jueves, 23 de marzo de 2017

Veracruz, las cifras de la violencia y el delito

Luis Alberto Romero

La tragedia de Veracruz en cuanto a violencia e incidencia delictiva no se ha frenado; las estadísticas oficiales consignan la dramática realidad que hoy padecen los veracruzanos.
El reporte de las autoridades, basado en las denuncias presentadas o las carpetas de investigación abiertas en los ministerios públicos, señala que en el periodo de enero y febrero del presente año hubo en Veracruz 261 víctimas de homicidio doloso y 38 de privación ilegal de la libertad.
En secuestro, no hay una entidad del país que tenga cifras tan alarmantes: Tamaulipas aparece con 35; y Estado de México, con 32. Sólo esos tres estados acumulan casi la mitad de los casos nacionales, que son 217.
De mantenerse la tendencia que presenta Veracruz este año, en los delitos de homicidio doloso y privación ilegal de la libertad, el índice al finalizar 2017 podría ser muy superior al que presentó la entidad el año pasado, cuando se denunciaron 142 secuestros y mil 522 asesinatos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de la incidencia delictiva, correspondientes a febrero del presente año.
Si bien el reporte consigna una reducción en los ilícitos cometidos en la entidad veracruzana, prácticamente no hay una disminución en delitos como el homicidio doloso y la privación ilegal de la libertad.
En el ámbito nacional, durante febrero se cometieron poco más de 135 mil 700 hechos delictivos; de ellos, mil 838 fueron asesinatos dolosos, en tanto que durante los 28 días de febrero las procuradurías estatales consignaron 92 secuestros.
En Veracruz, en el mismo periodo, febrero del presente año, se consignaron tres mil 837 delitos, 109 homicidios dolosos y 13 secuestros.
Todo eso representa, para la entidad, un aumento en los asesinatos, que pasaron de 102 a 109 de enero a febrero, lo cual indica que el promedio de casos durante el primer mes del año fue de 3.2, en tanto que en el mes siguiente llegó a 3.8.
El secuestro conservó la tendencia: un promedio de 0.48 durante enero; y de 0.46 en febrero.
El robo a sucursales bancarias también aumentó: en enero fueron dos y en febrero, tres. Por lo demás, hay una reducción en el número de delitos como el robo, el abigeato, el robo en carreteras, las lesiones y los delitos patrimoniales.
La buena noticia es una disminución considerable, más del 50 por ciento, en los delitos sexuales, ya que las violaciones pasaron de 37 a 17.
En síntesis, el problema para Veracruz, en inseguridad y violencia, se relaciona con homicidios dolosos y secuestros, casillas en las que la entidad no ha registrado avances.
Lamentablemente, las estadísticas de esos dos delitos se mantienen muy altas durante el primer trimestre del bienio en que Miguel Ángel Yunes Linares gobernará el estado. El acumulado de diciembre de 2016 a febrero del presente año, de acuerdo con los datos difundidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y aportados por la propia Fiscalía General del Estado, es de 343 asesinatos dolosos y 45 secuestros; un promedio de casi 115 homicidios y 15 casos de privación ilegal de la libertad cada mes.
Se trata de números que dejan en evidencia la realidad de Veracruz en materia de violencia e índice delictivo, casillas en las que a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la llegada de los refuerzos federales, las cosas siguen igual que el año pasado, incluso peor por la mayor frecuencia y el impacto de los hechos delictivos.
Dato ilustrativo: de los mil 838 homicidios dolosos registrados durante febrero en el ámbito nacional, 109 se produjeron en Veracruz, lo que indica que seis de cada 100 asesinatos de ese tipo ocurrieron en la entidad. En el caso de los secuestros, en todo el país hubo 92; en Veracruz, 13, casi el 15 por ciento del total.
Se trata de información oficial, que refuerza la percepción generalizada sobre una entidad cuya población es víctima de la delincuencia y la violencia.

