Luis Alberto Romero
En el último año del anterior sexenio, en Palacio de
Gobierno cualquiera podía observar a ex responsables del manejo de los recursos
en la Secretaría de Finanzas y Planeación haciendo antesala en la oficina de la
Contraloría.
Por la recepción de la dependencia que tenía como titular
a Ricardo García Guzmán desfilaban secretarios de despacho y titulares de
diferentes áreas del gobierno estatal, sobre todo aquellos que enfrentaban
problemas con el manejo administrativo; sin embargo, dos personajes llamaban la
atención por el tiempo que se mantenían a la espera de ser atendidos: el
subsecretario de egresos, Carlos Aguirre Morales; y el tesorero de la Sefiplan,
Antonio Tarek Abdalá Saad.
Ambos funcionarios, al igual que Carolina Estrada Acosta,
ex subdirectora de Operación Financiara de la Sefiplan, tenían algo en común:
la Contraloría inició un procedimiento para fincar responsabilidades
administrativas, luego de la revisión al ejercicio presupuestal correspondiente
a 2014, lo que habría derivado en una denuncia interpuesta ante la fiscalía
estatal, misma que hoy tiene contra las cuerdas al dichos ex funcionarios, pero
particularmente al ex subsecretario de Egresos, cuya propiedad fue cateada de
forma reciente; y al ex tesorero, hoy diputado federal, cuyo desafuero ya se
ventila en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Para ellos, el problema derivado de la auditoría al
ejercicio 2014 no es menor; se habla de más de 19 mil 840 millones de pesos
cuyo destino no está claro, dado que no se tradujeron en obras ni en pagos, ni
en inversión pública.
Esos recursos corresponden a diferentes programas
estatales y federales.
Por las irregularidades detectadas, la Contraloría
General del Estado inició el procedimiento para fincar responsabilidad desde el
segundo semestre de 2016, cuando ya se tenía claro el tema de la falta de
comprobación de los recursos en la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Incluso, en el Órgano de Control Interno de la Sefiplan se trabajó de forma
previa para turnar el expediente a la Dirección General de Integridad y Ética
de Servidores Públicos de la Contraloría.
El tema que hoy tiene en aprietos al ex subsecretario de
Egresos y al ex tesorero del Gobierno del Estado inicia con la falta de
comprobación sobre el destino del dinero público: la Sefiplan del gobierno
estatal recibió durante 2014 recursos federales por más de 53 mil 768 millones
de pesos; y realizó pagos por 33 mil 928 millones 343 mil pesos. A la
diferencia, 19 mil 840 millones simplemente se le perdió el rastro; en pocas
palabras, es dinero que no aparece, al igual que los rendimientos financieros
derivados.
Sólo en recursos de los diferentes fondos del Ramo 33,
recursos federales, a Veracruz llegaron 40 mil 41 millones de pesos, números
redondos, y Sefiplan realizó pagos por 25 mil 467 millones; de la diferencia
entre los ingresos y los recursos ejercidos, 14 mil 573 millones de pesos,
nadie sabe nada porque los ex funcionarios responsables no explicaron dónde
había parado el dinero.
Dentro de los recursos del Ramo 33 que no fueron
comprobados hay 267 millones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal; mil 196 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud; 5 mil 845 millones de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal; 3
mil 891 millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; y 2 mil 53
millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas, entre otros.
Eso sin considerar los recursos asignados por la
Federación en cuanto a Aportaciones, Convenios y Subsidios.
Debido a todas esas irregularidades detectadas en el
ejercicio presupuestal de 2014, el Órgano de Control Interno de Sefiplan y la
propia Contraloría a cargo de García Guzmán determinaron fincar responsabilidad,
porque los ex titulares de la Subsecretaría de Egresos y de la Tesorería del
Estado, Carlos Aguirre y Antonio Tarek Abdalá, habrían violado diferentes
disposiciones legales, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la de
Coordinación Fiscal, la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
la Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Esa investigación, que pasó por la Sefiplan y por la
Contraloría desde el último tramo del pasado sexenio, se tradujo en acciones
legales contra los probables responsables, quienes se encuentran uno en calidad
de prófugo de la justicia; y en otro, a punto de perder el fuero para ser
juzgado.
Por cierto, desde 2016 han circulado versiones en el
sentido de que Carlos Aguirre tendría importantes nexos en el gobierno federal,
mismos que habrían sido determinantes para evitar su captura y su presentación
ante la justicia. Esa sombra bajo la que el ex funcionario duartista descansaba
de forma despreocupada parece que ya no le cobija más.
Por otro lado, en la capital veracruzana circula la
especie de que al hoy prófugo le habrían alertado sobre la inminente actuación
de la justicia en su contra, por lo que de inmediato puso tierra de por medio.
Unos días antes del cateo a su propiedad, nos dicen, Aguirre Morales fue visto
paseando, aparentemente tranquilo, por las calles de Xalapa. @luisromero85
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