jueves, 23 de febrero de 2017

¿Estrategia para debilitar a Morena?

Desde hace ya varios días se habla con insistencia de la cantidad de personajes impresentables que se han inscrito como aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a las presidencias municipales de Veracruz.
Con razón, muchos han criticado que Morena reciba material reciclado de otros partidos; cascajo político en el instituto político que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aunque lo cierto que cualquiera puede ir a las oficinas de ese partido y anotarse como aspirante, pues los estatutos lo permiten, al igual que la convocatoria para este proceso, en la cual se contempla la figura de candidaturas externas.
Sin embargo, de eso a que los aspirantes a la candidatura de Morena hayan recibido una “invitación” del partido o de la dirigencia existe una distancia enorme.
Ahí tiene el caso del empresario José Abella García, en Córdoba; de Paco Escalera y Marcos Salas, en Xalapa; y de Rafael Acosta Croda en Veracruz. El primero, con denuncias en su contra por presuntas amenazas de muerte contra un destacado columnista y con críticas a cuestas por haber disfrutado de un generoso trato durante la administración duartista.
Paco Escalera, por su parte, es un priista de hueso colorado que estuvo muchos años en Casa Veracruz, durante las etapas del fidelato y del duartismo; sobre él se tejen todo tipo de historias, como la que apunta a supuestos cobros por el paso al inmueble a políticos que  buscaban audiencia con el entonces gobernador. Incluso, se ha comentado que la administración de Casa Veracruz vendía hasta las botellas de vinos y licores.
Marcos Salas es otro polémico empresario cuyo sueño frustrado ha sido ser alcalde de Xalapa; y para ello ha buscado las candidaturas del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano… y por el partido que se descuide.
Acosta Croda, ex panista, ha protagonizado célebres escándalos, alcoholizado o no, con un léxico, digamos, florido y hasta soez.
Semanas antes vimos incluso a la hermana de Harry Grappa circular una foto con López Obrador en una reciente visita del líder nacional de Morena a Xalapa; así como  a la ex secretaria de Protección Civil durante el gobierno duartista, Yolanda Gutiérrez Carlín, en primera fila en el evento.
El pasado fin de semana circuló que la ex presidenta municipal de Xalapa, Elizabeth Morales García, se había inscrito como aspirante a la alcaldía de esta capital por Morena, hecho que la propia ex diputada federal salió a desmentir unas horas después.
Así las cosas, pareciera, sólo pareciera, que la intención es incrustarle a Morena a candidatos quemados, reciclados, figuras impresentables, como una estrategia perversa para endosarle descrédito público, aprovechando esta debilidad en sus estatutos y en su convocatoria.  
Lo cierto es que es muy poco probable que alguno de ellos se convierta en candidato de esa creciente fuerza política.
En torno a esos “aspirantes”, se tejen comentarios en el sentido de que éstos y otros personajes han buscado un acercamiento con el partido de López Obrador, para ofrecerse como posibles cartas; a cambio, se dice, les han prometido que si no se convierten en abanderados en el presente proceso, serán tomados en cuenta para futuras contiendas. Según estas versiones, Morena estaría jugando su juego: generar la percepción de que por ser una franquicia ganadora, cualquier político busca ese cobijo.
A propósito, AMLO estuvo en Veracruz, donde fue abordado por la prensa local; para no variar, el líder partidista perdió los estribos y sacó a relucir lo más radical de su personalidad cuando ante los cuestionamientos sobre la postulación de ex militantes de otros partidos, denostó a los reporteros locales, de quienes dijo que estaban “maiceados” por Yunes.
Al respecto, habría que preguntar si cualquiera, sin importar su pasado, se cubre con un manto de honestidad por el simple hecho de ser postulado por el partido de Andrés Manuel.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Desvíos en Veracruz, el escáldalo de las cifras

Casi tres meses después de terminado el sexenio que inició Javier Duarte de Ochoa y concluyó Flavino Ríos Alvarado, y tras decenas de versiones que circularon sobre el monto del saqueo a los recursos públicos de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer, la semana pasada, las estimaciones con relación al dinero que habría sido desviado.
Juan Manuel Portal Martínez, titular de la ASF, entregó el pasado 15 de febrero el informe de fiscalización de la cuenta pública 2015 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. El documento, en términos generales, consigna observaciones por 165 mil millones de pesos, sobre presuntas irregularidades en el ejercicio del presupuesto en las instancias que ejercieron recursos federales en todo el país.
En su mayoría, esa cifra corresponde a observaciones hechas al gobierno federal (unos 100 mil millones de pesos), en tanto que el resto, 65 mil millones, van sobre las administraciones estatales y los municipios.
Por sexto año consecutivo, Veracruz encabeza la lista de las entidades con mayores problemas en el ejercicio del presupuesto; Javier Duarte de Ochoa rompió todos los récords en cuanto a observaciones por irregularidades, a mala imagen gubernamental y a problemas judiciales.
Un día después de la entrega del documento sobre la fiscalización de la cuenta 2015 al Congreso, Portal Martínez señaló que sólo en el caso veracruzano hay denuncias que  consignan un monto de 16 mil millones de pesos, más 8 mil millones que se relacionan con procedimientos irregulares, como la simulación en los reintegros de los recursos no ejercidos.
Esa declaración se suma a otras similares del auditor superior sobre las irregularidades documentadas en el ejercicio presupuestal de Veracruz. En noviembre pasado, por ejemplo, Juan Manuel Portal señaló que los presuntos desvíos del gobierno de la entidad registran montos históricos en el ámbito nacional; en pocas palabras, no existen antecedentes de un poder ejecutivo estatal que haya sido tan corrupto.
Eso es únicamente en lo que corresponde a la revisión del ente fiscalizador federal, instancia que hasta noviembre pasado había interpuesto 60 denuncias ante la Procuraduría General de la República, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos que el gobierno estatal recibió de la Federación.
A ese escándalo por corrupción se suma lo ocurrido el pasado jueves 16 de febrero, cuando el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, declaró que el monto del desvío de recursos en Veracruz podría llegar a 55 mil millones de pesos, entre los ejercicios 2011 y 2015.
De acuerdo con el titular del Orfis, de las observaciones a las cuentas públicas veracruzanas falta por solventar unos 34 mil millones de pesos; de igual manera, apuntó que hay denuncias pendientes por 7 mil millones más.
Sin embargo, a pesar de dicha declaración del auditor estatal, es evidente que las acciones emprendidas por el Orfis distan mucho de las realizadas por el ente federal; la diferencia, además de los montos detectados, está en las denuncias contra el duartismo. Recordemos que desde hace años, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, ha manifestado ante los medios informativos y documentado ante la PGR las irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública del gobierno de Veracruz; en contraparte, el auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, se ha referido a esos temas sólo de forma reciente; y hasta hace poco, más o menos somera, superficial; antes, de 2011 a 2014, la instancia de revisión estatal le aprobaba prácticamente todo al hoy ex gobernador prófugo de la justicia.
Así las cosas, el problema del Orfis no sólo pasa por el desempeño, sino, sobre todo, por la credibilidad.

