jueves, 27 de abril de 2017

Eva Cadena, el sambenito de la corrupción

Luis Alberto Romero

A Eva Cadena se le complica el escenario como consecuencia del escándalo en que se ve envuelta luego de que fue grabada en video recibiendo 500 mil pesos como aportación de un particular a la causa de López Obrador.
Considerada como un cuadro destacado del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de Veracruz, Cadena Sandoval pasó de ser el rival más fuerte en la contienda por la presidencia municipal de Las Choapas a candidata a un penal federal por los presuntos ilícitos que ya investiga la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade.
A estas alturas, el supuesto “cuatro” que le pusieron a la ex militante distinguida de Morena es un asunto secundario porque la imagen resultó muy contundente. El tema le costó a Eva Cadena no sólo la expulsión con cajas destempladas de su partido, sino también lo que se anticipa como una fuerte persecución.
Sobre el cuello de la de Las Choapas pende ahora el sambenito de la corrupción partidista; incluso sus ex compañeros de lucha le dan a espalda y piden que se le investigue.
En la Cámara Baja, la diputada de Morena, Rocío Nahle García, solicitó que la Fepade investigue la entrega de dinero  a Eva Cadena, quien previamente se vio obligada a renunciar a la candidatura a la presidencia municipal de Las Choapas.
Luego de dicho escándalo, la fiscalía estatal inició una carpeta de investigación y lo mismo ocurrió en la Fepade, que depende de la Procuraduría General de la República.
El titular de la Fepade, Santiago Nieto, adelantó que la investigación se inició y que no importa si se trató de un “cuatro”, en virtud de que el Artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales establece que “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.
Nieto Castillo declaró a medios nacionales que no sólo se investiga de oficio a Eva Cadena, sino a la persona que entregó el dinero.
La de Las Choapas ya tendría carácter de indiciada por su probable participación en delitos electorales.
Por si las dudas, tras renunciar a la candidatura a la alcaldía, Cadena Sandoval se apresuró a notificar a la Legislatura del Estado su regreso a la curul local; no ocupará un lugar entre los diputados de Morena, pero obtiene la ventaja del fuero… y un ingreso que no le resultará despreciable; por cierto, para eso también le puede servir la “bolsita” que pide a quien le entregó el medio millón de pesos.
El tema de Cadena Sandoval pone en duda, por decir lo menos, la honestidad que tanto pregona Morena y su líder nacional; por otro lado, el video deja en evidencia la manera de operar de partidos y candidatos para allegarse recursos en las campañas, cuando el dinero de las prerrogativas oficiales simplemente no alcanza.
Habrá que ver, con los días y las semanas, la dimensión del daño que ese escándalo causa a un partido que ha intentado hacer de la honestidad y del combate a la corrupción su principal bandera.
¿Estos son los honestos?; si así son los impolutos, ¿cómo serán los indecentes?. 

