martes, 29 de abril de 2014

Los estragos del granizo

Luis Alberto Romero
El Sistema Nacional de Protección Civil reconoce en Veracruz riesgos geológicos, hidrometeorológicos y sanitarios; en la entidad pueden ocurrir inundaciones, sismos, frentes fríos, huracanes, ciclones, heladas, sequías, deslizamientos, incendios forestales y fugas de sustancias peligrosas, como los frecuentes derrames de hidrocarburo que ponen en riesgo a la población que se ubica en las zonas petroleras, al igual que granizadas como la ocurrida este domingo en la capital veracruzana.
Habría que destacar que en materia de control de riesgos, la entidad ha sido ejemplo nacional; sin embargo, esta vez la población no recibió una voz de alerta y nadie se preparó para un problema de la magnitud del registrado el domingo, cuando pedazos de hielo de hasta 10 centímetros de diámetro destruyeron techos, láminas, ventanas e instalaciones públicas. Hubo probablemente 10 mil casas y 3 mil autos dañados.
Lo que particularmente llamó la atención fue el manejo de la información desde la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado; apenas había cesado la lluvia y la granizada cuando dicha dependencia, sin realizar un recorrido de supervisión en las colonias afectadas, se apresuró a informar que no hubo daños tras dicho evento meteorológico.
De inmediato, las redes sociales echaron abajo la declaración oficial con la constancia fotográfica de las casas y los autos dañados, al igual que las instalaciones de la Central de Abastos, la SEV y el Registro Civil.
Enmendaron el error, luego de que el gobernador del Estado, personalmente, realizó un recorrido por las colonias que concentraron los mayores daños y anunció apoyos extraordinarios para los damnificados.
Por la noche del domingo y la madrugada del lunes, Protección Civil instaló albergues y realizó un recorrido por las colonias Las Cruces, El Olmo, Las Trancas, Bugambilias y Moctezuma, lo que tampoco dejó satisfechas a las familias afectadas, que acusaron cierta predisposición de ese personal para sólo contar cristales y olvidarse de los techos.
Llamó la atención también el apresurado anuncio del ejecutivo estatal, en el sentido de que el gobierno veracruzano absorbería el costo tanto de las afectaciones a las viviendas como de los daños a los automóviles.
Al parecer, las autoridades no calcularon la magnitud del problema, ni el costo que representa, en términos económicos, el apoyo a los damnificados. Lo cierto es que fueron tantas las peticiones que las líneas telefónicas quedaron saturadas.
Este lunes, en conferencia de prensa, el diputado Uriel Flores Aguayo dijo algo importante: que urge un estudio de cambio climático; que la población no fue alertada a tiempo; y que el gobierno estatal debe, por un principio básico de humanidad y solidaridad, dar apoyo a las familias pobres cuyas casas resultaron dañadas en sus techos, láminas y cristales; sin embargo, no es una obligación el pago de parabrisas, medallones  y daños a los vehículos.
De considerarse una obligación gubernamental la reparación de los autos afectados, entonces también deberían responder, los municipios, el estado y la federación, por los desperfectos que registran los autos en las llantas y suspensiones como consecuencia de los incontables baches en calles, avenidas y carreteras. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/




lunes, 28 de abril de 2014

Vivienda, déficit y abandono


Luis Alberto Romero

Durante años, el problema del déficit de vivienda ha crecido de manera exponencial en nuestro país.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de la Vivienda, más de 9 millones de familias mexicanas carecen de casa propia y más de un millón de viviendas requieren sustitución, debido a que su vida útil ha terminado. Adicionalmente, otras 2 millones de casas necesitan ampliación para resolver problemas de hacinamiento y unas 430 mil precisan de trabajos de reparación.

El problema radica en que, evidentemente, las políticas gubernamentales de apoyo a ese sector parecen equivocadas porque las principales empresas inmobiliarias trabajan con números rojos a pesar de la millonaria inyección de recursos públicos: en 2009, el gobierno federal destinó 60 mil millones de pesos dentro del Pacto Nacional por la Vivienda, mientras que en 2010 se canalizaron otros 16 mil millones, para que la cifra del rescate alcanzara los 76 mil millones de pesos.

En materia de inversión pública, sólo el año pasado en el rubro de vivienda se alcanzaron los 12 mil 500 millones de pesos.

Es un tema que en nuestro país adquiere una dimensión preocupante: el déficit obliga a construir 650 mil nuevas casas cada año, tanto por la formación de nuevos hogares como por los problemas relacionados con hacinamiento, deterioro y sustitución de edificaciones antiguas.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, tiene casi 300 mil viviendas recuperadas en condiciones de abandono, mientras que especialistas de dicho sector, señalan que en el ámbito nacional existen más de 5 millones de viviendas abandonadas, cuyos propietarios, las personas que contrataron créditos para su adquisición, prefirieron olvidar porque no cuentan con servicios o simplemente porque no tienen capacidad para cubrir sus adeudos.

Ayer, la diputada Mirna Hernández Morales, secretaria de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, apuntó que el abandono de las casas no solo se debe a la falta de pago, sino también al desarrollo de fraccionamientos de interés social en terrenos que las empresas constructoras compraron a bajo precio, pero lejos de los núcleos de población, lo que obliga a sus habitantes a pagar transporte para ir a los centros de trabajo, educación y abasto.

El problema es mayor porque muchos de los nuevos desarrollos de vivienda no cuentan con servicios básicos, como transporte, y en algunos casos, ni energía eléctrica o agua potable.

Debido a esa situación, en el Poder Legislativo se analiza una iniciativa de reforma a la ley, para que Infonavit recupere las viviendas abandonadas en nuestro país, edificaciones que actualmente están convertidas en refugio de maleantes o depósitos de basura.
Por cierto, desde hace tres años, el Infonavit dejó de autorizar créditos en fraccionamientos alejados de las zonas urbanas, al igual que en aquellos donde las empresas desarrolladoras de vivienda no garantizan la infraestructura adecuada y los servicios básicos para la población, un tema que en Veracruz se ha convertido en un problema social y en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades por las demandas de servicios por parte de la población, es el caso de Lomas de Santa Fe, fraccionamiento construido por Homex en Xalapa, donde no cuentan con servicios; o La Pastoresa, que no tiene suministro de agua. Son dos de los muchos ejemplos que se observan en Veracruz. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx

domingo, 27 de abril de 2014

Zarrabal, en camisa de once varas


Luis Alberto Romero

Al comenzar el año, iniciaron también las denuncias por el presunto daño patrimonial en la extinta Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Veracruz; sin embargo, desde finales de noviembre de 2013 ya se hablaba de las irregularidades detectadas tras el paso de Raúl Zarrabal por dicha dependencia.

Fue al arrancar enero cuando la Comisión de Vigilancia de la Legislatura estatal dio a conocer los resultados de las auditorías practicadas al ejercicio 2012; el monto total del presunto daño patrimonial ascendía a 409 millones 346 mil 68 pesos, que deberían ser solventados; es decir, justificados, en un plazo no mayor de 20 días.