martes, 21 de febrero de 2017

Auditoría a Tuxpan

Cada año, en la revisión que realizan las instancias de fiscalización a las diferentes dependencias gubernamentales, nos encontramos decenas de casos que consignan desvíos y daños patrimoniales.
La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, cada vez descubre más trampas de la pasada administración veracruzana, con relación al uso del erario.
Cada año, también, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se refiere a decenas de ayuntamientos cuyas administraciones no pudieron comprobar el limpio uso de los recursos.
Pocos son los gobiernos municipales que han salido bien librados de las auditorías financieras y técnicas, de las revisiones a las cuentas y a la obra pública.
Uno de esos casos está en el norte de Veracruz, en Tuxpan, donde las autoridades encabezadas por Raúl Ruiz Díaz aprobaron sin mayores problemas las revisiones a la cuenta pública 2015.
Este domingo, el edil tuxpeño informó que el Orfis dictaminó que ese ayuntamiento no presenta daño patrimonial y que cumplió de forma correcta con la rendición de dicha cuenta pública.
De esa manera, el Orfis descartó desvíos en ese gobierno municipal y, determinó que los recursos públicos se han ejercido con trasparencia y honestidad.
Pues bien, esa ha sido la constante en cuanto a la información derivada de las auditorías a ese ayuntamiento; en los tres años que la instancia fiscalizadora ha revisado las cuentas del citado gobierno municipal, el resultado no consigna desvíos ni daño patrimonial alguno.
El 17 de febrero de 2016, por ejemplo, se dio a conocer que Tuxpan fue uno de los municipios veracruzanos que aprobaron la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2014, de acuerdo con la Gaceta Oficial del Estado.
Asimismo, las autoridades municipales de ese lugar destacaron que en el informe de la cuenta 2014, el Orfis no detectó irregularidades por presunto daño patrimonial, ni responsabilidades de carácter resarcitorio.
En esa ocasión, el Orfis auditó el 95 por ciento de los ingresos y casi 71 por ciento de los egresos municipales; y las conclusiones no dejan lugar a dudas: “una vez concluida la fase de comprobación del procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta  Pública 2014, que se efectuó mediante la práctica de auditoría a pruebas y muestras selectivas, se determinó que no existen observaciones que adviertan una presunta responsabilidad resarcitoria… por un posible daño a la Hacienda Pública Municipal”; asimismo, el Orfis advierte que no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial  en Tuxpan. Igual ocurrió, a propósito, en la revisión a la cuenta 2013.
De esa forma, podríamos decir que en medio de tantas irregularidades, de tantas trampas de las instancias gubernamentales para justificar presuntos desvíos o para malversar los recursos públicos, es alentador que existan ayuntamientos preocupados por la transparencia en el ejercicio del presupuesto; Tuxpan ha sido uno de esos casos.
Por cierto, llama la atención la promoción mediática que realiza el gobierno federal sobre la inversión realizada en el puerto de Tuxpan.
Con un spot pautado en medios electrónicos nacionales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pondera al puerto más cercano al Altiplano, lo  que pone en el mapa nacional a un municipio que hoy registra un importante despegue.

lunes, 20 de febrero de 2017

¿Dos cofradías en la Iglesia de Xalapa?

