jueves, 29 de junio de 2017

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el desempeño de los congresos locales en nuestro país, en el que destaca, además de los números sobre el trabajo de los diputados locales de todos los partidos, la opacidad de dicho poder, así como el discrecional manejo de los recursos públicos.
Establece el IMCO que en promedio, cada diputado federal representa a poco más de 247 mil habitantes, en tanto que cada legislador local, a menos de cien mil personas.
En cuanto a transparencia, de las solicitudes de información que son enviadas a los congresos, menos del 80 por ciento obtienen respuesta satisfactoria; en ese terreno destacan las legislaturas de Campeche, Chihuahua y Sinaloa, en tanto que las más opacas fueron las de Morelos, Veracruz y Colima, que sólo alcanzaron un puntaje de 36, 32 y 19 por ciento, respectivamente.
Un alto porcentaje de las preguntas que hacen los ciudadanos sobre aguinaldo, bonos, distribución del gasto y presupuesto de egresos de los congresos no encontraron respuesta por parte del poder Legislativo.
Este año, nos dice la fuente, las legislaturas estatales ejercen un presupuesto, en conjunto, de más de 13 mil 500 millones de pesos. El de Veracruz, por cierto, es el quinto congreso local que más recursos maneja y el tercero con más comisiones legislativas, 40.
El IMCO plantea cinco propuestas básicas en su Informe Legislativo 2017: primero, que los diputados cumplan con las leyes que ellos mismos aprueban; segundo, que mejoren sus proyectos presupuestarios; tercero, que exista una regulación en la administración y asignación de recursos para los órganos internos de los congresos; cuarto, que se apeguen al presupuesto de egresos aprobado; y quinto, que se otorgue autonomía financiera a los órganos superiores de fiscalización.
Revisando el documento del IMCO para centrarse en el caso veracruzano encontramos que cada legislador local representa a 163 mil 279 persona, lo que ubica a la entidad como la cuarta en la lista de los estados con menos legisladores por cada 10 mil habitantes.
En cuanto al asunto relacionado con los recursos públicos, las deficiencias que ubica dicho estudio hablan de una asimetría presupuestal; de un crecimiento y ampliaciones injustificadas en los presupuestos asignados; de discrecionalidad en la asignación de los recursos al interior de los congresos; de asignaciones presupuestarias que van más allá de las atribuciones de los diputados locales; y de discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de los recurso públicos.
En Veracruz, por cierto, se detectó un incremento de 14.2 por ciento en el presupuesto de la Legislatura estatal en el periodo de 2012 y a 2017, cuando los recursos pasaron de 501 a 676.9 millones de pesos.
El promedio nacional del presupuesto de 2017 para cada diputado local es de 11.1 millones de pesos; sin embargo, en Veracruz cada diputado cuesta 13.5 millones anuales; la entidad se ubica en el lugar número nueve entre los estados que asignan más dinero a sus legisladores. En esa lista destaca el caso de la Ciudad de México, donde cada representante cuesta 28.8 millones de pesos al año.
Para tener una idea de lo que eso significa, podríamos decir que los diputados locales de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo y Veracruz cuestan más que sus homólogos de países como Francia o Alemania. La austeridad legislativa, señala el Instituto, no es más que un elemento discursivo en nuestro país.
Únicamente en ocho estados no hubo variación entre el presupuesto aprobado y el recurso devengado por las legislaturas estatales. En Querétaro, por ejemplo, el Congreso local ejerció en 2016 casi 65 por ciento más que su presupuesto asignado. En Veracruz, ese porcentaje llegó a 11; es decir, los diputados locales gastaron 74 millones de pesos más de lo que tenían aprobado para el año pasado.
Los congresos locales de Veracruz y otras siete entidades negaron la información relacionada con los aguinaldos que se aprobaron sus diputados.
Con relación a la productividad, el año más reciente en ser evaluado fue 2016, cuando entre todos los legisladores veracruzanos presentaron 50 iniciativas, dejando al congreso local como uno de los menos productivos. Los diputados de Jalisco, por ejemplo, presentaron más de 970; los de Morelos, 524; los de San Luis Potosí, 502; y los de Puebla, que pertenecen al congreso que menos recursos maneja en el país, 406. @luisromero85

miércoles, 28 de junio de 2017

En análisis, la ampliación de Laguna Verde

Luis Alberto Romero
Entre tantas notas relacionadas con hechos delictivos, violencia, ejecuciones y delincuencia, la información relacionada con la muy probable ampliación de la central nucleoeléctrica Laguna Verde pasó casi inadvertida en Veracruz.
De acuerdo con la nota difundida por medios nacionales especializados en los temas financiero y económico, representantes de 15 empresas norteamericanas relacionadas con energía nuclear estuvieron en Laguna Verde, municipio de Alto Lucero, para sostener reuniones con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de analizar la ampliación de la capacidad instalada de esa central, cuya construcción inició hace poco más de cuatro décadas, aunque fue hasta 1990 cuando comenzó a funcionar.
Esa nucleoeléctrica, ubicada a 60 kilómetros de la capital del estado, cuenta actualmente con una capacidad de poco más de mil 300 Megawatts en dos unidades generadoras. El proyecto de expansión se basa en el incremento del cuatro por ciento en la demanda nacional de energía eléctrica, un aumento que será difícil de cubrir en los próximos años.
Daniel Lipman, vicepresidente de Insumos y Programas Internacionales del Instituto de Energía Nuclear de Estados Unidos, declaró al diario El Economista que para satisfacer las necesidades de la población habrá que utilizar todas las tecnologías posibles, con la nucleoeléctrica incluida.
El tema de la ampliación de la capacidad instalada de Laguna Verde no es nuevo; de hecho, se discute desde hace dos décadas pero hasta ahora había sido frenado. De concretarse ahora dicho proyecto, como es muy probable, podrían resurgir las protestas que hace tres décadas protagonizaron organizaciones ambientalistas, como Madres Veracruzanas, que en la segunda mitad de los ochentas exigieron la conversión de la nucleoeléctrica en una central de ciclo combinado de generación de energía, que utiliza gas natural para convertirlo en electricidad.
Así las cosas, es muy probable que la única central nucleoeléctrica de nuestro país, ubicada en territorio veracruzano, vuelva a ser noticia próximamente, tanto por el proyecto de ampliación de capacidad, que ya analiza la Comisión Federal de Electricidad, como por las predecibles protestas de los opositores al uso de dicha tecnología para generar electricidad.

Coatzacoalcos, tierra de nadie

Luis Alberto Romero
Los problemas de inseguridad, violencia y desempleo han generado en el sur de Veracruz un ambiente de preocupación y tensión social que se refleja en la depresión de la actividad económica.
El fenómeno de la ola delictiva se suma a los despidos masivos en Petróleos Mexicanos, Pemex, y en la industria petrolera en general. El comercio registra bajas ventas y de la crisis económica y de seguridad nadie escapa en Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchital.
La zona sur de Veracruz enfrenta días turbulentos y convulsos: no hay empleo; por el contrario, los despidos son comunes, frecuentes; por si fuera poco, la inseguridad se refleja en las calles. En los hoteles del lugar recomiendan a los huéspedes no salir por la noche debido a la creciente delincuencia.
Lo peor es que no hay semana sin ejecuciones en esa zona; por otro lado, cada caso es peor que el anterior y los niveles de violencia escalan cada vez más.
Platico con una reportera que tiene su base de operación en Coatzacoalcos; explica que el crimen perpetrado el pasado fin de semana contra los miembros de una familia, cuatro niños incluidos, acentuó la percepción de que ese lugar es tierra de nadie: “las calles están vacías; antes la gente salía, por ejemplo, a correr al malecón el domingo; hoy ni eso… este fin de semana fue muy evidente el miedo porque no encontrabas personas, ni temprano ni tarde; parece que el movimiento habitual se detuvo…”.
No existe un estado de excepción ni un toque de queda en Coatzacoalcos; sin embargo, los pobladores y sobre todo los visitantes prefieren no salir en las noches por miedo a ser víctimas de la delincuencia. Es como si se hubiera suspendido el ejercicio de los derechos y las garantías de la población, como lo consigna el Artículo 29 de la Constitución Política en los casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.
Como contexto, recordamos que el pasado sábado 24 de junio una familia de seis personas fue asesinada en dicho municipio del sur veracruzano; y aunque las autoridades interpretaron el hecho como una venganza contra el jefe de esa familia tras el homicidio de un líder criminal, lo cierto es que esa explicación del gobierno no contribuyó a disminuir o apaciguar la preocupación de una sociedad lastimada por los elevados índices delictivos.
A los habitantes de esa región tampoco consuela el dato que indica que durante los últimos dos años, 2015 y 2016, el índice que ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada se disparó en 132 por ciento. Ese, finalmente, es un número frío para ellos, una estadística más; la realidad es que los homicidios dolosos, los secuestros y las extorsiones contra empresarios, comerciantes, trabajadores y hasta jubilados son cada vez más frecuentes en un lugar donde las autoridades –municipales, estatales y federales– simplemente no han podido con la obligación de garantizar la seguridad pública.
Ese hecho criminal, el asesinato de cuatro menores, nos dicen, fue la gota que derramó el vaso en el tema de la inseguridad en Coatzacoalcos, donde los problemas de los despidos y la crisis de la industria petrolera ya tenían en jaque a los empresarios, comerciantes y profesionistas.
Si a esos problemas sociales –delincuencia, violencia y desempleo– se suma el hecho de que en Coatzacoalcos la pobreza alcanza a más del 34.6 por ciento de la población; en Minatitlán, al 41.8; y en Nanchital, a casi el 35 por ciento, el resultado es un coctel dramático y lamentable.

