jueves, 29 de junio de 2017

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el desempeño de los congresos locales en nuestro país, en el que destaca, además de los números sobre el trabajo de los diputados locales de todos los partidos, la opacidad de dicho poder, así como el discrecional manejo de los recursos públicos.
Establece el IMCO que en promedio, cada diputado federal representa a poco más de 247 mil habitantes, en tanto que cada legislador local, a menos de cien mil personas.
En cuanto a transparencia, de las solicitudes de información que son enviadas a los congresos, menos del 80 por ciento obtienen respuesta satisfactoria; en ese terreno destacan las legislaturas de Campeche, Chihuahua y Sinaloa, en tanto que las más opacas fueron las de Morelos, Veracruz y Colima, que sólo alcanzaron un puntaje de 36, 32 y 19 por ciento, respectivamente.
Un alto porcentaje de las preguntas que hacen los ciudadanos sobre aguinaldo, bonos, distribución del gasto y presupuesto de egresos de los congresos no encontraron respuesta por parte del poder Legislativo.
Este año, nos dice la fuente, las legislaturas estatales ejercen un presupuesto, en conjunto, de más de 13 mil 500 millones de pesos. El de Veracruz, por cierto, es el quinto congreso local que más recursos maneja y el tercero con más comisiones legislativas, 40.
El IMCO plantea cinco propuestas básicas en su Informe Legislativo 2017: primero, que los diputados cumplan con las leyes que ellos mismos aprueban; segundo, que mejoren sus proyectos presupuestarios; tercero, que exista una regulación en la administración y asignación de recursos para los órganos internos de los congresos; cuarto, que se apeguen al presupuesto de egresos aprobado; y quinto, que se otorgue autonomía financiera a los órganos superiores de fiscalización.
Revisando el documento del IMCO para centrarse en el caso veracruzano encontramos que cada legislador local representa a 163 mil 279 persona, lo que ubica a la entidad como la cuarta en la lista de los estados con menos legisladores por cada 10 mil habitantes.
En cuanto al asunto relacionado con los recursos públicos, las deficiencias que ubica dicho estudio hablan de una asimetría presupuestal; de un crecimiento y ampliaciones injustificadas en los presupuestos asignados; de discrecionalidad en la asignación de los recursos al interior de los congresos; de asignaciones presupuestarias que van más allá de las atribuciones de los diputados locales; y de discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de los recurso públicos.
En Veracruz, por cierto, se detectó un incremento de 14.2 por ciento en el presupuesto de la Legislatura estatal en el periodo de 2012 y a 2017, cuando los recursos pasaron de 501 a 676.9 millones de pesos.
El promedio nacional del presupuesto de 2017 para cada diputado local es de 11.1 millones de pesos; sin embargo, en Veracruz cada diputado cuesta 13.5 millones anuales; la entidad se ubica en el lugar número nueve entre los estados que asignan más dinero a sus legisladores. En esa lista destaca el caso de la Ciudad de México, donde cada representante cuesta 28.8 millones de pesos al año.
Para tener una idea de lo que eso significa, podríamos decir que los diputados locales de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo y Veracruz cuestan más que sus homólogos de países como Francia o Alemania. La austeridad legislativa, señala el Instituto, no es más que un elemento discursivo en nuestro país.
Únicamente en ocho estados no hubo variación entre el presupuesto aprobado y el recurso devengado por las legislaturas estatales. En Querétaro, por ejemplo, el Congreso local ejerció en 2016 casi 65 por ciento más que su presupuesto asignado. En Veracruz, ese porcentaje llegó a 11; es decir, los diputados locales gastaron 74 millones de pesos más de lo que tenían aprobado para el año pasado.
Los congresos locales de Veracruz y otras siete entidades negaron la información relacionada con los aguinaldos que se aprobaron sus diputados.
Con relación a la productividad, el año más reciente en ser evaluado fue 2016, cuando entre todos los legisladores veracruzanos presentaron 50 iniciativas, dejando al congreso local como uno de los menos productivos. Los diputados de Jalisco, por ejemplo, presentaron más de 970; los de Morelos, 524; los de San Luis Potosí, 502; y los de Puebla, que pertenecen al congreso que menos recursos maneja en el país, 406. @luisromero85