martes, 25 de abril de 2017

Violencia veracruzana, una historia de terror

Luis Alberto Romero
En Veracruz, el ambiente es de preocupación y miedo ante el incremento de los índices delictivos. No hay región en el estado en la que la población esté tranquila; los homicidios y secuestros son noticias comunes en los medios y redes sociales.
En Martínez de la Torre, por citar un ejemplo, las narraciones sobre hechos violentos son escalofriantes y se observa una creciente tensión social como consecuencia de los frecuentes asesinatos.
Hablo con reporteros locales, a quienes pregunto sobre el asunto de la inseguridad en la zona; señalan que a diferencia de años anteriores, cuando las víctimas eran fuertes empresarios, o los propios delincuentes en luchas registradas entre bandas rivales, hoy los ataques van también contra integrantes de grupos sociales de condición económica más bien modesta; en ese contexto ubican a los recientes asesinatos contra dos enfermeras de la zona; o el homicidio perpetrado contra un pequeño productor citrícola de la zona limítrofe entre ese municipio y San Rafael. Son historias de terror cuyos detalles no son necesarios; basta decir que por la violencia extrema sobrepasan cualquier narración de ficción.
Ese ambiente de preocupación, de temor e inseguridad, es reflejo de la realidad de violencia que se observa en la entidad. La percepción social, en este caso, es alentada por una ola delictiva que se proyecta en la estadística oficial.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las estadísticas delictivas de marzo del presente año, que indican que la actividad delincuencial en Veracruz se ha disparado: el número total de ilícitos pasó de 3 mil 837, en febrero, a más de 5 mil en el mes siguiente.
Los robos también aumentaron, al igual que los casos de abigeato, lesiones y delitos patrimoniales.
El homicidio doloso y la privación ilegal de la libertad, que son los que más preocupación general y los que más fortalecen la percepción de inseguridad entre la población, también registraron un alza considerable.
Durante enero y febrero, de acuerdo con la información que maneja la Fiscalía estatal, se cometieron en Veracruz 102 y 109 homicidios dolosos, respectivamente; esa cifra se disparó de forma considerable en el tercer mes del año, cuando los números oficiales consignaron 161 casos; es decir, casi 55 por ciento más.
Lo mismo ocurrió en la casilla de las lesiones dolosas: de 307 registradas durante febrero del presente año se pasó a 423; el aumento en ese delito estuvo cerca del 40 por ciento.
Si durante enero y febrero se cometieron en Veracruz 15 y 13 secuestros, respectivamente, en marzo la situación con relación a ese ilícito se complicó aún más: 18 personas fueron privadas de su libertad, lo cual implica un incremento de casi 40 por ciento.
En total, el saldo del primer trimestre del año es de 372 homicidios dolosos y 46 secuestros.
Si a esa cifra sumamos los datos que corresponden al último mes de 2016, el primero de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, el saldo en los cuatro meses iniciales del presente gobierno estatal veracruzano es de 504 asesinatos dolosos y 63 secuestros; esto es, más de cuatro homicidios dolosos cada día; y un caso de privación ilegal de la libertad cada dos días.
Es, el de la inseguridad, un verdadero drama que enfrenta la sociedad veracruzana. @luisromero85

domingo, 23 de abril de 2017

PRI tuxpeño, con el enemigo en casa

Luis Alberto Romero
En Tuxpan, municipio ubicado en la zona norte de Veracruz, prevalece la incertidumbre priista debido a la indefinición en torno a la candidatura a la presidencia municipal.
En ese lugar, siete aspirantes del tricolor se registraron para participar en la contienda interna en busca de la candidatura para suceder a Raúl Ruiz Díaz.
En partido, sin embargo, determinó de última hora que iría en alianza con el Verde y que la postulación no recayera en ninguno de los aspirantes registrados.
El problema para el Revolucionario Institucional es que uno de los aspirantes mejor posicionados, el doctor Francisco Arango Graña, se inconformó contra esa candidatura y recurrió a las instancias internas del partido y también ante los tribunales.
En el seguimiento de dicho asunto, este jueves, Javier Benítez Ponce, actual síndico del ayuntamiento tuxpeño, ex dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI, ex alcalde y uno de los activos priistas más importantes de esa región, calificó como sumamente complicada la situación de su partido.
Dijo el síndico del ayuntamiento que debido a la “estupidez” de los actuales dirigentes estatales del PRI, el partido se encuentra en riesgo de perder la elección del presente año en Tuxpan; y señaló como responsables tanto al presidente del comité estatal del partido, Renato Alarcón Guevara, como a la delegada del Comité Ejecutivo Nacional, Lorena Martínez Rodríguez.
El mayor problema, apuntó Benítez Ponce, es que el tricolor no ha definido todavía la candidatura a la alcaldía, a pesar de que en cinco días se vence el plazo para el registro ante el órgano electoral.
De forma original, el PRI determinó que su alianza con el Partido Verde fuera parcial; es decir, no en los 212 municipios de la entidad; Tuxpan no estaba incluido en la lista de los lugares en que se concretaría la coalición PRI-Verde.
Por la intervención de la delegada nacional, se dice en Tuxpan, ese lugar fue incluido en el adendum al convenio de coalición celebrado por dichos partidos; por otro lado, la candidatura fue reservada para una mujer, con lo que se excluyó a los siete precandidatos registrados.
Sobre ello, el síndico del ayuntamiento tuxpeño fue enfático al señalar que a los aspirantes priistas y a la gente que ellos representan “les tomaron el pelo”.
Para Benítez Ponce, el hecho de que la designación de la alianza PRI-Verde esté impugnada por uno de los aspirantes priistas ubica la contienda interna en un contexto de indefinición; en pocas palabras, todavía no hay candidato de esos partidos a la alcaldía del lugar, lo que coloca a dicha coalición en franca desventaja frente a otras fuerzas políticas.
Por si fuera poco, el PRI y el Verde están enfrascados en la lucha interna por la designación de los aspirantes a los diferentes cargos edilicios, no sólo la presidencia municipal, sino también sindicatura y regidurías.
El actual edil del ayuntamiento de Tuxpan apuntó que en esta severa crisis priista, la culpa no es de los aspirantes, sino de la indefinición que provocaron tanto el presidente del CDE como de la delegada del CEN.
No es posible, señala, que a unos días de que se cierre el registro, los priistas de Tuxpan carezcan de certeza en cuanto al abanderado a la alcaldía. Por otro lado, el ex alcalde enfatizó que no sólo Francisco Arango, sino que cualquiera de los siete precandidatos a los que el PRI les tomó el pelo tiene la posibilidad, la libertad de acudir a los tribunales para evitar que se violen sus derechos partidistas.
En Tuxpan, el PRI no sólo enfrentará a sus adversarios naturales, la alianza PAN-PRD y Morena, sino también a un escenario interno adverso, mismo que fue provocado por el presidente y la delegada del partido, quienes se empeñaron en dar la candidatura a un partido, el Verde, que no tiene estructura, peso ni representatividad en ese municipio.
El tricolor, a este paso, está cada vez más cerca del precipicio. @luisromero85