Luis Alberto Romero

En la iglesia católica, como en cualquier institución humana hay grupos, sectas, cofradías, asociaciones de seres humanos, hombre y mujeres, que coinciden en una forma de pensar, en una práctica de vida o de ejercer la ideología de este milenario organismo religioso.
Como en toda institución humana, en la iglesia hay también intrigas palaciegas, intereses, deseos malsanos de avasallamiento, de ponerle el pie al otro, de truncarle su carrera, de quedar bien con el de mayor jerarquía, de querer escalar a costa de todo, con tal de tener los beneficios que da el poder.
En la arquidiócesis de Xalapa, para no ir lejos, un grupo de clérigos se empoderó desde hace muchos años, logrando grandes prebendas y beneficios. Los cercanos a esa cofradía, nos cuenta una fuente, tenían las mejores posiciones en la Curia arzobispal –la oficina administrativa del arzobispo-, las mejores parroquias –entiéndase las más pudientes- y las mejores posibilidades para hacer estudios en el extranjero, concretamente en Roma, donde el cófrade mayor o líder del grupo, había tejido muy buenas relaciones.
Claro, hay curas y muchos, dedicados a su feligresía, atentos a las necesidades de su gente, cumpliendo auténticamente la misión que emerge de las enseñanzas de su fundador. Pero bueno, los hay quienes están, como dijo el Papa en la ya célebre entrevista que dio a El País madrileño a finales del mes de enero, “en una iglesia anestesiada por la mundanidad” y a esos nos referimos en este texto.
La reflexión emerge de un hecho concreto que quizá para el lector no imbuido en estos temas podría pasar desapercibido, pero para quienes conocen las entrañas de la iglesia católica en nuestra capital, resultó muy significativo.
El 29 de enero, en la misa dominical, el arzobispo Hipólito Reyes Larios anunció la salida del padre Rafael González Hernández de la Catedral Metropolitana. Se lo dijo a la feligresía, ya sin la presencia del cura. Ahí dijo que sería relevado por el padre Roberto Reyes Anaya, un sacerdote de reconocida solvencia moral e intelectual, quien en su carrera clerical tiene anotado el haber sido rector del Seminario Mayor de Xalapa.
A algunos feligreses les extrañó, pero bueno, como la fe es ciega, aceptaron el anuncio de su pastor Hipólito Reyes Larios.
Esa misma semana, el 1 de febrero, por la noche, en una ceremonia religiosa, el prelado titular, acompañado del obispo auxiliar, José Rafael Palma Capetillo, le dio posesión de la sede de la Iglesia Catedral.
Llamó la atención que tampoco estuvo presente el padre Rafael González Hernández, el párroco saliente y aunque el arzobispo hizo un somero agradecimiento y en el Semanario Alégrate distribuido el 12 de febrero aparecen dos renglones para agradecer “la labor pastoral que desempeñó por varios años el padre Rafael González”, de este clérigo no se dice nada más.
El sacerdote oriundo de Xico, abogado por la Universidad Gregoriana de Roma y conocedor de los pasillos del poder en la Curia papal, fue el que llevó los alegatos legales para que Rafael Guízar y Valencia fuera nombrado Santo de la Iglesia Católica y lleva el mismo procedimiento del padre Martín del Campo.
Hombre de una gran inteligencia, dicen quienes lo conocen, se ha desempeñado con gran institucionalidad, pero también con mucha astucia, para dirigir una cofradía que como escribíamos en renglones arriba, ha tenido grandes beneficios de la iglesia xalapeña. En pocas palabras, ha sabido repartirse y repartir bien el pastel del poder terrenal que representa la iglesia Católica.
“En Roma todas las oficinas vaticanas se abren con su nombre”, dice un testimonio. Su influencia es de muchos años, añaden. Su dominio del latín y del italiano, naturalmente, ha sido fundamental, para convertirse en vínculo necesario de la iglesia central con la iglesia local de Xalapa.
Alrededor de su persona se han tejido muchas leyendas que a este reportero no le constan y que omite por cuestión profesional, pero lo que sí resulta claro, según los testimonios recabados, es el poder que Rafael González Hernández ha ejercido. Por ello la pregunta: ¿por qué no estuvo en la ceremonia de su relevo en la Iglesia Catedral, cuando es normal que el saliente reciba al entrante?
Además, quienes estuvieron ahí, cuentan que el arzobispo Hipólito Reyes Larios, con su natural desparpajo dijo: “le recuerdo al nuevo párroco que su asiento es aquel y no éste”, refiriéndose a la silla catedralicia, reservada única y exclusivamente para el arzobispo, quien por ley es el titular de la Iglesia Catedral.
Los politólogos dirán que Hipólito Reyes Larios se empoderó. Que el relevo de Rafael González Hernández obedece a que el prelado no está dispuesto a compartir el poder y el don de mando que posee. Quién sabe.
La gente sonrió. Todos lo tomaron a chacoteo, pero quienes conocen el fondo del asunto sabrán por qué Hipólito Reyes Larios se refirió así al nuevo párroco y a quién le dirigió ese mensaje.
Habremos de enterarnos muy pronto el destino del padre Rafael González Hernández. Quizá nunca sabremos qué pasó exactamente esos últimos días de enero y primeros de febrero o si son simplemente parte de la leyenda diocesana los rumores de las cofradías en la iglesia de Xalapa. @luisromero85

