Luis Alberto Romero
Aunque su
construcción inició en 2007, hace más de dos décadas arrancó el proyecto del
Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, una obra sin precedentes en América Latina, que
contemplaba un presupuesto de casi dos mil 100 millones de pesos; y que ha
representado un gasto de más del doble, sin que esté concluida todavía.
El proyecto está diseñado para comunicar a Coatzacoalcos
con Villa de Allende; son 2 mil 280 metros de longitud y cuatro carriles para
la circulación vehicular, además de los accesos y rampas. Solo en la parte
sumergida hay 805 metros y previo a su construcción tuvieron que invertir
recursos millonarios para el dragado del río y el hundimiento de los bloques de
concreto.
Se trata de una ambiciosa y muy costosa obra de
ingeniería en hormigón armado. Cuenta con red de alumbrado, sistemas de
ventilación, detección de monóxido de carbono, señalización, circuito cerrado,
detección de incendios, etcétera. Por si fuera poco, se incluye un sistema
integral de vigilancia y monitoreo en tiempo real. No existe una obra parecida
en Latinoamérica.
Sin embargo, el tiempo pasa y el túnel sumergido de
Coatzacoalcos parece una obra sin fin, un auténtico barril sin fondo. Hace muchos años que se agotaron los recursos del
presupuesto original y las denuncias por las irregularidades que podrían
representar un daño patrimonial comenzaron a brotar como las aguas negras de un
drenaje azolvado.
Durante los primeros días de enero, la Comisión de Vigilancia de la Legislatura
del Estado difundió los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano
de Fiscalización Superior, que confirmaban los señalamientos que desde hace 4
años había lanzado la Auditoría Superior de la Federación.
Las observaciones del Orfis señalan 11 observaciones
financieras y un presunto daño patrimonial de más de 225 millones de pesos; 18
recomendaciones técnicas y un probable desfalco de 7 millones más.
Los responsables del Fideicomiso del Túnel Sumergido no
pudieron solventar las observaciones derivadas de la revisión del Orfis a la
cuenta de 2012.
Ese no fue el primer
señalamiento: desde 2009, la Auditoría Superior de la Federación hablaba del
incumplimiento de la normatividad, así como de los errores en la planeación,
programación y presupuestación de la obra.
En 2010, la misma
dependencia emitió otro dictamen negativo y hablaba de irregularidades por un
monto de 400 millones de pesos, que incluían pagos improcedentes y materiales
de mala calidad.
Debido a todos esos
señalamientos acumulados y también a que los trabajos están detenidos desde
hace meses, el Congreso local llamó a comparecer al titular de la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas del gobierno estatal, Gerardo Buganza Salmerón,
quien ayer dio los pormenores del proceso de construcción y de los recursos
destinados por el gobierno veracruzano, 2 mil 326 millones de pesos, desde que arrancó el proyecto a la fecha.
De manera frontal,
Gerardo Buganza habló de sobrecostos, omisiones e irregularidades en
ese proceso y señaló que la obra será concluida antes de que termine la
presente administración estatal. Se trata, entonces, de evitar los mismos
errores y concluir la obra.
Sin
embargo, no sólo se trata de enmendar el daño, sino, sobre todo, de aplicar la
ley con todo rigor, para que los responsables paguen por el daño patrimonial
cometido. @luisromero85, http://luisromero85.blogspot.mx/
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