martes, 18 de abril de 2017

Veracruz, el castigo a los cómplices

Luis Alberto Romero
Tras la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala, dos temas relacionados con el ex mandatario llaman la atención tanto en el discurso de las autoridades como de algunos actores políticos: primero, la necesidad de recuperar los recursos públicos que fueron saqueados; y segundo, el castigo para los responsables de la quiebra en que se encuentra la entidad.
En esos dos puntos, el gobernador Miguel Ángel Yunes ha sido particularmente enfático: en conferencia de prensa reconoció el trabajo de la Federación para lograr la captura de Duarte de Ochoa, pero también subrayó que esa historia no concluye con el encarcelamiento de su antecesor en el cargo, sino que debe continuar con la devolución de lo robado y con la aplicación de la justicia para los cómplices del saqueo.
Dijo Yunes Linares que ahora se debe trabajar para reintegrar a Veracruz los miles de millones de pesos, se habla de más de 50 mil millones, que fueron hurtados a las arcas estatales desde hace doce años, lo que implica una cacería contra ex funcionarios de las dos anteriores administraciones.
En el seguimiento de dicha información, el titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, confirmó que dicha instancia buscará regresar a Veracruz los recursos que fueron desviados por el ex gobernador.
A partir de ahora comenzará el manoseo de las cifras en cuanto al monto del más impresionante saqueo de que se tenga memoria por parte de un gobierno estatal en nuestro país.
Iniciará también la cruzada jurídica para identificar el destino de las operaciones ilícitas, así como los personajes involucrados: ex funcionarios del anterior gobierno estatal, amigos y familiares del ex ejecutivo, así como empresarios que obtuvieron beneficios al margen de la ley.
Durante la etapa de las campañas políticas locales, sin duda observaremos el intento de las diferentes fuerzas políticas para capitalizar a su favor el tema del combate a la corrupción y del encarcelamiento de Javier Duarte; un ejemplo está en el Partido Revolucionario Institucional, cuyo dirigente estatal, Renato Alarcón Guevara, ha salido ante los medios para pronunciarse por “un nuevo comienzo en Veracruz”.
El problema para el tricolor pasa de forma irremediable por la credibilidad; el discurso de Alarcón Guevara suena más a un intento para controlar el inminente daño a un partido que, de acuerdo con las encuestas y con los pronósticos de los analistas políticos, está a punto de convertirse en la tercera fuerza en la entidad.
En cuanto al castigo para los responsables de la quiebra financiera de Veracruz, en el Altiplano se comenta que el desafuero del diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad es inminente; y que lo mismo podría ocurrir con otros legisladores en la Cámara Baja, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Jorge Carvallo Delfín, Noemí Guzmán Lagunes y Alberto Silva Ramos, sin contar con una muy larga lista de empresarios, ex funcionarios y familiares; toda una red de corrupción.
Nos dicen, a propósito, que en la agenda de la actuación judicial contra Duarte y compañía, está por estallar el resultado de las investigaciones en torno a las empresas fantasma que operaron en Veracruz para realizar un millonario desvío de recursos.
Por cierto, el caso que más llama la atención, entre todos los señalados por presuntas irregularidades, es el del diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, ex dirigente estatal del PRI, ex secretario de Desarrollo Social y ex vocero del gobierno estatal, parte del círculo más próximo a Duarte de Ochoa, quien pasó del enfrentamiento con Yunes Linares, a través de las redes sociales, de una  actitud contestataria y hasta verbalmente agresiva, a una posición pasiva, limitando su actividad en Facebook y Twitter al recuerdo de viejas glorias, como si tuviera la intención de agazaparse para pasar inadvertido. @luisromero85

