Indígenas veracruzanos

Luis Alberto Romero

El tema de la discriminación y los derechos indígenas pareciera un debate agotado y, por tanto, innecesario. No es así, sobre todo tomando en cuenta la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades para sectores que por años han sido excluidos y marginados.

El 11 de junio de 2003, el Diario Oficial de la Federación publicó La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el documento establece las medidas legales para prevenir cualquier forma de exclusión social y garantizar la igualdad entre las personas.

No es un tema nuevo, ni en México ni en el ámbito internacional: la Carta de las Naciones Unidas de 1945, como muestra, establece la importancia de la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

Sin embargo, la realidad de nuestro país es muy diferente a lo que establecen tanto los tratados internacionales como nuestras propias leyes; un ejemplo es la discriminación que enfrentan las etnias. Se estima que este problema social afecta a más de 7 millones de indígenas y unos 450 mil afromexicanos.

México es un país racista. La más reciente Encuesta Nacional de Discriminación reveló que más del 23 por ciento de los mexicanos no estarían dispuestos a compartir su casa con personas de otra raza; que el 54 por ciento señala que el color de la piel es un motivo de insulto; y que el 16 por ciento de la población vincula la pobreza de los indígenas con un tema de pereza; es decir, apuntan que son pobres porque no trabajan.

Pero no sólo los indígenas son discriminados en este país; también lo son mujeres, ancianos, jóvenes, niños, enfermos, discapacitados, migrantes, creyentes no católicos y miembros de la comunidad lésbico-gay.

En el caso de los indígenas, se trata de una doble discriminación porque este grupo no sólo enfrenta un trato desigual debido a su condición racial, sino también por la pobreza y el rezago que prevalece en las comunidades.

Por si fuera poco, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reconoce atrasos en el trato igualitario para indígenas en diferentes ámbitos: en los procesos penales, en el acceso a la salud y a la alimentación, en los derechos políticos y en las oportunidades de trabajo.

Ayer, por cierto, el presidente Enrique Peña Nieto se presentó ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, donde convocó a combatir la desigualdad, la injusticia y la discriminación que enfrentan los pueblos indígenas; sin embargo, es un problema que no se puede resolver por decreto.

En Veracruz existen siete grandes grupos étnicos; es la cuarta entidad con más población indígena, superada sólo por Oaxaca, Chiapas y Estado de México. Más del 9 por ciento los indígenas del país vive en territorio veracruzano, donde muchas veces sufren discriminación y malos tratos por su condición racial.

Generalmente, las comunidades de regiones como Chicontepec, Papantla, Tantoyuca, Uxpanapa, Ixhuatlán y Soteapan, entre otras, enfrentan problemas de discriminación y un acceso inequitativo a servicios y oportunidades para su desarrollo. Es un problema que se registra en prácticamente todas las etnias de un país, México, que ve en lo indígenas a ciudadanos de segunda, lo cual no sólo es vergonzoso, sino también indignante. @luisromero85