viernes, 17 de febrero de 2017

PRI, a cirugía mayor en Veracruz

Para Lorena Martínez Rodríguez, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Veracruz, en las elecciones municipales del presente año podrá hablarse de un éxito para dicho partido si logra conservar el número de alcaldías, así como el porcentaje de los votos obtenidos en el proceso de 2016, 30.29 por ciento.
La ecuación priista parece simple: se trata de evitar a toda costa que el tricolor se “desfonde”, se desplome y termine rezagado en el tercer lugar de la contienda. Sin  embargo, no es tan sencillo, dada la inercia del voto en contra, el avance que registra el Movimiento de Regeneración Nacional, el factor de un gobernador prófugo de la justicia y, por si fuera poco, el efecto del aumento en el precio de los combustibles.
La ex alcaldesa de Aguascalientes, ex candidata de su partido al gobierno de esa entidad, señala que el proceso local de 2017 no tendrá nada que ver con el registrado en año pasado, sobre todo porque, sostiene, en una elección municipal más que los partidos cuentan los candidatos. En ese contexto, confía en que el PRI tenga la capacidad de postular buenas cartas.
La delegada del CEN del PRI se reunió este miércoles con los periodistas que integran el Grupo de los 10; ante ellos apuntó que llegó a Veracruz, el pasado 6 de enero, con tres objetivos fundamentales: trabajar en el tema de las alianzas con otras fuerzas políticas (al final, se concretó la coalición con el Partido Verde); renovar el Comité Directivo Estatal (quedando en el cargo Renato Alarcón Guevara); y fortalecer al partido con miras a llegar en la mejor condición posible a las campañas. Adicional a esos tres puntos, subrayó, es necesario trabajar en la unidad interna, a fin de que todos los grupos queden representados, incluidos en la toma de decisiones.
Lorena Martínez reconoce la existencia de puntos que podrían considerarse focos rojos para el PRI; señala que uno de ellos se ubica en la zona sur de la entidad (Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y otros), las zonas petroleras, donde el avance de Morena es evidente. De igual manera, enfatiza que de ninguna manera se puede hablar, de forma anticipada, de una derrota en la capital del estado.
Dice que su partido postulará a candidatos competitivos en los 212 municipios veracruzanos, y que la meta es conservar el número de ayuntamientos, 93, obtenidos en las elecciones de 2013.
Pues bien, al margen de la declaración de la delegada priista, es claro que para cumplir ese objetivo, el primer problema a que se enfrentará el PRI es la pérdida de confianza de los ciudadanos y, por supuesto, la falta de un guía que opere la elección desde Palacio de Gobierno. Recordemos que en Veracruz el tricolor no tiene la experiencia de participar en un proceso electoral como oposición porque, finalmente, se trata de un partido creado por y desde el gobierno.
Así las cosas, el camino para el Revolucionario Institucional se observa cuesta arriba en las municipales del presente año.
La delegada, por cierto, comentó que previo a su nombramiento del 6 de enero, se manejó como una posibilidad que asumiera el mismo cargo partidista en la Ciudad de México; al final, destaca, el partido determinó enviarla a Veracruz, porque esta entidad tiene este año un proceso electoral. Como sea, ambos casos, CdMx y Veracruz, lucen como una misión imposible para el partido que encabeza de manera formal Enrique Ochoa Reza. La diferencia, señala Martínez Rodríguez, es que mientras en lo que antes era el Distrito Federal el PRI está casi muerto, en la tierra veracruzana el partido todavía tiene signos vitales y con una cirugía mayor el asunto podría resolverse.
El problema es que Lorena Martínez podría ser una buena cirujana, pero si el enfermo se encuentra en muy mal estado, es viejo y tiene una mala nutrición; el quirófano está infectado con todo tipo de virus y bacterias; y el anestesiólogo está borracho, el resultado fatal es predecible.
A ver si no nos salen, el próximo 4 de junio por la noche, con que el procedimiento quirúrgico fue un éxito, pero el paciente murió.

miércoles, 15 de febrero de 2017

Desempleo, los números en Veracruz

El Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al cuarto trimestre de 2016.
Básicamente, dicho ejercicio del citado instituto consigna una tasa de desocupación, en el ámbito nacional, de 3.6 por ciento, lo que habla de una reducción de 0.1 por ciento con relación al trimestre anterior; asimismo, la subocupación pasó, en tres meses, de 7.7 a 7.2 por ciento, en tanto que la informalidad laboral se ubicó en 57 por ciento.
La encuesta del Inegi destaca también que 3.7 millones de mexicanos se encuentran en subocupación; es decir, se ven en la necesidad de ofertar más tiempo de trabajo, dado que su ocupación actual no es suficiente para cubrir sus necesidades.
Por otro lado, se establece que de los 54 millones de mexicanos que integran la Población Económicamente Activa, 52.1 millones tienen empleo, lo que significa un incremento de 555 mil personas, con relación al mismo trimestre, el cuarto, de 2015.
El desempleo, que se conoce como “población desocupada”, se ubicó en 3.5 por ciento; es decir, 1.9 millones de mexicanos sobreviven en esa condición. De Acuerdo con las cifras oficiales, en esa casilla, nuestro país también habría registrado un avance considerable, al pasar de 4.2 a 3.5 por ciento.
De la Población Económicamente Activa, 6.9 millones de mexicanos se dedican a las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca), lo que equivale a 13.3 por ciento del total; 13.3 millones, 25.4 por ciento, a las actividades secundarias (industria y construcción); en tanto que 31.7 millones se dedican a las actividades terciarias (comercio, transportes, servicios profesionales y otros).
En cuanto a Veracruz, la ENOE del Inegi establece que la tasa de desocupación se encuentra en la media nacional, 3.5 por ciento; en esa condición se encuentran casi 110 mil veracruzanos que no tienen empleo; en contraparte, hay 3 millones 52 mil personas que entran en la casilla de la población ocupada.
Otros números reflejan que 9.8 por ciento de los veracruzanos tienen una ocupación parcial, mientras que 68.5 por ciento de la Población Económicamente Activa de la entidad están en informalidad laboral.
La buena noticia, dentro de todo lo malo que se puede comentar, es que el desempleo en Veracruz no ha registrado un incremento; de hecho, los números se mantienen más o menos estables, al menos al cuarto trimestre de 2016, como ocurrió en diciembre pasado, cuando se dieron a conocer los números del tercer trimestre de dicho año.
Evidentemente, la economía de la entidad se mueve sin importar la crisis por la que atraviesa el gobierno del estado y que fue provocada en gran medida por la escandalosa corrupción; de hecho, podríamos apuntar que sobre todo en el último lustro, en Veracruz se generaron empleos no gracias, sino a pesar del gobierno estatal.