Entre las dependencias con mayores problemas se encontraba la desaparecida Secretaría de Comunicaciones, hoy transformada en Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, que registró observaciones por un monto de 44 millones 606 mil pesos.

Luego de que el Orfis diera a conocer las irregularidades en la dependencia y también en la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos, inició una avalancha de opiniones y declaraciones sobre el desempeño de Raúl Zarrabal Ferat al frente de la secretaría.

Ante los medios informativos de la capital del Estado, el diputado por Boca del Río declaró el 8 de enero que solventaría cada una de las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización y que todo quedaría aclarado.

Luego surgió una declaración desde la contraloría estatal, cuyo titular, Mauricio Audirac, sostuvo que de comprobarse las acusaciones, el ex titular de Secom podría ser inhabilitado para desempeñar otro cargo público.

Dos meses después, el 7 de marzo, se llevó a efecto la audiencia para la presentación de pruebas y alegatos pero los funcionarios señalados solventaron parcialmente las observaciones, en tanto que el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos no pudo solventar ni una sola.

A la Secom le habían resultado 17 observaciones, de las cuales sólo solventó 2; hay otras 9 que, en definitiva, no pudo justificar y que representan más de 19 millones de pesos; y otros 6 puntos en proceso de desahogo, que de no explicar de manera satisfactoria, a los 19 millones se sumarían otros 24.

El Orfis dio a conocer que este 23 de abril se emitió la resolución correspondiente al periodo de la presentación de pruebas para aclarar el presunto daño patrimonial. De ahí sale la cifra que, de no explicar ante las autoridades responsables de la auditoría, podría meter en serios problemas al diputado Zarrabal.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, lo que sigue a la fase de determinación de responsabilidades y establecimiento de indemnizaciones y sanciones es un periodo de 10 días que tendrán los funcionarios y ex funcionarios señalados para interponer un recurso de reconsideración, o bien 15 días para recurrir a un juicio contencioso administrativo ante el Poder Judicial del Estado.
Y aquí es donde entra el determinante papel de la Procuraduría de Justicia del Estado, que tendrá seis meses para el trabajo de investigación e integración de los expedientes, que podrían terminar con las órdenes de aprehensión contra los responsables de las presuntas irregularidades. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 24 de abril de 2014

Transporte, la protesta estudiantil


Luis Alberto Romero

Justo en el puente vacacional de Semana Santa, el pasado jueves 17 de abril, el gobierno de Veracruz y los concesionarios del transporte público pactaron un aumento a las tarifas del servicio urbano de pasajeros.

El incremento fue de un peso en la tarifa general, que pasó de 8.00 a 9.00 pesos, y de 50 centavos para estudiantes, personas con capacidades diferentes y tercera edad, que va 5.00 a 5.50.

Casi una semana después, este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal oficializó el aumento al transporte, en medio de las denuncias y las acciones de protesta de grupos estudiantiles, que hablan de un golpe a la economía de las familias y también de abusos de los conductores de las unidades del servicio público, que aumentaron todavía más las tarifas autorizadas.

Por ello, la dependencia anunció la retención de 58 camiones que violaron los precios acordados.

Desde hace dos años, los concesionarios del transporte han insistido en la necesidad de que el gobierno veracruzano autorice el alza, argumentando que los precios de las refacciones automotrices y de los combustibles suben prácticamente cada mes. No les falta razón; sin embargo, esos aumentos en los insumos se registran en todo el país; y no en todas las entidades, los gobiernos estatales han autorizado un incremento a las tarifas.

En el ámbito nacional no podemos tomar como referencia al Distrito Federal porque ahí el transporte cuenta con un subsidio público; sólo entre 2007 y 2012, la aportación gubernamental fue de más de 47 mil millones de pesos para absorber el costo de ese servicio, fundamental para que la población acceda a las escuelas, los centros de trabajo y las oficinas de servicios.

En Campeche, hace unos días el gobierno estatal autorizó un aumento al transporte para pasar de 5.50 a 7.00 pesos y de 3.50 a 4,00 en el caso de los estudiantes.

En León, Guanajuato, también se registró un incremento en días pasados, pero éste no afectó a los estudiantes ni a las personas con discapacidad, que seguirán pagando 3.70.

En Yucatán también aumentó el pasaje en un peso a partir de este mes. Algunas otras ciudades del país y estados, como Veracruz, hicieron lo propio pero en otras entidades, como Puebla, se les ha negado a los transportistas la petición de incremento. De hecho, la capital de ese estado es una de las que tienen las tarifas del transporte más bajas del país; ahí el precio del pasaje es de 6.00 pesos; en Guadalajara es de 7.00; y en Querétaro, de 6.50.

Probablemente, la tarifa más alta sea la de Monterrey, que va de 3.00 a 10.00 pesos, porque el servicio urbano cobra por distancia recorrida. Hoy, con el nuevo aumento, Veracruz tendrá una de las tarifas más altas de la República.

Aquí, una familia de dos estudiantes y un trabajador que tiene un ingreso de un salario mínimo, de utilizar el servicio urbano, podría destinar hasta 40 pesos diarios en transporte, entre boletos de ida y vuelta.
A ello se deben las protestas de los universitarios que no se sienten representados por la Confederación de Estudiantes del Estado, cuyos supuestos líderes suscribieron el acuerdo para aumentar las tarifas del transporte. A ello se deben, también, las movilizaciones y las denuncias contra el mal servicio, el pésimo estado de las unidades, los altos cobros y los abusos de esas chatarras que ruedan por Veracruz. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 23 de abril de 2014

Elizabeth y Américo


Luis Alberto Romero

 

Hace seis meses, en octubre del año pasado, en Radio Capital estuvo el entonces alcalde electo de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, hoy presidente municipal en funciones. Entrevistado para el noticiario Al Instante, el ex secretario del trabajo en el gabinete estatal se refirió a los retos que habría de enfrentar el ayuntamiento xalapeño.

En esa entrevista, fue Américo Zúñiga cuidadoso en sus expresiones cuando se refería al gobierno municipal que encabezaba Elizabeth Morales. Más bien, se concentró en el proyecto denominado “Iniciativa Ciudades Emergentes Sostenibles”, del Banco Interamericano de Desarrollo, un programa que apoya a ciudades que, como la capital veracruzana, registran un acelerado ritmo de crecimiento.

En esa entrevista, Zúñiga Martínez apuntó que llegaría a su nuevo cargo con un panorama claro de las necesidades del municipio y señaló también que los retos del ayuntamiento xalapeño serían, en esencia, los mismos que tuvo en su inicio el gobierno municipal presidido por la hoy lideresa del PRI estatal.

Hace unas semanas platicábamos con un funcionario de primer nivel del gobierno estatal sobre el tema de Xalapa y su ayuntamiento; fuera de grabadoras, decía que ser un buen alcalde de esta capital no era demasiado complicado; basta con resolver tres temas que para la población resultan sensibles: limpia pública, alumbrado y baches. Agregaría uno más, el de la movilidad urbana.

