Luis Alberto Romero
Durante años, el problema del déficit de vivienda ha crecido de manera exponencial en nuestro país.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de la Vivienda, más de 9
millones de familias mexicanas
carecen de casa propia y más de un millón de viviendas requieren sustitución,
debido a que su vida útil ha terminado. Adicionalmente, otras 2 millones de
casas necesitan ampliación para resolver problemas de hacinamiento y unas 430
mil precisan de trabajos de reparación.
El
problema radica en que, evidentemente, las políticas gubernamentales de apoyo a
ese sector parecen equivocadas porque las principales empresas inmobiliarias trabajan con números
rojos a pesar de la millonaria inyección de recursos públicos: en 2009, el
gobierno federal destinó 60 mil millones de pesos dentro del Pacto Nacional por
la Vivienda, mientras que en 2010 se canalizaron otros 16 mil millones, para
que la cifra del rescate alcanzara los 76 mil millones de pesos.
En
materia de inversión pública, sólo
el año pasado en el rubro de vivienda se alcanzaron los 12 mil 500 millones de
pesos.
Es
un tema que en nuestro país adquiere una dimensión preocupante: el déficit
obliga a construir 650 mil nuevas casas cada año, tanto por la formación de
nuevos hogares como por los problemas relacionados con hacinamiento, deterioro
y sustitución de edificaciones antiguas.
El
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, tiene casi 300 mil viviendas
recuperadas en condiciones de abandono, mientras que especialistas de dicho
sector, señalan que en el ámbito nacional existen más de 5 millones de
viviendas abandonadas, cuyos propietarios, las personas que contrataron
créditos para su adquisición, prefirieron olvidar porque no cuentan con
servicios o simplemente porque no tienen capacidad para cubrir sus adeudos.
Ayer, la diputada Mirna Hernández Morales,
secretaria de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, apuntó que el abandono de las casas no solo se debe a
la falta de pago, sino también al desarrollo de fraccionamientos de interés
social en terrenos que las empresas constructoras compraron a bajo precio, pero
lejos de los núcleos de población, lo que obliga a sus habitantes a pagar
transporte para ir a los centros de trabajo, educación y abasto.
El problema es mayor porque muchos de los
nuevos desarrollos de vivienda no cuentan con servicios básicos, como transporte, y en algunos casos, ni energía
eléctrica o agua potable.
Debido a esa situación, en el Poder
Legislativo se analiza una iniciativa de reforma a la ley, para que Infonavit
recupere las viviendas abandonadas en nuestro país, edificaciones que actualmente
están convertidas en refugio de maleantes o depósitos de basura.
Por cierto, desde hace tres años, el Infonavit dejó de autorizar créditos en fraccionamientos alejados
de las zonas urbanas, al igual que en aquellos donde las empresas
desarrolladoras de vivienda no garantizan la infraestructura adecuada y los
servicios básicos para la población, un tema que en Veracruz se ha convertido
en un problema social y en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades
por las demandas de servicios por parte de la población, es el caso de Lomas de
Santa Fe, fraccionamiento construido por Homex en Xalapa, donde no cuentan con
servicios; o La Pastoresa, que no tiene suministro de agua. Son dos de los
muchos ejemplos que se observan en Veracruz. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario