jueves, 24 de julio de 2014

Xalapa, un caos


Luis Alberto Romero

Hace más de una década comenzaron los problemas de movilidad en la capital de Veracruz.

Sin contar los domingos y días festivos, prácticamente todo el año hay manifestaciones; cálculos conservadores estiman que en Xalapa se registran más de mil 200 cada año.

El problema se complica por el enorme número de autos que circulan por las arterias de esta ciudad; si se considera el número de habitantes, podríamos decir que la Atenas Veracruzana es la ciudad que tiene más autos en el país, unos 160 mil ruedan por las calles y avenidas y cada año, más de 10 mil unidades se suman al parque vehicular xalapeño.

Por ello, las últimas 4 administraciones municipales han considerado a la movilidad urbana como un tema de necesaria atención y urgente solución; este es, junto con limpia pública, alumbrado y mal estado de las calles, uno de los talones de Aquiles del actual gobierno municipal.

Hace 9 años, en octubre de 2005, el entonces alcalde Ricardo Ahued Bardahuil anunciaba tres obras que contribuirían a mejorar la vialidad de Xalapa: la construcción del bulevar del Norte, el distribuidor vial de Las Trancas y el Libramiento de Xalapa; fueron útiles, pero ninguna de esas obras resolvió el problema de fondo.

Tres años después, el sucesor de Ahued en la presidencia municipal, David Velasco Chedraui, presentaba el Plan de Movilidad Urbana Xalapa 2009, que incluían el cambio en el sentido de las vialidades, así como circuitos que agilizarían la circulación. Ante las presiones del comercio y los empresarios locales, ese ayuntamiento, de endeble determinación, terminó por doblar las manos y dejar todo como estaba; el plan fue un fracaso.

Ya durante la administración de Elizabeth Morales García, en marzo del año pasado se retomó el tema con el apoyo del gobierno estatal y se presentó el proyecto denominado Movilidad 360, que contemplaba el cambio de sentido en algunas calles, así como pares viales en la capital; de igual manera, la sincronización de semáforos, el rediseño de vialidades, la implementación de 7 circuitos de circulación continua, la instalación de estacionamientos públicos, la reestructuración de las rutas del transporte local y la construcción de 3 terminales para autobuses foráneos. Muy pocas de las acciones anunciadas se llevaron a cabo y el problema se mantiene.

Hoy, la administración que encabeza Américo Zúñiga retomó el tema de la movilidad urbana e inició el análisis de las posibles medidas a implementar: pares viales, cambio de sentido en calles, nuevas rutas para el transporte público, cierre del centro histórico para los automóviles y la instalación de parquímetros.

Algunas de esas acciones ya se han desarrollado, como la que se refiere a un primer cuadro peatonal; se trata de una propuesta de quien fungía en 1989 como presidente de la comisión coordinadora del Centro Histórico de Xalapa, Magno Garcimarrero Ochoa.

Otras son medidas que causarán polémica entre la población, como los parquímetros, sobre todo si no se aclara qué empresa recibiría la concesión de ese sistema, cuánto generaría en términos de recursos para el municipio y qué se ocuparían éstos.
Lo cierto es que si el ayuntamiento de Xalapa pone a la movilidad urbana la misma atención que a los parques y jardines, a la basura, al alumbrado y al estado de las calles, la estrategia estará condenada al fracaso. @luisromero85

miércoles, 23 de julio de 2014

Dos años


Luis Alberto Romero

Para la sucesión en Veracruz faltan más de dos años; antes de eso habrá de celebrarse, en 2015, la elección federal intermedia para la renovación de la Cámara Baja. En ese contexto, los partidos políticos trabajan en dos pistas: la selección de candidatos para el proceso del próximo año y las contiendas internas entre sus aspirantes a buscar el poder ejecutivo de la entidad.

Se trata de temas diferentes pero que aparecen entrelazados porque de los resultados del próximo año podría depender la selección de los candidatos en 2016.

En el caso del Partido Acción Nacional, ya con su nueva dirigencia estatal –que entrará en funciones este año–, 2015 será el termómetro para medir el resultado de la aparente alianza entre los grupos internos; veremos también quién se perfila para aparecer en las boletas electorales de 2016; y observaremos el resultado de esa unidad y lucha de contrarios: por un lado, Miguel Angel Yunes, José Mancha y Joaquín Guzmán Avilés; por el otro, Julen Rementería, Enrique Cambranis y Juan Bueno.