miércoles, 24 de mayo de 2017

Daniel Zairick, del plagio al escarnio público

Luis Alberto Romero
De risa, el capítulo que protagonizó el candidato de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Orizaba, Daniel Zairick Aboumrad, quien lanzó un video en el que, literalmente, plagia un mensaje del presidente argentino Mauricio Macri.
El panista no tuvo empacho en copiar, palabra por palabra, incluso con el mismo ritmo de lectura, el mensaje del jefe de estado argentino. Lo único que cambia en el video es el acento.
El candidato de la alianza PAN-PRD intentó controlar el daño que provocó a su imagen dicha estulticia, y convocó a una rueda de prensa para decir que no sabía que el discurso era una vil calca.
Dijo Daniel Zairick que sólo fue un mensaje motivacional y que sus propuestas no son copia de ninguna otra campaña nacional o extranjera. Simplemente su equipo de promoción, sus estrategas en manejo de medios, le presentaron el mensaje; al candidato le gustó y decidió grabarlo.
El problema para el abanderado de la citada coalición es que no faltó quien comparó su mensaje con el de la campaña de Macri y se percató de que el de Orizaba recurrió al plagio para expresar una idea.
Por supuesto, el video fue bajado de las redes, en tanto que la pequeña empresa que fue contratada por el abanderado del albiazul para la selección de los mensajes y la grabación de los videos fue despedida, porque además dejó a su candidato en condición de hazmerreír… y no hay nada peor para un político que exponerse al ridículo y al escarnio público.
El siguiente video de Daniel Zairick, bromean el Orizaba, será a ritmo de tango y compartiendo un asado. @luisromero85

Eva, Tarek y Silva

Luis Alberto Romero
El caso de la diputada local Eva Cadena Sandoval, de Morena, se observa mucho más claro, en cuanto al desenlace probable, que el de los legisladores federales priistas Alberto Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá Saad, ex secretario de Desarrollo Social y ex vocero del gobierno veracruzano, el primero; y ex tesorero de la Secretaría de Finanzas durante la administración de Javier Duarte, el segundo.
De los tres, parece que únicamente a la de Las Choapas la abandonó su partido; porque la solicitud de juicio de procedencia contra Tarek Abdalá no registra avance alguno, en tanto que la petición de desafuero contra Silva Ramos no ha llegado a San Lázaro.
Ricardo Ramírez Nieto, diputado presidente de la Sección Instructora y secretario de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara Baja, dio a conocer que Eva Cadena todavía no comparece ante la Legislatura federal para responder por los señalamientos en su contra; este miércoles vence el plazo.
El caso de Eva Cadena es la crónica de un desafuero anunciado; en los órganos jurisdiccionales hay consenso y en su ex partido, Morena, no existe la mínima intención de cubrir el costo político que significaría esa defensa.
Por otro lado, las acusaciones contra Tarek Abdalá Saad no han prosperado; el expediente sigue detenido y en torno a ese asunto circulan versiones en el sentido de que el PRI estaría frenando el desafuero, al menos hasta que pase la jornada electoral del cuatro de junio próximo.
Para Alberto Silva, la captura de su antecesora en Comunicación Social, Gina Domínguez, significó una mala noticia, en virtud de que comparte acusaciones con la ex presidenta de la Fundación Colosio, hoy recluida en Pacho Viejo.
Sobre el asunto de Silva Ramos, se sabe que de un momento a otro la fiscalía veracruzana presentaría la solicitud de desafuero correspondiente.
La diferencia entre los tres –Eva, Tarek y Silva– radica básicamente en el respaldo de sus respectivos partidos; Cadena Sandoval está sola, no cuenta con asidero, en tanto que los priistas contarían, se dice, con vínculos políticos que podrían impedir que la solicitud de desafuero prospere, a pesar de que los señalamientos que se les imputan son mucho más graves que los que tiene encima la ex candidata a la alcaldía de Las Choapas.

martes, 23 de mayo de 2017

Duarte, Gina y el impacto al PRI

Luis Alberto Romero
La ex coordinadora de Comunicación Social y ex vocera de la administración de Javier Duarte, Gina Domínguez Colío, se mostraba confiada en que difícilmente sería llamada a cuentas por la justicia. Por ello no huyó, como lo hicieron otros personajes que ocuparon cargos más o menos relevantes en dicho gobierno.
A pesar de que todas las señales estaban en contra y mostraban el inminente final de algunos de los ex colaboradores de Duarte de Ochoa, Gina Domínguez optó por quedarse en Xalapa, con todo el riesgo que implicaba dicha decisión para sus días en libertad.
Unos días antes de la captura del ex gobernador, registrada en Guatemala, este reportero habló con uno de los ex colaboradores del área de Comunicación Social; el ex funcionario decía que Gina Domínguez había cambiado su número de teléfono celular y que sólo respondía llamadas de algunas personas, a quienes consideraba sus amigos y cercanos. –¿No tiene miedo?. –Parece que no; dice que antes que ella, hay al menos otros veinte.
La captura del ex mandatario veracruzano, sin embargo, significó el foco rojo para Domínguez Colío y para una docena de ex funcionarios estatales.
Cinco semanas después del anuncio de las autoridades sobre la detención de Duarte de Ochoa, la ex vocera corrió con la misma suerte que su jefe.
A Gina Domínguez le fue impuesto un año de prisión preventiva, con lo que se convierte en un caso más de un ex funcionario duartista que permanece internado en el penal de Pacho Viejo. Recordamos que antes que ella, los ex titulares de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; de la desaparecida Secom y de Caev, Francisco Valencia García; Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo; y Gobierno, Flavino Ríos Alvarado (aunque fue liberado unos días después) pisaron dicho centro de readaptación, al igual que Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular.
Eso sin contar con el líder del sindicato de Tamsa, Pascual Lagunes; y el dirigente de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes.
En capilla, nos dicen, estaría también el diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, quien ocupó la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Comunicación Social, sucediendo precisamente a Domínguez Colío, durante la administración Duarte.
No son los únicos, lo más probable es que otros ex funcionarios estatales, algunos de los cuales gozan actualmente de fuero, son vinculados e investigados por presuntos actos de corrupción.
Por otro lado, hay una arista en el asunto relacionado con esas capturas que todavía no se mide en su justa dimensión: el impacto que ello ocasionará en las expectativas de los candidatos del PRI a las presidencias municipales.
Unas tres semanas antes del arranque de las campañas, el ex gobernador Duarte fue detenido y exhibido como ejemplo nacional de corrupción, delincuencia y mal gobierno. Después, justo en medio del periodo proselitista de los candidatos a las alcaldías, la ex vocera también fue apresada; y se anticipa que en cualquier momento, la Fiscalía General del Estado, en cuya cancha está la pelota de los expedientes, las denuncias y la suerte de los ex funcionarios, presente la solicitud de juicio de procedencia contra el diputado Alberto Silva Ramos.
Así, como para controlar el potencial daño de dicho escenario, los dirigentes y representantes priistas han externado que los procesos judiciales contra los más prominentes miembros del grupo que gobernó la entidad de 2010 a 2016 no afectarán al tricolor. Ello, sin embargo, se observa sumamente complicado porque no sólo hay ex funcionarios, sino un ex dirigente estatal del partido, Alberto Silva, y una ex presidenta de la Fundación Colosio, Gina Domínguez.
Esos factores de desprestigio del partido y de indignación social contra todo lo que huela a Javier Duarte hacen que se vuelva predecible la derrota priista en la presente contienda por las alcaldías veracruzanas.

lunes, 22 de mayo de 2017

Veracruz, en el medallero de los delitos electorales

Luis Alberto Romero
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, dio a conocer que durante el presente proceso electoral, en los estados de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, se han iniciado 10 averiguaciones previas y 205 carpetas de investigación.
En total, la Fiscalía reporta 215 hechos investigados en el periodo de septiembre al 14 de mayo del presente año. Hay, además, 192 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Un trabajo periodístico difundido por el diario Milenio consigna la estadística de los delitos electorales en el presente proceso; asimismo, apunta que la incidencia delictiva se ubica en 1.3 por ciento.
Entre las cuatro entidades del país con mayor incidencia, Veracruz se ubica entre los punteros, con cuatro puntos porcentuales.
La entidad veracruzana acumula en el presente proceso 328 denuncias por presuntos delitos electorales, cifra sumamente alta considerando que entre los cuatro estados que tienen elecciones suman 607.
Más de la mitad de las acusaciones por este tipo de ilícitos tiene su origen en el proceso para la renovación de los ayuntamientos veracruzanos; y eso que la etapa más álgida de la elección local apenas está por comenzar; se espera, en ese contexto, que en la recta final de los presentes comicios locales, el número de las denuncias por delitos electorales se dispare tanto en Estado de México como en Veracruz.
Por otro lado, este domingo, la Procuraduría General de la República, a través de Fepade, informó que en los sistemas Fepadetel y Fepadenet, pare la recepción de acusaciones y denuncias por presuntos delitos electorales, ha recibido 427 llamadas y 592 correos electrónicos.
De las llamadas que recibió la Fepade, 64.5 por ciento correspondieron al Estado de México; 17.1 por ciento a Coahuila; y 14.6 por ciento a Veracruz.
En cuanto a las denuncias por correo electrónico, de las 592 acusaciones, 64 fueron recibidos de Coahuila; 379 del Estado de México; 15 de Nayarit; y 134 de Veracruz.
Esperemos ahora que no se repitan hechos tan lamentables como el llamado Bocagate, que en marzo de 2013 se convirtió en escándalo nacional por la filtración de un video que correspondió a una reunión de priistas que dejó en evidencia la manera en la que pretendían condicionar apoyos asistenciales de la Sedesol.
Del llamado “oro molido” (frase que utilizó el ex alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur, muy cercano al ex gobernador Javier Duarte, para referirse a los padrones de beneficiarios de la Sedesol) a la fecha, han pasado más de 4 años.
El presente proceso electoral veracruzano es una buena oportunidad para recordar ese negro episodio de la historia electoral del estado, a fin de que los actores políticos eviten la tentación de violar la ley para inclinar la balanza.

