Luis Alberto Romero
El tema de la discriminación y los derechos indígenas
pareciera un debate agotado y, por tanto, innecesario. No es así, sobre todo
tomando en cuenta la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades para
sectores que por años han sido excluidos y marginados.
El 11 de junio de 2003, el Diario Oficial de la Federación
publicó La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el documento
establece las medidas legales para prevenir cualquier forma de exclusión social
y garantizar la igualdad entre las personas.
No es un tema nuevo, ni en México ni en el ámbito
internacional: la Carta de las Naciones Unidas de 1945, como muestra, establece
la importancia de la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
Sin embargo, la realidad de nuestro país es muy diferente a
lo que establecen tanto los tratados internacionales como nuestras propias
leyes; un ejemplo es la discriminación que enfrentan las etnias. Se estima que
este problema social afecta a más de 7 millones de indígenas y unos 450 mil
afromexicanos.
México es un país racista. La más reciente Encuesta Nacional
de Discriminación reveló que más del 23 por ciento de los mexicanos no estarían
dispuestos a compartir su casa con personas de otra raza; que el 54 por ciento
señala que el color de la piel es un motivo de insulto; y que el 16 por ciento
de la población vincula la pobreza de los indígenas con un tema de pereza; es
decir, apuntan que son pobres porque no trabajan.
Pero no sólo los indígenas son discriminados en este país;
también lo son mujeres, ancianos, jóvenes, niños, enfermos, discapacitados,
migrantes, creyentes no católicos y miembros de la comunidad lésbico-gay.
En el caso de los indígenas, se trata de una doble
discriminación porque este grupo no sólo enfrenta un trato desigual debido a su
condición racial, sino también por la pobreza y el rezago que prevalece en las
comunidades.
Por si fuera poco, el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación reconoce atrasos en el trato igualitario para indígenas en
diferentes ámbitos: en los procesos penales, en el acceso a la salud y a la
alimentación, en los derechos políticos y en las oportunidades de trabajo.
Ayer, por cierto, el presidente Enrique Peña Nieto se
presentó ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, donde convocó
a combatir la desigualdad, la injusticia y la discriminación que enfrentan los
pueblos indígenas; sin embargo, es un problema que no se puede resolver por
decreto.
En Veracruz existen siete grandes grupos étnicos; es la
cuarta entidad con más población indígena, superada sólo por Oaxaca, Chiapas y
Estado de México. Más del 9 por ciento los indígenas del país vive en
territorio veracruzano, donde muchas veces sufren discriminación y malos tratos
por su condición racial.
Generalmente, las
comunidades de regiones como Chicontepec, Papantla, Tantoyuca, Uxpanapa,
Ixhuatlán y Soteapan, entre otras, enfrentan problemas de discriminación y un
acceso inequitativo a servicios y oportunidades para su desarrollo. Es un
problema que se registra en prácticamente todas las etnias de un país, México, que
ve en lo indígenas a ciudadanos de segunda, lo cual no sólo es vergonzoso, sino
también indignante. @luisromero85