lunes, 17 de abril de 2017

Javier Duarte, de la corrupción al discurso opositor

Luis Alberto Romero

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa comprobó que nadie puede huir por siempre. Fue capturado en Guatemala con fines de extradición a México, donde se le busca desde el 18 de octubre del año pasado, cuando un juez federal giró una orden de aprehensión contra el ex mandatario veracruzano por su probable responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
En los últimos doce meses, al caso Duarte se le fueron sumando cada vez más aristas, desde los señalamientos por irregularidades administrativas y desvíos de recursos hasta las acusaciones por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, fue en el último semestre cuando el barco del duartismo terminó por hundirse; una vez que fue girada la orden de aprehensión, la Procuraduría General de la República lo ubicó en la lista de los más buscados, en tanto que la Interpol emitió la ficha roja para que el ex gobernador fuera localizado en 190 países.
En el más reciente capítulo de esta historia, Javier Duarte fue detenido en Guatemala por la Policía Nacional Civil; a partir de la fecha de su captura, el gobierno mexicano tendrá dos meses para presentar la solicitud de extradición.
Por otro lado, con Javier Duarte en la cárcel termina una página negra del libro veracruzano, misma que se caracterizó no sólo por la corrupción en el gobierno, sino también por el rezago de una entidad que por años fue sinónimo de buenos números en cuanto al desarrollo: Veracruz, en el sexenio de Duarte de Ochoa, pasó de un crecimiento de 6 por ciento en 2006, a 4 por ciento en 2012 y de ahí a -2 por ciento en el primer semestre de 2016. El desempleo aumentó de 3.5 a 5 por ciento en cinco años. La deuda pública pasó de casi 20 mil millones a más de 80 mil millones de pesos. La inseguridad y la violencia (asesinato doloso y secuestro) también registraron un incremento considerable, al igual que el gasto del gobierno, que pasó de 80 mil millones de pesos a más de 100 mil millones anuales. Ese es, en términos generales, el saldo del duartismo en la entidad veracruzana.
Acaba también, al parecer, una etapa en la que la corrupción y la compraventa de voluntades marcaron el destino de la vida política estatal. Terminaron los días en que la conciencia de los adversarios políticos era comprada o puesta a subasta, al igual que los votos y los apoyos de legisladores en el Congreso local.
Convertido en la personificación de la corrupción de la clase gobernante del país, Duarte de Ochoa se volvió tema recurrente en los medios informativos nacionales e internacionales; de igual forma, discurso, argumento y bandera política de quienes, como el actual gobernador de Veracruz, hicieron del combate a la corrupción una de las principales propuestas de campaña. Como ejemplo tenemos el mensaje emitido por Miguel Ángel Yunes Linares, quien sobre la aprehensión del ex ejecutivo estatal apuntó: “Pasé 13 años de mi vida documentando cómo fue saqueado el pueblo de Veracruz. Hoy, la detención de Duarte es apenas el inicio para hacer justicia”.
En reacción a dichas palabras, el senador y ex candidato al gobierno veracruzano, Héctor Yunes Landa, expuso: “que Miguel Ángel no se cuelgue medallas ajenas, Duarte está en la cárcel por la PGR”.
Lo cierto es que atrás quedaron los días en que toda la clase política alineada con Duarte hubiera dado cualquier cosa por estar a un lado del hoy ex mandatario en desgracia. Frases como “factor de unidad” y “Duarte es mi jefe político”, pronunciadas por los dos senadores priistas veracruzanos, pasarán al anecdotario político estatal.
Hoy, luego de la captura, todos los partidos, incluido el Revolucionario Institucional, exigen justicia; sin embargo, muchos de los actores que en este momento piden “todo el peso de la ley” contra Duarte de Ochoa hasta hace un año hacían genuflexiones ante la fotografía del gobernador en turno; incluso, muchos empresarios que fueron beneficiados con dinero público y contratos gubernamentales hoy se dicen avergonzados de esa administración.
Finalmente, con Javier Duarte preso, hoy comienza la verdadera pesadilla para al menos una docena de ex colaboradores de la anterior administración, algunos de ellos con fuero, que han sido señalados por haber participado en actos de corrupción y saqueo. @luisromero85

