Luis Alberto Romero
En este mismo espacio, ayer hablaba sobre las
irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado y por el
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sefiplan,
en el ejercicio de los recursos correspondientes al ejercicio 2014.
Decía que el tema que hoy tiene contra las cuerdas y a
punto de ir a la lona al ex subsecretario de egresos de la Sefiplan, Carlos
Aguirre Morales, y al ex tesorero de la misma dependencia, Antonio Tarek Abdalá
Saad, actual diputado federal por el distrito de Cosamaloapan; y que el
problema radica en la diferencia entre los recursos que llegaron a las arcas
estatales, procedentes de la Federación, y los pagos realizados, algo así como
19 mil 840 millones 570 mil pesos.
En términos generales, hablaba sobre los recursos de
diferentes fondos del Ramo 33, más de 40 mil millones, de los cuales sólo
pudieron comprobar 25 mil 467 millones, por lo que existiría una diferencia en
las cuentas presentadas de 14 mil 547 millones de pesos; eso sin contar con el
ejercicio de los recursos estatales.
El mayor problema para los acusados, a quienes se les
fincaron responsabilidades administrativas que luego se tradujeron en denuncias
ante la Fiscalía, es que prácticamente no hay área del gobierno que no registre
anomalías en la aplicación de los recursos públicos. Por ejemplo, en materia de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, la Sefiplan recibió recursos
federales por 96 millones 470 mil pesos, pero sólo ejerció 20 millones,
quedando sin comprobar 76 millones 470 mil pesos.
Peores números registran los recursos que debieron
aplicarse en materia de salud: de los 138 millones 958 mil pesos que llegaron
para aplicar en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los
Servicios de Salud, la Sefiplan no ejerció un solo centavo. Igual ocurrió con
el dinero del Programa de Seguro Médico Siglo XXI, más de 79 millones; con los
29 millones 414 mil del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad; con los 17.5 millones del Plan de
Emergencia Radiológica Externa; y con los 21 millones 266 mil pesos en recursos
de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, cuyo ejercicio
fue de 0 pesos con 0 centavos.
Eso sin contar con los 300 millones que correspondían a
dos programas fundamentales: el de Desarrollo Humano Oportunidades y el de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las
Entidades.
No es todo; en materia educativa, la Contraloría a cargo
de Ricardo García Guzmán detectó una enorme diferencia entre los recursos que
llegaron desde la Tesorería de la Federación (más de 3 mil 441 millones de
pesos); y los pagos realizados por la Secretaría de Finanzas (mil 869 millones);
sólo en ese rubro se habla de la falta de comprobación de más de mil 572
millones de pesos.
A esas cantidades se suman las falta de comprobaciones de
recursos que debieron canalizarse a la Protección al Ambiente, casi 42 millones
de pesos; a Finanzas, 419 millones; a Seguridad Pública, 150 millones; a
Turismo y Cultura, 34 millones; y a Desarrollo Social, 228 millones 846 mil
pesos, entre otros rubros correspondientes a fondos, aportaciones y convenios.
Esa es, en términos muy generales, la información de las
irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la cuenta 2014; por
supuesto, no todas esas observaciones se tradujeron en faltantes ni constituyen
actos delictivos por parte de los personajes señalados; sin embargo, sí hablan del
poco aseo detectado en el manejo de los recursos púbicos, problema que hoy
tiene a Carlos Aguirre en calidad de prófugo de la justicia, y al diputado
Antonio Tarek Abdalá a punto de perder el fuero para ser presentado ante la
justicia.
Se trata de una historia que sólo refleja lo ocurrido en
Sefiplan durante 2014; esas cifras y esas irregularidades no incluyen lo
registrado en 2015 y 2016, años que tuvieron a otros responsables en el manejo
de los recursos. La lista de los ex funcionarios llamados a cuentas aumentará
de forma significativa en los próximos meses, al igual que los inquilinos del
penal de Pacho Viejo.
Hasta hoy, cuatro son los exfuncionarios del
gobierno estatal que se encuentran en dicho centro de readaptación: Arturo
Bermúdez Zurita, Flavino Ríos Alvarado, Mauricio Audirac Murillo y Francisco
Valencia García, ex titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Gobierno
(también ejecutivo interino), Finanzas y Comunicaciones, respectivamente. A
esos nombres se suman los de Leonel Bustos y Carlos Aguirre (Seguro Popular y
Subsecretaría de Egresos), quienes se encuentran en calidad de prófugos de la
justicia. Por supuesto, el principal pendiente, la captura más esperada, sigue
siendo el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. @luisromero85
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