miércoles, 10 de mayo de 2017

Un cochinero llamado PES

Luis Alberto Romero
Aspirantes a diversas candidaturas del Partido Encuentro Social, PES, a presidencias municipales se dicen engañados, utilizados y traicionados por su dirigente estatal, Gonzalo Guízar Valladares.
Se trata de personas que trabajaron para dicha fuerza política en anteriores procesos electorales y que recibieron de su dirigencia la promesa de candidaturas a las alcaldías este año; incluso, algunos de ellos dispusieron de su patrimonio para hacer crecer a Encuentro Social en pasados procesos, recibiendo únicamente compromisos incumplidos, tratos indignos y hasta amenazas.
Maribel Huber Serna ya fue candidata a la diputación federal del PES por el distrito de Córdoba; no obtuvo una mala votación tomando en cuenta al partido que la abanderaba; en esa campaña gastó, apunta, casi dos millones de pesos; este año, la dirigencia estatal del partido le alentó para que buscara la alcaldía; realizó el trabajo de precampaña para que al final ese instituto político le diera las gracias para postular a Georgina Aguilar.
Huber Serna afirma que dicha candidatura obedece a un intento de Guízar Valladares para favorecer al Partido Revolucionario Institucional y su candidato, Luis Díaz Barriga.
La ex candidata de Encuentro Social terminó por renunciar a dicho partido hace unos días; hoy asegura que denunciará a Gonzalo Guízar por la venta de candidaturas y por el proceso interno amañado; de igual forma, agrega que recurrirá a las instancias judiciales para acusar al legislador federal y actual dirigente estatal por daño moral.
Un caso similar ocurrió muy cerca de Xalapa, en el municipio de Las Vigas donde Sara Ramón Cortina, ex aspirante del PES a la alcaldía del lugar, dice temer por su integridad y la de su familia, tras las amenazas que habría recibido por parte de los dirigentes partidistas.
Lo de menos, señala la mujer, “es el dinero que gasté en el proceso; lo que verdaderamente me preocupa es que vayan a cumplir sus amenazas”
Sara Ramón Cortina apunta que el PES le vio a cara a varios aspirantes, quienes dieron dinero a una empresa recomendada por el partido para que se encargara de la propaganda de campaña; muchos ni siquiera fueron candidatos y aun así entregaron, en el caso de municipios pequeños, sesenta mil pesos a cambio de nada.
En Las Vigas, el PES hizo a un lado a su más activa promotora y decidió postular como candidato a Efraín Rodríguez Ruiz, quien perdió la contienda interna del PAN.
La hoy ex aspirante del PES a la candidatura por Las Vigas era oficial del Registro Civil en Altotonga; renunció al cargo para contender por la presidencia municipal, vendió un taxi, gastó más de 300 mil pesos y al final, ni candidatura ni dinero ni trabajo.
Luego de excluir a Sara Ramón, el dirigente estatal del partido explicó que a varias aspirantes no las habrían dejado participar sus maridos, a lo que la mujer respondió que ella ni siquiera cuenta con pareja.
Algo parecido pasó en San Rafael, donde también hay quejas de los pocos militantes del partido que en Veracruz controla Gonzalo Guízar: a Carlos García le prometieron la candidatura; invirtió tiempo y dinero, convenció a algunas personas del lugar para integrar la planilla, para que al final el partido determinara no postular a nadie.
El ex aspirante de San Rafael señala que “el dirigente estatal del PES ha dicho que este es el partido de la familia; pero creo que se refería a la familia Guízar Valladares, que parece tener escriturada la franquicia en el estado”.
En ese contexto, recordó que, por ejemplo, la parentela de Guízar Valladares está incrustada en el partido y que, incluso, un hermano del dirigente estatal de esa fuerza política, Luis Fernando Guízar, va como candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos.
En 2015, Encuentro Social tuvo en Veracruz poco más de 55 mil votos, 2.25 por ciento, que ya es muy bajo; en 2016, con Pipo Vázquez como candidato a gobernador, la cosecha del PES fue inferior a 34 mil sufragios, 1.11 por ciento, de tal manera que en un año, esa desnutrida fuerza política perdió más de 20 mil votos.

El problema para ese partido es que de seguir las cosas como van, lo más probable es que el PES termine todavía más empequeñecido y anémico en Veracruz. @luisromero85

domingo, 7 de mayo de 2017

Piden fin al saqueo en Papantla

En la zona norte del estado, las campañas proselitistas por las presidencias municipales iniciaron con más dudas que certezas.
En Papantla, el candidato del Movimiento Ciudadano (MC), José Manuel del Río Virgen, arrancó en las primeras horas del pasado martes con un mensaje que tuvo dedicatoria al actual edil de ese municipio: “una auditoría al gobierno que encabeza Marcos Romero Sánchez y poner fin al saqueo y despilfarros que encabeza junto a su familia”.
Del Río Virgen dijo que el alcalde papanteco, apoyado por PAN-PRD, Verde Ecologista y Morena, busca perpetuarse en el poder local.
En ese municipio circula la versión de que Marcos Romero, en su afán por conservar el ayuntamiento, habría comprado la franquicia y el control del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que en ese lugar postuló como candidato a Erick Domínguez Vázquez, identificado hasta hace poco con el Partido Verde y con el propio alcalde, quien también logró colocar a su sobrino, Mariano Romero, como abanderado de la alianza PAN-PRD. En pocas palabras, por aquello de las dudas, el edil papanteco juega con dos cartas.
En Papantla el PRI pasó las de Caín para conseguir candidato, dado que simplemente no había aspirantes. Al final, el tricolor convenció a Jeanny Arroyo Ruiz, ex diputada y esposa del ex alcalde Jesús Cienfuegos, quien concluyó su administración con más pena que gloria.
En ese municipio, otro ex alcalde busca un segundo periodo; sin muchas probabilidades, Bonifacio Castillo Cruz, ex inquilino de Pacho Viejo, va por el Partido del Trabajo.
Mientras tanto, en Poza Rica, Cesar Ulises Rivera Garza busca a toda costa ganar una elección, ahora por la alianza entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; en su caso sería la primera victoria en las urnas luego de dos intentos frustrados.
El problema para el empresario farmacéutico es que su candidatura sigue impugnada por el actual diputado federal con licencia Leonardo Amador Rodríguez, quien muy en corto ha comentado que si no es candidato a la presidencia municipal, al menos evitará que su adversario en la interna gane la contienda.
En Poza Rica se dice que Leonardo Amador podría impulsar al Movimiento de Regeneración Nacional, dado que uno de los principales colaboradores del diputado federal, Heberto Baños, es compadre del abanderado del partido de López Obrador, Francisco Javier Velásquez Vallejo.
Esa división, nos dicen, podría beneficiar a la candidata del PRI-Verde, Diana Álvarez Salas, quien por desconocida no parece tener más punto débil que el abanderar a un partido sobre el que pesa tanto descrédito.
En ese municipio petrolero, la contienda es de pronóstico reservado y podría irse a cuartos, entre Rivera Garza, de PAN-PRD; Pablo Anaya, del MC; Velásquez Vallejo, de Morena; y Álvarez Salas, del PRI.