En el otro frente de batalla, para el Partido Revolucionario Institucional, 2015 también será el año que podría definir el rumbo de la sucesión en el ejecutivo: a los dos aspirantes claramente identificados, Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla, se sumarían algunos diputados federales que serán electos el próximo año; de antemano, se mencionan los nombres del actual coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Alberto Silva Ramos, quien buscará la curul federal por el distrito de Tuxpan; y el secretario General de Gobierno, Erick Lagos Hernández, quien será postulado por Acayucan.

Esas dos opciones del PRI, Silva Ramos y Lagos Hernández, se fortalecerían de pasar, como así parece, la propuesta de una gubernatura de dos años, que iniciaría en 2016 y concluiría en 2018, para que el ejecutivo que entre en funciones ese año sea electo en el mismo proceso que el próximo presidente de la República.

Por otro lado, para que esas cartas del grupo en el poder sean realmente viables, no sólo deberán ganar las elecciones en sus respectivos distritos, sino, literalmente, avasallar a la oposición y, en ese sentido, una clara ventaja lleva el vocero del gobierno veracruzano, quien ya fue alcalde de la cabecera distrital y secretario de desarrollo social en el estado.

Del Partido de la Revolución Democrática mejor ni hablar porque a pesar de que su dirigente estatal, Sergio Rodríguez Cortés, diga que se postulará a un candidato ciudadano de probada calidad moral y trayectoria, lo cierto es que salvo el actual diputado federal por el distrito de Xalapa, Uriel Flores Aguayo, el Sol Azteca no cuenta con personajes de talla estatal que puedan representar una competencia real en una elección Constitucional; por si fuera poco, la presencia del PRD en Veracruz se ha reducido considerablemente en la última década.

Para aclarar un poco el panorama, lo que falta es saber si se modificará la Constitución Política del Estado para dar paso al periodo de dos años en la gubernatura; en ese punto ya han coincidido PRD y Movimiento Ciudadano, así como una de las fracciones más importantes del PAN. En recientes declaraciones, incluso, el gobernador Javier Duarte ha dejado abierta esa posibilidad, que convence a muchos actores y protagonistas de la política estatal menos, por supuesto, a los directamente afectados. @luisromero85

lunes, 21 de julio de 2014

La Liga, inoperante y rebasada


Luis Alberto Romero

El 23 de marzo de 1923, hace 91 años, en Xalapa nació la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz. Adalberto Tejera gobernaba la entidad y desde ese cargo impulsó la organización de los campesinos veracruzanos. Más de 120 representantes de grupos agrarios se reunieron para el congreso constituyente de la organización, que tuvo como primeros líderes a Úrsulo Galván, José Cardel, Juan Rodríguez Clara, Antonio Carlón e Isauro Acosta.

Muchos de esos líderes fueron asesinados poco después de fundar la Liga de Comunidades Agrarias. Sin embargo, ese fue uno de los primeros antecedentes postrevolucionarios de lo que hoy es la Confederación Nacional Campesina.

En 1926, tres años después de la fundación de esa agrupación de campesinos veracruzanos, fue creada la Liga Nacional Campesina, que ya organizaba a los agricultores de 16 estados de la República. En 1933 se integró la Confederación Campesina Mexicana y la CNC, como tal, nacería en 1938, durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas; Graciano Sánchez fue su primer dirigente.

El objetivo original que daba sentido a la CNC y a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Veracruz era la demanda de tierra para cultivo, que estaba en manos de terratenientes. Durante las décadas posteriores a su fundación, esas organizaciones se convirtieron en defensoras del ejido, la propiedad comunal y la pequeña propiedad; sin embargo, terminaron por convertirse en instrumentos de poder.

El ala campesina del Partido Revolucionario Institucional tuvo sus días de gloria hace cuatro o cinco décadas. Incluso, hace treinta años, la CNC mantenía un poder importante en la estructura de ese partido y del llamado sector campesino del PRI salían lo mismo gobernadores que senadores, diputados y, por supuesto, alcaldes.

Hoy, la CNC y la Liga de Comunidades Agrarias no son ni la sombra de lo que fueron. En Veracruz, por ejemplo, la organización está tan disminuida que prácticamente pasa inadvertida en el contexto político. Sus posiciones están reducidas a su mínima expresión y ni siquiera ocupa un lugar importante entre las agrupaciones que se dedican a la gestión de proyectos productivos.

A pesar de esa cuestionada importancia política y pese a que en Veracruz cada vez pierde más terreno el llamado voto verde del PRI, la actual dirigencia de la Liga, encabezada por la ex alcaldesa de Emiliano Zapata, Bertha Hernández Rodríguez, se mantiene en el cargo luego de que su periodo estatutario concluyera hace un par de años.