miércoles, 22 de marzo de 2017

El PAN y los impresentables del duartismo

Luis Alberto Romero

La decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en el sentido de vetar la candidatura de Ricardo García Guzmán a la presidencia municipal de Pánuco tomó por sorpresa a un importante sector del panismo estatal, que daba por hecho la postulación del ex contralor general del estado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
García Guzmán ha consolidado un liderazgo regional en la Huasteca Alta de Veracruz, mismo que se traduce en control político; prácticamente no hay candidatura exitosa por ese municipio que no pase por la aprobación del clan que encabeza el también ex diputado local. Por ello, y sobre todo por una supuesta amistad y cercanía  que le une al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en el panismo estatal se daba por segura esa candidatura.
Sin embargo, el golpe que recibiría Acción Nacional con esa postulación, en términos de imagen y opinión pública, hubiera sido demoledor, dado que García Guzmán ocupó un espacio en el que tuvo que detectar y denunciar las irregularidades en el uso de los recursos públicos durante la administración duartista; y en vez de eso el ex contralor avaló prácticamente todo lo que tenía que ver con ese gobierno, que es probablemente el que acumuló más acusaciones por presuntos actos de corrupción.
En ese sentido, fueron cada vez más fuertes e incisivas las críticas contra Acción Nacional. El argumento de quieres rechazaron esa postulación podría resumirse así: el PAN denuncia la corrupción del gobierno de Duarte pero postula al ex contralor de esa administración a una presidencia municipal. Por supuesto, no le falta razón.
Incluso, el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, lanzó un petardo contra el albiazul, al lamentar que ese partido postule como candidatos a personajes cercanos o vinculados al ex gobernador Duarte.
Así, por señalamientos como ese, que ya estaban permeando en la opinión pública, el CEN del PAN decidió cerrar la puerta a García Guzmán e impedir la postulación del ex contralor a la alcaldía panuquense, debido al costo que esa candidatura representaba para el partido y al mensaje que se emitiría al electorado veracruzano con esa decisión.
Así, podríamos decir que la situación para el PAN era insostenible y por ello el partido determinó que no postularía a ningún duartista en las elecciones municipales del presente año. En pocas palabras, no importa si García Guzmán es garantía de triunfo en Pánuco; su candidatura era un mensaje que el panismo nacional quería evitar por el alto costo que hubiera representado dicha postulación.

martes, 21 de marzo de 2017

Caso Ricardo Monlui, indignación y exigencia de justicia

Luis Alberto Romero

El homicidio perpetrado por la mañana del domingo 19 de marzo contra el periodista Ricardo Monlui Cabrera, en Yanga –zona centro de Veracruz- no sólo causó indignación entre el gremio por representar un nuevo agravio, sino que generó comprensibles reacciones de rechazo y condena.
Se trata de un nuevo ataque contra quienes se dedican a la actividad periodística en una entidad que se ha caracterizado desde hace poco más de una década por ser foco rojo para la libertad de expresión y punto peligroso para los reporteros.
Hoy, Veracruz es el estado del país con los más alarmantes casos de agresión contra periodistas. Incluso, hay conflictos armados que registran menos bajas de periodistas que la entidad en los últimos diez años.
A eso se debe la exigencia de justicia en el caso de Ricardo Monlui; no es el primero, aunque todos esperamos que sea el último.
Lo peor es que el asunto del periodista victimado en Yanga podría correr con la misma suerte que otras agresiones que no fueron esclarecidas; a esa desconfianza en el trabajo de las dependencias responsables de procurar justicia se deben, sobre todo, las presiones para que se investigue a fondo y se capture al o los responsables del homicidio.
El escenario indeseable, por supuesto, tiene que ver con que prevalezca la impunidad en éste como en otros casos de agresiones contra quienes se dedican a la actividad de informar.  
Ricardo Monlui era propietario de un portal de internet, El Político, y autor de la columna “Crisol”, que difundía en portales y algunos impresos como El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa, de la Organización Editorial Mexicana. Fue, además, jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC; y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, AC.
El crimen contra Monlui Cabrera se suma a una veintena de asesinatos contra periodistas que se han registrado en los últimos años en Veracruz. De 2011 a 2016, por ejemplo, integraron esa dramática lista nombres como los de Regina Martínez, de la revista Proceso; Anabel Flores Salazar, de El Buen Tono y El Sol de Orizaba; Rubén Espinosa Becerril, reportero gráfico de Proceso y Cuartoscuro; Moisés Sánchez Cerezo, de La Unión; Gregorio Jiménez de la Cruz, de Notisur; Sergio Landa Rosales, del Diario de Cardel; Víctor Manuel Báez Chino, de Reporteros Policiacos (portal que tuvo que cerrar por las amenazas contra sus integrantes); Yolanda Ordaz de la Cruz, de Notiver; Misael López Solana; de Notiver; Migue Ángel López Velasco, Milo Vela, también de Notiver; entre otros, que cayeron durante la administración de Javier Duarte, o que desaparecieron, como Miguel Morales Estrada, de Diario de Poza Rica.
La cifra de las víctimas podría ubicarse en 25, si se cuentan los casos registrados en el sexenio previo a Javier Duarte; es decir, el de Fidel Herrera Beltrán.
Probablemente, por las circunstancias en que se desarrollaron, los casos más emblemáticos de agresiones contra periodistas veracruzanos sean los de Regina Martínez y Rubén Espinosa. Sin embargo, cada uno de los periodistas asesinados constituye un agravio a quienes se dedican a esta actividad y, en general, a la sociedad.
Hoy, Veracruz es visto en los ámbitos nacional e internacional como un estado inseguro para el ejercicio del periodismo; por otro lado, igual de lamentable es la percepción en el sentido de que en la entidad, la impunidad es regla y no excepción.
Hay que recordar que prácticamente ninguno de los asesinatos contra periodistas durante la administración de Javier Duarte quedó resuelto; no hubo detenidos en las etapas en que ocuparon la procuraduría de justicia del estado Reynaldo Escobar Pérez, Felipe Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo Contreras; y ello provocó que organismos pro defensa de los periodistas lanzaran un llamado de alerta.
Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, difundió hace un mes y medio, al iniciar febrero del presente año, que entre todos los países de Latinoamérica, México era el más peligroso para el ejercicio del periodismo, con 99 reporteros asesinados en el periodo de 2000 a 2016. De acuerdo con el reporte “Veracruz: los periodistas frente al estado de miedo”, la entidad acumulaba 19 periodistas victimados; en pocas palabras, casi dos de cada diez casos de homicidio contra comunicadores del país se registraron en la entidad.
Veracruz, resumió el trabajo mencionado, es el lugar más peligroso de América para quienes trabajan en los medios de comunicación.