jueves, 27 de abril de 2017

Eva Cadena, el sambenito de la corrupción

Luis Alberto Romero

A Eva Cadena se le complica el escenario como consecuencia del escándalo en que se ve envuelta luego de que fue grabada en video recibiendo 500 mil pesos como aportación de un particular a la causa de López Obrador.
Considerada como un cuadro destacado del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de Veracruz, Cadena Sandoval pasó de ser el rival más fuerte en la contienda por la presidencia municipal de Las Choapas a candidata a un penal federal por los presuntos ilícitos que ya investiga la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade.
A estas alturas, el supuesto “cuatro” que le pusieron a la ex militante distinguida de Morena es un asunto secundario porque la imagen resultó muy contundente. El tema le costó a Eva Cadena no sólo la expulsión con cajas destempladas de su partido, sino también lo que se anticipa como una fuerte persecución.
Sobre el cuello de la de Las Choapas pende ahora el sambenito de la corrupción partidista; incluso sus ex compañeros de lucha le dan a espalda y piden que se le investigue.
En la Cámara Baja, la diputada de Morena, Rocío Nahle García, solicitó que la Fepade investigue la entrega de dinero  a Eva Cadena, quien previamente se vio obligada a renunciar a la candidatura a la presidencia municipal de Las Choapas.
Luego de dicho escándalo, la fiscalía estatal inició una carpeta de investigación y lo mismo ocurrió en la Fepade, que depende de la Procuraduría General de la República.
El titular de la Fepade, Santiago Nieto, adelantó que la investigación se inició y que no importa si se trató de un “cuatro”, en virtud de que el Artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales establece que “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.
Nieto Castillo declaró a medios nacionales que no sólo se investiga de oficio a Eva Cadena, sino a la persona que entregó el dinero.
La de Las Choapas ya tendría carácter de indiciada por su probable participación en delitos electorales.
Por si las dudas, tras renunciar a la candidatura a la alcaldía, Cadena Sandoval se apresuró a notificar a la Legislatura del Estado su regreso a la curul local; no ocupará un lugar entre los diputados de Morena, pero obtiene la ventaja del fuero… y un ingreso que no le resultará despreciable; por cierto, para eso también le puede servir la “bolsita” que pide a quien le entregó el medio millón de pesos.
El tema de Cadena Sandoval pone en duda, por decir lo menos, la honestidad que tanto pregona Morena y su líder nacional; por otro lado, el video deja en evidencia la manera de operar de partidos y candidatos para allegarse recursos en las campañas, cuando el dinero de las prerrogativas oficiales simplemente no alcanza.
Habrá que ver, con los días y las semanas, la dimensión del daño que ese escándalo causa a un partido que ha intentado hacer de la honestidad y del combate a la corrupción su principal bandera.
¿Estos son los honestos?; si así son los impolutos, ¿cómo serán los indecentes?. 

martes, 25 de abril de 2017

Violencia veracruzana, una historia de terror

Luis Alberto Romero
En Veracruz, el ambiente es de preocupación y miedo ante el incremento de los índices delictivos. No hay región en el estado en la que la población esté tranquila; los homicidios y secuestros son noticias comunes en los medios y redes sociales.
En Martínez de la Torre, por citar un ejemplo, las narraciones sobre hechos violentos son escalofriantes y se observa una creciente tensión social como consecuencia de los frecuentes asesinatos.
Hablo con reporteros locales, a quienes pregunto sobre el asunto de la inseguridad en la zona; señalan que a diferencia de años anteriores, cuando las víctimas eran fuertes empresarios, o los propios delincuentes en luchas registradas entre bandas rivales, hoy los ataques van también contra integrantes de grupos sociales de condición económica más bien modesta; en ese contexto ubican a los recientes asesinatos contra dos enfermeras de la zona; o el homicidio perpetrado contra un pequeño productor citrícola de la zona limítrofe entre ese municipio y San Rafael. Son historias de terror cuyos detalles no son necesarios; basta decir que por la violencia extrema sobrepasan cualquier narración de ficción.
Ese ambiente de preocupación, de temor e inseguridad, es reflejo de la realidad de violencia que se observa en la entidad. La percepción social, en este caso, es alentada por una ola delictiva que se proyecta en la estadística oficial.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las estadísticas delictivas de marzo del presente año, que indican que la actividad delincuencial en Veracruz se ha disparado: el número total de ilícitos pasó de 3 mil 837, en febrero, a más de 5 mil en el mes siguiente.
Los robos también aumentaron, al igual que los casos de abigeato, lesiones y delitos patrimoniales.
El homicidio doloso y la privación ilegal de la libertad, que son los que más preocupación general y los que más fortalecen la percepción de inseguridad entre la población, también registraron un alza considerable.
Durante enero y febrero, de acuerdo con la información que maneja la Fiscalía estatal, se cometieron en Veracruz 102 y 109 homicidios dolosos, respectivamente; esa cifra se disparó de forma considerable en el tercer mes del año, cuando los números oficiales consignaron 161 casos; es decir, casi 55 por ciento más.
Lo mismo ocurrió en la casilla de las lesiones dolosas: de 307 registradas durante febrero del presente año se pasó a 423; el aumento en ese delito estuvo cerca del 40 por ciento.
Si durante enero y febrero se cometieron en Veracruz 15 y 13 secuestros, respectivamente, en marzo la situación con relación a ese ilícito se complicó aún más: 18 personas fueron privadas de su libertad, lo cual implica un incremento de casi 40 por ciento.
En total, el saldo del primer trimestre del año es de 372 homicidios dolosos y 46 secuestros.
Si a esa cifra sumamos los datos que corresponden al último mes de 2016, el primero de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, el saldo en los cuatro meses iniciales del presente gobierno estatal veracruzano es de 504 asesinatos dolosos y 63 secuestros; esto es, más de cuatro homicidios dolosos cada día; y un caso de privación ilegal de la libertad cada dos días.
Es, el de la inseguridad, un verdadero drama que enfrenta la sociedad veracruzana. @luisromero85

domingo, 23 de abril de 2017

PRI tuxpeño, con el enemigo en casa

Luis Alberto Romero
En Tuxpan, municipio ubicado en la zona norte de Veracruz, prevalece la incertidumbre priista debido a la indefinición en torno a la candidatura a la presidencia municipal.
En ese lugar, siete aspirantes del tricolor se registraron para participar en la contienda interna en busca de la candidatura para suceder a Raúl Ruiz Díaz.
En partido, sin embargo, determinó de última hora que iría en alianza con el Verde y que la postulación no recayera en ninguno de los aspirantes registrados.
El problema para el Revolucionario Institucional es que uno de los aspirantes mejor posicionados, el doctor Francisco Arango Graña, se inconformó contra esa candidatura y recurrió a las instancias internas del partido y también ante los tribunales.
En el seguimiento de dicho asunto, este jueves, Javier Benítez Ponce, actual síndico del ayuntamiento tuxpeño, ex dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI, ex alcalde y uno de los activos priistas más importantes de esa región, calificó como sumamente complicada la situación de su partido.
Dijo el síndico del ayuntamiento que debido a la “estupidez” de los actuales dirigentes estatales del PRI, el partido se encuentra en riesgo de perder la elección del presente año en Tuxpan; y señaló como responsables tanto al presidente del comité estatal del partido, Renato Alarcón Guevara, como a la delegada del Comité Ejecutivo Nacional, Lorena Martínez Rodríguez.
El mayor problema, apuntó Benítez Ponce, es que el tricolor no ha definido todavía la candidatura a la alcaldía, a pesar de que en cinco días se vence el plazo para el registro ante el órgano electoral.
De forma original, el PRI determinó que su alianza con el Partido Verde fuera parcial; es decir, no en los 212 municipios de la entidad; Tuxpan no estaba incluido en la lista de los lugares en que se concretaría la coalición PRI-Verde.
Por la intervención de la delegada nacional, se dice en Tuxpan, ese lugar fue incluido en el adendum al convenio de coalición celebrado por dichos partidos; por otro lado, la candidatura fue reservada para una mujer, con lo que se excluyó a los siete precandidatos registrados.
Sobre ello, el síndico del ayuntamiento tuxpeño fue enfático al señalar que a los aspirantes priistas y a la gente que ellos representan “les tomaron el pelo”.
Para Benítez Ponce, el hecho de que la designación de la alianza PRI-Verde esté impugnada por uno de los aspirantes priistas ubica la contienda interna en un contexto de indefinición; en pocas palabras, todavía no hay candidato de esos partidos a la alcaldía del lugar, lo que coloca a dicha coalición en franca desventaja frente a otras fuerzas políticas.
Por si fuera poco, el PRI y el Verde están enfrascados en la lucha interna por la designación de los aspirantes a los diferentes cargos edilicios, no sólo la presidencia municipal, sino también sindicatura y regidurías.
El actual edil del ayuntamiento de Tuxpan apuntó que en esta severa crisis priista, la culpa no es de los aspirantes, sino de la indefinición que provocaron tanto el presidente del CDE como de la delegada del CEN.
No es posible, señala, que a unos días de que se cierre el registro, los priistas de Tuxpan carezcan de certeza en cuanto al abanderado a la alcaldía. Por otro lado, el ex alcalde enfatizó que no sólo Francisco Arango, sino que cualquiera de los siete precandidatos a los que el PRI les tomó el pelo tiene la posibilidad, la libertad de acudir a los tribunales para evitar que se violen sus derechos partidistas.
En Tuxpan, el PRI no sólo enfrentará a sus adversarios naturales, la alianza PAN-PRD y Morena, sino también a un escenario interno adverso, mismo que fue provocado por el presidente y la delegada del partido, quienes se empeñaron en dar la candidatura a un partido, el Verde, que no tiene estructura, peso ni representatividad en ese municipio.
El tricolor, a este paso, está cada vez más cerca del precipicio. @luisromero85