En el último trimestre de 2013 llegó Jesús Siller Rojas como delegado del Comité Ejecutivo de la CNC; a 9 meses de dicho nombramiento, ni convocatoria, ni señal de cambio en la organización, donde los grupos internos ya exigen una renovación, que no es otra cosa que la salida de Bertha Hernández, quien se defiende al señalar que la emisión de la convocatoria corresponde a la instancia nacional y que ella no se aferra al cargo.
Lo cierto es que al interior de la Liga, cada vez son más las voces que se suman a la inconformidad por la permanencia del actual comité estatal. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 10 de julio de 2014

Del Orfis a la Procuraduría


Luis Alberto Romero

Comenzaba el año cuando el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia en la Legislatura del Estado, Francisco Garrido Sánchez, daba a conocer el resultado de más de mil auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, a dependencias del gobierno de Veracruz, a los ayuntamientos y a los organismos descentralizados que manejaron recursos públicos durante el ejercicio presupuestal de 2012.

La información dio cuenta de las irregularidades en el manejo de las finanzas en 38 municipios de la entidad que presentaron presuntos daños patrimoniales que iban desde los 500 mil a los 41 millones de pesos; los casos más mencionados, precisamente por los elevados montos de las observaciones, fueron Fortín de las Flores, con 41 millones de pesos; Xico, con casi 25 millones; Castillo de Teayo, con 7; Camerino Z. Mendoza, con 5; y Nogales, con casi 4 millones 500 mil pesos.

Pero los 38 ayuntamientos no fueron los únicos que resultaron con presuntas irregularidades; de hecho, los montos más abultados corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y al Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, convertido en una cloaca.

En el caso de la secretaría a cuyo frente se encontraba el hoy diputado local Raúl Zarrabal Ferat, las observaciones superaron los 400 millones 600 mil pesos.

Dos meses después de que el resultado de las auditorías se hiciera público, el 7 de marzo de este año se llevó a efecto la audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. El Fideicomiso del Túnel Sumergido no solventó ni una de las observaciones que fueron realizadas por el Orfis, en tanto que la Secom lo hizo de manera parcial; es decir, de las 17 observaciones, sólo solventó 2.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, los sujetos a quienes se les podrían fincar una responsabilidad contaron con 10 días en la fase de establecimiento de sanciones para interponer un recurso de reconsideración. También se abrió un periodo de 15 días para recurrir a un juicio contencioso administrativo ante el Poder Judicial del Estado.

En mayo, el Orfis dio por terminada la etapa de determinación de responsabilidades a los funcionarios públicos que no solventaron las observaciones: 28 instancias lograron deslindarse y 20 no pudieron acreditar un aseado manejo de los recursos; entre ellas se encuentran la Secretaría de Comunicaciones, el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, el Tecnológico de Alamo y la Oficina Operadora de Ciudad Mendoza.

Luego de ese periodo, en mayo comenzaron las notificaciones por parte del Orfis, sobre las presuntas irregularidades no solventadas; en problemas se encuentran los ex alcaldes de 15 ayuntamientos, los ex funcionarios de la Secom, del Túnel Sumergido y de otros 3 fideicomisos estatales.
Ayer, el propio diputado Francisco Garrido confirmó que la semana próxima iniciará la siguiente etapa de ese largo proceso, que es la notificación final a los involucrados; posterior a ello vendrá la presentación de las denuncias penales que habrá de interponer el Órgano de Fiscalización ante la Procuraduría de Justicia del Estado contra los involucrados que no solventaron las observaciones ni resarcieron el daño patrimonial; la gran mayoría de ellos no gozan de fuero; el diputado Raúl Zarrabal si está protegido por esa figura y por ello, de encontrarse en la lista final de los presuntos responsables de daño patrimonial, enfrentará un desgastante juicio de procedencia. @luisromero85 http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 9 de julio de 2014

Verificación vehicular


Luis Alberto Romero

El pasado 8 de julio, ante la Legislatura del Estado, el ejecutivo veracruzano presentó una iniciativa relacionada con la operación de los centros de verificación vehicular, a fin de controlar de manera más eficiente a los módulos que funcionan para ello y que en muchos casos se han caracterizado por privilegiar el precio del engomado por encima de los criterios estrictos que deben prevalecer.

Actualmente, quien paga los 185 pesos por la verificación realiza el trámite sin importar ni el modelo, ni el estado mecánico, ni las emisiones de la unidad porque, como dicen los verificadores “todos pasan.”