Las grandes obras de la capital veracruzana son realizadas por el gobierno del estado porque los recursos, las participaciones, sólo alcanzan para obras relativamente menores y para el pago de la nómina municipal.

De Elizabeth Morales se decía que los tres problemas más importantes de Xalapa habían superado la capacidad de respuesta del ayuntamiento y que lo mismo ocurrió en el trienio de David Velasco.

El servicio de recolección de basura, limpia pública, por ejemplo, era sumamente deficiente, al igual que el alumbrado público.

Por si fuera poco, el gobierno local careció de capacidad de gestión para resolver el problema del suministro de agua e igual ocurría con la movilidad urbana y el tránsito vehicular, en el que tampoco se instrumentaron medidas que representaran una solución.

La ciudad, por otra parte, parecía campo minado por tanto bache, lo que generaba la molestia de los conductores por los daños a los neumáticos y a la suspensión de los vehículos.

Pues bien, a seis meses de la entrevista del actual alcalde de Xalapa en Radio Capital, a casi cuatro meses del inicio del gobierno municipal, todavía no hay cambio ni solución a los problemas que más resienten los habitantes de esta ciudad: el alumbrado, los baches y la recolección de basura; sobre éste último tema, llaman la atención dos declaraciones que provienen de los propios funcionarios del ramo: primero, que con 30 inspectores, se aplican unas 60 multas mensuales a personas que sacan su basura sin esperar el paso del camión; segundo, que los recursos del ayuntamiento son insuficientes para satisfacer la demanda de 450 colonias, debido a que sólo funcionan 45 de los 79 camiones recolectores disponibles.
En estos cuatro meses, los avances son mucho más lentos de lo que esperaban los xalapeños, sobre todo en limpia pública, donde las quejas se acumulan en los escritorios de la burocracia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 22 de abril de 2014

Hábitos de lectura, el atraso


Luis Alberto Romero

 

Han pasado más de 90 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública y de las brigadas de instrucción y fomento a la lectura que impulsó José Vasconcelos, considerado uno de los más importantes educadores de nuestro país.

Luego de su paso por la rectoría de la UNAM, Vanconcelos asume la Secretaría de Instrucción Pública, desde donde emprende un programa de difusión de la cultura, que hasta hoy es tomado como referencia y modelo de las políticas públicas en la materia; por ello, al margen de sus ideas políticas, es considerado uno de los más lúcidos y brillantes pensadores mexicanos.

Sin embargo, algo salió mal en todas estas décadas, particularmente en los últimos 30 años, porque México se ubica en el sótano de la lista de países en cuanto al nivel y los hábitos de lectura.

Las estadísticas nos dicen que el promedio de lectura per cápita en nuestro país es de 2.9 libros al año, muy lejos de los números que registran otros países del área: en Chile, cada persona lee 5.4 libros cada año; en Argentina, 4.6; y en Brasil, 4.

Si nos comparamos con los países europeos, la diferencia es abismal: aquí la lectura es de menos de 3 libros al año; en Suecia y Finlandia, por ejemplo, es de más de 40.

Lo peor es que los datos de nuestro país incluyen a los libros de texto gratuitos y a los volúmenes de lectura obligatoria en las escuelas, así como a los de superación personal.

Otras referencias son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la que México forma parte, y la propia UNESCO; de acuerdo con las estadísticas que manejan estos dos organismos, para vergüenza nacional, México se ubica en el lugar 107 de los 108 países que integran la OCDE.

Todavía más: el 40 por ciento de los mexicanos nunca ha entrado, ni por equivocación, a una librería.

Igual están los universitarios que son, al menos en teoría, la clase ilustrada del país: la mitad de ellos no compra libros y el 35 por ciento afirma que no lee literatura en general; incluso, el 23 por ciento no lee libros de ningún tipo.

Lo curioso es que el nivel de lectura no corresponde con el aumento del presupuesto que en las últimas dos décadas se ha destinado a la educación: hoy contamos con casi dos millones 200 mil maestros, el doble de los que había a finales de la década de los ochentas; en ese lapso, la escolaridad subió de 5 a 9 años en promedio, mientras que el gasto en educación aumentó del 5 al 7 por ciento del Producto Interno Bruto.

En 1977, las familias mexicanas destinaban el 2 por ciento de su ingreso a la educación; para el 2005, el número se multiplicó por cinco; y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, Inegi, hoy los hogares mexicanos destinan el 13.8 por ciento al rubro y a pesar de ello, el nivel de lectura se ha mantenido sumamente bajo. Evidentemente, algo falla en el sistema porque la inversión y el gasto público no se refleja en los hábitos de lectura.
Este 23 de abril, a iniciativa de la Unesco, celebramos el día mundial del libro, una fecha propicia para reflexionar sobre la importancia de reorientar las políticas públicas en materia de fomento a la lectura y promoción de la cultura y las artes. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 21 de abril de 2014

Marginados, pobres y migrantes


Luis Alberto Romero

 

Durante al menos dos décadas, el fenómeno de la migración ha dejado a cientos de comunidades rurales veracruzanas abandonadas y con familias desintegradas. Hay poblaciones en las que sólo viven ancianos, mujeres y niños, porque los hombres, desde los 13 o 14 años, salen para buscar el empleo que aquí se les ha negado.

Un caso que podríamos usar como ejemplo de la realidad del sector rural de Veracruz es Atzalan, municipio ubicado en la zona montañosa, muy cerca de Altotonga y Perote.

Se trata de un lugar muy pobre y marginado; tiene cerca de 50 mil habitantes, de los cuales 18 mil, casi el 37 por ciento, viven en pobreza extrema. Encontramos aquí 18 comunidades en muy alta marginación. Por otro lado, 152 de las 197 localidades, el 77 por ciento, son ubicadas en la casilla de alta marginación.

Es un municipio pobre y marginado, a pesar de la riqueza que generan los cítricos y el café en las zonas baja y media.

Sin embargo, en la parte alta, los habitantes de comunidades como Tepeycan, Aguilera, Xontaxpan, Cerro de Barreras, Cruz Gorda, Cañada de Castilla, Tepetzintla y Loma Alta viven una realidad que lo mismo incluye falta de empleo que problemas para la manutención familiar.

Debido a ello, cada semana, dos autobuses salen de las comunidades de la zona alta de Atzalan con destino a la frontera norte. Por eso, en este municipio es difícil encontrar a una familia que no esté relacionada con el fenómeno de la migración; también es complicado encontrar a una familia que no esté ligada al tema de la pobreza.

Aquí, quienes se dedican al traslado de personas a los Estados Unidos, los famosos polleros, son personajes conocidos por todos y por algunos, incluso, apreciados. Hace cinco años, en 2009, Aureo Ferra Hernández, quien se dedicó por mucho tiempo a esta actividad, conocía tan bien su negocio y su territorio, que se perfilaba como posible candidato del PRI a la presidencia municipal; ya había ocupado la dirección de desarrollo social en el ayuntamiento y probablemente hubiera llegado a la alcaldía de no ser porque en septiembre de ese año, una bala lo privó de la vida cuando se encontraba en la comunidad de Napoala.