Así las cosas, es comprensible la indignación que generó el homicidio de Ricardo Monlui, así como la exigencia de justicia de comunicadores, organizaciones no gubernamentales, organismos pro derechos humanos, e instancias de protección al gremio, como la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAPP, o la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas de la Legislatura del Estado, porque este no es el primer caso, sino un eslabón de una muy larga cadena. Hoy, el gobierno estatal y la fiscalía de justicia deben mostrar que, en efecto, las cosas en materia de investigación y castigo a los autores de ataques contra periodistas, han cambiado. Esperemos que eso ocurra y que no se termine por reforzar la percepción de que en Veracruz los crímenes contra comunicadores quedan tan impunes como los actos de corrupción gubernamental. @luisromero85

lunes, 20 de marzo de 2017

La enorme fosa del Golfo

Luis Alberto Romero

La violencia que se registra en Veracruz es tan alarmante como los niveles de la pobreza de población de la entidad.
Prácticamente no hay día en que no se produzca un hecho sangriento en el estado que hoy es gobernado por Miguel Ángel Yunes Linares. Este sábado, por ejemplo, el saldo que dejó un enfrentamiento entre un grupo armado y policías municipales en Coxquihui fue de 8 personas muertas.
Los hechos ocurrieron en dicho lugar, ubicado en la sierra del Totonacapan, a poco más de 56 kilómetros de Papantla y a casi 176 de la capital del estado. Se trata de un municipio con impresionantes cifras de pobreza: más de la mitad de la población, 52.7 por ciento de los habitantes, vive en pobreza extrema, en tanto que nueve de cada diez son pobres (la suma de pobreza moderada y extrema). Por si fuera poco, las cifras del Coneval consignan que 3 de cada diez enfrentan carencias por acceso a la alimentación.
Pues bien, fue en Coxquihui, ese empobrecido lugar de la sierra del Totonacapan, donde este sábado se registró una balacera que dejó un saldo de cinco policías y tres civiles muertos… mientras en Papantla se desarrollaban las actividades programadas en el marco de la Cumbre Tajín.
Un hecho lamentable el ocurrido en el camino a la comunidad de El Ojite de Matamoros, que deja en evidencia las condiciones de desventaja que en muchas ocasiones, como en esta, tienen las policías municipales frente a los grupos delincuenciales.
Con los citados niveles de pobreza de ese municipio y con el reducido presupuesto del ayuntamiento, es muy fácil imaginar las condiciones en que opera la policía municipal de ese lugar, que durante años ha estado bajo el control político del grupo de Reveriano Pérez Vega.
Sin buena capacitación ni equipo, con mala capacidad de fuego y rebasados por la presencia delincuencial, la suerte de los elementos de la policía de Coxquihui no podría ser diferente cuando enfrentaron al grupo que acabó con sus vidas.
Ese, sin duda, fue uno de los hechos sangrientos que marcaron el fin de semana.
Días antes, Veracruz volvió a ser tema en la prensa nacional e internacional con el hallazgo de más fosas y restos humanos. El pasado 14 de marzo, el fiscal veracruzano, Jorge Winckler, confirmó el hallazgo de unos 250 cráneos en lo que podría ser el cementerio clandestino más grande del país.
Lo peor es que las autoridades no descartan encontrar más restos humanos en esa enorme fosa común en que se ha convertido el territorio estatal.
El día 16 de este mes, los medios nacionales consignaron también el hallazgo de más cuerpos en un predio ubicado en la comunidad Arbolillo, del municipio de Alvarado. El Universal, por ejemplo, consigna que de 2011 a 2016 se descubrieron 257 fosas clandestinas, sin contar con el hallazgo de Colinas de Santa Fe. En total, se habla de 23 mil 157 restos humanos, así como 213 cuerpos.
Las cifras del duartismo también incluyen cinco mil 785 desaparecidos; de ellos, unos dos mil 240 no han sido localizados.