viernes, 7 de abril de 2017

Veracruz, el desaseado manejo de los recursos

Luis Alberto Romero

En este mismo espacio, ayer hablaba sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado y por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sefiplan, en el ejercicio de los recursos correspondientes al ejercicio 2014.
Decía que el tema que hoy tiene contra las cuerdas y a punto de ir a la lona al ex subsecretario de egresos de la Sefiplan, Carlos Aguirre Morales, y al ex tesorero de la misma dependencia, Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal por el distrito de Cosamaloapan; y que el problema radica en la diferencia entre los recursos que llegaron a las arcas estatales, procedentes de la Federación, y los pagos realizados, algo así como 19 mil 840 millones 570 mil pesos.
En términos generales, hablaba sobre los recursos de diferentes fondos del Ramo 33, más de 40 mil millones, de los cuales sólo pudieron comprobar 25 mil 467 millones, por lo que existiría una diferencia en las cuentas presentadas de 14 mil 547 millones de pesos; eso sin contar con el ejercicio de los recursos estatales.
El mayor problema para los acusados, a quienes se les fincaron responsabilidades administrativas que luego se tradujeron en denuncias ante la Fiscalía, es que prácticamente no hay área del gobierno que no registre anomalías en la aplicación de los recursos públicos. Por ejemplo, en materia de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, la Sefiplan recibió recursos federales por 96 millones 470 mil pesos, pero sólo ejerció 20 millones, quedando sin comprobar 76 millones 470 mil pesos.
Peores números registran los recursos que debieron aplicarse en materia de salud: de los 138 millones 958 mil pesos que llegaron para aplicar en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, la Sefiplan no ejerció un solo centavo. Igual ocurrió con el dinero del Programa de Seguro Médico Siglo XXI, más de 79 millones; con los 29 millones 414 mil del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; con los 17.5 millones del Plan de Emergencia Radiológica Externa; y con los 21 millones 266 mil pesos en recursos de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, cuyo ejercicio fue de 0 pesos con 0 centavos.
Eso sin contar con los 300 millones que correspondían a dos programas fundamentales: el de Desarrollo Humano Oportunidades y el de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las Entidades.
No es todo; en materia educativa, la Contraloría a cargo de Ricardo García Guzmán detectó una enorme diferencia entre los recursos que llegaron desde la Tesorería de la Federación (más de 3 mil 441 millones de pesos); y los pagos realizados por la Secretaría de Finanzas (mil 869 millones); sólo en ese rubro se habla de la falta de comprobación de más de mil 572 millones de pesos.
A esas cantidades se suman las falta de comprobaciones de recursos que debieron canalizarse a la Protección al Ambiente, casi 42 millones de pesos; a Finanzas, 419 millones; a Seguridad Pública, 150 millones; a Turismo y Cultura, 34 millones; y a Desarrollo Social, 228 millones 846 mil pesos, entre otros rubros correspondientes a fondos, aportaciones y convenios.
Esa es, en términos muy generales, la información de las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la cuenta 2014; por supuesto, no todas esas observaciones se tradujeron en faltantes ni constituyen actos delictivos por parte de los personajes señalados; sin embargo, sí hablan del poco aseo detectado en el manejo de los recursos púbicos, problema que hoy tiene a Carlos Aguirre en calidad de prófugo de la justicia, y al diputado Antonio Tarek Abdalá a punto de perder el fuero para ser presentado ante la justicia.
Se trata de una historia que sólo refleja lo ocurrido en Sefiplan durante 2014; esas cifras y esas irregularidades no incluyen lo registrado en 2015 y 2016, años que tuvieron a otros responsables en el manejo de los recursos. La lista de los ex funcionarios llamados a cuentas aumentará de forma significativa en los próximos meses, al igual que los inquilinos del penal de Pacho Viejo.
Hasta hoy, cuatro son los exfuncionarios del gobierno estatal que se encuentran en dicho centro de readaptación: Arturo Bermúdez Zurita, Flavino Ríos Alvarado, Mauricio Audirac Murillo y Francisco Valencia García, ex titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Gobierno (también ejecutivo interino), Finanzas y Comunicaciones, respectivamente. A esos nombres se suman los de Leonel Bustos y Carlos Aguirre (Seguro Popular y Subsecretaría de Egresos), quienes se encuentran en calidad de prófugos de la justicia. Por supuesto, el principal pendiente, la captura más esperada, sigue siendo el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. @luisromero85

