miércoles, 24 de mayo de 2017

Daniel Zairick, del plagio al escarnio público

Luis Alberto Romero
De risa, el capítulo que protagonizó el candidato de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Orizaba, Daniel Zairick Aboumrad, quien lanzó un video en el que, literalmente, plagia un mensaje del presidente argentino Mauricio Macri.
El panista no tuvo empacho en copiar, palabra por palabra, incluso con el mismo ritmo de lectura, el mensaje del jefe de estado argentino. Lo único que cambia en el video es el acento.
El candidato de la alianza PAN-PRD intentó controlar el daño que provocó a su imagen dicha estulticia, y convocó a una rueda de prensa para decir que no sabía que el discurso era una vil calca.
Dijo Daniel Zairick que sólo fue un mensaje motivacional y que sus propuestas no son copia de ninguna otra campaña nacional o extranjera. Simplemente su equipo de promoción, sus estrategas en manejo de medios, le presentaron el mensaje; al candidato le gustó y decidió grabarlo.
El problema para el abanderado de la citada coalición es que no faltó quien comparó su mensaje con el de la campaña de Macri y se percató de que el de Orizaba recurrió al plagio para expresar una idea.
Por supuesto, el video fue bajado de las redes, en tanto que la pequeña empresa que fue contratada por el abanderado del albiazul para la selección de los mensajes y la grabación de los videos fue despedida, porque además dejó a su candidato en condición de hazmerreír… y no hay nada peor para un político que exponerse al ridículo y al escarnio público.
El siguiente video de Daniel Zairick, bromean el Orizaba, será a ritmo de tango y compartiendo un asado. @luisromero85

Eva, Tarek y Silva

Luis Alberto Romero
El caso de la diputada local Eva Cadena Sandoval, de Morena, se observa mucho más claro, en cuanto al desenlace probable, que el de los legisladores federales priistas Alberto Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá Saad, ex secretario de Desarrollo Social y ex vocero del gobierno veracruzano, el primero; y ex tesorero de la Secretaría de Finanzas durante la administración de Javier Duarte, el segundo.
De los tres, parece que únicamente a la de Las Choapas la abandonó su partido; porque la solicitud de juicio de procedencia contra Tarek Abdalá no registra avance alguno, en tanto que la petición de desafuero contra Silva Ramos no ha llegado a San Lázaro.
Ricardo Ramírez Nieto, diputado presidente de la Sección Instructora y secretario de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara Baja, dio a conocer que Eva Cadena todavía no comparece ante la Legislatura federal para responder por los señalamientos en su contra; este miércoles vence el plazo.
El caso de Eva Cadena es la crónica de un desafuero anunciado; en los órganos jurisdiccionales hay consenso y en su ex partido, Morena, no existe la mínima intención de cubrir el costo político que significaría esa defensa.
Por otro lado, las acusaciones contra Tarek Abdalá Saad no han prosperado; el expediente sigue detenido y en torno a ese asunto circulan versiones en el sentido de que el PRI estaría frenando el desafuero, al menos hasta que pase la jornada electoral del cuatro de junio próximo.
Para Alberto Silva, la captura de su antecesora en Comunicación Social, Gina Domínguez, significó una mala noticia, en virtud de que comparte acusaciones con la ex presidenta de la Fundación Colosio, hoy recluida en Pacho Viejo.
Sobre el asunto de Silva Ramos, se sabe que de un momento a otro la fiscalía veracruzana presentaría la solicitud de desafuero correspondiente.
La diferencia entre los tres –Eva, Tarek y Silva– radica básicamente en el respaldo de sus respectivos partidos; Cadena Sandoval está sola, no cuenta con asidero, en tanto que los priistas contarían, se dice, con vínculos políticos que podrían impedir que la solicitud de desafuero prospere, a pesar de que los señalamientos que se les imputan son mucho más graves que los que tiene encima la ex candidata a la alcaldía de Las Choapas.