martes, 18 de abril de 2017

Veracruz, el castigo a los cómplices

Luis Alberto Romero
Tras la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala, dos temas relacionados con el ex mandatario llaman la atención tanto en el discurso de las autoridades como de algunos actores políticos: primero, la necesidad de recuperar los recursos públicos que fueron saqueados; y segundo, el castigo para los responsables de la quiebra en que se encuentra la entidad.
En esos dos puntos, el gobernador Miguel Ángel Yunes ha sido particularmente enfático: en conferencia de prensa reconoció el trabajo de la Federación para lograr la captura de Duarte de Ochoa, pero también subrayó que esa historia no concluye con el encarcelamiento de su antecesor en el cargo, sino que debe continuar con la devolución de lo robado y con la aplicación de la justicia para los cómplices del saqueo.
Dijo Yunes Linares que ahora se debe trabajar para reintegrar a Veracruz los miles de millones de pesos, se habla de más de 50 mil millones, que fueron hurtados a las arcas estatales desde hace doce años, lo que implica una cacería contra ex funcionarios de las dos anteriores administraciones.
En el seguimiento de dicha información, el titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, confirmó que dicha instancia buscará regresar a Veracruz los recursos que fueron desviados por el ex gobernador.
A partir de ahora comenzará el manoseo de las cifras en cuanto al monto del más impresionante saqueo de que se tenga memoria por parte de un gobierno estatal en nuestro país.
Iniciará también la cruzada jurídica para identificar el destino de las operaciones ilícitas, así como los personajes involucrados: ex funcionarios del anterior gobierno estatal, amigos y familiares del ex ejecutivo, así como empresarios que obtuvieron beneficios al margen de la ley.
Durante la etapa de las campañas políticas locales, sin duda observaremos el intento de las diferentes fuerzas políticas para capitalizar a su favor el tema del combate a la corrupción y del encarcelamiento de Javier Duarte; un ejemplo está en el Partido Revolucionario Institucional, cuyo dirigente estatal, Renato Alarcón Guevara, ha salido ante los medios para pronunciarse por “un nuevo comienzo en Veracruz”.
El problema para el tricolor pasa de forma irremediable por la credibilidad; el discurso de Alarcón Guevara suena más a un intento para controlar el inminente daño a un partido que, de acuerdo con las encuestas y con los pronósticos de los analistas políticos, está a punto de convertirse en la tercera fuerza en la entidad.
En cuanto al castigo para los responsables de la quiebra financiera de Veracruz, en el Altiplano se comenta que el desafuero del diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad es inminente; y que lo mismo podría ocurrir con otros legisladores en la Cámara Baja, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Jorge Carvallo Delfín, Noemí Guzmán Lagunes y Alberto Silva Ramos, sin contar con una muy larga lista de empresarios, ex funcionarios y familiares; toda una red de corrupción.
Nos dicen, a propósito, que en la agenda de la actuación judicial contra Duarte y compañía, está por estallar el resultado de las investigaciones en torno a las empresas fantasma que operaron en Veracruz para realizar un millonario desvío de recursos.
Por cierto, el caso que más llama la atención, entre todos los señalados por presuntas irregularidades, es el del diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, ex dirigente estatal del PRI, ex secretario de Desarrollo Social y ex vocero del gobierno estatal, parte del círculo más próximo a Duarte de Ochoa, quien pasó del enfrentamiento con Yunes Linares, a través de las redes sociales, de una  actitud contestataria y hasta verbalmente agresiva, a una posición pasiva, limitando su actividad en Facebook y Twitter al recuerdo de viejas glorias, como si tuviera la intención de agazaparse para pasar inadvertido. @luisromero85

lunes, 17 de abril de 2017

Javier Duarte, de la corrupción al discurso opositor

Luis Alberto Romero

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa comprobó que nadie puede huir por siempre. Fue capturado en Guatemala con fines de extradición a México, donde se le busca desde el 18 de octubre del año pasado, cuando un juez federal giró una orden de aprehensión contra el ex mandatario veracruzano por su probable responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
En los últimos doce meses, al caso Duarte se le fueron sumando cada vez más aristas, desde los señalamientos por irregularidades administrativas y desvíos de recursos hasta las acusaciones por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, fue en el último semestre cuando el barco del duartismo terminó por hundirse; una vez que fue girada la orden de aprehensión, la Procuraduría General de la República lo ubicó en la lista de los más buscados, en tanto que la Interpol emitió la ficha roja para que el ex gobernador fuera localizado en 190 países.
En el más reciente capítulo de esta historia, Javier Duarte fue detenido en Guatemala por la Policía Nacional Civil; a partir de la fecha de su captura, el gobierno mexicano tendrá dos meses para presentar la solicitud de extradición.
Por otro lado, con Javier Duarte en la cárcel termina una página negra del libro veracruzano, misma que se caracterizó no sólo por la corrupción en el gobierno, sino también por el rezago de una entidad que por años fue sinónimo de buenos números en cuanto al desarrollo: Veracruz, en el sexenio de Duarte de Ochoa, pasó de un crecimiento de 6 por ciento en 2006, a 4 por ciento en 2012 y de ahí a -2 por ciento en el primer semestre de 2016. El desempleo aumentó de 3.5 a 5 por ciento en cinco años. La deuda pública pasó de casi 20 mil millones a más de 80 mil millones de pesos. La inseguridad y la violencia (asesinato doloso y secuestro) también registraron un incremento considerable, al igual que el gasto del gobierno, que pasó de 80 mil millones de pesos a más de 100 mil millones anuales. Ese es, en términos generales, el saldo del duartismo en la entidad veracruzana.
Acaba también, al parecer, una etapa en la que la corrupción y la compraventa de voluntades marcaron el destino de la vida política estatal. Terminaron los días en que la conciencia de los adversarios políticos era comprada o puesta a subasta, al igual que los votos y los apoyos de legisladores en el Congreso local.
Convertido en la personificación de la corrupción de la clase gobernante del país, Duarte de Ochoa se volvió tema recurrente en los medios informativos nacionales e internacionales; de igual forma, discurso, argumento y bandera política de quienes, como el actual gobernador de Veracruz, hicieron del combate a la corrupción una de las principales propuestas de campaña. Como ejemplo tenemos el mensaje emitido por Miguel Ángel Yunes Linares, quien sobre la aprehensión del ex ejecutivo estatal apuntó: “Pasé 13 años de mi vida documentando cómo fue saqueado el pueblo de Veracruz. Hoy, la detención de Duarte es apenas el inicio para hacer justicia”.
En reacción a dichas palabras, el senador y ex candidato al gobierno veracruzano, Héctor Yunes Landa, expuso: “que Miguel Ángel no se cuelgue medallas ajenas, Duarte está en la cárcel por la PGR”.
Lo cierto es que atrás quedaron los días en que toda la clase política alineada con Duarte hubiera dado cualquier cosa por estar a un lado del hoy ex mandatario en desgracia. Frases como “factor de unidad” y “Duarte es mi jefe político”, pronunciadas por los dos senadores priistas veracruzanos, pasarán al anecdotario político estatal.
Hoy, luego de la captura, todos los partidos, incluido el Revolucionario Institucional, exigen justicia; sin embargo, muchos de los actores que en este momento piden “todo el peso de la ley” contra Duarte de Ochoa hasta hace un año hacían genuflexiones ante la fotografía del gobernador en turno; incluso, muchos empresarios que fueron beneficiados con dinero público y contratos gubernamentales hoy se dicen avergonzados de esa administración.
Finalmente, con Javier Duarte preso, hoy comienza la verdadera pesadilla para al menos una docena de ex colaboradores de la anterior administración, algunos de ellos con fuero, que han sido señalados por haber participado en actos de corrupción y saqueo. @luisromero85

viernes, 7 de abril de 2017

Veracruz, el desaseado manejo de los recursos

Luis Alberto Romero

En este mismo espacio, ayer hablaba sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado y por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sefiplan, en el ejercicio de los recursos correspondientes al ejercicio 2014.
Decía que el tema que hoy tiene contra las cuerdas y a punto de ir a la lona al ex subsecretario de egresos de la Sefiplan, Carlos Aguirre Morales, y al ex tesorero de la misma dependencia, Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal por el distrito de Cosamaloapan; y que el problema radica en la diferencia entre los recursos que llegaron a las arcas estatales, procedentes de la Federación, y los pagos realizados, algo así como 19 mil 840 millones 570 mil pesos.
En términos generales, hablaba sobre los recursos de diferentes fondos del Ramo 33, más de 40 mil millones, de los cuales sólo pudieron comprobar 25 mil 467 millones, por lo que existiría una diferencia en las cuentas presentadas de 14 mil 547 millones de pesos; eso sin contar con el ejercicio de los recursos estatales.
El mayor problema para los acusados, a quienes se les fincaron responsabilidades administrativas que luego se tradujeron en denuncias ante la Fiscalía, es que prácticamente no hay área del gobierno que no registre anomalías en la aplicación de los recursos públicos. Por ejemplo, en materia de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, la Sefiplan recibió recursos federales por 96 millones 470 mil pesos, pero sólo ejerció 20 millones, quedando sin comprobar 76 millones 470 mil pesos.
Peores números registran los recursos que debieron aplicarse en materia de salud: de los 138 millones 958 mil pesos que llegaron para aplicar en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, la Sefiplan no ejerció un solo centavo. Igual ocurrió con el dinero del Programa de Seguro Médico Siglo XXI, más de 79 millones; con los 29 millones 414 mil del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; con los 17.5 millones del Plan de Emergencia Radiológica Externa; y con los 21 millones 266 mil pesos en recursos de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, cuyo ejercicio fue de 0 pesos con 0 centavos.
Eso sin contar con los 300 millones que correspondían a dos programas fundamentales: el de Desarrollo Humano Oportunidades y el de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las Entidades.
No es todo; en materia educativa, la Contraloría a cargo de Ricardo García Guzmán detectó una enorme diferencia entre los recursos que llegaron desde la Tesorería de la Federación (más de 3 mil 441 millones de pesos); y los pagos realizados por la Secretaría de Finanzas (mil 869 millones); sólo en ese rubro se habla de la falta de comprobación de más de mil 572 millones de pesos.
A esas cantidades se suman las falta de comprobaciones de recursos que debieron canalizarse a la Protección al Ambiente, casi 42 millones de pesos; a Finanzas, 419 millones; a Seguridad Pública, 150 millones; a Turismo y Cultura, 34 millones; y a Desarrollo Social, 228 millones 846 mil pesos, entre otros rubros correspondientes a fondos, aportaciones y convenios.
Esa es, en términos muy generales, la información de las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la cuenta 2014; por supuesto, no todas esas observaciones se tradujeron en faltantes ni constituyen actos delictivos por parte de los personajes señalados; sin embargo, sí hablan del poco aseo detectado en el manejo de los recursos púbicos, problema que hoy tiene a Carlos Aguirre en calidad de prófugo de la justicia, y al diputado Antonio Tarek Abdalá a punto de perder el fuero para ser presentado ante la justicia.
Se trata de una historia que sólo refleja lo ocurrido en Sefiplan durante 2014; esas cifras y esas irregularidades no incluyen lo registrado en 2015 y 2016, años que tuvieron a otros responsables en el manejo de los recursos. La lista de los ex funcionarios llamados a cuentas aumentará de forma significativa en los próximos meses, al igual que los inquilinos del penal de Pacho Viejo.
Hasta hoy, cuatro son los exfuncionarios del gobierno estatal que se encuentran en dicho centro de readaptación: Arturo Bermúdez Zurita, Flavino Ríos Alvarado, Mauricio Audirac Murillo y Francisco Valencia García, ex titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Gobierno (también ejecutivo interino), Finanzas y Comunicaciones, respectivamente. A esos nombres se suman los de Leonel Bustos y Carlos Aguirre (Seguro Popular y Subsecretaría de Egresos), quienes se encuentran en calidad de prófugos de la justicia. Por supuesto, el principal pendiente, la captura más esperada, sigue siendo el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. @luisromero85