jueves, 6 de abril de 2017

Exfuncionarios de Sefiplan, contra las cuerdas

Luis Alberto Romero

En el último año del anterior sexenio, en Palacio de Gobierno cualquiera podía observar a ex responsables del manejo de los recursos en la Secretaría de Finanzas y Planeación haciendo antesala en la oficina de la Contraloría.
Por la recepción de la dependencia que tenía como titular a Ricardo García Guzmán desfilaban secretarios de despacho y titulares de diferentes áreas del gobierno estatal, sobre todo aquellos que enfrentaban problemas con el manejo administrativo; sin embargo, dos personajes llamaban la atención por el tiempo que se mantenían a la espera de ser atendidos: el subsecretario de egresos, Carlos Aguirre Morales; y el tesorero de la Sefiplan, Antonio Tarek Abdalá Saad.
Ambos funcionarios, al igual que Carolina Estrada Acosta, ex subdirectora de Operación Financiara de la Sefiplan, tenían algo en común: la Contraloría inició un procedimiento para fincar responsabilidades administrativas, luego de la revisión al ejercicio presupuestal correspondiente a 2014, lo que habría derivado en una denuncia interpuesta ante la fiscalía estatal, misma que hoy tiene contra las cuerdas al dichos ex funcionarios, pero particularmente al ex subsecretario de Egresos, cuya propiedad fue cateada de forma reciente; y al ex tesorero, hoy diputado federal, cuyo desafuero ya se ventila en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Para ellos, el problema derivado de la auditoría al ejercicio 2014 no es menor; se habla de más de 19 mil 840 millones de pesos cuyo destino no está claro, dado que no se tradujeron en obras ni en pagos, ni en inversión pública.
Esos recursos corresponden a diferentes programas estatales y federales.
Por las irregularidades detectadas, la Contraloría General del Estado inició el procedimiento para fincar responsabilidad desde el segundo semestre de 2016, cuando ya se tenía claro el tema de la falta de comprobación de los recursos en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Incluso, en el Órgano de Control Interno de la Sefiplan se trabajó de forma previa para turnar el expediente a la Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría.
El tema que hoy tiene en aprietos al ex subsecretario de Egresos y al ex tesorero del Gobierno del Estado inicia con la falta de comprobación sobre el destino del dinero público: la Sefiplan del gobierno estatal recibió durante 2014 recursos federales por más de 53 mil 768 millones de pesos; y realizó pagos por 33 mil 928 millones 343 mil pesos. A la diferencia, 19 mil 840 millones simplemente se le perdió el rastro; en pocas palabras, es dinero que no aparece, al igual que los rendimientos financieros derivados.
Sólo en recursos de los diferentes fondos del Ramo 33, recursos federales, a Veracruz llegaron 40 mil 41 millones de pesos, números redondos, y Sefiplan realizó pagos por 25 mil 467 millones; de la diferencia entre los ingresos y los recursos ejercidos, 14 mil 573 millones de pesos, nadie sabe nada porque los ex funcionarios responsables no explicaron dónde había parado el dinero.
Dentro de los recursos del Ramo 33 que no fueron comprobados hay 267 millones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; mil 196 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 5 mil 845 millones de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal; 3 mil 891 millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; y 2 mil 53 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, entre otros.
Eso sin considerar los recursos asignados por la Federación en cuanto a Aportaciones, Convenios y Subsidios.
Debido a todas esas irregularidades detectadas en el ejercicio presupuestal de 2014, el Órgano de Control Interno de Sefiplan y la propia Contraloría a cargo de García Guzmán determinaron fincar responsabilidad, porque los ex titulares de la Subsecretaría de Egresos y de la Tesorería del Estado, Carlos Aguirre y Antonio Tarek Abdalá, habrían violado diferentes disposiciones legales, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la de Coordinación Fiscal, la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Esa investigación, que pasó por la Sefiplan y por la Contraloría desde el último tramo del pasado sexenio, se tradujo en acciones legales contra los probables responsables, quienes se encuentran uno en calidad de prófugo de la justicia; y en otro, a punto de perder el fuero para ser juzgado.
Por cierto, desde 2016 han circulado versiones en el sentido de que Carlos Aguirre tendría importantes nexos en el gobierno federal, mismos que habrían sido determinantes para evitar su captura y su presentación ante la justicia. Esa sombra bajo la que el ex funcionario duartista descansaba de forma despreocupada parece que ya no le cobija más.  