Pues bien, Atzalan es uno de los muchos municipios mexicanos donde el desempleo, la pobreza y los altos niveles de marginación han disparado el fenómeno migratorio por años.

El cambio en la tendencia radica en que hasta hace una década, la migración era un tema casi exclusivo de las zonas rurales o indígenas y de pequeños asentamientos; hoy, las ciudades veracruzanas también expulsan mano de obra a los Estados Unidos; de hecho, Veracruz es la sexta entidad del país en cuanto al número de migrantes. Se estima que más de 600 mil veracruzanos trabajan en la Unión Americana.
Habría que agregar que las remesas; es decir, los recursos que genera la mano de obra veracruzana en los Estados Unidos, han contribuido a mejorar el nivel de vida en las diferentes zonas expulsoras de migrantes, donde las oportunidades de empleo son prácticamente inexistentes. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 15 de abril de 2014

Chatarras con altas tarifas


Luis Alberto Romero
 
Durante los últimos meses, con el argumento del aumento en los precios de las refacciones y los combustibles, los concesionarios del transporte han planteado la necesidad de que el Gobierno de Veracruz autorice un incremento en las tarifas, solicitud que les ha sido negada.
Algunos propietarios de taxis y autobuses del servicio urbano de diferentes zonas de la entidad han optado por dos caminos: negar los descuentos a estudiantes y personas de la tercera edad o aumentar, aun sin la autorización, las tarifas correspondientes, ante la inconformidad de los usuarios.
El Gobierno estatal, debido a ello, inició la aplicación de sanciones a los concesionarios del autotransporte local que han violado las tarifas establecidas. Ayer, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, expuso que 380 autobuses fueron retenidos, al ser sorprendidos violando las disposiciones oficiales en esa materia.
De hecho, el gobernador Javier Duarte amagó con el retiro de las concesiones a quienes abusen de los usuarios, violando las tarifas que fijó el Gobierno del estado.
Se trata de medidas que tienden a proteger a los usuarios del transporte público de los abusos de los empresarios del ramo.
Sin embargo, el tema del transporte no se limita al cumplimiento de las tarifas; pasa también por la modernización del parque vehicular, dado que las unidades que actualmente prestan el servicio, en muchos casos, están convertidas en verdaderas chatarras rodantes.
A pesar de que la ley lo prohíbe, hay camiones que tienen más de 30 años en el servicio público y siguen rodando.
Y es ahí donde surge la pregunta, ¿cómo pasan la revista vehicular anual esas cafeteras?
Lamentablemente, las respuestas posibles van desde la ineficiencia, la desatención y la desidia hasta la complicidad y la corrupción de los responsables de las revisiones a las unidades.
Muchos usuarios del transporte público pagarían un poco más por el servicio si este fuera eficiente, limpio y digno; en cambio, lo que tenemos son unidades viejas, obsoletas, sucias y descuidadas, cuyos propietarios insisten hasta el cansancio en cobrar más por el mismo pésimo servicio.
Por otra parte, hay unidades del servicio público, taxis y urbanos, que prestan el servicio al margen de la ley. En la zona del Totonacapan, al norte veracruzano, por ejemplo, son pocas las concesiones y muchas las unidades piratas, que operan sin permisos ni concesiones del Gobierno y, lo que es peor, sin seguridad alguna para los usuarios, que están desprotegidos en el caso de un accidente.
Hace algunos años, por ejemplo, un delegado de la Dirección de Tránsito del Estado en Coyutla y Espinal, en la sierra totonaca, comentaba que más de la mitad de los taxis eran ilegales pero que debido al potencial problema social que representaba meterlos en orden, era más fácil ignorar el tema; y en efecto, es más fácil, pero también es propiciar el incumplimiento de la ley.
Son esos, en resumen, los temas que deben atender los concesionarios, en el caso de la modernización de las unidades, y el Gobierno veracruzano, en el tema de la piratería y las tarifas del transporte. 
@luisromero85
http://luisromero85.blogspot.mx/

Escenarios de sucesión


Luis Alberto Romero

 

Este no es un año electoral; sin embargo, en el último trimestre de 2014 deberán definirse las candidaturas rumbo a la elección del año entrante, cuando elegiremos diputados federales. Veremos entonces, por ejemplo, cuántos y quiénes de los actuales miembros del gabinete veracruzano dejarán sus cargos para buscar esas posiciones.

La radiografía política de la entidad registrará un cambio a partir de 2015, el año previo a la sucesión en Veracruz, que habrá de efectuarse en 2016, cuando el gobernador Javier Duarte dejará el cargo.

Y a pesar de que aún faltan dos años para ello, desde ahora, los partidos, los actores políticos y los posibles protagonistas se preparan para esa batalla electoral.

En el Revolucionario Institucional se apuntan los dos senadores de ese partido: José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa; el primero de ellos, vinculado al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y bien visto desde el gobierno estatal; el segundo, con un camino cuesta arriba por el bloqueo político de que ha sido objeto y también por el distanciamiento entre él y los grupos que predominan en el priísmo veracruzano.

En el PRD se comenta que Yunes Landa podría ser postulado como candidato al gobierno estatal en caso de que el PRI le cierre la puerta; en la misma posición estaría el Movimiento Ciudadano. Y aunque es muy complicado anticipar un resultado, esa posibilidad, sin duda, favorecería al Partido Acción Nacional por la división de los votos priístas. Aun así, no se puede descartar dicha posibilidad.

Por otra parte, no hay que perder de vista al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno estatal, Gerardo Buganza Salmerón, quien ya en 2004 estuvo cerca de la gubernatura de Veracruz, superado sólo por un punto porcentual por el entonces candidato del PRI, Fidel Herrera. Ese año, el candidato de la Alianza Fidelidad por Veracruz, obtuvo más de 35.5% de los votos en disputa; mientras que el candidato de Acción Nacional logró más del con 34.6%, relegando al ex gobernador Dante Delgado, de la Alianza Unidos por Veracruz, al tercer lugar con poco más del 29% de los sufragios.

En 2016, con otro escenario y en otro partido, podríamos ver a Gerardo Buganza otra vez en las boletas electorales.

Mientras tanto, en el PAN, de continuar la tendencia que favorece a Gustavo Madero en la contienda por la dirigencia nacional, el grupo que encabeza Miguel Angel Yunes Linares podría fortalecer su estructura en Veracruz y perfilarse, en 2015, como candidato a la gubernatura del estado una vez más.

Recordamos que en 2010, Miguel Angel Yunes fue candidato al gobierno de Veracruz, siendo derrotado por Javier Duarte de Ochoa. A pesar de ello, no se puede subestimar el millón 200 mil votos logrados por el panista.

