jueves, 29 de junio de 2017

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el desempeño de los congresos locales en nuestro país, en el que destaca, además de los números sobre el trabajo de los diputados locales de todos los partidos, la opacidad de dicho poder, así como el discrecional manejo de los recursos públicos.
Establece el IMCO que en promedio, cada diputado federal representa a poco más de 247 mil habitantes, en tanto que cada legislador local, a menos de cien mil personas.
En cuanto a transparencia, de las solicitudes de información que son enviadas a los congresos, menos del 80 por ciento obtienen respuesta satisfactoria; en ese terreno destacan las legislaturas de Campeche, Chihuahua y Sinaloa, en tanto que las más opacas fueron las de Morelos, Veracruz y Colima, que sólo alcanzaron un puntaje de 36, 32 y 19 por ciento, respectivamente.
Un alto porcentaje de las preguntas que hacen los ciudadanos sobre aguinaldo, bonos, distribución del gasto y presupuesto de egresos de los congresos no encontraron respuesta por parte del poder Legislativo.
Este año, nos dice la fuente, las legislaturas estatales ejercen un presupuesto, en conjunto, de más de 13 mil 500 millones de pesos. El de Veracruz, por cierto, es el quinto congreso local que más recursos maneja y el tercero con más comisiones legislativas, 40.
El IMCO plantea cinco propuestas básicas en su Informe Legislativo 2017: primero, que los diputados cumplan con las leyes que ellos mismos aprueban; segundo, que mejoren sus proyectos presupuestarios; tercero, que exista una regulación en la administración y asignación de recursos para los órganos internos de los congresos; cuarto, que se apeguen al presupuesto de egresos aprobado; y quinto, que se otorgue autonomía financiera a los órganos superiores de fiscalización.
Revisando el documento del IMCO para centrarse en el caso veracruzano encontramos que cada legislador local representa a 163 mil 279 persona, lo que ubica a la entidad como la cuarta en la lista de los estados con menos legisladores por cada 10 mil habitantes.
En cuanto al asunto relacionado con los recursos públicos, las deficiencias que ubica dicho estudio hablan de una asimetría presupuestal; de un crecimiento y ampliaciones injustificadas en los presupuestos asignados; de discrecionalidad en la asignación de los recursos al interior de los congresos; de asignaciones presupuestarias que van más allá de las atribuciones de los diputados locales; y de discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de los recurso públicos.
En Veracruz, por cierto, se detectó un incremento de 14.2 por ciento en el presupuesto de la Legislatura estatal en el periodo de 2012 y a 2017, cuando los recursos pasaron de 501 a 676.9 millones de pesos.
El promedio nacional del presupuesto de 2017 para cada diputado local es de 11.1 millones de pesos; sin embargo, en Veracruz cada diputado cuesta 13.5 millones anuales; la entidad se ubica en el lugar número nueve entre los estados que asignan más dinero a sus legisladores. En esa lista destaca el caso de la Ciudad de México, donde cada representante cuesta 28.8 millones de pesos al año.
Para tener una idea de lo que eso significa, podríamos decir que los diputados locales de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo y Veracruz cuestan más que sus homólogos de países como Francia o Alemania. La austeridad legislativa, señala el Instituto, no es más que un elemento discursivo en nuestro país.
Únicamente en ocho estados no hubo variación entre el presupuesto aprobado y el recurso devengado por las legislaturas estatales. En Querétaro, por ejemplo, el Congreso local ejerció en 2016 casi 65 por ciento más que su presupuesto asignado. En Veracruz, ese porcentaje llegó a 11; es decir, los diputados locales gastaron 74 millones de pesos más de lo que tenían aprobado para el año pasado.
Los congresos locales de Veracruz y otras siete entidades negaron la información relacionada con los aguinaldos que se aprobaron sus diputados.
Con relación a la productividad, el año más reciente en ser evaluado fue 2016, cuando entre todos los legisladores veracruzanos presentaron 50 iniciativas, dejando al congreso local como uno de los menos productivos. Los diputados de Jalisco, por ejemplo, presentaron más de 970; los de Morelos, 524; los de San Luis Potosí, 502; y los de Puebla, que pertenecen al congreso que menos recursos maneja en el país, 406. @luisromero85