miércoles, 28 de junio de 2017

En análisis, la ampliación de Laguna Verde

Luis Alberto Romero
Entre tantas notas relacionadas con hechos delictivos, violencia, ejecuciones y delincuencia, la información relacionada con la muy probable ampliación de la central nucleoeléctrica Laguna Verde pasó casi inadvertida en Veracruz.
De acuerdo con la nota difundida por medios nacionales especializados en los temas financiero y económico, representantes de 15 empresas norteamericanas relacionadas con energía nuclear estuvieron en Laguna Verde, municipio de Alto Lucero, para sostener reuniones con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de analizar la ampliación de la capacidad instalada de esa central, cuya construcción inició hace poco más de cuatro décadas, aunque fue hasta 1990 cuando comenzó a funcionar.
Esa nucleoeléctrica, ubicada a 60 kilómetros de la capital del estado, cuenta actualmente con una capacidad de poco más de mil 300 Megawatts en dos unidades generadoras. El proyecto de expansión se basa en el incremento del cuatro por ciento en la demanda nacional de energía eléctrica, un aumento que será difícil de cubrir en los próximos años.
Daniel Lipman, vicepresidente de Insumos y Programas Internacionales del Instituto de Energía Nuclear de Estados Unidos, declaró al diario El Economista que para satisfacer las necesidades de la población habrá que utilizar todas las tecnologías posibles, con la nucleoeléctrica incluida.
El tema de la ampliación de la capacidad instalada de Laguna Verde no es nuevo; de hecho, se discute desde hace dos décadas pero hasta ahora había sido frenado. De concretarse ahora dicho proyecto, como es muy probable, podrían resurgir las protestas que hace tres décadas protagonizaron organizaciones ambientalistas, como Madres Veracruzanas, que en la segunda mitad de los ochentas exigieron la conversión de la nucleoeléctrica en una central de ciclo combinado de generación de energía, que utiliza gas natural para convertirlo en electricidad.
Así las cosas, es muy probable que la única central nucleoeléctrica de nuestro país, ubicada en territorio veracruzano, vuelva a ser noticia próximamente, tanto por el proyecto de ampliación de capacidad, que ya analiza la Comisión Federal de Electricidad, como por las predecibles protestas de los opositores al uso de dicha tecnología para generar electricidad.