jueves, 6 de abril de 2017

Exfuncionarios de Sefiplan, contra las cuerdas

Luis Alberto Romero

En el último año del anterior sexenio, en Palacio de Gobierno cualquiera podía observar a ex responsables del manejo de los recursos en la Secretaría de Finanzas y Planeación haciendo antesala en la oficina de la Contraloría.
Por la recepción de la dependencia que tenía como titular a Ricardo García Guzmán desfilaban secretarios de despacho y titulares de diferentes áreas del gobierno estatal, sobre todo aquellos que enfrentaban problemas con el manejo administrativo; sin embargo, dos personajes llamaban la atención por el tiempo que se mantenían a la espera de ser atendidos: el subsecretario de egresos, Carlos Aguirre Morales; y el tesorero de la Sefiplan, Antonio Tarek Abdalá Saad.
Ambos funcionarios, al igual que Carolina Estrada Acosta, ex subdirectora de Operación Financiara de la Sefiplan, tenían algo en común: la Contraloría inició un procedimiento para fincar responsabilidades administrativas, luego de la revisión al ejercicio presupuestal correspondiente a 2014, lo que habría derivado en una denuncia interpuesta ante la fiscalía estatal, misma que hoy tiene contra las cuerdas al dichos ex funcionarios, pero particularmente al ex subsecretario de Egresos, cuya propiedad fue cateada de forma reciente; y al ex tesorero, hoy diputado federal, cuyo desafuero ya se ventila en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Para ellos, el problema derivado de la auditoría al ejercicio 2014 no es menor; se habla de más de 19 mil 840 millones de pesos cuyo destino no está claro, dado que no se tradujeron en obras ni en pagos, ni en inversión pública.
Esos recursos corresponden a diferentes programas estatales y federales.
Por las irregularidades detectadas, la Contraloría General del Estado inició el procedimiento para fincar responsabilidad desde el segundo semestre de 2016, cuando ya se tenía claro el tema de la falta de comprobación de los recursos en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Incluso, en el Órgano de Control Interno de la Sefiplan se trabajó de forma previa para turnar el expediente a la Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría.
El tema que hoy tiene en aprietos al ex subsecretario de Egresos y al ex tesorero del Gobierno del Estado inicia con la falta de comprobación sobre el destino del dinero público: la Sefiplan del gobierno estatal recibió durante 2014 recursos federales por más de 53 mil 768 millones de pesos; y realizó pagos por 33 mil 928 millones 343 mil pesos. A la diferencia, 19 mil 840 millones simplemente se le perdió el rastro; en pocas palabras, es dinero que no aparece, al igual que los rendimientos financieros derivados.
Sólo en recursos de los diferentes fondos del Ramo 33, recursos federales, a Veracruz llegaron 40 mil 41 millones de pesos, números redondos, y Sefiplan realizó pagos por 25 mil 467 millones; de la diferencia entre los ingresos y los recursos ejercidos, 14 mil 573 millones de pesos, nadie sabe nada porque los ex funcionarios responsables no explicaron dónde había parado el dinero.
Dentro de los recursos del Ramo 33 que no fueron comprobados hay 267 millones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; mil 196 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 5 mil 845 millones de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal; 3 mil 891 millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; y 2 mil 53 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, entre otros.
Eso sin considerar los recursos asignados por la Federación en cuanto a Aportaciones, Convenios y Subsidios.
Debido a todas esas irregularidades detectadas en el ejercicio presupuestal de 2014, el Órgano de Control Interno de Sefiplan y la propia Contraloría a cargo de García Guzmán determinaron fincar responsabilidad, porque los ex titulares de la Subsecretaría de Egresos y de la Tesorería del Estado, Carlos Aguirre y Antonio Tarek Abdalá, habrían violado diferentes disposiciones legales, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la de Coordinación Fiscal, la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Esa investigación, que pasó por la Sefiplan y por la Contraloría desde el último tramo del pasado sexenio, se tradujo en acciones legales contra los probables responsables, quienes se encuentran uno en calidad de prófugo de la justicia; y en otro, a punto de perder el fuero para ser juzgado.
Por cierto, desde 2016 han circulado versiones en el sentido de que Carlos Aguirre tendría importantes nexos en el gobierno federal, mismos que habrían sido determinantes para evitar su captura y su presentación ante la justicia. Esa sombra bajo la que el ex funcionario duartista descansaba de forma despreocupada parece que ya no le cobija más.  

Por otro lado, en la capital veracruzana circula la especie de que al hoy prófugo le habrían alertado sobre la inminente actuación de la justicia en su contra, por lo que de inmediato puso tierra de por medio. Unos días antes del cateo a su propiedad, nos dicen, Aguirre Morales fue visto paseando, aparentemente tranquilo, por las calles de Xalapa. @luisromero85

miércoles, 5 de abril de 2017

La crisis del Movimiento Ciudadano

Luis Alberto Romero

Luego de la estrepitosa caída del Movimiento Ciudadano en las elecciones locales de Veracruz, en 2016, dicha fuerza política se prepara para enfrentar los procesos municipales el presente año.
El partido que fundó y lidera Dante Delgado realiza su proceso de selección de candidatos en las elecciones de 2017, buscando opciones probadas, aunque en algunos casos tengan un pasado turbio, o bien vinculado a otros institutos políticos.
Tenemos, por ejemplo, el caso de Poza Rica, donde por el MC envía al ex alcalde priista Pablo Anaya Rivera, quien con seguridad representará una importante cosecha de votos. Esa postulación ubicará a dicha fuerza política en el mapa del norte veracruzano. En ese caso, parece que poco importa al partido de Dante Delgado el pasado reciente de Anaya Rivera, quien ocupó la Secretaría de Salud en el gobierno estatal de Javier Duarte de Ochoa, de donde salió sumamente cuestionado.
Algo parecido ocurre en Martínez de la Torre, donde el MC presenta como candidato al ex diputado local Eduardo Sánchez Macías, con antecedentes en el PRI, Panal y Partido Verde, quien tiene parentesco con la ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Karime Macías Tubilla.
Jorge Yunis Manzanares va por Coatzacoalcos, pero la empresa se observa sumamente complicada, debido a que el PRI envió a la contienda a un candidato competitivo, Carlos Vasconcelos, y sobre todo al crecimiento que ha registrado el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que ha hecho del sur veracruzano un verdadero baluarte.
En cuanto a los candidatos “internos” (sin pasado en otra fuerza política), probablemente el que se encuentra mejor posicionado en su municipio es el dos veces ex diputado federal José Manuel del Río Virgen, quien ya fue alcalde de Tecolutla.
Del Río Virgen buscó en una ocasión, 2013, la presidencia municipal de Papantla, pero el actual alcalde, Marcos Romero Sánchez, se le atravesó en el camino. Hoy, el ex legislador federal, muy vinculado al Instituto Politécnico Nacional, va por una segunda oportunidad, aprovechando la estructura que conserva, así como la muy mala imagen, el desprestigio  de las autoridades municipales.
Ellos y un puñado de figuras desconocidas, son las cartas que envía a la contienda el Movimiento Ciudadano, partido que buscará salir de la crisis en que se encuentra luego de las elecciones de 2016.
Para el MC, parece que atrás quedaron los días en que representaba una fuerte competencia para cualquier otro partido; basta decir que en poco más de una década, esa fuerza política pasó de 784 mil a sólo 37 mil votos.
¿Cómo perder casi 750 mil  votos en doce años?, uno podría pensar que sobre ese tema Dante Delgado bien podría escribir una tesis.
Como sea, la selección de un pésimo candidato a gobernador, Armando Méndez de la Luz, quien ni siquiera llegó al 2 por ciento de la votación, costó al MC ubicarse en un sexto lugar de siete contendientes el año pasado; hoy, en 2017, ese partido pretende volver al protagonismo en Veracruz, y para ello recurre, en algunos casos, a fórmulas ya probadas por otras fuerzas políticas.

