2014

Autodefensas y marginación


Luis Alberto Romero

Cerca de Nogales, Acultzingo y Camerino Z. Mendoza, en la sierra de Zongolica, se encuentra Soledad Atzompa, municipio donde la mayoría de la población es indígena, pobre y marginada.

Soledad Atzompa tiene poco más de 20 mil habitantes de acuerdo con el censo poblacional de 2010, realizado por el Inegi. Este lugar tiene 35 localidades en las que se asientan 4 mil 300 casas; de ese número, en casi 2 mil hay piso de tierra y aunque existe disponibilidad de agua entubada, no hay drenaje sanitario pues este sólo cubre al 7 por ciento de los habitantes.

Los datos nos hablan de un lugar sumamente atrasado: menos del 1 por ciento de la población tiene acceso a una computadora y el porcentaje de los usuarios de telefonía no llega al 15 por ciento.

Todavía más: 93 por ciento de la población vive en pobreza y casi el 65 por ciento lo hace en pobreza extrema. Imagine usted, sólo 14 personas en todo el municipio son consideradas no pobres y no vulnerables. Este lugar es considerado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, como de muy alto grado en rezago social. Es el sexto municipio más marginado de Veracruz y en el contexto nacional ocupa el lugar 105

Este municipio acaparó reflectores cuando en 2007, una anciana fue víctima de un brutal ataque, presuntamente por parte de soldados, aunque los resultados periciales dijeron, oficialmente, que se trató de muerte natural. Fue un caso que causó consternación e indignación en esas comunidades.

Ese lugar fue olvidado por los medios informativos hasta que hace poco más de una semana, el alcalde Bonifacio Aguilar Landa señaló que debido a los altos niveles de inseguridad, a los secuestros, a las extorsiones y a los frecuentes robos, la población se había organizado para crear grupos de autodefensa.

Por supuesto, no es un tema menor, sobre todo después de analizar lo que ocurre en entidades como Michoacán y Guerrero, donde la población se armó para enfrentar a las bandas delincuenciales que han asolado a la población.

Llama la atención la declaración del alcalde del lugar, porque Soledad Atzompa no tiene ni la realidad michoacana, ni los elevados niveles de inseguridad que se registran en Guerrero o Morelos. De cualquier manera, tanto el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, como las Secretarías de Marina y Defensa Nacional del gobierno federal, enviaron a varios grupos de apoyo para conocer de cerca lo que pasa en ese municipio y también para desactivar los posibles focos rojos.

No se reporta la presencia de autodefensas, aunque allá, como en muchos otros lugares de la entidad, existe la figura de policías comunitarias, de tal manera que la voz de alerta del alcalde perredista, Bonifacio Aguilar, fue desestimada por quienes investigaron la denuncia de la autoridad municipal.
Lo que no se puede desestimar es el enorme rezago social y la insultante marginación en que viven las familias de Soledad Atzompa. @luisromero85,  http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 6 de mayo de 2014

Un aliado indeseable


Luis Alberto Romero

El primer cargo público de Renato Tronco fue la presidencia municipal de Las Choapas, en 2005, cuando fue candidato del Partido Acción Nacional. Antes, sin embargo, ya contaba con la experiencia en el liderazgo campesino en el sur de Veracruz. A la alcaldía siguió la diputación local, en 2007, y otra vez el ayuntamiento, de 2011 a 2013, para de ahí brincar una vez más al Congreso local.

A finales de la década de los noventas, Renato Tronco comienza a trabajar en el desarrollo y consolidación de la Unión de Ejidos 25 de Abril y estrecha vínculos con el cacique del sur, Cirilo Vázquez Lagunes; es cuando comienza a realizar trabajo social y acciones de protesta, y a delinear lo que sería su carrera política, que se ha caracterizado por bloqueos carreteros y movilizaciones de productores agrícolas.

Debido a ello, no le fue difícil conseguir el apoyo del sector campesino, de las personas de bajos ingresos económicos y también de un grupo de trabajadores disidentes de la sección 26 del sindicato petrolero, suficiente para ganar la presidencia municipal de manera contundente en las dos ocasiones en que fue postulado.

Sin embargo, la trayectoria de Tronco Gómez fue manchada por los señalamientos que derivaron del asesinato del regidor Alfredo Pérez Juárez, con quien mantenía fuertes diferencias, a pesar de que ambos habían coincidido en la Unión de Ejidos. Hubo, incluso, quien lo señaló por esos hechos, aunque nunca fue comprobada su participación, de tal manera que el hoy diputado siguió con su vida normal.

Político de bandazos y de un laxo sentido de la lealtad, salió de Acción Nacional y fue postulado otra vez a la Legislatura del Estado, pero ahora por la coalición “Veracruz para Adelante”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional.

El año pasado intentó imponer a su hermano Miguel Angel Tronco Gómez como sucesor en la presidencia municipal de Las Choapas, pero la elección fue impugnada y finalmente anulada.

De inmediato vino la reacción; entonces diputado electo, Renato Tronco lanzó culpas y señalamientos porque, según dijo, el PRI negoció su posición y la de su hermano para que el candidato del PRD, Marco Antonio Estrada Montiel, llegara a la alcaldía.