miércoles, 28 de junio de 2017

En análisis, la ampliación de Laguna Verde

Luis Alberto Romero
Entre tantas notas relacionadas con hechos delictivos, violencia, ejecuciones y delincuencia, la información relacionada con la muy probable ampliación de la central nucleoeléctrica Laguna Verde pasó casi inadvertida en Veracruz.
De acuerdo con la nota difundida por medios nacionales especializados en los temas financiero y económico, representantes de 15 empresas norteamericanas relacionadas con energía nuclear estuvieron en Laguna Verde, municipio de Alto Lucero, para sostener reuniones con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de analizar la ampliación de la capacidad instalada de esa central, cuya construcción inició hace poco más de cuatro décadas, aunque fue hasta 1990 cuando comenzó a funcionar.
Esa nucleoeléctrica, ubicada a 60 kilómetros de la capital del estado, cuenta actualmente con una capacidad de poco más de mil 300 Megawatts en dos unidades generadoras. El proyecto de expansión se basa en el incremento del cuatro por ciento en la demanda nacional de energía eléctrica, un aumento que será difícil de cubrir en los próximos años.
Daniel Lipman, vicepresidente de Insumos y Programas Internacionales del Instituto de Energía Nuclear de Estados Unidos, declaró al diario El Economista que para satisfacer las necesidades de la población habrá que utilizar todas las tecnologías posibles, con la nucleoeléctrica incluida.
El tema de la ampliación de la capacidad instalada de Laguna Verde no es nuevo; de hecho, se discute desde hace dos décadas pero hasta ahora había sido frenado. De concretarse ahora dicho proyecto, como es muy probable, podrían resurgir las protestas que hace tres décadas protagonizaron organizaciones ambientalistas, como Madres Veracruzanas, que en la segunda mitad de los ochentas exigieron la conversión de la nucleoeléctrica en una central de ciclo combinado de generación de energía, que utiliza gas natural para convertirlo en electricidad.
Así las cosas, es muy probable que la única central nucleoeléctrica de nuestro país, ubicada en territorio veracruzano, vuelva a ser noticia próximamente, tanto por el proyecto de ampliación de capacidad, que ya analiza la Comisión Federal de Electricidad, como por las predecibles protestas de los opositores al uso de dicha tecnología para generar electricidad.

Coatzacoalcos, tierra de nadie

Luis Alberto Romero
Los problemas de inseguridad, violencia y desempleo han generado en el sur de Veracruz un ambiente de preocupación y tensión social que se refleja en la depresión de la actividad económica.
El fenómeno de la ola delictiva se suma a los despidos masivos en Petróleos Mexicanos, Pemex, y en la industria petrolera en general. El comercio registra bajas ventas y de la crisis económica y de seguridad nadie escapa en Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchital.
La zona sur de Veracruz enfrenta días turbulentos y convulsos: no hay empleo; por el contrario, los despidos son comunes, frecuentes; por si fuera poco, la inseguridad se refleja en las calles. En los hoteles del lugar recomiendan a los huéspedes no salir por la noche debido a la creciente delincuencia.
Lo peor es que no hay semana sin ejecuciones en esa zona; por otro lado, cada caso es peor que el anterior y los niveles de violencia escalan cada vez más.
Platico con una reportera que tiene su base de operación en Coatzacoalcos; explica que el crimen perpetrado el pasado fin de semana contra los miembros de una familia, cuatro niños incluidos, acentuó la percepción de que ese lugar es tierra de nadie: “las calles están vacías; antes la gente salía, por ejemplo, a correr al malecón el domingo; hoy ni eso… este fin de semana fue muy evidente el miedo porque no encontrabas personas, ni temprano ni tarde; parece que el movimiento habitual se detuvo…”.
No existe un estado de excepción ni un toque de queda en Coatzacoalcos; sin embargo, los pobladores y sobre todo los visitantes prefieren no salir en las noches por miedo a ser víctimas de la delincuencia. Es como si se hubiera suspendido el ejercicio de los derechos y las garantías de la población, como lo consigna el Artículo 29 de la Constitución Política en los casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.
Como contexto, recordamos que el pasado sábado 24 de junio una familia de seis personas fue asesinada en dicho municipio del sur veracruzano; y aunque las autoridades interpretaron el hecho como una venganza contra el jefe de esa familia tras el homicidio de un líder criminal, lo cierto es que esa explicación del gobierno no contribuyó a disminuir o apaciguar la preocupación de una sociedad lastimada por los elevados índices delictivos.
A los habitantes de esa región tampoco consuela el dato que indica que durante los últimos dos años, 2015 y 2016, el índice que ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada se disparó en 132 por ciento. Ese, finalmente, es un número frío para ellos, una estadística más; la realidad es que los homicidios dolosos, los secuestros y las extorsiones contra empresarios, comerciantes, trabajadores y hasta jubilados son cada vez más frecuentes en un lugar donde las autoridades –municipales, estatales y federales– simplemente no han podido con la obligación de garantizar la seguridad pública.
Ese hecho criminal, el asesinato de cuatro menores, nos dicen, fue la gota que derramó el vaso en el tema de la inseguridad en Coatzacoalcos, donde los problemas de los despidos y la crisis de la industria petrolera ya tenían en jaque a los empresarios, comerciantes y profesionistas.
Si a esos problemas sociales –delincuencia, violencia y desempleo– se suma el hecho de que en Coatzacoalcos la pobreza alcanza a más del 34.6 por ciento de la población; en Minatitlán, al 41.8; y en Nanchital, a casi el 35 por ciento, el resultado es un coctel dramático y lamentable.

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...