Luis Alberto Romero
Hace un par de días, un grupo de campesinos del sur del
estado se manifestó en la capital de Veracruz para exigir la asignación de
obras públicas, más de un millar; en su mayoría, carreteras y caminos rurales.
Como casi todas las manifestaciones que se realizan en
Xalapa, ésta incluyó el bloqueo del centro de la ciudad como medida de presión.
Acusaron al secretario de infraestructura del gobierno estatal, Gerardo Buganza
Salmerón, de incumplir con promesas de obra y también evidenciaron un trasfondo
político al exigir el cese del funcionario.
No es la primera ocasión en que se observan señalamientos de
este tipo contra los secretarios de comunicaciones, que así se llamaba antes la
dependencia, e infraestructura, su nombre actual; sobre todo tratándose de una
oficina que maneja tantos recursos y que por ello se vuelve bocado apetecible
para constructores, empresarios y grupos de poder.
Sin embargo, los números no ubican a la SIOP entre las
dependencias estatales con pendientes importantes; al contrario, es una de las
que registran mayor actividad y ejercen mayor presupuesto, junto a las
secretarías de Educación, Seguridad Pública y Salud; por eso es de las más auditadas
en lo financiero y en lo técnico.
Este año, por
ejemplo, se destinaron 236 millones de pesos únicamente al programa de
conservación de la red carretera de Veracruz y entre los trabajos destacan los
que se realizan en la vía Xalapa-Coatepec-Teocelo-Cosautlán y Misantla-Xalapa,
entre otros.
Eso sin contar con
los recursos recientemente anunciados por el gobernador Javier Duarte para la
modernización de los tramos carreteros de Santiago Tuxtla, Catemaco, Cosoleacaque,
Jáltipan y Acayucan; para la construcción del tramo Nuevo Necaxa Tihuatlán,
autopista México-Tuxpan; para la autopista Tuxpan-Tampico; y para el tramo
Cardel-Poza Rica; además de la inversión en el Puerto de Veracruz y en el
aeropuerto El Lencero, de esta capital.
En otro escenario, la Secretaría de Infraestructura realiza un trabajo para
encontrar vicios y anomalías en las obras, así como para corregir las irregularidades
ya detectadas. El año pasado, la dependencia presentó 58 denuncias ante
la Procuraduría General de la República por fraudes de compañías constructoras,
cuyo monto total ascendía a más de 170 millones de pesos.
También rescindió contratos por más de mil 170 millones a
empresas que cobraron anticipos de obra sin realizar trabajo alguno.
Las denuncias contra las empresas que realizaron cobros
indebidos o trabajos defectuosos continúan este año y ya se anuncia que se
interpondrá un recurso contra la empresa constructora Maroce, S.A. de C.V,
sobre la que también pesan señalamientos de la Sedesol federal por recibir
anticipos de obras dentro del Fonden sin realizar los trabajos correspondientes;
esto, en el estado de Guerrero durante 2012.
Hay otros 245 contratos de obra por un monto superior a los
2 mil 479 millones de pesos que se encuentran en proceso de rescisión o
terminación anticipada por diferentes anomalías.
De esa manera, observamos que lo importante no es únicamente
construir, sino hacerlo bien y aplicar de manera honesta y eficiente los
recursos públicos. Afortunadamente, en ese terreno hay una distancia abismal
entre Gerardo Buganza y su antecesor en la dependencia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/
No hay comentarios:
Publicar un comentario