Luis Alberto Romero
En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue aprobada por
el Congreso de la Unión la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigente
desde el 24 de diciembre de ese año, con la finalidad, dice el texto, de
promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar equidad,
certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Se trata de un ordenamiento que fue reformado y adicionado en reiteradas
ocasiones, aunque tal vez el cambio más sobresaliente fue el de 2004, cuando se
adaptó a las nuevas exigencias de la sociedad mexicana.
Antes de eso, en 1976 fue promulgada la Ley de Protección a los
Consumidores que creó la Procuraduría Federal del Consumidor y que consagra los
derechos a la información, a elegir libremente un producto, a la seguridad y
calidad de bienes y servicios, a la no discriminación, a la compensación y a la
protección por parte de las autoridades.
A partir de una estructura básica, la Profeco comenzó a crecer en
burocracia y también en el presupuesto asignado a una abultada nómina: se
crearon las subprocuradurías, las delegaciones y subdelegaciones; las áreas de
servicios y verificación; la coordinación general de educación y divulgación,
así como el laboratorio nacional de protección al consumidor, entre otras
oficinas dependientes.
El trabajo que realiza Profeco resulta útil porque significa la
posibilidad de que los consumidores sean alertados sobre los riesgos que
representan algunas empresas; así, constantemente esa dependencia genera
información sobre los riesgos de algunos productos, bienes y servicios, es el
caso de escuelas en periodo de inscripciones, hoteles y restaurantes en
temporada vacacional, gasolineras, gaseras, casas de empeño y supermercados,
entre muchos otros giros.
Sin embargo, de manera constante se han reportado abusos y atropellos al
comercio por parte de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la Ley
Federal de Protección al Consumidor.
Durante años, los actos de corrupción de los inspectores y verificadores
de la Profeco han sido casi proverbiales; la transa y el soborno, el sello de
la casa.
Un ejemplo fue lo ocurrido en Veracruz a principios de este año, el 14
de enero, cuando el entonces delegado de la dependencia en el estado, Inocencio
Yáñez Vicencio, anunció su renuncia al cargo y evidenció una red de
complicidades y corrupción, prácticamente una mafia que operaba para cobrar
cuotas al comercio, lucrar con el cargo.
Yáñez Vicencio reveló, incluso, un caso de
extorsión a un empresario gasolinero, a quien un empleado de la dependencia
pedía 50 mil pesos por el retiro de los sellos de clausura.
Ante esos actos de corrupción cometidos por los
verificadores, propiciados por la burocracia media de la dependencia e
ignorados por los mandos de la misma Procuraduría, Inocencio Yáñez terminó por
renunciar al cargo, para evitar ser parte de esos abusos contra empresarios y
comerciantes.
Pues bien, este 20 de mayo, Profeco nombró a
Gilberto Ojeda Camacho como nuevo delegado en Veracruz. Se trata de un abogado
que ya fue diputado local por Sinaloa y legislador federal; se supone que llega
con la experiencia necesaria para representar a la procuraduría en esta
entidad. Ojalá comience con una depuración, una limpia a fondo para revertir la
mala imagen. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/
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