Luis Alberto Romero
Al comenzar el año, iniciaron
también las denuncias por el presunto daño patrimonial en la extinta Secretaría
de Comunicaciones del gobierno de Veracruz; sin embargo, desde finales de
noviembre de 2013 ya se hablaba de las irregularidades detectadas tras el paso
de Raúl Zarrabal por dicha dependencia.
Fue al arrancar enero cuando la Comisión de Vigilancia de
la Legislatura estatal dio a conocer los resultados de las auditorías
practicadas al ejercicio 2012; el monto total del presunto daño patrimonial
ascendía a 409
millones 346 mil 68 pesos, que deberían ser solventados; es decir,
justificados, en un plazo no mayor de 20 días.
Entre las dependencias con mayores problemas se encontraba
la desaparecida Secretaría de Comunicaciones, hoy transformada en Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas, que registró observaciones por un monto de 44
millones 606 mil pesos.
Luego de que el Orfis diera a
conocer las irregularidades en la dependencia y también en la construcción del
túnel sumergido de Coatzacoalcos, inició una avalancha de opiniones y
declaraciones sobre el desempeño de Raúl Zarrabal Ferat al frente de la
secretaría.
Ante los medios informativos de
la capital del Estado, el diputado por Boca del Río declaró el 8 de enero que
solventaría cada una de las observaciones realizadas por el Órgano de
Fiscalización y que todo quedaría aclarado.
Luego surgió una declaración
desde la contraloría estatal, cuyo titular, Mauricio Audirac, sostuvo que de
comprobarse las acusaciones, el ex titular de Secom podría ser inhabilitado
para desempeñar otro cargo público.
Dos meses después, el 7 de marzo,
se llevó a efecto la audiencia para la presentación de pruebas y alegatos pero
los funcionarios señalados solventaron parcialmente las observaciones, en tanto
que el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos no pudo solventar ni
una sola.
A la Secom le habían resultado 17
observaciones, de las cuales sólo solventó 2; hay otras 9 que, en definitiva,
no pudo justificar y que representan más de 19 millones de pesos; y otros 6
puntos en proceso de desahogo, que de no explicar de manera satisfactoria, a los
19 millones se sumarían otros 24.
El Orfis dio a conocer que este
23 de abril se emitió la resolución correspondiente al periodo de la
presentación de pruebas para aclarar el presunto daño patrimonial. De ahí sale
la cifra que, de no explicar ante las autoridades responsables de la auditoría,
podría meter en serios problemas al diputado Zarrabal.
De acuerdo con la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, lo que sigue a la fase de
determinación de responsabilidades y establecimiento de indemnizaciones y
sanciones es un periodo de 10 días que tendrán los funcionarios y ex
funcionarios señalados para interponer un recurso de reconsideración, o bien 15
días para recurrir a un juicio contencioso administrativo ante el Poder
Judicial del Estado.
Y aquí es donde entra el determinante papel de la
Procuraduría de Justicia del Estado, que tendrá seis meses para el trabajo de
investigación e integración de los expedientes, que podrían terminar con las
órdenes de aprehensión contra los responsables de las presuntas irregularidades.
@luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/
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