martes, 14 de febrero de 2017

Blindaje electoral en Veracruz

Luis Alberto Romero

El pasado 25 de enero, mediante la circular 02/2017, la Sedesol instruyó a sus funcionarios a instalar el Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral, que tendrá la finalidad de “transparentar, supervisar e implementar las acciones necesarias que permitan privilegiar la observancia de los principios que rigen y enmarcan la función pública en materia de transparencia, combate a la corrupción, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, durante cualquier proceso electoral”.
Dicha circular, que suscriben el abogado general y comisionado para la transparencia de la Sedesol, así como el titular del Órgano Interno de Control de la dependencia, establece que los funcionarios tienen la obligación de evitar que el uso y manejo de los recursos públicos durante el periodo que comprende del inicio de las campañas al día de la jornada electoral se vea relacionado con actos de proselitismo.
De igual manera, se prohíbe la realización de reuniones masivas, “sin importar la naturaleza del evento con los beneficiarios de programas sociales”.
Se trata de medidas que para el caso de Coahuila, Estado de México y Nayarit, iniciarán a partir de los primeros días de abril, en tanto que para Veracruz comenzarán el dos de mayo próximo, aunque el Comité de Blindaje será instalado el 17 del presente mes.
Básicamente, los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje Electoral giran en torno a tres ejes: prevenir el uso de los recursos y programas sociales con fines electorales; suspender la propaganda electoral, en los términos que establece la ley; y evitar que se incurra en la violación a las normas penales, administrativas y electorales.
La Sedesol enfatiza a sus funcionarios las acciones relacionadas con delitos electorales: coaccionar o amenazar a los subordinados para que participen en eventos proselitistas; condicionar la prestación de un servicio o programa; destinar apoyos ilegales al uso electoral; apoyar en horario laboral a un contendiente político; pedir a los burócratas y trabajadores apoyo económico para algún candidato o partido; entre otras.
En Veracruz, como en todos los estados con problemas de pobreza y rezago social, el padrón de beneficiarios de programas asistenciales es impresionante: casi 337 mil de Liconsa; 2 millones 630 mil, de Prospera, además de casi 666 mil titulares de ese mismo programa; y 472 mil, de Pensión para Adultos Mayores; así que imagine usted la tentación que representa para partidos políticos y candidatos el uso electoral de esos programas, sobre todo porque, en el caso de la entidad, no hay municipio sin presencia de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de las diferentes acciones que maneja esa dependencia.
En ese contexto, todavía está fresco en la memoria de los veracruzanos el recuerdo del vergonzoso episodio conocido como “el oro molido”, que no fue más que un burdo intento del anterior gobierno estatal por utilizar los programas asistenciales, de la Sedesol en este caso, con fines electorales.
Por otro lado, en el presente proceso electoral de la entidad, nos dicen que se endurecerá la vigilancia sobre los funcionarios públicos que manejan programas asistenciales: los priistas tendrán bajo la lupa a panistas y perredistas de la administración estatal, en tanto que PAN y PRD harán lo propio sobre los funcionarios del gobierno federal, que ya están operando en tierras veracruzanas a través de los delegados. Los de Morena, por su parte, vigilarán a todos los demás porque como no son gobierno en ninguno de los tres niveles, nadie les vigilará a ellos.
Esperemos ahora que, sin importar la instancia de gobierno ni las siglas de los partidos políticos, los funcionarios públicos se abstengan del intento de utilizar esos recursos y programas para inducir el voto en uno u otro sentido; es decir, que no pretendan usar la pobreza, la marginación, el rezago y la ignorancia para ganar votos; es una costumbre, por cierto, que se ha convertido en una de las peores bajezas políticas en nuestro país.

lunes, 13 de febrero de 2017

Veracruz, delito e inseguridad

Luis Alberto Romero

Hace unos días, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se refirió al tema de la inseguridad y el índice delictivo; sostuvo que la violencia registrada de forma reciente en la entidad obedece a la lucha que libran las bandas de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional; y puso como ejemplo lo ocurrido en Acapulco, Guerrero, donde estos problemas han dejado un saldo de 58 personas ejecutadas en lo que va de 2017.
Sin embargo, al margen de lo que ocurre en otros lugares del país, en Veracruz la percepción ciudadana sobre el creciente problema de la inseguridad y la violencia se mantiene vigente a pesar del cambio de gobierno.
De tal magnitud es el problema en la entidad, que los mandatarios de otros estados han pedido la intervención de la federación para reforzar la seguridad en los límites territoriales con Veracruz; es el caso,  por ejemplo, de Oaxaca, donde el gobernador Alejandro Murat anunció hace un par de días el programa de blindaje en Tuxtepec, Loma Bonita y Cosolapa, porque –dijo– “estamos siendo víctimas del efecto cucaracha”.
Hoy es muy pronto para exigirle a la presente administración estatal resultados concretos en materia de combate a la delincuencia; Yunes Linares no ha completado su primer trimestre en el cargo; sin embargo, en la medida en que avance el tiempo, la percepción social será un factor que juegue en contra del actual gobierno de la entidad; lo peor que podría ocurrirle es que se extienda la idea de que estamos igual o peor que antes en materia de violencia y delitos.
A la fecha, los únicos datos oficiales son los que consigna el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuya última actualización corresponde a diciembre pasado. En ese mes, ya con Yunes Linares en el gobierno veracruzano, el índice delictivo mantuvo su tendencia, con 3 mil 380 delitos denunciados. Por si fuera poco, en diciembre se registraron 132 homicidios dolosos, la cuarta cifra más alta del año; y 17 secuestros, que convirtieron al primer mes del actual bienio en el peor desde abril de 2014.
Por cierto, el gobernador veracruzano encabezó este domingo la reunión del Grupo Coordinación Veracruz en Las Choapas, zona sur del estado, donde al igual que en otras regiones de la entidad hay quejas por los constantes hechos delictivos.