El mayor problema para la Fiscalía será, nos dicen, la capacidad para la contratación de las empresas especializadas en estudios periciales, como en la identificación del ADN, por ejemplo, dado que se tratará de un esfuerzo económico, y sobre todo humano, considerable.
Por otro lado, además de las fosas clandestinas halladas en territorio estatal, todavía está pendiente el asunto relacionado con las inhumaciones irregulares en panteones veracruzanos, como el Palo Verde, de Xalapa, donde una cantidad todavía no determinada de cuerpos de personas desconocidas fueron depositados sin previa identificación.
Esas inhumaciones irregulares, nos comentan, podrían convertirse en noticia próximamente, sobre todo por la irresponsabilidad con que actuaron las autoridades, al sepultar cuerpos sin apegarse a los protocolos para la identificación.

miércoles, 15 de marzo de 2017

La precariedad de las escuelas veracruzanas

Luis Alberto Romero

La noticia fue publicada en Diario de Xalapa y consigna una situación que llama la atención en el tema educativo de la entidad veracruzana. Ignacio Barradas Soto, director de espacios educativos del gobierno del estado, sostiene que seis de cada diez escuelas de la entidad, de preescolar a bachillerato, se ubican en terrenos irregulares.
Muchas escuelas, afirma la fuente, no cuentan con certeza jurídica en cuanto al espacio que ocupan; o tienen cesión de derechos, pero no se les dio seguimiento a los trámites correspondientes.
No es un problema menor, dado que de acuerdo con el funcionario esa situación impide la inversión directa por parte de la dependencia, en virtud de que los terrenos de las escuelas no están regularizados; por tanto, invertir recursos en ellas violaría las disposiciones en cuanto al ejercicio del presupuesto.
Partiendo de la base de que en Veracruz hay más 18 mil planteles educativos, los números que aportó Barradas Soto nos indican que al menos 10 mil escuelas veracruzanas enfrentan dicha situación.
Esos datos nos remiten a la realidad de cientos de escuelas del entorno rural veracruzano, o de colonias populares, asentamientos empobrecidos, que carecen de espacios dignos; que tienen aulas sin mobiliario o en condiciones lamentables.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, estableció que el índice de rezago social de Veracruz (que considera básicamente cuatro variables: educación, salud, servicios básicos y espacios de vivienda) es sumamente alto: más del 45 por ciento de la población veracruzana mayor de 15 años tiene la educación básica incompleta; 9.44 por ciento de los habitantes de la entidad son analfabetos; en tanto que 4.12 por ciento de los niños de entre 6 y 14 años no asiste a la escuela.
Precisamente debido a esos números, además de los que se relacionan con el rezago en servicios básicos, los de salud y los espacios de vivienda, Veracruz es considerado un estado con un grado muy alto de rezago social; de hecho, en el país es el cuarto con los peores números.
A esa grave situación de rezago social contribuye el caso de la educación, el analfabetismo y la precariedad en que funcionan miles de escuelas veracruzanas.
Recordemos que en Veracruz hay casi 6 millones de habitantes mayores de 15 años; de ellos, 562 mil son analfabetas; más de 922 mil no tienen la primaria terminada; y un millón 166 mil no concluyeron la secundaria. En rezago educativo hay más de 2 millones 651 mil veracruzanos, el 44.5 por ciento de la población total, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi.
Esos números son fiel reflejo, decía, de la realidad del sector educativo de Veracruz.
En ese contexto, será muy complicado superar las lamentables cifras de la educación en la entidad cuando cientos de escuelas registran condiciones de precariedad y cuando miles de estudiantes viven en situación de pobreza, pobreza extrema e incluso alimentaria; por si fuera poco, la inversión pública en los planteles educativos se ve frenada por el hecho de que existan diez mil instituciones establecidas en terrenos irregulares, como lo informó el director de espacios educativos.

