Luis Alberto Romero
La ex coordinadora de Comunicación Social y ex vocera de
la administración de Javier Duarte, Gina Domínguez Colío, se mostraba confiada
en que difícilmente sería llamada a cuentas por la justicia. Por ello no huyó,
como lo hicieron otros personajes que ocuparon cargos más o menos relevantes en
dicho gobierno.
A pesar de que todas las señales estaban en contra y
mostraban el inminente final de algunos de los ex colaboradores de Duarte de
Ochoa, Gina Domínguez optó por quedarse en Xalapa, con todo el riesgo que implicaba
dicha decisión para sus días en libertad.
Unos días antes de la captura del ex gobernador,
registrada en Guatemala, este reportero habló con uno de los ex colaboradores del
área de Comunicación Social; el ex funcionario decía que Gina Domínguez había
cambiado su número de teléfono celular y que sólo respondía llamadas de algunas
personas, a quienes consideraba sus amigos y cercanos. –¿No tiene miedo?.
–Parece que no; dice que antes que ella, hay al menos otros veinte.
La captura del ex mandatario veracruzano, sin embargo, significó
el foco rojo para Domínguez Colío y para una docena de ex funcionarios
estatales.
Cinco semanas después del anuncio de las autoridades
sobre la detención de Duarte de Ochoa, la ex vocera corrió con la misma suerte
que su jefe.
A Gina Domínguez le fue impuesto un año de prisión
preventiva, con lo que se convierte en un caso más de un ex funcionario
duartista que permanece internado en el penal de Pacho Viejo. Recordamos que
antes que ella, los ex titulares de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita;
de la desaparecida Secom y de Caev, Francisco Valencia García; Sefiplan,
Mauricio Audirac Murillo; y Gobierno, Flavino Ríos Alvarado (aunque fue
liberado unos días después) pisaron dicho centro de readaptación, al igual que
Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular.
Eso sin contar con el líder del sindicato de Tamsa,
Pascual Lagunes; y el dirigente de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes.
En capilla, nos dicen, estaría también el diputado
federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, quien ocupó la
Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Comunicación Social,
sucediendo precisamente a Domínguez Colío, durante la administración Duarte.
No son los únicos, lo más probable es que otros ex
funcionarios estatales, algunos de los cuales gozan actualmente de fuero, son
vinculados e investigados por presuntos actos de corrupción.
Por otro lado, hay una arista en el asunto relacionado
con esas capturas que todavía no se mide en su justa dimensión: el impacto que
ello ocasionará en las expectativas de los candidatos del PRI a las
presidencias municipales.
Unas tres semanas antes del arranque de las campañas, el
ex gobernador Duarte fue detenido y exhibido como ejemplo nacional de
corrupción, delincuencia y mal gobierno. Después, justo en medio del periodo
proselitista de los candidatos a las alcaldías, la ex vocera también fue
apresada; y se anticipa que en cualquier momento, la Fiscalía General del
Estado, en cuya cancha está la pelota de los expedientes, las denuncias y la
suerte de los ex funcionarios, presente la solicitud de juicio de procedencia
contra el diputado Alberto Silva Ramos.
Así, como para controlar el potencial daño de dicho
escenario, los dirigentes y representantes priistas han externado que los
procesos judiciales contra los más prominentes miembros del grupo que gobernó
la entidad de 2010 a 2016 no afectarán al tricolor. Ello, sin embargo, se
observa sumamente complicado porque no sólo hay ex funcionarios, sino un ex
dirigente estatal del partido, Alberto Silva, y una ex presidenta de la
Fundación Colosio, Gina Domínguez.
Esos factores de
desprestigio del partido y de indignación social contra todo lo que huela a
Javier Duarte hacen que se vuelva predecible la derrota priista en la presente
contienda por las alcaldías veracruzanas.
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