viernes, 10 de febrero de 2017

Norte de Veracruz, escenarios de sucesión

Luis Alberto Romero

En los procesos municipales, prácticamente no hay alcalde que se resista a intentar dejar un sucesor a modo. Casi todos buscan imponer a familiares, amigos cercanos o colaboradores, con la idea de que sean éstos quienes les cubran la espalda o, en el mejor de los casos, den continuidad al trabajo.
En Papantla, zona norte de Veracruz, por ejemplo, se comenta que el cuestionado alcalde de ese lugar, Marcos Romero Sánchez, intenta a toda costa dejar la presidencia municipal en manos de su hermano, Mariano Romero, como si se tratara de un espacio hereditario.
Habría que recordar que Marcos Romero ha visto frustrada su intención de colocar a otros miembros de su familia en cargos de elección popular.
En ese municipio, el alcalde tiene un fuerte enfrentamiento con el síndico único, Galdino Diego Pérez, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones algunas irregularidades en las cuentas del munícipe.
Incluso, Galdino Diego ha declarado que el alcalde orquestó un bloqueo, con el apoyo de la mayoría de los ediles, para que de forma arbitraria limitaran  las facultades que la ley establece para la sindicatura.
Por cierto, nos confirman que en Papantla, José Manuel del Río Virgen será el abanderado del Movimiento Ciudadano a la alcaldía; en tanto que el Partido del Trabajo postularía al comunicador Hilarión Abad, quien tiene a su cargo los noticiarios locales de grupo Radiorama.
Muy cerca de ese lugar, en Tihuatlán, el alcalde perredista Gregorio Gómez Martínez también busca heredar el cargo a un incondicional; en este caso, se trata del tesorero Raúl Hernández Gallardo; sin embargo, en Acción Nacional ya levantó la mano el ex presidente municipal José Romero Alarcón.
Pepe Romero es un empresario que desde hace años ha trabajado en Acción Nacional en ese lugar; se dedica al ramo de la maquinaria y las autopartes y goza de prestigio en su municipio, donde ganó la contienda en 2010, recuperando para su partido ese ayuntamiento. Su problema, sin embargo no pasa por la imagen pública, que es muy superior a la del actual alcalde, sino por los términos de la negociación entre el PAN y el PRD, dado que será este último partido el que designe al abanderado a la alcaldía.
En Poza Rica, mientras tanto, la única candidatura segura es la del ex secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, por el Movimiento Ciudadano. La alianza PAN-PRD baraja seis cartas probables, aunque parece que lleva mano el diputado federal con licencia Leonardo Amador Rodríguez, quien en 2015 dio la sorpresa al derrotar al PRI; también se han mencionado los nombres del empresario César Ulises Rivera Garza; del ex alcalde y ex dirigente magisterial Guadalupe Velázquez Casanova; de la empresaria del ramo hotelero Cecilia Uresgi Villegas; del médico Fausto Cabrera Dávila y de la activista por la equidad de género Diana Álvarez.
Más al norte, en Álamo, el presidente municipal, Ricardo Arturo Serna Barajas, hace lo propio: impulsa la probable candidatura de Roberto Cortés Hernández, quien fuera abanderado de Acción Nacional a la diputación federal en 2015, quedando muy cerca, a cinco mil votos, del actual legislador Alberto Silva Ramos.
Con la posible postulación de Roberto Cortés, el actual alcalde de Álamo le cierra el paso al empresario Raúl Monroy.
Así se mueven las cosas en la política del norte de Veracruz, donde la mayoría de los alcaldes han decidido meter las manos en el proceso sucesorio, a fin de ubicar en posiciones clave a sus amigos, aliados e incondicionales.
Desde la zona norte también nos comentan que es prácticamente un hecho la postulación de Francisco Arango Graña a la presidencia municipal.
Se trata de un odontólogo que ha estado muy vinculado al sistema de salud pública; fue jefe de la Jurisdicción Sanitaria y hasta hace poco se desempeñó como director del hospital del Issste, cargo al que renunció de manera reciente para estar en condiciones de buscar la alcaldía.
A diferencia de otros aspirantes, Paco Arango no sólo nació en Tuxpan, sino que ha pasado toda su vida en ese lugar, donde fue síndico del ayuntamiento luego de que desde el anterior gobierno estatal lo sacaron de la contienda interna priista para la selección de candidato, a fin de imponer en el cargo al hoy diputado Alberto Silva; en ese contexto, Arango Graña llegó a la sindicatura en 2010, desde donde tejió una red de apoyo en colonias y comunidades, trabajo que hoy busca aprovechar para suceder a Raúl Ruiz Díaz.
Nos aseguran que los grupos hegemónicos en el priismo estatal ya habrían definido su apoyo para Francisco Arango Graña en Tuxpan. @luisromero85