martes, 23 de mayo de 2017

Duarte, Gina y el impacto al PRI

Luis Alberto Romero
La ex coordinadora de Comunicación Social y ex vocera de la administración de Javier Duarte, Gina Domínguez Colío, se mostraba confiada en que difícilmente sería llamada a cuentas por la justicia. Por ello no huyó, como lo hicieron otros personajes que ocuparon cargos más o menos relevantes en dicho gobierno.
A pesar de que todas las señales estaban en contra y mostraban el inminente final de algunos de los ex colaboradores de Duarte de Ochoa, Gina Domínguez optó por quedarse en Xalapa, con todo el riesgo que implicaba dicha decisión para sus días en libertad.
Unos días antes de la captura del ex gobernador, registrada en Guatemala, este reportero habló con uno de los ex colaboradores del área de Comunicación Social; el ex funcionario decía que Gina Domínguez había cambiado su número de teléfono celular y que sólo respondía llamadas de algunas personas, a quienes consideraba sus amigos y cercanos. –¿No tiene miedo?. –Parece que no; dice que antes que ella, hay al menos otros veinte.
La captura del ex mandatario veracruzano, sin embargo, significó el foco rojo para Domínguez Colío y para una docena de ex funcionarios estatales.
Cinco semanas después del anuncio de las autoridades sobre la detención de Duarte de Ochoa, la ex vocera corrió con la misma suerte que su jefe.
A Gina Domínguez le fue impuesto un año de prisión preventiva, con lo que se convierte en un caso más de un ex funcionario duartista que permanece internado en el penal de Pacho Viejo. Recordamos que antes que ella, los ex titulares de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; de la desaparecida Secom y de Caev, Francisco Valencia García; Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo; y Gobierno, Flavino Ríos Alvarado (aunque fue liberado unos días después) pisaron dicho centro de readaptación, al igual que Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular.
Eso sin contar con el líder del sindicato de Tamsa, Pascual Lagunes; y el dirigente de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes.
En capilla, nos dicen, estaría también el diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, quien ocupó la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Comunicación Social, sucediendo precisamente a Domínguez Colío, durante la administración Duarte.
No son los únicos, lo más probable es que otros ex funcionarios estatales, algunos de los cuales gozan actualmente de fuero, son vinculados e investigados por presuntos actos de corrupción.
Por otro lado, hay una arista en el asunto relacionado con esas capturas que todavía no se mide en su justa dimensión: el impacto que ello ocasionará en las expectativas de los candidatos del PRI a las presidencias municipales.
Unas tres semanas antes del arranque de las campañas, el ex gobernador Duarte fue detenido y exhibido como ejemplo nacional de corrupción, delincuencia y mal gobierno. Después, justo en medio del periodo proselitista de los candidatos a las alcaldías, la ex vocera también fue apresada; y se anticipa que en cualquier momento, la Fiscalía General del Estado, en cuya cancha está la pelota de los expedientes, las denuncias y la suerte de los ex funcionarios, presente la solicitud de juicio de procedencia contra el diputado Alberto Silva Ramos.
Así, como para controlar el potencial daño de dicho escenario, los dirigentes y representantes priistas han externado que los procesos judiciales contra los más prominentes miembros del grupo que gobernó la entidad de 2010 a 2016 no afectarán al tricolor. Ello, sin embargo, se observa sumamente complicado porque no sólo hay ex funcionarios, sino un ex dirigente estatal del partido, Alberto Silva, y una ex presidenta de la Fundación Colosio, Gina Domínguez.
Esos factores de desprestigio del partido y de indignación social contra todo lo que huela a Javier Duarte hacen que se vuelva predecible la derrota priista en la presente contienda por las alcaldías veracruzanas.