Debido a ello, la iniciativa turnada al Congreso de Veracruz  busca dar mayores facultades a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuraduría de esa materia, aplicar multas a los propietarios de los automotores que no sean revisados y concesionar la operación de los centros de verificación por 20 años con la posibilidad de duplicar el periodo.

El documento también expone la necesidad de instalar fuentes de monitoreo de la calidad del aire, a fin de garantizar a los ciudadanos un entorno ambiental con menos índices de contaminación y mejor calidad del aire. En ese contexto, Duarte de Ochoa propuso reformar la Ley Estatal de Protección Ambiental, el Código Financiero y la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz.

De acuerdo por el boletín emitido por la oficina de Comunicación Social de la Legislatura del Estado, la propuesta del gobernador plantea, en su parte central, “otorgar facultades en materia de prevención y control de la contaminación a la Sedema y a la Procuraduría de Medio Ambiente, para establecer y prestar el servicio público de verificación de calidad del aire… y limitar o prohibir la circulación de los vehículos cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que marca el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.”

El tema va de la mano del aumento en el parque vehicular veracruzano; sólo en la ciudad de Xalapa, el incremento es alarmante: la ciudad pasó de 37 mil unidades en 1987 a casi 68 mil vehículos hace una década. Hoy, más de 160 mil automóviles circulan en esta capital, que se ha convertido en una de las ciudades más complicadas del país en cuanto a la vialidad. Por si fuera poco, cada año se suman otros 10 mil autos al parque vehicular xalapeño; lo peor es que de acuerdo con la Alianza Veracruzana de Centros de Verificación, solo el 35 por ciento de las unidades cumplen ese requisito.

Podríamos decir que existe un auto por cada tres habitantes y por cada dos casas habitación hay tres automóviles. Proporcionalmente, Xalapa casi triplica en esa materia al Distrito Federal,  donde existe un auto por cada ocho habitantes. Si a eso le sumamos las unidades del servicio público, más de mil 500 autobuses y 7 mil taxis, el panorama se complica todavía más, porque muchos autos ya no están en condiciones de circular.
Las multas, la medición de la calidad del aire y el retiro de las unidades que no sean verificadas son disposiciones que podrían resultar poco populares, sobre todo si se considera el alto número de vehículos viejos, chatarras que ruedan por calles, avenidas y carreteras veracruzanas y que son verdaderos focos de contaminación; sin embargo, son medidas necesarias para evitar problemas futuros, como los relacionados con la salud pública. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 2 de julio de 2014

Los suicidios en Veracruz


Luis Alberto Romero

San Juan Evangelista es un municipio del sur veracruzano; se encuentra muy cerca de Rodríguez Clara y Acayucan y cuenta con unos 30 mil habitantes.

Con 233 localidades –sólo 3 de ellas urbanas–, este es un municipio considerado de alta marginación y donde la tasa de analfabetismo supera el 16 por ciento. Ahí, únicamente el 60 por ciento de los hogares disponen de agua entubada y casi la mitad de la población vive en condiciones de hacinamiento. Los niveles de pobreza son muy altos: el 78 por ciento de la gente es pobre; hay 11 mil personas en pobreza extrema, 17 mil en pobreza moderada y a 6 mil habitantes se les considera vulnerables por carencias sociales. De los más de 30 mil pobladores de San Juan Evangelista, apenas 600 no enfrentan problemas económicos o de rezago social.

Este municipio se convirtió recientemente en noticia nacional; sin embargo, no fue por el tema de la pobreza, sino por los recientes y lamentables casos de suicidio entre jóvenes.

El pasado 7 de mayo, un estudiante de secundaria se quitó la vida en este municipio. Los vecinos señalan que al adolescente se le presionaba mucho al interior de su familia luego de que confesara sus preferencias sexuales. No es difícil imaginar el contexto de exclusión y marginación que enfrentan homosexuales y lesbianas en zonas rurales. El joven murió y fue sepultado en el panteón del lugar; previamente, en la escuela secundaria donde cursaba sus estudios le rindieron honores al cuerpo.

Días después, una menor de edad, 11 años, se dijo impresionada por el homenaje que le rindieron al suicida y habría comentado a sus amigos que cualquiera desearía una muerte así. Presuntamente por imitación, la niña también se suicidó.

A esas muertes se suma otra en el mismo lugar, la de un hombre de 22 años que, de acuerdo con versiones de los vecinos, enfrentaba problemas de drogadicción. Sin dinero para pagar el precio de su adicción, el joven entró en depresión y también se colgó. Fue ese el tercer caso en menos de un mes en el pequeño municipio de San Juan Evangelista.