jueves, 9 de febrero de 2017

Martínez, el engaño al Orfis

Luis Alberto Romero

El pasado fin de semana, un grupo de reporteros de Martínez de la Torre realizó un ejercicio periodístico que consistió en hacer lo que se observa como una obligación del órgano responsable de la fiscalización y la revisión del ejercicio del presupuesto de las instancias gubernamentales, el Orfis: recorrieron algunas obras que el ayuntamiento que preside Rolando Olivares Ahumada reportó como concluidas y pagadas, pero se encontraron con que los trabajos no estaban terminados.
El ayuntamiento se apresuró a desmentir lo que los reporteros documentaron cruzando la información derivada de la página de internet del Orfis (el reporte del avance de obra del propio gobierno municipal), con los testimonios de los habitantes, y con la supervisión física de los lugares que supuestamente fueron beneficiados.
Ante la contundencia de los señalamientos, el ayuntamiento de ese lugar sólo atinó a negar lo que fue evidente; y señaló a la diputada local por ese distrito, María Elisa Manterola, por supuestamente entorpecer la transformación y el avance del municipio.
Este miércoles, la legisladora panista, quien preside la Mesa Directiva en el Congreso local, abordó el tema y argumentó que ante las denuncias ciudadanas es necesario que tanto la Comisión de Vigilancia como el Órgano de Fiscalización Superior intervengan en el caso.
Subrayó que algunas obras fueron reportadas por el ayuntamiento como si estuvieran al 100 por ciento en avance físico y financiero; es decir, concluidas y pagadas, pero no fueron terminadas, lo que constituye una irregularidad que debe ser investigada y sancionada.
Puso algunos ejemplos: obras en las calles Guillermo Prieto (más de 791 mil pesos); Jorge Todd (1 millón 978 mil pesos); y Miguel Hidalgo (1 millón 384 mil pesos); así como en la Río Pánuco (poco más de 2 millones 32 mil pesos).
Esas obras tienen un común denominador, fueron reportadas como terminadas pero no lo están.
La legisladora local sostuvo, en una conferencia de prensa, que el alcalde Rolando Olivares aceptó en una entrevista que las obras se están realizando y que el retraso de las mismas obedece a que los recursos económicos no llegaron a tiempo. Ese fue, en síntesis, el problema del frágil argumento del edil: si las obras apenas se construyen ¿Por qué fueron reportadas al Orfis como terminadas?.
Pues bien, ese enredo en el que cayó Olivares Ahumada, derivado de la evidente pobreza de argumentos, fue llevado a la Legislatura por la diputada María Elisa Manterola. Sin embargo, es probable que las acusaciones de la legisladora sólo puedan acreditar una irregularidad relativamente menor: la falsedad en el reporte del ayuntamiento de Martínez de la Torre al Orfis, dado que esas obras corresponden al ejercicio 2016, que todavía no pasa a revisión; en pocas palabras, si el gobierno municipal termina las obras citadas y las entrega a los beneficiarios podría librarla sin más consecuencias que una sanción económica por la falsedad, la mentira.
El problema es que el caso presentado por Manterola Sainz es suficiente para que las auditorías y revisiones a ese gobierno municipal, por parte del Orfis, sean mucho más estrictas.
Con un gobierno municipal políticamente disminuido, dado que su más importante alianza es con el desgastado diputado federal Edgar Spinoso Carrera, Rolando Olivares se encuentra hoy contra las cuerdas.

lunes, 6 de febrero de 2017

La presencia de China en el norte veracruzano

Luis Alberto Romero

Ante la crisis financiera de los ayuntamientos veracruzanos, provocada en gran medida por el hecho de que las participaciones federales no fueron liberadas por la Secretaría de Finanzas del anterior gobierno del estado, fue evidente la parálisis de muchos gobiernos municipales de la entidad, que comenzó a observarse durante el segundo semestre del año pasado y que se profundizó a partir de noviembre.
Como se recuerda, prácticamente todos los ayuntamientos de la entidad protestaron en el último trimestre de 2016 por ese recorte y por el presunto desvío de los recursos que correspondían a los municipios. Los priistas, por ejemplo, se trasladaron a la Ciudad de México, donde sostuvieron reuniones en el Senado de la República y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Panistas y perredistas literalmente tomaron Palacio de Gobierno y Casa Veracruz, como medida de presión para que el gobierno estatal entregara el dinero que retuvo indebidamente.
Al margen de las acciones realizadas por los alcaldes para recuperar el dinero que fue desviado por el gobierno estatal, valdría la pena comentar que, de forma paralela a esas gestiones, en algunos casos los ediles determinaron recortar gastos, reducir sus expectativas en materia de obra pública y acciones de gobierno, o bien adelgazar la nómina y despedir a funcionarios cuya labor no resultaba estrictamente necesaria para el funcionamiento de la administración municipal.
Sin embargo, muy pocos ayuntamientos acompañaron esas acciones de reducción del gasto con un trabajo de fomento a la inversión, para reactivar la economía local.
Un ejemplo de dicho trabajo está en la zona norte de Veracruz, en Tuxpan, donde el gobierno municipal ha aprovechado bien las ventajas de una ubicación geográfica privilegiada, y de la operación de un puerto cercano al altiplano, para buscar empresas que realicen nuevas inversiones y generen empleos.
El pasado viernes 3, por ejemplo, el ayuntamiento de Tuxpan, que encabeza Raúl Ruiz Díaz, recibió al embajador de la República Popular China en México, Qiu Xiaoqi, diplomático en cuya agenda tienen una presencia importante los temas de la relación entre ese país oriental y América Latina, y la mayor cooperación en turismo entre China y México.
El embajador chino y el alcalde tuxpeño sostuvieron una reunión en la que hablaron de las oportunidades de inversión en Tuxpan y, en general, en la zona norte de Veracruz; y de la promoción turística y cultural.
En el encuentro, Qiu Xiaoqi manifestó que los empresarios e inversionistas ven a Tuxpan como un municipio en desarrollo y con potencial para la inversión; asimismo, ponderó la riqueza natural y cultural de la huasteca y de forma particular del citado municipio. Dijo que ese lugar no debe perderse de vista, dada su cercanía a la Ciudad de México, que se beneficia con la autopista.
“Tuxpan es una ciudad que está en pleno desarrollo y vemos muchas posibilidades de cooperar… además, estamos aquí para establecer una amistad con el gobierno de Tuxpan”, apuntó el diplomático, quien señaló que ese municipio es un ejemplo de desarrollo.
Pues bien, haciendo a un lado las potenciales inversiones, así como la relación comercial y el fomento al turismo, lo importante es destacar el hecho de que ante la crisis económica, el gobierno municipal de Tuxpan no se cruzó de brazos ni limitó su funcionamiento únicamente al tema de la obra pública.
La visita de Qiu Xiaoqi a ese puerto veracruzano es un ejemplo de lo que las autoridades locales pueden hacer para compensar la falta de recursos: promover a sus municipios como destino para la inversión privada y el turismo.
En fin, esperemos que ese trabajo se refleje en el futuro en la generación de empleos y en la reactivación económica de ese municipio, y de la zona norte en general.