jueves, 23 de marzo de 2017

Veracruz, las cifras de la violencia y el delito

Luis Alberto Romero

La tragedia de Veracruz en cuanto a violencia e incidencia delictiva no se ha frenado; las estadísticas oficiales consignan la dramática realidad que hoy padecen los veracruzanos.
El reporte de las autoridades, basado en las denuncias presentadas o las carpetas de investigación abiertas en los ministerios públicos, señala que en el periodo de enero y febrero del presente año hubo en Veracruz 261 víctimas de homicidio doloso y 38 de privación ilegal de la libertad.
En secuestro, no hay una entidad del país que tenga cifras tan alarmantes: Tamaulipas aparece con 35; y Estado de México, con 32. Sólo esos tres estados acumulan casi la mitad de los casos nacionales, que son 217.
De mantenerse la tendencia que presenta Veracruz este año, en los delitos de homicidio doloso y privación ilegal de la libertad, el índice al finalizar 2017 podría ser muy superior al que presentó la entidad el año pasado, cuando se denunciaron 142 secuestros y mil 522 asesinatos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de la incidencia delictiva, correspondientes a febrero del presente año.
Si bien el reporte consigna una reducción en los ilícitos cometidos en la entidad veracruzana, prácticamente no hay una disminución en delitos como el homicidio doloso y la privación ilegal de la libertad.
En el ámbito nacional, durante febrero se cometieron poco más de 135 mil 700 hechos delictivos; de ellos, mil 838 fueron asesinatos dolosos, en tanto que durante los 28 días de febrero las procuradurías estatales consignaron 92 secuestros.
En Veracruz, en el mismo periodo, febrero del presente año, se consignaron tres mil 837 delitos, 109 homicidios dolosos y 13 secuestros.
Todo eso representa, para la entidad, un aumento en los asesinatos, que pasaron de 102 a 109 de enero a febrero, lo cual indica que el promedio de casos durante el primer mes del año fue de 3.2, en tanto que en el mes siguiente llegó a 3.8.
El secuestro conservó la tendencia: un promedio de 0.48 durante enero; y de 0.46 en febrero.
El robo a sucursales bancarias también aumentó: en enero fueron dos y en febrero, tres. Por lo demás, hay una reducción en el número de delitos como el robo, el abigeato, el robo en carreteras, las lesiones y los delitos patrimoniales.
La buena noticia es una disminución considerable, más del 50 por ciento, en los delitos sexuales, ya que las violaciones pasaron de 37 a 17.
En síntesis, el problema para Veracruz, en inseguridad y violencia, se relaciona con homicidios dolosos y secuestros, casillas en las que la entidad no ha registrado avances.
Lamentablemente, las estadísticas de esos dos delitos se mantienen muy altas durante el primer trimestre del bienio en que Miguel Ángel Yunes Linares gobernará el estado. El acumulado de diciembre de 2016 a febrero del presente año, de acuerdo con los datos difundidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y aportados por la propia Fiscalía General del Estado, es de 343 asesinatos dolosos y 45 secuestros; un promedio de casi 115 homicidios y 15 casos de privación ilegal de la libertad cada mes.
Se trata de números que dejan en evidencia la realidad de Veracruz en materia de violencia e índice delictivo, casillas en las que a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la llegada de los refuerzos federales, las cosas siguen igual que el año pasado, incluso peor por la mayor frecuencia y el impacto de los hechos delictivos.
Dato ilustrativo: de los mil 838 homicidios dolosos registrados durante febrero en el ámbito nacional, 109 se produjeron en Veracruz, lo que indica que seis de cada 100 asesinatos de ese tipo ocurrieron en la entidad. En el caso de los secuestros, en todo el país hubo 92; en Veracruz, 13, casi el 15 por ciento del total.
Se trata de información oficial, que refuerza la percepción generalizada sobre una entidad cuya población es víctima de la delincuencia y la violencia.

miércoles, 22 de marzo de 2017

El PAN y los impresentables del duartismo

Luis Alberto Romero

La decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en el sentido de vetar la candidatura de Ricardo García Guzmán a la presidencia municipal de Pánuco tomó por sorpresa a un importante sector del panismo estatal, que daba por hecho la postulación del ex contralor general del estado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
García Guzmán ha consolidado un liderazgo regional en la Huasteca Alta de Veracruz, mismo que se traduce en control político; prácticamente no hay candidatura exitosa por ese municipio que no pase por la aprobación del clan que encabeza el también ex diputado local. Por ello, y sobre todo por una supuesta amistad y cercanía  que le une al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en el panismo estatal se daba por segura esa candidatura.
Sin embargo, el golpe que recibiría Acción Nacional con esa postulación, en términos de imagen y opinión pública, hubiera sido demoledor, dado que García Guzmán ocupó un espacio en el que tuvo que detectar y denunciar las irregularidades en el uso de los recursos públicos durante la administración duartista; y en vez de eso el ex contralor avaló prácticamente todo lo que tenía que ver con ese gobierno, que es probablemente el que acumuló más acusaciones por presuntos actos de corrupción.
En ese sentido, fueron cada vez más fuertes e incisivas las críticas contra Acción Nacional. El argumento de quieres rechazaron esa postulación podría resumirse así: el PAN denuncia la corrupción del gobierno de Duarte pero postula al ex contralor de esa administración a una presidencia municipal. Por supuesto, no le falta razón.
Incluso, el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, lanzó un petardo contra el albiazul, al lamentar que ese partido postule como candidatos a personajes cercanos o vinculados al ex gobernador Duarte.
Así, por señalamientos como ese, que ya estaban permeando en la opinión pública, el CEN del PAN decidió cerrar la puerta a García Guzmán e impedir la postulación del ex contralor a la alcaldía panuquense, debido al costo que esa candidatura representaba para el partido y al mensaje que se emitiría al electorado veracruzano con esa decisión.
Así, podríamos decir que la situación para el PAN era insostenible y por ello el partido determinó que no postularía a ningún duartista en las elecciones municipales del presente año. En pocas palabras, no importa si García Guzmán es garantía de triunfo en Pánuco; su candidatura era un mensaje que el panismo nacional quería evitar por el alto costo que hubiera representado dicha postulación.

martes, 21 de marzo de 2017

Caso Ricardo Monlui, indignación y exigencia de justicia

Luis Alberto Romero

El homicidio perpetrado por la mañana del domingo 19 de marzo contra el periodista Ricardo Monlui Cabrera, en Yanga –zona centro de Veracruz- no sólo causó indignación entre el gremio por representar un nuevo agravio, sino que generó comprensibles reacciones de rechazo y condena.
Se trata de un nuevo ataque contra quienes se dedican a la actividad periodística en una entidad que se ha caracterizado desde hace poco más de una década por ser foco rojo para la libertad de expresión y punto peligroso para los reporteros.
Hoy, Veracruz es el estado del país con los más alarmantes casos de agresión contra periodistas. Incluso, hay conflictos armados que registran menos bajas de periodistas que la entidad en los últimos diez años.
A eso se debe la exigencia de justicia en el caso de Ricardo Monlui; no es el primero, aunque todos esperamos que sea el último.
Lo peor es que el asunto del periodista victimado en Yanga podría correr con la misma suerte que otras agresiones que no fueron esclarecidas; a esa desconfianza en el trabajo de las dependencias responsables de procurar justicia se deben, sobre todo, las presiones para que se investigue a fondo y se capture al o los responsables del homicidio.
El escenario indeseable, por supuesto, tiene que ver con que prevalezca la impunidad en éste como en otros casos de agresiones contra quienes se dedican a la actividad de informar.  
Ricardo Monlui era propietario de un portal de internet, El Político, y autor de la columna “Crisol”, que difundía en portales y algunos impresos como El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa, de la Organización Editorial Mexicana. Fue, además, jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC; y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, AC.
El crimen contra Monlui Cabrera se suma a una veintena de asesinatos contra periodistas que se han registrado en los últimos años en Veracruz. De 2011 a 2016, por ejemplo, integraron esa dramática lista nombres como los de Regina Martínez, de la revista Proceso; Anabel Flores Salazar, de El Buen Tono y El Sol de Orizaba; Rubén Espinosa Becerril, reportero gráfico de Proceso y Cuartoscuro; Moisés Sánchez Cerezo, de La Unión; Gregorio Jiménez de la Cruz, de Notisur; Sergio Landa Rosales, del Diario de Cardel; Víctor Manuel Báez Chino, de Reporteros Policiacos (portal que tuvo que cerrar por las amenazas contra sus integrantes); Yolanda Ordaz de la Cruz, de Notiver; Misael López Solana; de Notiver; Migue Ángel López Velasco, Milo Vela, también de Notiver; entre otros, que cayeron durante la administración de Javier Duarte, o que desaparecieron, como Miguel Morales Estrada, de Diario de Poza Rica.
La cifra de las víctimas podría ubicarse en 25, si se cuentan los casos registrados en el sexenio previo a Javier Duarte; es decir, el de Fidel Herrera Beltrán.
Probablemente, por las circunstancias en que se desarrollaron, los casos más emblemáticos de agresiones contra periodistas veracruzanos sean los de Regina Martínez y Rubén Espinosa. Sin embargo, cada uno de los periodistas asesinados constituye un agravio a quienes se dedican a esta actividad y, en general, a la sociedad.
Hoy, Veracruz es visto en los ámbitos nacional e internacional como un estado inseguro para el ejercicio del periodismo; por otro lado, igual de lamentable es la percepción en el sentido de que en la entidad, la impunidad es regla y no excepción.
Hay que recordar que prácticamente ninguno de los asesinatos contra periodistas durante la administración de Javier Duarte quedó resuelto; no hubo detenidos en las etapas en que ocuparon la procuraduría de justicia del estado Reynaldo Escobar Pérez, Felipe Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo Contreras; y ello provocó que organismos pro defensa de los periodistas lanzaran un llamado de alerta.
Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, difundió hace un mes y medio, al iniciar febrero del presente año, que entre todos los países de Latinoamérica, México era el más peligroso para el ejercicio del periodismo, con 99 reporteros asesinados en el periodo de 2000 a 2016. De acuerdo con el reporte “Veracruz: los periodistas frente al estado de miedo”, la entidad acumulaba 19 periodistas victimados; en pocas palabras, casi dos de cada diez casos de homicidio contra comunicadores del país se registraron en la entidad.
Veracruz, resumió el trabajo mencionado, es el lugar más peligroso de América para quienes trabajan en los medios de comunicación.