Hoy, con la reorganización del PAN, Yunes Linares se apresta para buscar otra vez la gubernatura del estado. Antes tendrá que lograr el control político formal del partido, que hasta hoy se le ha negado; recordemos que ni siquiera pudo entrar en la lista de los diputados locales plurinominales porque en el camino se atravesó el grupo integrado por Tito Delfín, Julen Rementería, Juan Bueno y Enrique Cambranis.
Y si lograra cruzar las barricadas del llamado equipo estatal de Acción Nacional, Yunes Linares todavía libraría la batalla con el candidato del PRI, en un escenario diferente al de 2010, cuando el albiazul contaba con la ventaja de la presidencia de la República y cuando la estructura del partido en Veracruz no se encontraba tan disminuida. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

viernes, 11 de abril de 2014

Etanol para taxis


Luis Alberto Romero

 

En 2010, en Veracruz fue creado el Inverbio, que tiene como función organizar y coordinar la investigación y desarrollo tecnológico para la producción de bioenergéticos. La entidad se ubicó entre los estados pioneros en la materia y destinó tierras que hasta esos días se encontraban ociosas, a los cultivos que pueden producir esos combustibles, como la caña de azúcar, el sorgo dulce y la palma de aceite.

Hasta ahora, nuestro país se ha mantenido rezagado en cuanto a bioenergéticos. Aquí, el porcentaje de la energía que se obtiene a partir de fuentes renovables apenas alcanza el 9.5 por ciento, aunque la mayor parte de este porcentaje se logra con la producción de energía hidráulica, solar y eólica. Un caso contrario es el Brasil, donde más del 38 por ciento de la energía que se consume es de fuentes renovables, fundamentalmente del etanol que se produce a partir de la caña de azúcar.

El tema de los bioenergéticos cobra hoy una mayor relevancia, porque México enfrenta una profunda crisis en el sector cañero y la industria azucarera; es un problema que afecta directamente a 180 mil agricultores de 15 estados del país.

En Veracruz, por ejemplo, la diputada Minerva Salcedo Vaca, quien preside la comisión especial de energía y recursos naturales en la Legislatura del Estado, habla de la amenaza de cierre de operaciones de seis ingenios azucareros, con lo que se perderían cientos de empleos, además de los problemas para los productores de caña que dejarían de abastecer a esas factorías.

En ese contexto, la producción de etanol se convierte en una posible solución para el problema cañero veracruzano.

Actualmente, Veracruz cuenta con dos plantas que ya producen etanol: una, en Atoyac, que tiene una zona de abasto de 6 mil hectáreas; la otra está en la zona de Cosamaloapan y Tuxtepec, tiene 7 mil hectáreas, y entre las dos requieren de 30 mil hectáreas de caña para funcionar a toda la capacidad.

La entidad produce actualmente 100 millones de litros de etanol cada año, que se destina a la industria petroquímica y se exporta, casi en su totalidad, a los Estados Unidos de Norteamérica.

Hace más de un año, el Inverbio diseñó un programa para impulsar el consumo de etanol en la entidad; consiste básicamente en que 6 mil taxis de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río utilicen como combustible una mezcla de etanol y gasolina al 50 por ciento, con lo que se reducirían las emisiones de contaminantes. De igual manera, los taxistas tendrían un ahorro de más de un peso por litro, que sumados podrían alcanzar mil 200 pesos cada mes por vehículo; y entre los seis mil taxis, el ahorro podría superar los 7 millones de pesos al mes; 84 millones al año.
Pues bien, ayer el titular del Inverbio, Osiel Castro de la Rosa, informó que el gobierno federal ya aprobó los permisos para la producción y venta de etanol en Veracruz y sólo faltan algunos trámites ante los gobiernos del estado y los municipios para concretar ese proyecto, que se convierte en una esperanza para los productores de caña y para los propietarios de tierras ociosas en la entidad. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 10 de abril de 2014

Elizabeth, ¿corrupción o ataques políticos?

Luis Alberto Romero
 
Al iniciar el presente año, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado informó sobre los resultados de más de mil auditorías practicadas al ejercicio 2012 por el Órgano de Fiscalización Superior a todos los organismos que manejan recursos públicos en Veracruz.
Se dio a conocer que 38 municipios de la entidad presentaron presuntos daños patrimoniales por un monto total de 409 millones 346 mil 68 pesos.
Por las sumas presuntamente desviadas, destacaban los casos de Fortín de las Flores, con más de 41 millones de pesos; Xico, con casi 25 millones; Castillo de Teayo, con 7 millones; Camerino Z. Mendoza, con más de 5 millones; y Nogales, con casi 4 millones y medio de pesos.
En la lista también se encontraban los municipios de Acultzingo, Alpatláhuac, Ángel R. Cabada, Astacinga, Atlahuilco, Carlos A. Carrillo, Chinameca, Colipa, Cosautlán de Carvajal, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata y Gutiérrez Zamora, entre otros.
El Órgano de Fiscalización realizó más de mil auditorías a las cuentas públicas, entre las revisiones legales, las financieras y las auditorías técnicas a la obra pública.
El ayuntamiento de Xalapa nunca fue incluido en esa lista por los diputados que integran la comisión de vigilancia, ni por irregularidades en su cuenta pública, ni por anomalías en el manejo de sus dependencias. Por ello llamó la atención el hecho de que algunos medios manejaran presuntas inconsistencias en las cuentas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento por más de 50 millones de pesos, situación que estaría investigando el Orfis.
Se manejaron supuestas irregularidades financieras durante el periodo de 2011 a 2013, cuando el ayuntamiento era encabezado por la hoy presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Elizabeth Morales García.
De acuerdo con la información difundida, se trata de 52 observaciones emitidas que incluyen desde obras pagadas pero no realizadas, hasta trabajos con deficiencias, pasando por pagos de nómina por casi 33 millones de pesos, que no están respaldados.
Sobre estos hechos, ayer, la ex alcaldesa de esta capital emitió un comunicado en el que aclara que las cuentas públicas correspondientes a 2011 y 2012 fueron saldadas y aprobadas por el Congreso local, por lo que no le preocupa el tema de la revisión.
En la parte medular de su carta aclaratoria, Elizabeth Morales apunta que no ha sido requerida para aclarar la cuenta pública de 2013 por los órganos competentes para hacerlo… y también habla de su disposición para rendir cuentas.
Lo importante de su respuesta es que habla de un trasfondo político en los ataques mediáticos de que ha sido objeto.
Finalmente, son tres los puntos a considerar: el nombre de Elizabeth Morales figura entre los más viables aspirantes del PRI a la diputación federal por el distrito de Xalapa y ello podría convertirla en un obstáculo para diversos grupos internos de su partido; también es cierto que durante su carrera y su paso por los cargos que ha ocupado, la presidenta del comité estatal priísta ha dejado varios flancos abiertos y de cualquiera de ellos podrían lanzarle esos ataques. Por otra parte, si hubo inconsistencias y actos de corrupción durante su administración municipal, lo deseable en éste como en los otros 38 ayuntamientos señalados, es que no prevalezca la impunidad. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 9 de abril de 2014

Limón veracruzano


Luis Alberto Romero

 

Durante casi 3 décadas, el cultivo y, sobre todo, la comercialización del limón sólo era noticia para los citricultores; este año, sin embargo, por las temperaturas atípicas y por el exceso de humedad en los principales estados productores, los precios alcanzaron niveles máximos históricos y ese fruto se volvió casi prohibitivo para la mayoría de los consumidores mexicanos.

