Luis Alberto Romero
Tras la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, en Guatemala, dos temas relacionados con el ex mandatario
llaman la atención tanto en el discurso de las autoridades como de algunos
actores políticos: primero, la necesidad de recuperar los recursos públicos que
fueron saqueados; y segundo, el castigo para los responsables de la quiebra en
que se encuentra la entidad.
En esos dos puntos, el gobernador Miguel Ángel Yunes ha
sido particularmente enfático: en conferencia de prensa reconoció el trabajo de
la Federación para lograr la captura de Duarte de Ochoa, pero también subrayó
que esa historia no concluye con el encarcelamiento de su antecesor en el
cargo, sino que debe continuar con la devolución de lo robado y con la
aplicación de la justicia para los cómplices del saqueo.
Dijo Yunes Linares que ahora se debe trabajar para
reintegrar a Veracruz los miles de millones de pesos, se habla de más de 50 mil
millones, que fueron hurtados a las arcas estatales desde hace doce años, lo
que implica una cacería contra ex funcionarios de las dos anteriores
administraciones.
En el seguimiento de dicha información, el titular de la
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría
General de la República, Alberto Elías Beltrán, confirmó que dicha instancia
buscará regresar a Veracruz los recursos que fueron desviados por el ex
gobernador.
A partir de ahora comenzará el manoseo de las cifras en
cuanto al monto del más impresionante saqueo de que se tenga memoria por parte
de un gobierno estatal en nuestro país.
Iniciará también la cruzada jurídica para identificar el
destino de las operaciones ilícitas, así como los personajes involucrados: ex
funcionarios del anterior gobierno estatal, amigos y familiares del ex ejecutivo,
así como empresarios que obtuvieron beneficios al margen de la ley.
Durante la etapa de las campañas políticas locales, sin
duda observaremos el intento de las diferentes fuerzas políticas para
capitalizar a su favor el tema del combate a la corrupción y del encarcelamiento
de Javier Duarte; un ejemplo está en el Partido Revolucionario Institucional, cuyo
dirigente estatal, Renato Alarcón Guevara, ha salido ante los medios para pronunciarse
por “un nuevo comienzo en Veracruz”.
El problema para el tricolor pasa de forma irremediable
por la credibilidad; el discurso de Alarcón Guevara suena más a un intento para
controlar el inminente daño a un partido que, de acuerdo con las encuestas y con
los pronósticos de los analistas políticos, está a punto de convertirse en la
tercera fuerza en la entidad.
En cuanto al castigo para los responsables de la quiebra
financiera de Veracruz, en el Altiplano se comenta que el desafuero del
diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad es inminente; y que lo mismo podría
ocurrir con otros legisladores en la Cámara Baja, Adolfo Mota Hernández, Edgar
Spinoso Carrera, Jorge Carvallo Delfín, Noemí Guzmán Lagunes y Alberto Silva
Ramos, sin contar con una muy larga lista de empresarios, ex funcionarios y
familiares; toda una red de corrupción.
Nos dicen, a propósito, que en la agenda de la actuación
judicial contra Duarte y compañía, está por estallar el resultado de las
investigaciones en torno a las empresas fantasma que operaron en Veracruz para
realizar un millonario desvío de recursos.
Por cierto, el caso que más
llama la atención, entre todos los señalados por presuntas irregularidades, es
el del diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, ex
dirigente estatal del PRI, ex secretario de Desarrollo Social y ex vocero del
gobierno estatal, parte del círculo más próximo a Duarte de Ochoa, quien pasó
del enfrentamiento con Yunes Linares, a través de las redes sociales, de una actitud contestataria y hasta verbalmente
agresiva, a una posición pasiva, limitando su actividad en Facebook y Twitter al
recuerdo de viejas glorias, como si tuviera la intención de agazaparse para pasar
inadvertido. @luisromero85
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