Luego lanzó acusaciones en el sentido de que el gobierno estatal operaba en su contra para impedir que su hermano Miguel Angel ganara la elección extraordinaria y a partir de ahí, su declaración en el sentido de que uno se retiraría de la contienda y el otro abandonaría la curul en la Legislatura, medida que se ha quedado en el anuncio mediático pero que todavía no formaliza.

En realidad, Renato Tronco es el diputado que más falta a las sesiones; prácticamente no tiene trabajo legislativo; y no se reportan iniciativas suyas ni una participación trascendente en tribuna; de tal manera que resulta poco importante si renuncia o sigue ocupando su asiento en el Congreso; lo que cambiará, en todo caso, es el tema de las alianzas políticas en el sur de la entidad en el año previo a las elecciones federales de 2015.
Por otro lado, habrá que ver el destino de este personaje, luego de su separación del PAN, de su rompimiento con el PRI y de su enfrentamiento con el PRD. A este paso, Renato Tronco se convertirá en el aliado político que nadie quisiera en su partido. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 5 de mayo de 2014

Universidades, el destino de los egresados


Luis Alberto Romero

El sábado 3 y domingo 4 de mayo, casi 38 mil jóvenes egresados del bachillerato presentaron su examen de admisión para la Universidad Veracruzana, institución a la que lograrán entrar 16 mil de ellos.

De acuerdo con la rectora de la máxima casa de estudios en la entidad, Sara Ladrón de Guevara, 4 de cada 10 aspirantes ingresarán a la UV, que este año abrió 600 nuevos espacios en diferentes carreras.

A mediados del año pasado, una vez que concluyó el proceso de selección de aspirantes, el gobernador Javier Duarte anunció otra ampliación de la matrícula en la UV, para abrir mil 846 espacios; era todavía rector de la institución Raúl Arias Lovillo.

El diagnóstico de la educación superior en la entidad no pasa por la oferta; de hecho, los estudiantes veracruzanos que egresan del bachillerato cuentan con suficientes opciones. El estado es uno de los que tienen más universidades, públicas y privadas, así como institutos tecnológicos.

En Veracruz, casi 300 mil alumnos cursan el bachillerato en más de mil 650 escuelas, donde imparten clases cerca de 20 mil maestros. El índice de absorción en ese nivel es prácticamente del 99 por ciento, muy por arriba de la media nacional, y una deserción del 7 por ciento, muy debajo de lo que reportan la mayoría de las entidades de la República. La educación media superior en la entidad tiene una eficiencia terminal de más del 73 por ciento, datos del Programa Veracruzano de Educación 2011-2016.

El problema es que en ese nivel, de acuerdo con el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, en 2009, el 42 por ciento de los alumnos de preparatoria no tienen el nivel mínimo aceptable en lectura y más de la mitad del total están reprobados en matemáticas y ciencias. Un año después se aplicó la prueba Enlace y ahí resultó que más del 60 por ciento alcanzó niveles sobresalientes en lectura y más del 22 por ciento, en matemáticas, por lo que muchos dudaron de la confiabilidad de esos ejercicios de medición.

El caso es que al llegar al nivel superior, los estudiantes se presentan con serias deficiencias en la formación y en la educación.

Veracruz cuenta con una oferta sobresaliente: hay 189 instituciones, 32 estatales, 13 federales, 5 federalizadas, 138 particulares y una autónoma. Esas escuelas presentan una oferta de mil 795 programas a más de 187 mil alumnos; eso sin contar con los 55 mil espacios en educación tecnológica.
El tema pendiente, entonces, no es la oferta, ni la absorción de los egresados del bachillerato, ni la deserción en las universidades, sino la calidad y el nivel académico que registra la mayoría de las 138 instituciones particulares y también las escuelas públicas, con la excepción de la UV y de algunos institutos tecnológicos del Estado. El problema pasa por la formación de los nuevos profesionistas y también por la acreditación académica y la certificación administrativa de las universidades. Si no se mejora en esos temas, de las instituciones de educación superior de Veracruz seguirán egresando cientos de alumnos con destino al desempleo o a la economía informal. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

domingo, 4 de mayo de 2014

Magisterio, nuevas protestas


Luis Alberto Romero

El diagnóstico de la educación en México encendió los focos de alerta desde que organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos ubicaron en el sótano de los países miembros.

En 2012, por ejemplo, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa) dio a conocer que México es uno de los países con mayor atraso: en matemáticas, los estudiantes se encuentran 80 puntos abajo del promedio de la OCDE; tardaríamos 25 años en alcanzar a las naciones desarrolladas.

En lectura, los alumnos mexicanos están peor: llevaría 65 años alcanzar a los más adelantados de la lista de los 34 países evaluados.

Las pruebas que se han realizado en el interior del país por parte del gobierno federal, como Enlace, nos dicen que en matemáticas, la mitad de los estudiantes de secundaria y
bachillerato estarían reprobados.

Por si fuera poco, por cada 100 niños que ingresan a primaria, únicamente 66 terminan la secundaria; en el bachillerato quedan 25; y apenas 13 de ellos concluyen estudios profesionales.