Ante la escasez, las tiendas de autoservicio y los supermercados ofrecían el cítrico hasta en 60 pesos el kilogramo.

Apenas este lunes, el gobernador de Veracruz , Javier Duarte, anunció que la entidad aumentará su contribución de limón persa, a fin de disminuir el precio en el mercado nacional. Se refirió también a la importancia de este cultivo para Veracruz: 15 mil productores, 50 mil hectáreas que generan una derrama económica al estado por dos mil 400 millones de pesos al año.  

Para abundar sobre el tema citrícola consultamos a Antonio Soberón Ferrer, quien preside la Comisión Nacional de Comercialización de Productos Cítricos del Consejo Nacional Citrícola y el Consejo Estatal Citrícola de Veracruz.

Explica que generalmente, los meses de noviembre a marzo registran altos precios en los cítricos y particularmente en la lima persa, producto en el que Veracruz ocupa el liderazgo nacional. Esos meses no hay producción de limón y, por tanto, los precios son altos.

Sin embargo, decíamos, el año pasado se registraron condiciones específicas adversas para este cultivo, lo que provocó que la floración se perdiera.

Apunta Soberón Ferrer que no existen antecedentes de precios tan altos en la historia de la citricultura nacional. De hecho, en las huertas, el kilogramo de ese fruto se cotizaba en 20 pesos.

Por si fuera poco, el problema de los precios se complicó porque los especuladores vendían el cítrico hasta en 60 pesos y al consumidor llegaba todavía más caro.

El problema –apuntó– se agrava por la excesiva presencia de intermediarios y acaparadores; y también por el hecho de que en 70 por ciento de la producción para el consumo nacional es controlada por dos grandes cadenas de comercialización que han sido apoyadas, incluso subsidiadas, con ese propósito por el gobierno federal.

La buena noticia para los consumidores es que con o sin anuncio gubernamental de por medio, las proyecciones apuntan hacia una disminución en los precios, hasta alcanzar los 8 o 9 pesos por kilogramo en las huertas, debido a que la floración  de enero y febrero comenzará a producir frutos a partir de este mes.

Por otro lado, el problema para la citricultura estatal no pasa por los precios, porque éstos se rigen por las condiciones del mercado internacional; los principales obstáculos para el desarrollo de ese sector van desde las amenazas fitosanitarias hasta la falta de concientización de los productores sobre el tema de la sanidad.

Y por si las amenazas no fueran suficientes para los citricultores, es evidente la falta de actos de autoridad para hacer que las normas fitosanitarias, como las que se refieren a la movilización de frutos, se cumplan cabalmente.

Y es que los recursos para los programas, que son cuantiosos, se prestan a los actos de corrupción que prevalecen, sobre todo en el tema de la certificación de los embarques. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 8 de abril de 2014

Instituto Nacional Electoral


Luis Alberto Romero

 

Luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 10 de febrero entró en vigor la reforma político-electoral en nuestro país e inició un proceso de renovación del instituto responsable de la organización de los procesos electorales.

Así fue creado el Instituto Nacional Electoral, que sustituye al desaparecido IFE. Los once nuevos consejeros, con Lorenzo Córdoba en la presidencia, rindieron protesta el viernes 4 de abril y tres días después dieron a conocer el presupuesto que ejercerá el organismo durante 2014, 11 mil 833 millones de pesos, los mismos que tenía presupuestado el Instituto Federal Electoral.

En cuanto a la distribución de esos recursos, casi 7 mil 800 millones serán ocupados en los gastos de operación del INE y poco más de 4 mil millones para el financiamiento a los partidos políticos.

Ayer, el Diario Oficial dio a conocer el presupuesto y los montos que percibirán los consejeros electorales, más de 182 mil pesos mensuales entre salario base y compensaciones para cada uno.

Lo importante es que el nuevo instituto mantiene la organización de las elecciones federales y asumirá también, junto con los institutos estatales, el control de los comicios locales en estados y municipios.

Entre los cambios destaca el tema de la estructura del INE: anteriormente, el IFE estaba integrado por un presidente y 8 consejeros; ahora serán 10. Por otro lado, el nuevo organismo tiene la facultad de designar y remover a los consejeros estatales; hay seis por entidad y cada uno se mantendrá en el cargo por siete años.

Recordamos que entre los argumentos que manejaron en su momento los promotores de la desaparición del IFE se encontraban básicamente tres: hacer más eficiente el manejo de los recursos públicos; dar certeza a la organización y a los resultados de los procesos electorales; y evitar la intromisión de los gobernadores en las decisiones de los institutos estatales.

Sin embargo, es muy probable que con estos cambios no se alcance ahorro alguno en el tema económico y que este nuevo instituto sea más caro que la suma del IFE y los órganos electorales de los estados.

Por otro lado, hay opiniones en el sentido de que la creación del INE y, sobre todo, la subordinación de los organismos estatales, son medidas que van contra el principio del federalismo porque tienden a centralizar la toma de decisiones.

En todo caso, valdría la pena preguntar si esas medidas garantizan realmente que los gobernadores no metan las manos en la organización de los comicios en los estados e inclinen la balanza para favorecer a sus candidatos.

Hoy, el IFE y los institutos estatales electorales son los villanos favoritos, los blancos de las críticas de actores políticos. En Veracruz, por ejemplo, el secretario general del PAN, Bernardo Téllez, dijo que con el INE se terminarán los vicios y lo que calificó como los impunes atentados contra la democracia; lo cierto es que el 84% de las resoluciones de los institutos estatales ha sido confirmadas por el tribunal federal electoral y no se espera un cambio realmente importante con la entrada en vigor de los cambios. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

lunes, 7 de abril de 2014

Amenaza sobre bosques veracruzanos


Luis Alberto Romero

 

Desde hace al menos una década, los especialistas en el tema forestal alertaban sobre la situación de Veracruz, la reducción de la superficie destinada a los bosques, la tala inmoderada, el saqueo de los recursos maderables y el cambio climático.

En un foro sobre el tema en 2010, la maestra Patricia Gerez Fernández, del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, por ejemplo, se refería a la vulnerabilidad del estado en materia forestal; al impacto del cambio climático; así como a la reducción de la superficie de los bosques y las selvas.

No es un tema menor: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reconoce más de 100 áreas críticas forestales en el ámbito nacional; diez de ellas se encuentran en Veracruz, específicamente en las zonas de Los Tuxtlas, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, donde la tala y el saqueo de madera es un problema constante al que no se le ha frenado.

Cada año se anuncian esfuerzos y acciones de gobierno para enfrentar la tala clandestina; cada año, sin embargo, el problema continúa: sólo en 2013, la Profepa decomisó en nuestro país más de 24 mil metros cúbicos de madera; de esa cantidad, mil 700 metros cúbicos fueron extraídos ilegalmente de los bosques veracruzanos.

