viernes, 4 de abril de 2014

Obras, reclamos y auditorías


Luis Alberto Romero

 

Hace un par de días, un grupo de campesinos del sur del estado se manifestó en la capital de Veracruz para exigir la asignación de obras públicas, más de un millar; en su mayoría, carreteras y caminos rurales.

Como casi todas las manifestaciones que se realizan en Xalapa, ésta incluyó el bloqueo del centro de la ciudad como medida de presión. Acusaron al secretario de infraestructura del gobierno estatal, Gerardo Buganza Salmerón, de incumplir con promesas de obra y también evidenciaron un trasfondo político al exigir el cese del funcionario.

No es la primera ocasión en que se observan señalamientos de este tipo contra los secretarios de comunicaciones, que así se llamaba antes la dependencia, e infraestructura, su nombre actual; sobre todo tratándose de una oficina que maneja tantos recursos y que por ello se vuelve bocado apetecible para constructores, empresarios y grupos de poder.

Sin embargo, los números no ubican a la SIOP entre las dependencias estatales con pendientes importantes; al contrario, es una de las que registran mayor actividad y ejercen mayor presupuesto, junto a las secretarías de Educación, Seguridad Pública y Salud; por eso es de las más auditadas en lo financiero y en lo técnico.

Este año, por ejemplo, se destinaron 236 millones de pesos únicamente al programa de conservación de la red carretera de Veracruz y entre los trabajos destacan los que se realizan en la vía Xalapa-Coatepec-Teocelo-Cosautlán y Misantla-Xalapa, entre otros.

Eso sin contar con los recursos recientemente anunciados por el gobernador Javier Duarte para la modernización de los tramos carreteros de Santiago Tuxtla, Catemaco, Cosoleacaque, Jáltipan y Acayucan; para la construcción del tramo Nuevo Necaxa Tihuatlán, autopista México-Tuxpan; para la autopista Tuxpan-Tampico; y para el tramo Cardel-Poza Rica; además de la inversión en el Puerto de Veracruz y en el aeropuerto El Lencero, de esta capital.

En otro escenario, la Secretaría de Infraestructura realiza un trabajo para encontrar vicios y anomalías en las obras, así como para corregir las irregularidades ya detectadas. El año pasado, la dependencia presentó 58 denuncias ante la Procuraduría General de la República por fraudes de compañías constructoras, cuyo monto total ascendía a más de 170 millones de pesos.

También rescindió contratos por más de mil 170 millones a empresas que cobraron anticipos de obra sin realizar trabajo alguno.

Las denuncias contra las empresas que realizaron cobros indebidos o trabajos defectuosos continúan este año y ya se anuncia que se interpondrá un recurso contra la empresa constructora Maroce, S.A. de C.V, sobre la que también pesan señalamientos de la Sedesol federal por recibir anticipos de obras dentro del Fonden sin realizar los trabajos correspondientes; esto, en el estado de Guerrero durante 2012.

Hay otros 245 contratos de obra por un monto superior a los 2 mil 479 millones de pesos que se encuentran en proceso de rescisión o terminación anticipada por diferentes anomalías.

De esa manera, observamos que lo importante no es únicamente construir, sino hacerlo bien y aplicar de manera honesta y eficiente los recursos públicos. Afortunadamente, en ese terreno hay una distancia abismal entre Gerardo Buganza y su antecesor en la dependencia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/

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