Coatzacoalcos, tierra de nadie

Luis Alberto Romero
Los problemas de inseguridad, violencia y desempleo han generado en el sur de Veracruz un ambiente de preocupación y tensión social que se refleja en la depresión de la actividad económica.
El fenómeno de la ola delictiva se suma a los despidos masivos en Petróleos Mexicanos, Pemex, y en la industria petrolera en general. El comercio registra bajas ventas y de la crisis económica y de seguridad nadie escapa en Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchital.
La zona sur de Veracruz enfrenta días turbulentos y convulsos: no hay empleo; por el contrario, los despidos son comunes, frecuentes; por si fuera poco, la inseguridad se refleja en las calles. En los hoteles del lugar recomiendan a los huéspedes no salir por la noche debido a la creciente delincuencia.
Lo peor es que no hay semana sin ejecuciones en esa zona; por otro lado, cada caso es peor que el anterior y los niveles de violencia escalan cada vez más.
Platico con una reportera que tiene su base de operación en Coatzacoalcos; explica que el crimen perpetrado el pasado fin de semana contra los miembros de una familia, cuatro niños incluidos, acentuó la percepción de que ese lugar es tierra de nadie: “las calles están vacías; antes la gente salía, por ejemplo, a correr al malecón el domingo; hoy ni eso… este fin de semana fue muy evidente el miedo porque no encontrabas personas, ni temprano ni tarde; parece que el movimiento habitual se detuvo…”.
No existe un estado de excepción ni un toque de queda en Coatzacoalcos; sin embargo, los pobladores y sobre todo los visitantes prefieren no salir en las noches por miedo a ser víctimas de la delincuencia. Es como si se hubiera suspendido el ejercicio de los derechos y las garantías de la población, como lo consigna el Artículo 29 de la Constitución Política en los casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.
Como contexto, recordamos que el pasado sábado 24 de junio una familia de seis personas fue asesinada en dicho municipio del sur veracruzano; y aunque las autoridades interpretaron el hecho como una venganza contra el jefe de esa familia tras el homicidio de un líder criminal, lo cierto es que esa explicación del gobierno no contribuyó a disminuir o apaciguar la preocupación de una sociedad lastimada por los elevados índices delictivos.
A los habitantes de esa región tampoco consuela el dato que indica que durante los últimos dos años, 2015 y 2016, el índice que ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada se disparó en 132 por ciento. Ese, finalmente, es un número frío para ellos, una estadística más; la realidad es que los homicidios dolosos, los secuestros y las extorsiones contra empresarios, comerciantes, trabajadores y hasta jubilados son cada vez más frecuentes en un lugar donde las autoridades –municipales, estatales y federales– simplemente no han podido con la obligación de garantizar la seguridad pública.
Ese hecho criminal, el asesinato de cuatro menores, nos dicen, fue la gota que derramó el vaso en el tema de la inseguridad en Coatzacoalcos, donde los problemas de los despidos y la crisis de la industria petrolera ya tenían en jaque a los empresarios, comerciantes y profesionistas.
Si a esos problemas sociales –delincuencia, violencia y desempleo– se suma el hecho de que en Coatzacoalcos la pobreza alcanza a más del 34.6 por ciento de la población; en Minatitlán, al 41.8; y en Nanchital, a casi el 35 por ciento, el resultado es un coctel dramático y lamentable.

miércoles, 24 de mayo de 2017

Daniel Zairick, del plagio al escarnio público

Luis Alberto Romero
De risa, el capítulo que protagonizó el candidato de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Orizaba, Daniel Zairick Aboumrad, quien lanzó un video en el que, literalmente, plagia un mensaje del presidente argentino Mauricio Macri.
El panista no tuvo empacho en copiar, palabra por palabra, incluso con el mismo ritmo de lectura, el mensaje del jefe de estado argentino. Lo único que cambia en el video es el acento.
El candidato de la alianza PAN-PRD intentó controlar el daño que provocó a su imagen dicha estulticia, y convocó a una rueda de prensa para decir que no sabía que el discurso era una vil calca.
Dijo Daniel Zairick que sólo fue un mensaje motivacional y que sus propuestas no son copia de ninguna otra campaña nacional o extranjera. Simplemente su equipo de promoción, sus estrategas en manejo de medios, le presentaron el mensaje; al candidato le gustó y decidió grabarlo.
El problema para el abanderado de la citada coalición es que no faltó quien comparó su mensaje con el de la campaña de Macri y se percató de que el de Orizaba recurrió al plagio para expresar una idea.
Por supuesto, el video fue bajado de las redes, en tanto que la pequeña empresa que fue contratada por el abanderado del albiazul para la selección de los mensajes y la grabación de los videos fue despedida, porque además dejó a su candidato en condición de hazmerreír… y no hay nada peor para un político que exponerse al ridículo y al escarnio público.
El siguiente video de Daniel Zairick, bromean el Orizaba, será a ritmo de tango y compartiendo un asado. @luisromero85