martes, 14 de marzo de 2017

Caso Flavino, los argumentos de las partes

El encarcelamiento del ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, generó toda clase de reacciones entre la clase política estatal y nacional.
Flavino Ríos ha ocupado diversos cargos en la administración estatal, como las secretarías de Gobierno y Educación; y una diputación local.
El pasado 16 de diciembre, dos semanas después de terminado su interinato de 49 días, el Partido de la Revolución Democrática le denunció a él y al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa por delitos contra el servicio público.
En esa ocasión, el dirigente estatal del PRD, Jesús Velázquez Flores, señaló que Ríos Alvarado permitió a Javier Duarte el uso personal de un helicóptero del gobierno veracruzano, en el que finalmente el ex gobernador puso pies en polvorosa.
Antes de eso, el propio ex gobernador interino reconoció que prestó una aeronave al hoy prófugo de la justicia, aunque aclaró que se trató de una atención al entonces gobernador que dejaba el cargo y sobre el que, al menos hasta ese momento, no pesaba orden de aprehensión alguna.
El caso es que Flavino ya duerme, por así decirlo, en el penal de Pacho Viejo, donde también se encuentra el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno duartista, Arturo Bermúdez Zurita.
Sobre la detención del ex gobernador interino, el gobierno estatal señaló que se trata de un acto enmarcado en el combate a la corrupción y a la impunidad; incluso, el gobernador Miguel Ángel Yunes argumentó que Ríos Alvarado no sólo facilitó la huida de Javier Duarte, sino que participó en presuntos actos de corrupción, al entregar dos millones y medio de pesos al Movimiento de Regeneración Nacional.
En contraparte, el tricolor se lanzó en defensa del detenido. El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, por ejemplo, utilizó sus redes sociales para referirse a una “venganza política”: “Exigimos al gobierno de @YoconYunes aclarar la acusación y detención de @flavino_rios. Que se castigue a los responsables sin violar la ley… La exigencia ciudadana de castigo a la corrupción en #Veracruz es una máxima que no puede ser desvirtuada con una venganza política”.
Por su parte, el dirigente estatal del partido, Renato Alarcón, habló de una persecución del gobierno estatal contra quienes “disentimos de la manera de pensar del actual gobernador”. Asimismo, el exdelegado estatal del Issste señaló que la Fiscalía del Estado es “una herramienta de poder que transgrede la ley y acomoda sus investigaciones al servicio de la política partidista”.
El senador José Francisco Yunes Zorrilla fue mucho más mesurado, cauto en el manejo de su Twitter; red social en la que publicó “como todos en #Veracruz demando combatir la impunidad y corrupción pero sin sesgos ni conveniencias políticas ni como estrategia mediática… el proceso de @flavino_rios se debe llevar conforme a derecho y respetando las garantías individuales”.
Dante Delgado, otro ex gobernador interino que también fue encarcelado en los tiempos en que Yunes Linares ocupaba la Secretaría de Gobierno, calificó la captura de Flavino Ríos como una aberración jurídica y subrayó que “en lugar de gobernar Yunes prefiere circo y actos de pirotecnia…”