Lo peor es que esos recursos forestales que están saqueando son los mismos que frenan la erosión y por consiguiente, lo que se provoca con la tala es un mayor impacto de los fenómenos meteorológicos. Debido a ello, la Secretaría de Protección Civil lanzó una voz de alerta para extremar la protección de los 3 mil 500 kilómetros de bosques y más de 11 mil 800 de selva.

Y es que cálculos conservadores estiman que el 65 o 70 por ciento de la superficie forestal veracruzana se ha perdido.

Lo malo es que ni la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reglamentaria del 27 Constitucional; ni la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Veracruz, se aplican en zonas como el Cofre de Perote o el Pico de Orizaba, donde el saqueo es incontrolable.

Es letra muerta, disposiciones legales que no se aplican porque no se destina dinero para ello y porque el cuidado de los recursos forestales es un tema que, aunque se reconoce como necesario, siempre se ha tratado con desprecio en la asignación del presupuesto.

El propósito de esas leyes es regular y fomentar la conservación, protección y restauración de los recursos forestales del país. Sin embargo, al no aplicarse, los problemas y consecuencias son cada vez más evidentes en la reducción de esos espacios.
El problema de la deforestación no es privativo de Veracruz, se registra en todo el país; de acuerdo con estimaciones de la FAO, México ocupa el cuarto lugar mundial entre los países con mayores problemas de tala. Aquí se destruyen más de 500 mil hectáreas de bosques cada año… y el escenario empeora ante la falta de acciones para salvaguardar los bosques y para destinar recursos para el cumplimiento de la ley vigente. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

viernes, 4 de abril de 2014

Obras, reclamos y auditorías


Luis Alberto Romero

 

Hace un par de días, un grupo de campesinos del sur del estado se manifestó en la capital de Veracruz para exigir la asignación de obras públicas, más de un millar; en su mayoría, carreteras y caminos rurales.

Como casi todas las manifestaciones que se realizan en Xalapa, ésta incluyó el bloqueo del centro de la ciudad como medida de presión. Acusaron al secretario de infraestructura del gobierno estatal, Gerardo Buganza Salmerón, de incumplir con promesas de obra y también evidenciaron un trasfondo político al exigir el cese del funcionario.

No es la primera ocasión en que se observan señalamientos de este tipo contra los secretarios de comunicaciones, que así se llamaba antes la dependencia, e infraestructura, su nombre actual; sobre todo tratándose de una oficina que maneja tantos recursos y que por ello se vuelve bocado apetecible para constructores, empresarios y grupos de poder.

Sin embargo, los números no ubican a la SIOP entre las dependencias estatales con pendientes importantes; al contrario, es una de las que registran mayor actividad y ejercen mayor presupuesto, junto a las secretarías de Educación, Seguridad Pública y Salud; por eso es de las más auditadas en lo financiero y en lo técnico.

Este año, por ejemplo, se destinaron 236 millones de pesos únicamente al programa de conservación de la red carretera de Veracruz y entre los trabajos destacan los que se realizan en la vía Xalapa-Coatepec-Teocelo-Cosautlán y Misantla-Xalapa, entre otros.

Eso sin contar con los recursos recientemente anunciados por el gobernador Javier Duarte para la modernización de los tramos carreteros de Santiago Tuxtla, Catemaco, Cosoleacaque, Jáltipan y Acayucan; para la construcción del tramo Nuevo Necaxa Tihuatlán, autopista México-Tuxpan; para la autopista Tuxpan-Tampico; y para el tramo Cardel-Poza Rica; además de la inversión en el Puerto de Veracruz y en el aeropuerto El Lencero, de esta capital.

En otro escenario, la Secretaría de Infraestructura realiza un trabajo para encontrar vicios y anomalías en las obras, así como para corregir las irregularidades ya detectadas. El año pasado, la dependencia presentó 58 denuncias ante la Procuraduría General de la República por fraudes de compañías constructoras, cuyo monto total ascendía a más de 170 millones de pesos.

También rescindió contratos por más de mil 170 millones a empresas que cobraron anticipos de obra sin realizar trabajo alguno.

Las denuncias contra las empresas que realizaron cobros indebidos o trabajos defectuosos continúan este año y ya se anuncia que se interpondrá un recurso contra la empresa constructora Maroce, S.A. de C.V, sobre la que también pesan señalamientos de la Sedesol federal por recibir anticipos de obras dentro del Fonden sin realizar los trabajos correspondientes; esto, en el estado de Guerrero durante 2012.

Hay otros 245 contratos de obra por un monto superior a los 2 mil 479 millones de pesos que se encuentran en proceso de rescisión o terminación anticipada por diferentes anomalías.

De esa manera, observamos que lo importante no es únicamente construir, sino hacerlo bien y aplicar de manera honesta y eficiente los recursos públicos. Afortunadamente, en ese terreno hay una distancia abismal entre Gerardo Buganza y su antecesor en la dependencia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

jueves, 3 de abril de 2014

Incorporación Fiscal y economía informal


Luis Alberto Romero

 

En el tema de los impuestos, nuestro país ha realizado esfuerzos por combatir evasión y elusión fiscal. Cada gobierno en turno realiza las reformas que puede para alcanzar una mayor recaudación; sin embargo, los números, que son la base de los estudios económicos, nos dicen que México se ubica entre los países con más baja tasa de recaudación, menos del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, si exceptuamos a los ingresos petroleros.

Por otro lado, la tasa de evasión fiscal es de las más altas; entre 30 y 40 por ciento de la recaudación potencial, lo cual nos habla de serias deficiencias en el régimen tributario.

Actualmente, la mayor parte de los ingresos del país, mediante el cobro de impuestos, proviene del ICA y del ISR de personas morales y físicas con retenciones de salarios, ingresos por arrendamientos, servicios profesionales y actividades empresariales; en esos rubros, de acuerdo con estimaciones oficiales, la tasa de evasión es del 25 por ciento, lo que equivale al 3 por ciento del Producto Interno Bruto.

Todas las reformas, sin excepción, se han enfocado a subir la tasa de impuestos o a la creación de nuevos gravámenes para elevar la recaudación; en todos los casos, el fracaso es producto de las deficiencias a la hora de incorporar a la economía informal. La evasión sigue siendo un problema sin resolver en este país.

De alguna manera, para combatir esta situación, la Secretaría de Hacienda, dentro de la Reforma Fiscal 2014, eliminó el Régimen de Pequeños Contribuyentes e incluyó el Régimen de Incorporación Fiscal para encasillar a las personas físicas que registran poca capacidad económica y administrativa.

Para alentar la incorporación de contribuyentes, se dio a conocer un programa de descuentos en el Impuesto Sobre la Renta, que incluye reducciones del 100 por ciento en el primer año, 90 en el segundo y así sucesivamente hasta llegar a un descuento del 10 por ciento en el décimo año; cumplido este plazo, las contribuyentes inscritos deberán tributar en el régimen de personas físicas con actividades empresariales.

En sus cuentas alegres, el Servicio de Administración Tributaria afirma que debido a los estímulos y a las facilidades otorgadas, 4 millones 100 mil contribuyentes se incorporaron al nuevo régimen.