Eva, Tarek y Silva

Luis Alberto Romero
El caso de la diputada local Eva Cadena Sandoval, de Morena, se observa mucho más claro, en cuanto al desenlace probable, que el de los legisladores federales priistas Alberto Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá Saad, ex secretario de Desarrollo Social y ex vocero del gobierno veracruzano, el primero; y ex tesorero de la Secretaría de Finanzas durante la administración de Javier Duarte, el segundo.
De los tres, parece que únicamente a la de Las Choapas la abandonó su partido; porque la solicitud de juicio de procedencia contra Tarek Abdalá no registra avance alguno, en tanto que la petición de desafuero contra Silva Ramos no ha llegado a San Lázaro.
Ricardo Ramírez Nieto, diputado presidente de la Sección Instructora y secretario de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara Baja, dio a conocer que Eva Cadena todavía no comparece ante la Legislatura federal para responder por los señalamientos en su contra; este miércoles vence el plazo.
El caso de Eva Cadena es la crónica de un desafuero anunciado; en los órganos jurisdiccionales hay consenso y en su ex partido, Morena, no existe la mínima intención de cubrir el costo político que significaría esa defensa.
Por otro lado, las acusaciones contra Tarek Abdalá Saad no han prosperado; el expediente sigue detenido y en torno a ese asunto circulan versiones en el sentido de que el PRI estaría frenando el desafuero, al menos hasta que pase la jornada electoral del cuatro de junio próximo.
Para Alberto Silva, la captura de su antecesora en Comunicación Social, Gina Domínguez, significó una mala noticia, en virtud de que comparte acusaciones con la ex presidenta de la Fundación Colosio, hoy recluida en Pacho Viejo.
Sobre el asunto de Silva Ramos, se sabe que de un momento a otro la fiscalía veracruzana presentaría la solicitud de desafuero correspondiente.
La diferencia entre los tres –Eva, Tarek y Silva– radica básicamente en el respaldo de sus respectivos partidos; Cadena Sandoval está sola, no cuenta con asidero, en tanto que los priistas contarían, se dice, con vínculos políticos que podrían impedir que la solicitud de desafuero prospere, a pesar de que los señalamientos que se les imputan son mucho más graves que los que tiene encima la ex candidata a la alcaldía de Las Choapas.

martes, 23 de mayo de 2017

Duarte, Gina y el impacto al PRI

Luis Alberto Romero
La ex coordinadora de Comunicación Social y ex vocera de la administración de Javier Duarte, Gina Domínguez Colío, se mostraba confiada en que difícilmente sería llamada a cuentas por la justicia. Por ello no huyó, como lo hicieron otros personajes que ocuparon cargos más o menos relevantes en dicho gobierno.
A pesar de que todas las señales estaban en contra y mostraban el inminente final de algunos de los ex colaboradores de Duarte de Ochoa, Gina Domínguez optó por quedarse en Xalapa, con todo el riesgo que implicaba dicha decisión para sus días en libertad.
Unos días antes de la captura del ex gobernador, registrada en Guatemala, este reportero habló con uno de los ex colaboradores del área de Comunicación Social; el ex funcionario decía que Gina Domínguez había cambiado su número de teléfono celular y que sólo respondía llamadas de algunas personas, a quienes consideraba sus amigos y cercanos. –¿No tiene miedo?. –Parece que no; dice que antes que ella, hay al menos otros veinte.
La captura del ex mandatario veracruzano, sin embargo, significó el foco rojo para Domínguez Colío y para una docena de ex funcionarios estatales.
Cinco semanas después del anuncio de las autoridades sobre la detención de Duarte de Ochoa, la ex vocera corrió con la misma suerte que su jefe.
A Gina Domínguez le fue impuesto un año de prisión preventiva, con lo que se convierte en un caso más de un ex funcionario duartista que permanece internado en el penal de Pacho Viejo. Recordamos que antes que ella, los ex titulares de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; de la desaparecida Secom y de Caev, Francisco Valencia García; Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo; y Gobierno, Flavino Ríos Alvarado (aunque fue liberado unos días después) pisaron dicho centro de readaptación, al igual que Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular.
Eso sin contar con el líder del sindicato de Tamsa, Pascual Lagunes; y el dirigente de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes.
En capilla, nos dicen, estaría también el diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, quien ocupó la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Comunicación Social, sucediendo precisamente a Domínguez Colío, durante la administración Duarte.
No son los únicos, lo más probable es que otros ex funcionarios estatales, algunos de los cuales gozan actualmente de fuero, son vinculados e investigados por presuntos actos de corrupción.
Por otro lado, hay una arista en el asunto relacionado con esas capturas que todavía no se mide en su justa dimensión: el impacto que ello ocasionará en las expectativas de los candidatos del PRI a las presidencias municipales.
Unas tres semanas antes del arranque de las campañas, el ex gobernador Duarte fue detenido y exhibido como ejemplo nacional de corrupción, delincuencia y mal gobierno. Después, justo en medio del periodo proselitista de los candidatos a las alcaldías, la ex vocera también fue apresada; y se anticipa que en cualquier momento, la Fiscalía General del Estado, en cuya cancha está la pelota de los expedientes, las denuncias y la suerte de los ex funcionarios, presente la solicitud de juicio de procedencia contra el diputado Alberto Silva Ramos.
Así, como para controlar el potencial daño de dicho escenario, los dirigentes y representantes priistas han externado que los procesos judiciales contra los más prominentes miembros del grupo que gobernó la entidad de 2010 a 2016 no afectarán al tricolor. Ello, sin embargo, se observa sumamente complicado porque no sólo hay ex funcionarios, sino un ex dirigente estatal del partido, Alberto Silva, y una ex presidenta de la Fundación Colosio, Gina Domínguez.
Esos factores de desprestigio del partido y de indignación social contra todo lo que huela a Javier Duarte hacen que se vuelva predecible la derrota priista en la presente contienda por las alcaldías veracruzanas.