martes, 7 de marzo de 2017

Estado de México y Veracruz, las escalas en la sucesión

Luis Alberto Romero

La carrera por la sucesión presidencial de 2018 hará una escala en el presente año, cuando se registren procesos comiciales en cuatro entidades, Veracruz entre ellas.
A estas alturas de la sucesión de Peña Nieto, cuando falta poco más de un año para dicha jornada, todas las encuestas ubican al máximo dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, como el aspirante puntero, arriba de cualquier panista y, por supuesto, superando por mucho al mejor posicionado del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.<
Por Acción Nacional parece que Margarita Zavala circula sobre un camino pavimentado rumbo a la candidatura; por otro lado, no se observa a ningún aspirante de cualquier otro partido político que destaque en dicho proceso. Tampoco hay en el horizonte un candidato independiente que se encuentre suficientemente posicionado como para dar la pelea.
¿Eso convierte a López Obrador en el seguro sucesor de Peña Nieto? Difícil saberlo en este momento; dependerá, supongo, de los errores que pueda cometer el de Morena; así como de otros factores, como la posible alianza entre PAN y PRD el próximo año, una posibilidad que ha denunciado de manera pública el senador Miguel Barbosa Huerta, quien hace una semana salió del Sol Azteca para sumarse al movimiento lopezobradorista.
Lo cierto es que la sucesión presidencial de 2018 hará una escala en los estados de México y Veracruz, que tendrán procesos locales el presente año.
El Estado de México, gobernado por Eruviel Ávila (PRI), es la entidad con mayor número de habitantes en el país (más de 16 millones 187 mil personas, 13.5 por ciento del total nacional); es, también, el estado con mayor número de pobres.
Este año, el Estado de México tendrá elecciones para gobernador y las encuestas anticipan una cerrada contienda. Este lunes, por ejemplo, el diario El Financiero publica los resultados de un estudio que revela que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, comenzó a perder gas a tres meses de la jornada electoral, en tanto que los abanderados de PRI y Morena, Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, respectivamente, subieron ligeramente en sus números.
De acuerdo con dicha fuente, ya con los candidatos definidos, la alianza PRI-Verde-Panal-PES tendría 28 por ciento en la intención del voto. La abanderada panista se ubica en 26 puntos porcentuales, en tanto que la de Morena registra 22.
Para tener una idea de lo cerrado de la contienda basta decir que la diferencia entre primero y tercero es de sólo 6 puntos, según El Financiero.
Otro medio de circulación nacional,  El Universal, difundió hace tres semanas los resultados de su encuesta sobre el Estado de México; de acuerdo con las cifras de dicho medio, el priista Alfredo del Mazo tendría 19.8 puntos; Vázquez Mota, del PAN, 19.6; y Delfina Gómez, de Morena, 17.8.
Prácticamente no hay encuesta que consigne una ventaja determinante para cualquiera de los tres aspirantes punteros.
El problema para el PRI es que la campaña ni siquiera ha comenzado y la candidata de Morena, sin hacer proselitismo, ya le pisa los talones a Del Mazo. Igual ocurre con la ex candidata presidencial panista, quien tiene amplias probabilidades de arrebatarle el gobierno estatal al partido de Peña Nieto.
En Veracruz, mientras tanto, aunque no habrá elección para gobernador, sí se renovarán los 212 ayuntamientos, lo cual servirá como termómetro para medir el escenario probable en 2018.
Con más de 8 millones 100 mil personas, Veracruz es la cuarta entidad con mayor número de habitantes, lo cual nos indica la importancia específica del estado en el contexto nacional. Aquí vive el 6.8 por ciento de los mexicanos. Lo malo es que Veracruz es la sexta entidad con mayor índice de pobreza en el país (58 por ciento). Por si fuera poco, 4.6 millones de veracruzanos enfrentan dicha condición, en tanto que 1 millón 300 mil se ubica en la casilla de la pobreza extrema.
En Veracruz, hasta este momento, no se han difundido encuestas confiables, dado que no hay elección para gobernador, sino únicamente para autoridades municipales. Sin embargo, dados los recientes resultados electorales en la entidad, se puede anticipar que la alianza PAN-PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional están llamados a ser los grandes protagonistas de la contienda.
Incluso en un sector del priismo veracruzano circulan comentarios relacionados con el inminente fracaso que se anticipa en las elecciones del presente año.
Lo peor para los priistas veracruzanos es que el partido luce prácticamente acéfalo en su dirigencia estatal; el presidente del CDE, Renato Alarcón Guevara, simplemente no da señales de vida y pareciera que el tricolor en la entidad no tiene cabeza ni rumbo, y tampoco posibilidades de competir con éxito en las municipales del presente año.
Así las cosas, si a Javier Duarte le atribuyen la muerte del PRI en Veracruz en el proceso de 2016, Renato Alarcón podría convertirse en el sepulturero del partido en las elecciones locales de 2017. @luisromero85

domingo, 5 de marzo de 2017

Américo, ¿camino al Senado?