lunes, 22 de mayo de 2017

Veracruz, en el medallero de los delitos electorales

Luis Alberto Romero
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, dio a conocer que durante el presente proceso electoral, en los estados de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, se han iniciado 10 averiguaciones previas y 205 carpetas de investigación.
En total, la Fiscalía reporta 215 hechos investigados en el periodo de septiembre al 14 de mayo del presente año. Hay, además, 192 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Un trabajo periodístico difundido por el diario Milenio consigna la estadística de los delitos electorales en el presente proceso; asimismo, apunta que la incidencia delictiva se ubica en 1.3 por ciento.
Entre las cuatro entidades del país con mayor incidencia, Veracruz se ubica entre los punteros, con cuatro puntos porcentuales.
La entidad veracruzana acumula en el presente proceso 328 denuncias por presuntos delitos electorales, cifra sumamente alta considerando que entre los cuatro estados que tienen elecciones suman 607.
Más de la mitad de las acusaciones por este tipo de ilícitos tiene su origen en el proceso para la renovación de los ayuntamientos veracruzanos; y eso que la etapa más álgida de la elección local apenas está por comenzar; se espera, en ese contexto, que en la recta final de los presentes comicios locales, el número de las denuncias por delitos electorales se dispare tanto en Estado de México como en Veracruz.
Por otro lado, este domingo, la Procuraduría General de la República, a través de Fepade, informó que en los sistemas Fepadetel y Fepadenet, pare la recepción de acusaciones y denuncias por presuntos delitos electorales, ha recibido 427 llamadas y 592 correos electrónicos.
De las llamadas que recibió la Fepade, 64.5 por ciento correspondieron al Estado de México; 17.1 por ciento a Coahuila; y 14.6 por ciento a Veracruz.
En cuanto a las denuncias por correo electrónico, de las 592 acusaciones, 64 fueron recibidos de Coahuila; 379 del Estado de México; 15 de Nayarit; y 134 de Veracruz.
Esperemos ahora que no se repitan hechos tan lamentables como el llamado Bocagate, que en marzo de 2013 se convirtió en escándalo nacional por la filtración de un video que correspondió a una reunión de priistas que dejó en evidencia la manera en la que pretendían condicionar apoyos asistenciales de la Sedesol.
Del llamado “oro molido” (frase que utilizó el ex alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur, muy cercano al ex gobernador Javier Duarte, para referirse a los padrones de beneficiarios de la Sedesol) a la fecha, han pasado más de 4 años.
El presente proceso electoral veracruzano es una buena oportunidad para recordar ese negro episodio de la historia electoral del estado, a fin de que los actores políticos eviten la tentación de violar la ley para inclinar la balanza.

miércoles, 10 de mayo de 2017

Un cochinero llamado PES

Luis Alberto Romero
Aspirantes a diversas candidaturas del Partido Encuentro Social, PES, a presidencias municipales se dicen engañados, utilizados y traicionados por su dirigente estatal, Gonzalo Guízar Valladares.
Se trata de personas que trabajaron para dicha fuerza política en anteriores procesos electorales y que recibieron de su dirigencia la promesa de candidaturas a las alcaldías este año; incluso, algunos de ellos dispusieron de su patrimonio para hacer crecer a Encuentro Social en pasados procesos, recibiendo únicamente compromisos incumplidos, tratos indignos y hasta amenazas.
Maribel Huber Serna ya fue candidata a la diputación federal del PES por el distrito de Córdoba; no obtuvo una mala votación tomando en cuenta al partido que la abanderaba; en esa campaña gastó, apunta, casi dos millones de pesos; este año, la dirigencia estatal del partido le alentó para que buscara la alcaldía; realizó el trabajo de precampaña para que al final ese instituto político le diera las gracias para postular a Georgina Aguilar.
Huber Serna afirma que dicha candidatura obedece a un intento de Guízar Valladares para favorecer al Partido Revolucionario Institucional y su candidato, Luis Díaz Barriga.
La ex candidata de Encuentro Social terminó por renunciar a dicho partido hace unos días; hoy asegura que denunciará a Gonzalo Guízar por la venta de candidaturas y por el proceso interno amañado; de igual forma, agrega que recurrirá a las instancias judiciales para acusar al legislador federal y actual dirigente estatal por daño moral.
Un caso similar ocurrió muy cerca de Xalapa, en el municipio de Las Vigas donde Sara Ramón Cortina, ex aspirante del PES a la alcaldía del lugar, dice temer por su integridad y la de su familia, tras las amenazas que habría recibido por parte de los dirigentes partidistas.
Lo de menos, señala la mujer, “es el dinero que gasté en el proceso; lo que verdaderamente me preocupa es que vayan a cumplir sus amenazas”
Sara Ramón Cortina apunta que el PES le vio a cara a varios aspirantes, quienes dieron dinero a una empresa recomendada por el partido para que se encargara de la propaganda de campaña; muchos ni siquiera fueron candidatos y aun así entregaron, en el caso de municipios pequeños, sesenta mil pesos a cambio de nada.
En Las Vigas, el PES hizo a un lado a su más activa promotora y decidió postular como candidato a Efraín Rodríguez Ruiz, quien perdió la contienda interna del PAN.
La hoy ex aspirante del PES a la candidatura por Las Vigas era oficial del Registro Civil en Altotonga; renunció al cargo para contender por la presidencia municipal, vendió un taxi, gastó más de 300 mil pesos y al final, ni candidatura ni dinero ni trabajo.
Luego de excluir a Sara Ramón, el dirigente estatal del partido explicó que a varias aspirantes no las habrían dejado participar sus maridos, a lo que la mujer respondió que ella ni siquiera cuenta con pareja.
Algo parecido pasó en San Rafael, donde también hay quejas de los pocos militantes del partido que en Veracruz controla Gonzalo Guízar: a Carlos García le prometieron la candidatura; invirtió tiempo y dinero, convenció a algunas personas del lugar para integrar la planilla, para que al final el partido determinara no postular a nadie.
El ex aspirante de San Rafael señala que “el dirigente estatal del PES ha dicho que este es el partido de la familia; pero creo que se refería a la familia Guízar Valladares, que parece tener escriturada la franquicia en el estado”.
En ese contexto, recordó que, por ejemplo, la parentela de Guízar Valladares está incrustada en el partido y que, incluso, un hermano del dirigente estatal de esa fuerza política, Luis Fernando Guízar, va como candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos.
En 2015, Encuentro Social tuvo en Veracruz poco más de 55 mil votos, 2.25 por ciento, que ya es muy bajo; en 2016, con Pipo Vázquez como candidato a gobernador, la cosecha del PES fue inferior a 34 mil sufragios, 1.11 por ciento, de tal manera que en un año, esa desnutrida fuerza política perdió más de 20 mil votos.