lunes, 22 de mayo de 2017

Veracruz, en el medallero de los delitos electorales

Luis Alberto Romero
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, dio a conocer que durante el presente proceso electoral, en los estados de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, se han iniciado 10 averiguaciones previas y 205 carpetas de investigación.
En total, la Fiscalía reporta 215 hechos investigados en el periodo de septiembre al 14 de mayo del presente año. Hay, además, 192 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Un trabajo periodístico difundido por el diario Milenio consigna la estadística de los delitos electorales en el presente proceso; asimismo, apunta que la incidencia delictiva se ubica en 1.3 por ciento.
Entre las cuatro entidades del país con mayor incidencia, Veracruz se ubica entre los punteros, con cuatro puntos porcentuales.
La entidad veracruzana acumula en el presente proceso 328 denuncias por presuntos delitos electorales, cifra sumamente alta considerando que entre los cuatro estados que tienen elecciones suman 607.
Más de la mitad de las acusaciones por este tipo de ilícitos tiene su origen en el proceso para la renovación de los ayuntamientos veracruzanos; y eso que la etapa más álgida de la elección local apenas está por comenzar; se espera, en ese contexto, que en la recta final de los presentes comicios locales, el número de las denuncias por delitos electorales se dispare tanto en Estado de México como en Veracruz.
Por otro lado, este domingo, la Procuraduría General de la República, a través de Fepade, informó que en los sistemas Fepadetel y Fepadenet, pare la recepción de acusaciones y denuncias por presuntos delitos electorales, ha recibido 427 llamadas y 592 correos electrónicos.
De las llamadas que recibió la Fepade, 64.5 por ciento correspondieron al Estado de México; 17.1 por ciento a Coahuila; y 14.6 por ciento a Veracruz.
En cuanto a las denuncias por correo electrónico, de las 592 acusaciones, 64 fueron recibidos de Coahuila; 379 del Estado de México; 15 de Nayarit; y 134 de Veracruz.
Esperemos ahora que no se repitan hechos tan lamentables como el llamado Bocagate, que en marzo de 2013 se convirtió en escándalo nacional por la filtración de un video que correspondió a una reunión de priistas que dejó en evidencia la manera en la que pretendían condicionar apoyos asistenciales de la Sedesol.
Del llamado “oro molido” (frase que utilizó el ex alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur, muy cercano al ex gobernador Javier Duarte, para referirse a los padrones de beneficiarios de la Sedesol) a la fecha, han pasado más de 4 años.
El presente proceso electoral veracruzano es una buena oportunidad para recordar ese negro episodio de la historia electoral del estado, a fin de que los actores políticos eviten la tentación de violar la ley para inclinar la balanza.

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...