Luis Alberto Romero
El caso de Sergio Valente Gallardo Ramos, un padre de familia que denunció a 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social por una presunta negligencia que le costó la vida a su menor hijo, no tiene precedentes en nuestro país.
El hecho ocurrió en Guadalajara, Jalisco, en 2009 pero hasta ahora está terminando un largo, tortuoso y desgastante proceso judicial emprendido por Gallardo Ramos.
El menor, de 16 años, ingresó al Hospital de Pediatría del IMSS y ahí comenzó su calvario: estuvo internado 55 días; le fueron realizados diferentes diagnósticos por el personal médico, pero ni uno fue certero; siete intervenciones quirúrgicas en un lapso de 16 días terminaron por ocasionar una enorme pérdida de sangre; en esas cirugías abdominales, le perforaron ambos pulmones y, finalmente, la víctima perdió la vida.
El personal del IMSS insistió a los familiares del menor dispensar la necropsia y recomendó sepultar a la brevedad; sin embargo, el padre del adolescente trasladó el cuerpo al Centro Médico Forense, donde concluyeron que el daño que registraba no correspondía con el diagnóstico.
Después vino algo que es muy común en estos casos, un intento de los médicos del IMSS por conciliar con la familia del joven fallecido, cuyo padre decidió emprender el camino más difícil en un país como el nuestro: primero presentó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, instancia que determinó que había existido una “mala praxis”, pero no una responsabilidad médica.
Debido a ese dictamen, la familia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República y presentó pruebas suficientes para acreditar la negligencia.
Finalmente, hace una semana fueron liberadas las órdenes de aprehensión contra 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son acusados por homicidio culposo derivado de negligencia médica. Están libres gracias a un amparo, pero se trata de un delito grave que implica inhabilitación.
Por supuesto, de inmediato inició un movimiento de médicos y personal del IMSS que busca manifestar su rechazo a las órdenes de aprehensión contra sus colegas y compañeros de trabajo. Como una acción solidaria, emprendieron una campaña en redes sociales a fin de externar su indignación ante lo que consideran un acto injusto.
Eso no opinan las víctimas de las negligencias y los malos tratos que son comunes en muchas clínicas y hospitales de un instituto que acumula quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también ante la Conamed.
Ayer, por ejemplo, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se presentó el señor Ignacio López Montalvo, quien denunció una presunta negligencia médica que le habría costado la vida a su esposa, Marisol Perdomo Martínez, en la clínica del IMSS de Plan de Arroyos, municipio de Atzalan. Los hechos, el pasado 24 de mayo.
Igual que en el caso de Jalisco, el personal del IMSS le ofreció, de acuerdo con la denuncia, incluirlo a él en un programa de empleo temporal y a sus hijos en el padrón de Oportunidades a cambio de no hablar del tema.
Por supuesto, el hombre se negó a ello y buscó el apoyo de la comisión que encabeza Luis Fernando Perera Escamilla, a fin de aclarar la muerte de su esposa, que se encontraba en trabajo de parto, y castigar a los responsables de la negligencia, en caso de que ésta se acredite. Son dos casos diferentes pero ambos reflejan un cambio de la mentalidad en cuanto a la cultura de la denuncia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/
El caso de Sergio Valente Gallardo Ramos, un padre de familia que denunció a 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social por una presunta negligencia que le costó la vida a su menor hijo, no tiene precedentes en nuestro país.
El hecho ocurrió en Guadalajara, Jalisco, en 2009 pero hasta ahora está terminando un largo, tortuoso y desgastante proceso judicial emprendido por Gallardo Ramos.
El menor, de 16 años, ingresó al Hospital de Pediatría del IMSS y ahí comenzó su calvario: estuvo internado 55 días; le fueron realizados diferentes diagnósticos por el personal médico, pero ni uno fue certero; siete intervenciones quirúrgicas en un lapso de 16 días terminaron por ocasionar una enorme pérdida de sangre; en esas cirugías abdominales, le perforaron ambos pulmones y, finalmente, la víctima perdió la vida.
El personal del IMSS insistió a los familiares del menor dispensar la necropsia y recomendó sepultar a la brevedad; sin embargo, el padre del adolescente trasladó el cuerpo al Centro Médico Forense, donde concluyeron que el daño que registraba no correspondía con el diagnóstico.
Después vino algo que es muy común en estos casos, un intento de los médicos del IMSS por conciliar con la familia del joven fallecido, cuyo padre decidió emprender el camino más difícil en un país como el nuestro: primero presentó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, instancia que determinó que había existido una “mala praxis”, pero no una responsabilidad médica.
Debido a ese dictamen, la familia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República y presentó pruebas suficientes para acreditar la negligencia.
Finalmente, hace una semana fueron liberadas las órdenes de aprehensión contra 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son acusados por homicidio culposo derivado de negligencia médica. Están libres gracias a un amparo, pero se trata de un delito grave que implica inhabilitación.
Por supuesto, de inmediato inició un movimiento de médicos y personal del IMSS que busca manifestar su rechazo a las órdenes de aprehensión contra sus colegas y compañeros de trabajo. Como una acción solidaria, emprendieron una campaña en redes sociales a fin de externar su indignación ante lo que consideran un acto injusto.
Eso no opinan las víctimas de las negligencias y los malos tratos que son comunes en muchas clínicas y hospitales de un instituto que acumula quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también ante la Conamed.
Ayer, por ejemplo, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se presentó el señor Ignacio López Montalvo, quien denunció una presunta negligencia médica que le habría costado la vida a su esposa, Marisol Perdomo Martínez, en la clínica del IMSS de Plan de Arroyos, municipio de Atzalan. Los hechos, el pasado 24 de mayo.
Igual que en el caso de Jalisco, el personal del IMSS le ofreció, de acuerdo con la denuncia, incluirlo a él en un programa de empleo temporal y a sus hijos en el padrón de Oportunidades a cambio de no hablar del tema.
Por supuesto, el hombre se negó a ello y buscó el apoyo de la comisión que encabeza Luis Fernando Perera Escamilla, a fin de aclarar la muerte de su esposa, que se encontraba en trabajo de parto, y castigar a los responsables de la negligencia, en caso de que ésta se acredite. Son dos casos diferentes pero ambos reflejan un cambio de la mentalidad en cuanto a la cultura de la denuncia. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/
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