Luis Alberto Romero
El homicidio perpetrado por la mañana del domingo 19 de
marzo contra el periodista Ricardo Monlui Cabrera, en Yanga –zona centro de
Veracruz- no sólo causó indignación entre el gremio por representar un nuevo
agravio, sino que generó comprensibles reacciones de rechazo y condena.
Se trata de un nuevo ataque contra quienes se dedican a
la actividad periodística en una entidad que se ha caracterizado desde hace
poco más de una década por ser foco rojo para la libertad de expresión y punto
peligroso para los reporteros.
Hoy, Veracruz es el estado del país con los más
alarmantes casos de agresión contra periodistas. Incluso, hay conflictos
armados que registran menos bajas de periodistas que la entidad en los últimos
diez años.
A eso se debe la exigencia de justicia en el caso de
Ricardo Monlui; no es el primero, aunque todos esperamos que sea el último.
Lo peor es que el asunto del periodista victimado en
Yanga podría correr con la misma suerte que otras agresiones que no fueron
esclarecidas; a esa desconfianza en el trabajo de las dependencias responsables
de procurar justicia se deben, sobre todo, las presiones para que se investigue
a fondo y se capture al o los responsables del homicidio.
El escenario indeseable, por supuesto, tiene que ver con
que prevalezca la impunidad en éste como en otros casos de agresiones contra
quienes se dedican a la actividad de informar.
Ricardo Monlui era propietario de un portal de internet,
El Político, y autor de la columna “Crisol”, que difundía en portales y algunos
impresos como El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa, de la Organización
Editorial Mexicana. Fue, además, jefe de prensa de la Unión Nacional de
Productores de Caña de Azúcar de la CNC; y presidente de la Asociación de
Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, AC.
El crimen contra Monlui Cabrera se suma a una veintena de
asesinatos contra periodistas que se han registrado en los últimos años en
Veracruz. De 2011 a 2016, por ejemplo, integraron esa dramática lista nombres
como los de Regina Martínez, de la revista Proceso; Anabel Flores Salazar, de
El Buen Tono y El Sol de Orizaba; Rubén Espinosa Becerril, reportero gráfico de
Proceso y Cuartoscuro; Moisés Sánchez Cerezo, de La Unión; Gregorio Jiménez de
la Cruz, de Notisur; Sergio Landa Rosales, del Diario de Cardel; Víctor Manuel
Báez Chino, de Reporteros Policiacos (portal que tuvo que cerrar por las
amenazas contra sus integrantes); Yolanda Ordaz de la Cruz, de Notiver; Misael
López Solana; de Notiver; Migue Ángel López Velasco, Milo Vela, también de
Notiver; entre otros, que cayeron durante la administración de Javier Duarte, o
que desaparecieron, como Miguel Morales Estrada, de Diario de Poza Rica.
La cifra de las víctimas podría ubicarse en 25, si se
cuentan los casos registrados en el sexenio previo a Javier Duarte; es decir,
el de Fidel Herrera Beltrán.
Probablemente, por las circunstancias en que se
desarrollaron, los casos más emblemáticos de agresiones contra periodistas
veracruzanos sean los de Regina Martínez y Rubén Espinosa. Sin embargo, cada
uno de los periodistas asesinados constituye un agravio a quienes se dedican a
esta actividad y, en general, a la sociedad.
Hoy, Veracruz es visto en los ámbitos nacional e
internacional como un estado inseguro para el ejercicio del periodismo; por
otro lado, igual de lamentable es la percepción en el sentido de que en la
entidad, la impunidad es regla y no excepción.
Hay que recordar que prácticamente ninguno de los
asesinatos contra periodistas durante la administración de Javier Duarte quedó
resuelto; no hubo detenidos en las etapas en que ocuparon la procuraduría de
justicia del estado Reynaldo Escobar Pérez, Felipe Amadeo Flores y Luis Ángel
Bravo Contreras; y ello provocó que organismos pro defensa de los periodistas
lanzaran un llamado de alerta.
Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, difundió hace un
mes y medio, al iniciar febrero del presente año, que entre todos los países de
Latinoamérica, México era el más peligroso para el ejercicio del periodismo,
con 99 reporteros asesinados en el periodo de 2000 a 2016. De acuerdo con el
reporte “Veracruz: los periodistas frente al estado de miedo”, la entidad acumulaba
19 periodistas victimados; en pocas palabras, casi dos de cada diez casos de
homicidio contra comunicadores del país se registraron en la entidad.
Veracruz, resumió el trabajo mencionado, es el lugar más
peligroso de América para quienes trabajan en los medios de comunicación.
Así las cosas, es comprensible la indignación que generó
el homicidio de Ricardo Monlui, así como la exigencia de justicia de
comunicadores, organizaciones no gubernamentales, organismos pro derechos
humanos, e instancias de protección al gremio, como la Comisión Estatal de
Atención y Protección a Periodistas, CEAPP, o la Comisión Permanente de
Atención y Protección de Periodistas de la Legislatura del Estado, porque este
no es el primer caso, sino un eslabón de una muy larga cadena. Hoy, el gobierno
estatal y la fiscalía de justicia deben mostrar que, en efecto, las cosas en
materia de investigación y castigo a los autores de ataques contra periodistas,
han cambiado. Esperemos que eso ocurra y que no se termine por reforzar la
percepción de que en Veracruz los crímenes contra comunicadores quedan tan
impunes como los actos de corrupción gubernamental. @luisromero85
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