miércoles, 1 de febrero de 2017

Control político a billetazos

Luis Alberto Romero

En el proceso de solución al conflicto derivado del cierre de las válvulas de la presa Yuribia, en la zona sur de la entidad, el gobernador Miguel Ángel Yunes señaló que la administración Duarte cedió al chantaje de los ejidatarios de Tatahuicapan y terminó por entregar dinero en efectivo a cambio de que los manifestantes no interrumpieran el suministro de agua a la población de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
Yunes Linares informó el pasado 5 de enero que el gobierno de la entidad, la administración pasada, entregó al grupo que encabeza Lino González algo así como 60 millones de pesos, de lo que quedó constancia en las minutas firmadas por funcionarios estatales.
Se infiere entonces que si el grupo de Tatahuicapan no cerraba las válvulas de la presa Yuribia no fue porque el gobierno estatal haya cumplido con su obligación de hacer valer el estado de derecho, sino porque Javier Duarte determinó ceder al chantaje y entregar no sólo dinero en efectivo –algo irregular, anómalo– y hasta plazas en el sistema municipal de agua de Coatzacoalcos.
Al llegar la presente administración, el grupo de Lino González intentó realizar las mismas medidas de presión, pero se topó con la negativa del ejecutivo estatal, que no cedió al chantaje y utilizó a la fuerza pública como instrumento para evitar las afectaciones a una población cercana a los 500 mil habitantes.
El tema de la entrega de dinero público, en efectivo, del gobierno estatal a grupos campesinos y políticos resurgió ahora, cuando el gobernador veracruzano declaró que algo similar ocurrió con la organización denominada “Movimiento de los 400 Pueblos”, encabezada por Cesar del Ángel Fuentes, recluido desde el pasado 27 de enero.
De acuerdo con dicha versión, el dirigente de esa agrupación recibía dinero por manifestarse, unos 40 millones de pesos anuales, que salían del erario público y que, por cierto, hubieran servido para fines más benéficos a la sociedad, como la reparación de escuelas.
El anuncio de Yunes Linares sobre la relación del anterior gobierno estatal con los 400 Pueblos no resulta sorpresivo, como no lo es la captura del dirigente de dicha organización. Desde hace años había trascendido que la administración de Duarte de Ocho financiaba a Cesar del Ángel, que era usado para manifestarse contra los enemigos del entonces gobernador.
Ya había trascendido, también, el hecho de que las personas que se desnudaban en las protestas de esa agrupación no lo hacían por convicción, sino por necesidad; es decir, recibían dinero a cambio. Tal vez la única novedad sean los montos de ese financiamiento.
En todo caso, lo lamentable es que existan organizaciones campesinas, sociales y políticas que lucren con la necesidad y con la miseria de esa gente; censurable también es el que el gobierno estatal se haya prestado a ello, y destinado recursos para estos fines, porque, por ejemplo, sólo entre los 400 Pueblos y los ejidatarios de Tatahuicapan ya se fueron más de 100 millones de pesos de los veracruzanos, en una entidad con los problemas financieros que enfrenta Veracruz.
Por otro lado, es evidente que cuando el control político se basa en cañonazos de billetes, es más falso que una moneda de tres pesos… y así quedó demostrado en la zona sur del estado. Finalmente, cualquiera controla organizaciones, incluso gana elecciones, cuando la estrategia se basa en el reparto de dinero y prebendas; en problema es que ese control político es ficticio y, por tanto, resulta inútil y se pierde tarde o temprano, como quedó demostrado en Veracruz.

Emiliano Zapata, la disputa por la municipal

En el municipio de Emiliano Zapata, los grupos están en pleno proceso para renovar el ayuntamiento que actualmente encabeza Daniel Olmos García.
En ese lugar, nos dicen, con el apoyo del alcalde, el ex dirigente priista Daniel Baizabal González podría imponerse en la selección interna del candidato de la alianza PAN-PRD.
Daniel Balzabal, ex síndico de ese ayuntamiento y ex aspirante a la diputación local y a la alcaldía, dejó recientemente el PRI y hoy podría estar cerca de la postulación como candidato de PAN-PRD, con el apoyo de un sector del perredismo veracruzano; se comenta que entre sus principales promotores estaría el ex diputado Celso Pulido Santiago, con fuerte presencia en el perredismo estatal.
Mientras eso ocurre en PAN-PRD, al interior del PRI todo parece indicar que el abogado Conrado Báez Andrade logrará sin mayores problemas la candidatura a la alcaldía.
Conrado Báez ya fue regidor de ese ayuntamiento; vive en la comunidad de La Estanzuela y, al igual que Daniel Baizabal, esta no sería la primera vez que busca la presidencia municipal.
Báez Andrade cuenta con el apoyo de un grupo que por años mantuvo el control político municipal, el encabezado por la ex alcaldesa y ex cabeza de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, Bertha Hernández, cuadra de la que salió el ex presidente municipal y ex diputado local Ernesto Hernández.
En Emiliano Zapata una importancia determinante tendrán las comunidades de Rinconada, La Estanzuela, El Carrizal y Pacho Nuevo, así como las más de 20 nuevas colonias que se ubican en la zona conurbada con Xalapa.
En este lugar se anticipa desde ahora una escenario de fuerte competencia electoral porque los dos grupos, PAN-PRD por un lado, y PRI por el otro, cuentan con recursos y estructura.

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...