Luis Alberto Romero

Escuché la siguiente frase, hace un par de días, en el despacho de un alcalde de la zona norte de Veracruz: “Américo es mi gallo para el Senado el año próximo… hoy, nadie dentro del PRI podría disputarle la candidatura porque es quien está mejor posicionado”.
En efecto, por la presidencia de la Federación Nacional de Municipios de México, Fenamm, y por su papel protagónico en la lucha de los alcaldes por los recursos que de forma indebida les fueron negados durante la pasada administración estatal, pareciera que el alcalde de Xalapa estaría en condiciones de buscar un espacio en la Cámara Alta.
La empresa, sin embargo, se observa complicada, incluso para un personaje que ha sabido mantenerse vigente por más de una década en la actividad política, debido a los números del tricolor en cuanto a preferencias ciudadanas.
El punto es que la frase del alcalde del norte veracruzano, cuyo nombre no es necesario citar (además, se trató de una conversación off de record), llama la atención por el capital político que el alcalde de Xalapa ha logrado acumular.
En septiembre de 2004, con 25 años de edad, Américo Zúñiga Martínez fue designado integrante de la comisión de entrega-recepción de los gobiernos de Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán. El 26 de septiembre, el actual alcalde de Xalapa cumplió 26 años y entonces no se imaginaba que el nuevo gobernador del estado lo nombraría Secretario del Trabajo, a pesar de que se cabildeaba que esa área fuera más bien una Dirección encargada de atender los conflictos laborales en toda la entidad veracruzana.
Américo Zúñiga –y así lo ha referido en diversas entrevistas– fue puesto a prueba; muchos actores cercanos a la fidelidad apostaban que no duraría tres o cuatro meses en el cargo. Es más, ni el propio gobernador creía en él y seguramente, fiel a su estilo, hacía apuestas de que no pudiera con el paquete.
Sin embargo, superó la prueba y pasó poco más de cinco años en esa dependencia, donde no sólo logró que en el estado no estallara una sola huelga, sino que también obtuvo el Premio Nacional en Administración Pública por haber logrado los mayores índices en creación de empleo en toda la República Mexicana.
Durante esos cinco años, Américo Zúñiga conoció los problemas de los gremios de toda la entidad, resolvió conflictos, concilió, se sentó lo mismo con el Sindicato de Limpia Pública del puerto de Veracruz, que con los ex trabajadores de Río Blanco, en la región de Orizaba, que cada año conmemoraban la gesta heroica laboral de ese lugar.
El secretario del Trabajo no concluyó el sexenio con Fidel Herrera, porque su aspiración de ser alcalde lo impulsó a pedir licencia y buscar la candidatura. La historia es muy conocida: no logró la candidatura, pero fue postulado a la diputación local, ganando la elección sin mayores problemas.
Como representante popular, Américo Zúñiga fue miembro de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social; y presidente de la Comisión de Vigilancia. Desde ahí no sólo conoció los problemas y aciertos de los 212 municipios en materia administrativa; también recorrió el estado para atender a los alcaldes de la entidad.
Ahora, como alcalde, Zúñiga Martínez ha tenido un liderazgo local y estatal entre los ediles de su partido, el PRI; de igual manera, su paso por la Fenamm lo ubica en el ámbito nacional como un personaje vinculado a los intereses municipalistas.
Por otro lado, la obra realizada en la capital del estado –y así lo reconoció el gobernador Miguel Ángel Yunes el pasado mes de diciembre en su tercer informe de gobierno– tiene importancia y proyección estatal.
Desde la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), Américo ha tejido alianzas con presidentes municipales de todo el país y su liderazgo ha sido reconocido por sus homólogos de la entidad, al encabezar el movimiento de alcaldes que exigen el pago de adeudos heredados por la administración estatal pasada.
Este jueves, según nos confirmaron fuentes del Estado Mayor Presidencial, fue invitado por el Presidente Enrique Peña Nieto para asistir a la ceremonia de inauguración de la Terminal de Contenedores, Carga General y Autos en Tuxpan, que se llevará a cabo a las 10.30 de la mañana en el kilómetro 8.5 de la carretera a la Barra Sur, en el Ex ejido de la Asunción de ese municipio norveracruzano.
Pues bien, esa trayectoria le da a Zuñiga Martínez una fuerte posibilidad para convertirse en uno de los dos abanderados del PRI, en 2018, al Senado de la República. La otra posición estaría reservada, por criterio de género, para una mujer. @luisromero85