Fuera de ese municipio pero en el mismo territorio estatal hay otros casos: hace menos de una semana, en la comunidad de El Castillo, perteneciente al municipio de Xalapa, una estudiante de primaria también decidió terminar con su vida; su familia atribuye la decisión a un caso de acoso escolar y responsabiliza a la maestra de la menor. Más recientemente, el domingo 29 de junio, en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, otro niño de la misma edad, 11 años, se suicidó en el interior de su vivienda, ahorcándose con una cadena.

El secretario de salud en el estado, Juan Antonio Nemi Dib, informó que este año, 95 suicidios se han registrado en la entidad; esa cifra no es suficiente para ubicar a Veracruz entre las entidades con más casos; de hecho, se encuentra debajo de la media nacional. El funcionario explicó que las causas son multifactoriales y que no existe vínculo alguno entre los suicidas; a pesar de ello, todos los casos se investigan para determinar las causas.
En redes sociales se habló inicialmente de una especie de pacto satánico en San Juan Evangelista; es absurdo. Lo cierto es que en el tema de la salud mental, el entorno y la comunicación familiar tienen un papel determinante para evitar que los suicidios se incrementen. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 1 de julio de 2014

Analfabetismo y rezago educativo


Luis Alberto Romero

Hace un año y medio, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y el investigador David Moctezuma Navarro presentaron un ensayo que fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y que se refiere a la dimensión del problema del analfabetismo en nuestro país.

En el trabajo “Analfabetismo en México, una deuda social”, se reconoce el rezago que en ese sentido enfrentan, sobre todo, adultos mayores, mujeres e indígenas. Se sostiene, además, que las estrategias y acciones emprendidas por el gobierno no han sido exitosas hasta el momento.

Los autores sostienen que “El analfabetismo constituye una de las grandes deudas que tiene la sociedad con quienes lo padecen. Limita el crecimiento de las personas y afecta su entorno familiar, restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza el goce de otros derechos humanos…”; de igual manera, advierten que de no enfrentarse esta situación, será cada vez más difícil revertir el problema de la desigualdad.

Los números nos dicen que nuestro país tiene más de cinco millones de analfabetas. En 1950, con una población de más de 25 millones de habitantes, México tenía el 42 por ciento de personas en el analfabetismo; esto es, 6 millones 400 mil. Para 1970 tenía el país 48 millones de habitantes, de los cuales casi 7 millones no sabían leer ni escribir, el 25.8 por ciento.

En el 2000, 97 millones de mexicanos fueron contados por el inegi; de ellos, casi 6 millones eran analfabetas, el 9.5 por ciento. Diez años después, en 2010, había 112 millones de personas y de ellas, 5 millones 300 mil no saben leer ni escribir, el 6.9 por ciento.

En México, el grado de escolaridad promedio es de 9.1, que equivale a poco más de la secundaria terminada. De cada 100 personas mayores de 15 años, 4.8 no tienen un solo año de estudios, y apenas el 55.5 cuentan con educación básica. En Veracruz, hay 2.2 millones de personas con la educación básica incompleta y el promedio de escolaridad es de 7.7; es decir, menos del segundo grado de secundaria. De cada cien veracruzanos mayores de 15 años, 10.6 por ciento no tienen ni un solo grado de escolaridad, y sólo el 57.9 por ciento tiene la educación básica terminada.

El censo de 2010 reporta que con el 11.4 por ciento de su población analfabeta, Veracruz es la cuarta entidad con más altos índices en el país. En esa lista se encuentra a la cabeza Chiapas, con el 17.8 por ciento; Guerrero, con el 16.7; Oaxaca, con el 16.3; y el estado de Puebla completa la lista de los primeros cinco, con 10.4 por ciento, siendo la media nacional de 6.9. En contraparte, los estados con menor población analfabeta son Distrito Federal, Nuevo León, Baja California Norte, Coahuila y Sonora.
De ahí la trascendencia del anuncio realizado ayer en Veracruz por el secretario de educación pública, Emilio Chuayfett Chemor, quien señaló que en agosto arranca la estrategia nacional contra el analfabetismo y el rezago educativo; el objetivo es que en los próximos 4 años, 2.2 millones de mexicanos aprendan a leer y escribir, que una cantidad similar concluya la primaria y que más de 3 millones terminen la secundaria. De tener éxito en dicho programa, México habrá dado un paso importante para saldar esa deuda social con su población vulnerable. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...