Aristóteles Núñez, jefe del SAT, señaló que quienes se incorporen podrán contar con acceso a financiamiento y seguridad social, además de la posibilidad de ampliar su cobertura operativa y estar exentos del pago de impuestos durante el primer año.

Lo que no calcularon es el nivel de descontento social, las críticas al nuevo régimen y las resistencias de sectores que se sienten afectados por las nuevas reglas.

En Xalapa, Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Canaco local, estimó que el comercio informal aumentó en un 60 por ciento en los últimos dos meses. Expuso que muchos pequeños contribuyentes optan por suspender actividades formales, como una consecuencia de una economía deprimida y de las nuevas disposiciones fiscales.

El representante del comercio organizado sostuvo que la informalidad podría aumentar en un 80 por ciento en esta capital.

Es curioso, pero mientras enormes filas se observaban en las oficinas del SAT en Xalapa, contribuyentes tramitando de última hora su firma electrónica avanzada, la fiel, muchos más están pensando la manera de evitar el grillete que coloca hacienda, para incorporarse a la economía informal. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

miércoles, 2 de abril de 2014

Tiempo de sequía


Luis Alberto Romero

 

El pronóstico de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz para los meses de sequía causó preocupación no sólo entre los habitantes de los centros poblacionales que, cómo Xalapa, registran problemas cada año durante la temporada de estiaje, sino también en las zonas rurales, donde predomina la agricultura de subsistencia.

José Llanos Arias, subcoordinador de estudios atmosféricos de dicha dependencia, dio a conocer que abril y mayo serán meses de severo estiaje y que los afluentes de la entidad registran un descenso en su nivel de unos 50 centímetros, especialmente en las cuencas de los ríos Cazones, en el norte veracruzano, Actopan, La Antigua y Jamapa-Cotaxtla.

La temporada de estiaje, para efectos oficiales, comienza en febrero y se prolonga hasta mayo; sin embargo, los meses de calor más intenso y de menor disponibilidad de agua son el cuarto y el quinto del año.

Ante dicha situación, ya se anuncian medidas para limitar el suministro de agua en los centros poblacionales; por ejemplo, el pasado 21 de marzo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, aprobó el programa de tandeos. Arturo Zorrilla, director del organismo, anunció que durante abril, mayo y junio, la ciudad se dividirá en tres zonas para racionar el abasto del líquido. Por cada día de suministro habrá dos de corte.  

A ello se debe la urgencia con la que se aborda el tema de la disponibilidad de agua para la capital del estado; por eso, también, el carácter prioritario de un tema que, junto con el de la movilidad, se ha convertido en uno de los talones de Aquiles de esta ciudad.

Sin embargo, Xalapa no es el único punto de la entidad que observa problemas: en Coatzacoalcos, el nivel que registra la presa Yuribia se redujo en un 30 por ciento, al pasar de mil 200 a 800 litros por segundo. Poza Rica, en la zona norte, también enfrentará una dura temporada, reveló Guillermo González, jefe de la oficina operadora de ese lugar.

En total, 108 municipios serán impactados por la temporada de altas temperaturas y estiaje en Veracruz, informó Jonathan Pérez Hernández, subdirector de Atención de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil. La franja crítica se ubicaría desde las cuencas de los ríos Nautla y Tecolutla hasta la zona limítrofe con los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Joaquín Guzmán Avilés, diputado local por el distrito de Tantoyuca, lanzó una voz de alerta en el sentido de que 700 comunidades de la zona norte resentirán los estragos de la sequía y mencionó dos riesgos fundamentales: la reducción del hato ganadero estatal y la disminución en la producción agrícola.
En ese contexto, la peor parte de la sequía en el sector rural de Veracruz será la que lleven los miles de productores que se dedican a la agricultura de subsistencia. Hay que recordar que menos del 8 por ciento de la superficie cultivada cuenta con sistemas de riego, por lo que, de cumplirse los pronósticos, el impacto del estiaje será severo en la entidad. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

martes, 1 de abril de 2014

Inversiones y sector rural


Luis Alberto Romero

 

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ayer puso sobre la mesa la información relacionada con la cuantiosa inversión que se ejerce en la entidad: 42 mil millones de pesos en obras de infraestructura en comunicaciones, carreteras, aeropuertos, caminos, puertos, obra pública, hidráulica y de saneamiento.

 

De igual manera, dio a conocer las expectativas para los siguientes años, que incluyen la llegada de 60 mil millones de pesos para la ampliación del Puerto de Veracruz.

 

Los datos que ofreció el gobernador en su rueda de prensa de este lunes señalan que Veracruz es la quinta entidad que más obra pública aporta al país y que junto con el Distrito Federal, Nuevo León, Guanajuato y el Estado de México, concentra el 30 por ciento del total nacional.  El listado que planteó el ejecutivo estatal merece ser retomado porque habla de las obras en el puerto, que generarán 140 mil empleos. Con esa inversión, habrá 48 posiciones de atraque y una capacidad de movimiento de 110 millones de toneladas. 

 

No es la única obra en proceso: destaca la inversión de 500 millones de pesos para el rescate del Centro Histórico de Veracruz; 600 millones para la construcción del tramo carretero Nuevo Necaxa Tihuatlán, de la autopista México-Tuxpan; 6 mil 600 millones para la autopista Tuxpan-Tampico; y 6 mil millones más para el tramo Cardel-Poza Rica.

 

Por otro lado, Duarte de Ochoa también se refirió a los mil millones de pesos que se asignaron a la modernización del aeropuerto de Xalapa y la inversión de 3 mil millones de pesos en 86 obras para 58 municipios del estado.

 

Destacó también los 3 mil millones para las obras de los juegos Centroamericanos y una cantidad similar para trabajos de infraestructura hidráulica y de saneamiento, entre muchas otras.

 

Lo que llamó la atención en la rueda de prensa es la dispersión de la obra púbica, ya que están incluidas prácticamente todas las regiones de Veracruz, desde la Huasteca Alta hasta la región Olmeca. Ello resulta esperanzador para muchos municipios que generalmente están al margen de la inversión que genera empleos y beneficios sociales y productivos como la construcción de vías de comunicación.

 

Y es que la obra pública de elevados montos casi siempre se concentra en los grandes núcleos poblacionales, como Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa y Tuxpan, y olvida, por ejemplo, a los municipios del ámbito rural, donde vive casi el 40 por ciento de los veracruzanos, cerca de 3 millones de personas.

 

En esta ocasión se observa un marcado intento por llevar obra a más municipios veracruzanos y, sobre todo, por conectar mejor, en términos de vías de acceso, a las diez regiones de la entidad.

 

Ese esfuerzo tendrá que reproducirse para beneficiar a los grupos que hasta hoy han sido excluidos de la obra importante y de la inversión cuantiosa que genera empleos y resuelve problemas comunes.

 

Las regiones de la Huasteca, Otontepec, Totonacapan, Zongolica y Popoluca siguen esperando, por ejemplo, que se mejoren sus caminos y carreteras, para resolver los problemas que los mantienen en la marginación y el rezago. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...