Luis Alberto Romero
Comenzaba el año cuando el diputado presidente de la
Comisión de Vigilancia en la Legislatura del Estado, Francisco Garrido Sánchez,
daba a conocer el resultado de más de mil auditorías practicadas por el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, a dependencias del gobierno de
Veracruz, a los ayuntamientos y a los organismos descentralizados que manejaron
recursos públicos durante el ejercicio presupuestal de 2012.
La información dio cuenta de las irregularidades en el
manejo de las finanzas en 38 municipios de la entidad que presentaron presuntos
daños patrimoniales que iban desde los 500 mil a los 41 millones de pesos; los
casos más mencionados, precisamente por los elevados montos de las
observaciones, fueron Fortín de las Flores, con 41 millones de pesos; Xico, con
casi 25 millones; Castillo de Teayo, con 7; Camerino Z. Mendoza, con 5; y
Nogales, con casi 4 millones 500 mil pesos.
Pero los 38 ayuntamientos no fueron los únicos que
resultaron con presuntas irregularidades; de hecho, los montos más abultados
corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y al
Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, convertido en una cloaca.
En el caso de la secretaría a cuyo frente se encontraba el
hoy diputado local Raúl Zarrabal Ferat, las observaciones superaron los 400
millones 600 mil pesos.
Dos meses después de que el resultado de las auditorías se
hiciera público, el 7 de marzo de este año se llevó a efecto la audiencia para
la presentación de pruebas y alegatos. El Fideicomiso del Túnel Sumergido no
solventó ni una de las observaciones que fueron realizadas por el Orfis, en
tanto que la Secom lo hizo de manera parcial; es decir, de
las 17 observaciones, sólo solventó 2.
De acuerdo con la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, los sujetos a quienes se les
podrían fincar una responsabilidad contaron con 10 días en la fase de
establecimiento de sanciones para interponer un recurso de reconsideración.
También se abrió un periodo de 15 días para recurrir a un juicio contencioso
administrativo ante el Poder Judicial del Estado.
En mayo, el Orfis dio por terminada la etapa de
determinación de responsabilidades a los funcionarios públicos que no
solventaron las observaciones: 28 instancias lograron deslindarse y 20 no
pudieron acreditar un aseado manejo de los recursos; entre ellas se encuentran la
Secretaría de Comunicaciones, el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos,
el Tecnológico de Alamo y la Oficina Operadora de Ciudad Mendoza.
Luego de ese periodo, en mayo comenzaron las notificaciones
por parte del Orfis, sobre las presuntas irregularidades no solventadas; en
problemas se encuentran los ex alcaldes de 15 ayuntamientos, los ex
funcionarios de la Secom, del Túnel Sumergido y de otros 3 fideicomisos estatales.
Ayer, el propio
diputado Francisco Garrido confirmó que la semana próxima iniciará la siguiente
etapa de ese largo proceso, que es la notificación final a los involucrados;
posterior a ello vendrá la presentación de las denuncias penales que habrá de
interponer el Órgano de Fiscalización ante la Procuraduría de Justicia del
Estado contra los involucrados que no solventaron las observaciones ni
resarcieron el daño patrimonial; la gran mayoría de ellos no gozan de fuero; el
diputado Raúl Zarrabal si está protegido por esa figura y por ello, de
encontrarse en la lista final de los presuntos responsables de daño patrimonial,
enfrentará un desgastante juicio de procedencia. @luisromero85 http://luisromero85.blogspot.mx/
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