Baño de sangre en Veracruz

Luis Alberto Romero

Luego del anuncio sobre la llegada de la Gendarmería Nacional a Veracruz, y en medio de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Tuxpan, zona norte de la entidad, los niveles de la violencia registraron un repunte alarmante.
Los recientes hechos que se desarrollaron en la zona Veracruz-Boca del Río encendieron los focos de alarma.
En tierras veracruzanas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, inauguraba un operativo de seguridad que incluye la presencia de la Gendarmería en la zona Córdoba, Orizaba, Cuitláhuac, Yanga, Omealca, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Ixtaczoquitlán y Nogales, cuando la violencia se desató de forma impresionante.
El mismo día en que Osorio Chong señalaba que las autoridades tienen “identificados a los criminales, tenemos claro quiénes son, vamos por ellos, sabemos a qué intereses representan…”, en la zona conurbada del puerto un enfrentamiento quitó la tranquilidad a los habitantes del fraccionamiento Villa Rica, con un saldo de dos personas muertas.
Más tarde, el hallazgo de once cuerpos, nueve hombres y dos mujeres, fue nota nacional. Los cuerpos de las víctimas estaban atados de pies y manos; presentaban huellas de violencia, así como heridas de bala.
Ese reciente caso, por cierto, llamó a recordar, guardadas las proporciones, lo ocurrido en Boca del Río en septiembre de 2011, a pocos meses de la llegada de Javier Duarte a la gubernatura del estado, cuando en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, frente a Plaza Américas, fueron hallados los cuerpos de 35 personas.
Después de los hechos del pasado martes, y en medio de las críticas por ese baño de sangre, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares rechazó las versiones que consignaron algunos medios de información, que hablaban de un reto al estado, de una advertencia y de una declaración de guerra por parte del crimen. Dijo el ejecutivo veracruzano que se trató de “una lucha entre bandas de delincuentes organizados. Como lo dice el propio cartel que dejaron, se trata de una guerra entre ellos mismos”.
De igual forma, el gobernador de la entidad calificó los hechos como un acto de barbarie “que impacta a todos los veracruzanos y que preocupa al gobierno…”
Ese mismo día, el martes 28 de febrero, en Pánuco, zona limítrofe con Tamaulipas, se produjo otro enfrentamiento violento, mismo que dejó un saldo de una persona muerta y dos heridas; en otro caso, la misma jornada de violencia y muerte llegó al municipio de Tihuatlán, también en la zona norte, donde el cuerpo de un hombre fue localizado en la comunidad El Águila; la víctima presentó lo que se conoce como el tiro de gracia, un balazo en la cabeza.
Un día después de esos hechos, el miércoles 1 de marzo, en el puerto de Veracruz fue asesinado a balazos un motociclista; en Álamo, un joven corrió con la misma suerte muy cerca de la comunidad Raudal Nuevo. Por otro lado, en el municipio de Castillo de Teayo se registró otra muerte violenta.
Y no fue todo: el jueves fue hallado el cuerpo de otra persona ejecutada a balazos en el municipio de La Perla; en tanto que ese mismo día, mientras el presidente Peña Nieto visitaba el puerto de Tuxpan, fue encontrado el cuerpo de una persona dentro de una maleta, en el municipio de Notales; en otro hecho, en Coatzacoalcos, sur de la entidad, un hombre fue ultimado a balazos.
Así las cosas, podríamos decir que la tranquilidad de los veracruzanos se ha perdido y por ello fue necesaria la presencia de la Gendarmería Nacional en la entidad. Incluso, el gobernador Miguel Ángel Yunes fue enfático al reconocer que el tema de la inseguridad es un problema que se ha complicado. No es para menos porque hay un incremento de 122 por ciento en los índices de homicidio.
Pues bien, en ese contexto de inseguridad y violencia se produjo la visita del presidente Enrique Peña Nieto a tierras veracruzanas, donde el ejecutivo federal inauguró las obras en el nuevo puerto de Tuxpan, que fue ampliado y modernizado.
Ahí, Peña Nieto se refirió al problema de Veracruz en esa materia y dijo, dirigiéndose al gobernador del estado, que en el gobierno federal tendrá un aliado en esa tarea.
Habría que destacar, para finalizar, que el problema de la inseguridad en la entidad no se deriva de un tema de ineficiencia de las áreas responsables de la seguridad pública en el estado; se trata de una inercia que comenzó hace más de diez años, por la permisividad de los gobiernos estatales (hay quien habla también de complicidad)  que dejaron que la violencia creciera de forma alarmante hasta desbordarse. @luisromero85

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

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