Por otro lado, en la capital veracruzana circula la especie de que al hoy prófugo le habrían alertado sobre la inminente actuación de la justicia en su contra, por lo que de inmediato puso tierra de por medio. Unos días antes del cateo a su propiedad, nos dicen, Aguirre Morales fue visto paseando, aparentemente tranquilo, por las calles de Xalapa. @luisromero85

miércoles, 5 de abril de 2017

La crisis del Movimiento Ciudadano

Luis Alberto Romero

Luego de la estrepitosa caída del Movimiento Ciudadano en las elecciones locales de Veracruz, en 2016, dicha fuerza política se prepara para enfrentar los procesos municipales el presente año.
El partido que fundó y lidera Dante Delgado realiza su proceso de selección de candidatos en las elecciones de 2017, buscando opciones probadas, aunque en algunos casos tengan un pasado turbio, o bien vinculado a otros institutos políticos.
Tenemos, por ejemplo, el caso de Poza Rica, donde por el MC envía al ex alcalde priista Pablo Anaya Rivera, quien con seguridad representará una importante cosecha de votos. Esa postulación ubicará a dicha fuerza política en el mapa del norte veracruzano. En ese caso, parece que poco importa al partido de Dante Delgado el pasado reciente de Anaya Rivera, quien ocupó la Secretaría de Salud en el gobierno estatal de Javier Duarte de Ochoa, de donde salió sumamente cuestionado.
Algo parecido ocurre en Martínez de la Torre, donde el MC presenta como candidato al ex diputado local Eduardo Sánchez Macías, con antecedentes en el PRI, Panal y Partido Verde, quien tiene parentesco con la ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Karime Macías Tubilla.
Jorge Yunis Manzanares va por Coatzacoalcos, pero la empresa se observa sumamente complicada, debido a que el PRI envió a la contienda a un candidato competitivo, Carlos Vasconcelos, y sobre todo al crecimiento que ha registrado el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que ha hecho del sur veracruzano un verdadero baluarte.
En cuanto a los candidatos “internos” (sin pasado en otra fuerza política), probablemente el que se encuentra mejor posicionado en su municipio es el dos veces ex diputado federal José Manuel del Río Virgen, quien ya fue alcalde de Tecolutla.
Del Río Virgen buscó en una ocasión, 2013, la presidencia municipal de Papantla, pero el actual alcalde, Marcos Romero Sánchez, se le atravesó en el camino. Hoy, el ex legislador federal, muy vinculado al Instituto Politécnico Nacional, va por una segunda oportunidad, aprovechando la estructura que conserva, así como la muy mala imagen, el desprestigio  de las autoridades municipales.
Ellos y un puñado de figuras desconocidas, son las cartas que envía a la contienda el Movimiento Ciudadano, partido que buscará salir de la crisis en que se encuentra luego de las elecciones de 2016.
Para el MC, parece que atrás quedaron los días en que representaba una fuerte competencia para cualquier otro partido; basta decir que en poco más de una década, esa fuerza política pasó de 784 mil a sólo 37 mil votos.
¿Cómo perder casi 750 mil  votos en doce años?, uno podría pensar que sobre ese tema Dante Delgado bien podría escribir una tesis.
Como sea, la selección de un pésimo candidato a gobernador, Armando Méndez de la Luz, quien ni siquiera llegó al 2 por ciento de la votación, costó al MC ubicarse en un sexto lugar de siete contendientes el año pasado; hoy, en 2017, ese partido pretende volver al protagonismo en Veracruz, y para ello recurre, en algunos casos, a fórmulas ya probadas por otras fuerzas políticas.

Congreso veracruzano, costoso, improductivo y opaco

Luis Alberto Romero El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio, el Informe Legislativo 2017, sobre el...