Debido a esa dura realidad y a ese lamentable diagnóstico, el gobierno federal inició en 2012 una reforma educativa que en febrero del año pasado fue declarada Constitucional  y cuyas leyes secundarias, la General de Educación, la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General del Servicio Profesional Docente, fueron promulgadas en septiembre del 2013.

Luego de ello, las legislaturas de los estados tuvieron que homologar sus leyes para que fueran acorde con los cambios federales; de hecho, en Veracruz se registraron dos cambios en la legislación porque en el primero de ellos, aprobado el 4 de marzo de este año, no se contempló el cese de los docentes que no aprobaran las evaluaciones necesarias para estar frente a las aulas; debido a eso, el 14 de abril sesionó otra vez la Legislatura local y se realizaron los cambios que exigía la federación.

Esos cambios a las leyes en materia de educación provocaron la inconformidad de los maestros que simpatizan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los disidentes del Sindicato Nacional que durante más de dos décadas encabezó Elba Esther Gordillo Morales, hoy recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Por esas modificaciones a las leyes, que incluyen el cese de los maestros que no están calificados para ubicarse al frente de las aulas, y la asignación de plazas por concurso de oposición y no por nombramiento directo, hace unos meses se registraron protestas en varias entidades del país, que llevaron contingentes para un plantón en el Zócalo y en el Monumento a la Revolución, del Distrito Federal.

Esas manifestaciones regresaron ayer, cuando la CNTE regresó al D.F, para protestar en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. En Veracruz también se registraron protestas por parte de los integrantes del llamado Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, que intentaron, sin éxito, bloquear el desfile.

Son los mismos que tienen como ejemplo del trabajo educativo a los miembros de la Coordinadora que en Oaxaca, Michoacán y Chiapas han secuestrado a las escuelas y mantenido como rehenes a las autoridades locales. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 1 de mayo de 2014

Protección a niños

Luis Alberto Romero
Durante las últimas semanas, las noticias que tienen que ver con delitos cometidos contra las mujeres y los niños en Veracruz han llamado la atención de los medios informativos.
El pasado diez de abril,  la Policía Ministerial detuvo a José Hilario Ibarra Alarcón como presunto responsable del delito de feminicidio en contra de su propia esposa; después le encontraron una orden de aprehensión pendiente por el delito de pederastia.
Un día después, el 11 de abril, el procurador de justicia del estado, Luis Angel Bravo Contreras, anunció que la dependencia desarticuló y detuvo a dos bandas delincuenciales, a secuestradores, feminicidas y pederastas. Solo durante la primer semana de este mes fueron detenidos, en diferentes operativos, cuatro pederastas en Córdoba, Acayucan, Zongolica y Martínez de la Torre.
Luis Alfonso Hernández Báez fue capturado y el 25 de abril le dictaron auto de formal prisión como presunto responsable del delito de pederastia. Cuatro días después, este 29 de abril, en la víspera del Día del Niño, en San Andrés Tuxtla fue detenido, también por la Ministerial, otro presunto pederasta, el sexagenario Andrés Jiménez Toxtega.
Ayer, en conferencia de prensa, el procurador de justicia del estado anunció el esclarecimiento de cinco feminicidios y la captura de dos violadores y asesinos seriales en la zona centro de la entidad.
Ello nos habla de un importante esfuerzo por hacer que la ley se cumpla y, sobre todo, por proteger tanto a niños como a mujeres.
En el caso de las mujeres veracruzanas habría que destacar el rezago en materia de igualdad de derechos, problema que llega al extremo en las zonas rurales e indígenas, donde empeora el cuadro de la violencia contra la mujer, sobre todo como cuando se trata de indígenas o migrantes, niñas, discapacitadas o indigentes, víctimas potenciales de todo tipo de abusos, atropellos y maltratos, de violencia física, sexual o sicológica.
Es la realidad de un estado como Veracruz, donde se han registrado avances importantes, como la tipificación del delito de feminicidio. Sin embargo, los pasos en esa materia no deben darse sólo en el tema de la legislación, ni en la atención a las víctimas; sino en un cambio de mentalidad hacia una cultura de la no violencia y respeto a las mujeres.
En el caso de los menores, hay en Veracruz 2 millones 132 mil niños y niñas, el 18 por ciento del estado. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, 136 mil de ellos laboran en las calles, en el campo y en el comercio. Más del 7 por ciento de la población infantil se encuentra en esa situación, lo que ubica a la entidad debajo de la media nacional, que es del 10 por ciento.
En todo el país hay 22 millones de niños en condiciones de pobreza; y 5 millones, en pobreza extrema. Las cifras negras de la realidad infantil en México nos dicen que el 60 por ciento de los niños mexicanos sufren violencia doméstica y que los asesinatos contra menores de edad han aumentado de manera alarmante hasta alcanzar una taza de 4 muertes por cada 100 mil habitantes, la más alta en la última década.
Este 30 de abril, en escuelas e instituciones públicas celebran el Día del Niño; es una fecha propicia para reflexionar sobre la problemática de la infancia en México y en Veracruz. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...