Luis Alberto Romero
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, Fepade, dio a conocer que durante el presente proceso electoral,
en los estados de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, se han iniciado 10
averiguaciones previas y 205 carpetas de investigación.
En total, la Fiscalía reporta 215 hechos investigados en
el periodo de septiembre al 14 de mayo del presente año. Hay, además, 192
órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Un trabajo periodístico difundido por el diario Milenio consigna
la estadística de los delitos electorales en el presente proceso; asimismo, apunta
que la incidencia delictiva se ubica en 1.3 por ciento.
Entre las cuatro entidades del país con mayor incidencia,
Veracruz se ubica entre los punteros, con cuatro puntos porcentuales.
La entidad veracruzana acumula en el presente proceso 328
denuncias por presuntos delitos electorales, cifra sumamente alta considerando
que entre los cuatro estados que tienen elecciones suman 607.
Más de la mitad de las acusaciones por este tipo de
ilícitos tiene su origen en el proceso para la renovación de los ayuntamientos
veracruzanos; y eso que la etapa más álgida de la elección local apenas está
por comenzar; se espera, en ese contexto, que en la recta final de los
presentes comicios locales, el número de las denuncias por delitos electorales se
dispare tanto en Estado de México como en Veracruz.
Por otro lado, este domingo, la Procuraduría General de la República, a través de Fepade, informó que en
los sistemas Fepadetel y Fepadenet, pare la recepción de acusaciones y
denuncias por presuntos delitos electorales, ha recibido 427 llamadas y 592
correos electrónicos.
De las
llamadas que recibió la Fepade, 64.5 por ciento correspondieron al Estado de
México; 17.1 por ciento a Coahuila; y 14.6 por ciento a Veracruz.
En cuanto a
las denuncias por correo electrónico, de las 592 acusaciones, 64 fueron
recibidos de Coahuila; 379 del Estado de México; 15 de Nayarit; y 134 de
Veracruz.
Esperemos ahora que no se repitan hechos tan lamentables
como el llamado Bocagate, que en marzo
de 2013 se convirtió en escándalo nacional por la filtración de un video que
correspondió a una reunión de priistas que dejó en evidencia la manera en la
que pretendían condicionar apoyos asistenciales de la Sedesol.
Del llamado “oro molido” (frase que utilizó el ex alcalde
de Boca del Río, Salvador Manzur, muy cercano al ex gobernador Javier Duarte,
para referirse a los padrones de beneficiarios de la Sedesol) a la fecha, han
pasado más de 4 años.
El presente proceso
electoral veracruzano es una buena oportunidad para recordar ese negro episodio
de la historia electoral del estado, a fin de que los actores políticos eviten
la tentación de violar la ley para inclinar la balanza.
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