Luis Alberto Romero
Desde 1986, cuando fue inaugurada por el presidente Miguel
de la Madrid, hace 28 años, la presa Yuribia ha sido tomada, bloqueada y
liberada en muchas ocasiones: maestros, ejidatarios y pobladores de esa región
han hecho un negocio del secuestro de esa construcción, y por ello
constantemente amagan con cerrar las válvulas, sabiendo de antemano el daño que
provocan a la población de 3 importantes municipios del sur, Coatzacoalcos,
Minatitlán y Cosoleacaque, unas 500 mil personas.
A pesar de que en reiteradas ocasiones se han desarrollado
obras de infraestructura hidráulica, como la perforación de pozos profundos en
Canticas, la presa Yuribia se mantiene como la principal fuente de
abastecimiento de agua para esa zona.
Se ubica en el municipio de Tatahuicapan, en la sierra de
Soteapan. Su construcción fue iniciada en octubre de 1984 y dos años después se
efectuó la inauguración. La obra completa incluye 64 kilómetros de tubería de
acero, 80 válvulas y una profundidad de más de 16 metros.
Sin embargo, debido a su importancia estratégica para el
desarrollo de la zona petrolera del sur de Veracruz, la presa se convirtió en
rehén de diversos grupos. En septiembre de 2006, por ejemplo, pobladores de
Tatahuicapan de Juárez, provenientes de comunidades nahuas y popolucas,
bloquearon las instalaciones y cerraron las válvulas, argumentando que el
gobierno del estado no les apoyó con recursos para la construcción de obras
luego de los daños causados por la tormenta tropical que afectó a su municipio
en junio de ese año.
En aquella ocasión, los 500 indígenas inconformes fueron
encabezados por el entonces alcalde, Julián Cruz Gómez, y también, como ahora,
obstruyeron los caminos y cerraron las válvulas, en demanda de recursos del
gobierno del estado, básicamente la rehabilitación del camino que conecta a sus
comunidades con el municipio de Cosoleacaque, la introducción de agua potable,
energía eléctrica y drenaje pluvial.
Esta vez, el cierre de las válvulas dejó sin agua por más de
una semana a la población de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde se
registra un fuerte problema social por la falta de ese recurso natural
imprescindible.
Más de 500 mil personas son afectadas por esta medida de
presión de los habitantes de las comunidades de Tatahuicapan, que exigen que se
les pague por el agua que se toma de la presa para el consumo de esas tres
ciudades del sur del estado.
Hubo un intento de diálogo pero éste no prosperó de forma
satisfactoria, de tal manera que el gobierno estatal resolvió, el pasado martes
13, utilizar la fuerza pública para liberar la presa. Acompañados por
visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los elementos de la
policía estatal procedieron a retirar a los ejidatarios; mientras tanto, para
satisfacer las necesidades de agua de la población afectada, el gobierno
estatal envió 60 pipas como apoyo emergente.
Posteriormente, el
problema se intensificó y subió de tono, debido a que quienes bloquearon la
prensa, una vez desalojados, resolvieron boicotear el suministro y rompieron
los ductos. Por si fuera poco, en una medida desesperada, podríamos decir que
irracional, amagaron con dinamitar las instalaciones, lo que puso a prueba la
capacidad del gobierno veracruzano para resolver ese problema; afortunadamente,
este miércoles por la tarde, los titulares de las secretarías de gobierno,
desarrollo social, seguridad pública y comunicación social se reunieron
con los alcaldes de la región y los grupos inconformes, con quienes
establecieron los acuerdos para dar por concluido el tema. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/
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