Así las cosas, es comprensible la indignación que generó el homicidio de Ricardo Monlui, así como la exigencia de justicia de comunicadores, organizaciones no gubernamentales, organismos pro derechos humanos, e instancias de protección al gremio, como la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAPP, o la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas de la Legislatura del Estado, porque este no es el primer caso, sino un eslabón de una muy larga cadena. Hoy, el gobierno estatal y la fiscalía de justicia deben mostrar que, en efecto, las cosas en materia de investigación y castigo a los autores de ataques contra periodistas, han cambiado. Esperemos que eso ocurra y que no se termine por reforzar la percepción de que en Veracruz los crímenes contra comunicadores quedan tan impunes como los actos de corrupción gubernamental. @luisromero85

lunes, 20 de marzo de 2017

La enorme fosa del Golfo

Luis Alberto Romero

La violencia que se registra en Veracruz es tan alarmante como los niveles de la pobreza de población de la entidad.
Prácticamente no hay día en que no se produzca un hecho sangriento en el estado que hoy es gobernado por Miguel Ángel Yunes Linares. Este sábado, por ejemplo, el saldo que dejó un enfrentamiento entre un grupo armado y policías municipales en Coxquihui fue de 8 personas muertas.
Los hechos ocurrieron en dicho lugar, ubicado en la sierra del Totonacapan, a poco más de 56 kilómetros de Papantla y a casi 176 de la capital del estado. Se trata de un municipio con impresionantes cifras de pobreza: más de la mitad de la población, 52.7 por ciento de los habitantes, vive en pobreza extrema, en tanto que nueve de cada diez son pobres (la suma de pobreza moderada y extrema). Por si fuera poco, las cifras del Coneval consignan que 3 de cada diez enfrentan carencias por acceso a la alimentación.
Pues bien, fue en Coxquihui, ese empobrecido lugar de la sierra del Totonacapan, donde este sábado se registró una balacera que dejó un saldo de cinco policías y tres civiles muertos… mientras en Papantla se desarrollaban las actividades programadas en el marco de la Cumbre Tajín.
Un hecho lamentable el ocurrido en el camino a la comunidad de El Ojite de Matamoros, que deja en evidencia las condiciones de desventaja que en muchas ocasiones, como en esta, tienen las policías municipales frente a los grupos delincuenciales.
Con los citados niveles de pobreza de ese municipio y con el reducido presupuesto del ayuntamiento, es muy fácil imaginar las condiciones en que opera la policía municipal de ese lugar, que durante años ha estado bajo el control político del grupo de Reveriano Pérez Vega.
Sin buena capacitación ni equipo, con mala capacidad de fuego y rebasados por la presencia delincuencial, la suerte de los elementos de la policía de Coxquihui no podría ser diferente cuando enfrentaron al grupo que acabó con sus vidas.
Ese, sin duda, fue uno de los hechos sangrientos que marcaron el fin de semana.
Días antes, Veracruz volvió a ser tema en la prensa nacional e internacional con el hallazgo de más fosas y restos humanos. El pasado 14 de marzo, el fiscal veracruzano, Jorge Winckler, confirmó el hallazgo de unos 250 cráneos en lo que podría ser el cementerio clandestino más grande del país.
Lo peor es que las autoridades no descartan encontrar más restos humanos en esa enorme fosa común en que se ha convertido el territorio estatal.
El día 16 de este mes, los medios nacionales consignaron también el hallazgo de más cuerpos en un predio ubicado en la comunidad Arbolillo, del municipio de Alvarado. El Universal, por ejemplo, consigna que de 2011 a 2016 se descubrieron 257 fosas clandestinas, sin contar con el hallazgo de Colinas de Santa Fe. En total, se habla de 23 mil 157 restos humanos, así como 213 cuerpos.
Las cifras del duartismo también incluyen cinco mil 785 desaparecidos; de ellos, unos dos mil 240 no han sido localizados.
El mayor problema para la Fiscalía será, nos dicen, la capacidad para la contratación de las empresas especializadas en estudios periciales, como en la identificación del ADN, por ejemplo, dado que se tratará de un esfuerzo económico, y sobre todo humano, considerable.
Por otro lado, además de las fosas clandestinas halladas en territorio estatal, todavía está pendiente el asunto relacionado con las inhumaciones irregulares en panteones veracruzanos, como el Palo Verde, de Xalapa, donde una cantidad todavía no determinada de cuerpos de personas desconocidas fueron depositados sin previa identificación.
Esas inhumaciones irregulares, nos comentan, podrían convertirse en noticia próximamente, sobre todo por la irresponsabilidad con que actuaron las autoridades, al sepultar cuerpos sin apegarse a los protocolos para la identificación.

miércoles, 15 de marzo de 2017

La precariedad de las escuelas veracruzanas

Luis Alberto Romero

La noticia fue publicada en Diario de Xalapa y consigna una situación que llama la atención en el tema educativo de la entidad veracruzana. Ignacio Barradas Soto, director de espacios educativos del gobierno del estado, sostiene que seis de cada diez escuelas de la entidad, de preescolar a bachillerato, se ubican en terrenos irregulares.
Muchas escuelas, afirma la fuente, no cuentan con certeza jurídica en cuanto al espacio que ocupan; o tienen cesión de derechos, pero no se les dio seguimiento a los trámites correspondientes.
No es un problema menor, dado que de acuerdo con el funcionario esa situación impide la inversión directa por parte de la dependencia, en virtud de que los terrenos de las escuelas no están regularizados; por tanto, invertir recursos en ellas violaría las disposiciones en cuanto al ejercicio del presupuesto.
Partiendo de la base de que en Veracruz hay más 18 mil planteles educativos, los números que aportó Barradas Soto nos indican que al menos 10 mil escuelas veracruzanas enfrentan dicha situación.
Esos datos nos remiten a la realidad de cientos de escuelas del entorno rural veracruzano, o de colonias populares, asentamientos empobrecidos, que carecen de espacios dignos; que tienen aulas sin mobiliario o en condiciones lamentables.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, estableció que el índice de rezago social de Veracruz (que considera básicamente cuatro variables: educación, salud, servicios básicos y espacios de vivienda) es sumamente alto: más del 45 por ciento de la población veracruzana mayor de 15 años tiene la educación básica incompleta; 9.44 por ciento de los habitantes de la entidad son analfabetos; en tanto que 4.12 por ciento de los niños de entre 6 y 14 años no asiste a la escuela.
Precisamente debido a esos números, además de los que se relacionan con el rezago en servicios básicos, los de salud y los espacios de vivienda, Veracruz es considerado un estado con un grado muy alto de rezago social; de hecho, en el país es el cuarto con los peores números.
A esa grave situación de rezago social contribuye el caso de la educación, el analfabetismo y la precariedad en que funcionan miles de escuelas veracruzanas.
Recordemos que en Veracruz hay casi 6 millones de habitantes mayores de 15 años; de ellos, 562 mil son analfabetas; más de 922 mil no tienen la primaria terminada; y un millón 166 mil no concluyeron la secundaria. En rezago educativo hay más de 2 millones 651 mil veracruzanos, el 44.5 por ciento de la población total, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi.
Esos números son fiel reflejo, decía, de la realidad del sector educativo de Veracruz.
En ese contexto, será muy complicado superar las lamentables cifras de la educación en la entidad cuando cientos de escuelas registran condiciones de precariedad y cuando miles de estudiantes viven en situación de pobreza, pobreza extrema e incluso alimentaria; por si fuera poco, la inversión pública en los planteles educativos se ve frenada por el hecho de que existan diez mil instituciones establecidas en terrenos irregulares, como lo informó el director de espacios educativos.

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...