El problema para ese partido es que de seguir las cosas como van, lo más probable es que el PES termine todavía más empequeñecido y anémico en Veracruz. @luisromero85

domingo, 7 de mayo de 2017

Piden fin al saqueo en Papantla

En la zona norte del estado, las campañas proselitistas por las presidencias municipales iniciaron con más dudas que certezas.
En Papantla, el candidato del Movimiento Ciudadano (MC), José Manuel del Río Virgen, arrancó en las primeras horas del pasado martes con un mensaje que tuvo dedicatoria al actual edil de ese municipio: “una auditoría al gobierno que encabeza Marcos Romero Sánchez y poner fin al saqueo y despilfarros que encabeza junto a su familia”.
Del Río Virgen dijo que el alcalde papanteco, apoyado por PAN-PRD, Verde Ecologista y Morena, busca perpetuarse en el poder local.
En ese municipio circula la versión de que Marcos Romero, en su afán por conservar el ayuntamiento, habría comprado la franquicia y el control del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que en ese lugar postuló como candidato a Erick Domínguez Vázquez, identificado hasta hace poco con el Partido Verde y con el propio alcalde, quien también logró colocar a su sobrino, Mariano Romero, como abanderado de la alianza PAN-PRD. En pocas palabras, por aquello de las dudas, el edil papanteco juega con dos cartas.
En Papantla el PRI pasó las de Caín para conseguir candidato, dado que simplemente no había aspirantes. Al final, el tricolor convenció a Jeanny Arroyo Ruiz, ex diputada y esposa del ex alcalde Jesús Cienfuegos, quien concluyó su administración con más pena que gloria.
En ese municipio, otro ex alcalde busca un segundo periodo; sin muchas probabilidades, Bonifacio Castillo Cruz, ex inquilino de Pacho Viejo, va por el Partido del Trabajo.
Mientras tanto, en Poza Rica, Cesar Ulises Rivera Garza busca a toda costa ganar una elección, ahora por la alianza entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; en su caso sería la primera victoria en las urnas luego de dos intentos frustrados.
El problema para el empresario farmacéutico es que su candidatura sigue impugnada por el actual diputado federal con licencia Leonardo Amador Rodríguez, quien muy en corto ha comentado que si no es candidato a la presidencia municipal, al menos evitará que su adversario en la interna gane la contienda.
En Poza Rica se dice que Leonardo Amador podría impulsar al Movimiento de Regeneración Nacional, dado que uno de los principales colaboradores del diputado federal, Heberto Baños, es compadre del abanderado del partido de López Obrador, Francisco Javier Velásquez Vallejo.
Esa división, nos dicen, podría beneficiar a la candidata del PRI-Verde, Diana Álvarez Salas, quien por desconocida no parece tener más punto débil que el abanderar a un partido sobre el que pesa tanto descrédito.
En ese municipio petrolero, la contienda es de pronóstico reservado y podría irse a cuartos, entre Rivera Garza, de PAN-PRD; Pablo Anaya, del MC; Velásquez Vallejo, de Morena; y Álvarez Salas, del PRI.

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...