Luis Alberto Romero
En el proceso de solución al conflicto derivado del
cierre de las válvulas de la presa Yuribia, en la zona sur de la entidad, el
gobernador Miguel Ángel Yunes señaló que la administración Duarte cedió al
chantaje de los ejidatarios de Tatahuicapan y terminó por entregar dinero en
efectivo a cambio de que los manifestantes no interrumpieran el suministro de
agua a la población de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y
Cosoleacaque.
Yunes Linares informó el pasado 5 de enero que el
gobierno de la entidad, la administración pasada, entregó al grupo que encabeza
Lino González algo así como 60 millones de pesos, de lo que quedó constancia en
las minutas firmadas por funcionarios estatales.
Se infiere entonces que si el grupo de Tatahuicapan no
cerraba las válvulas de la presa Yuribia no fue porque el gobierno estatal haya
cumplido con su obligación de hacer valer el estado de derecho, sino porque
Javier Duarte determinó ceder al chantaje y entregar no sólo dinero en efectivo
–algo irregular, anómalo– y hasta plazas en el sistema municipal de agua de
Coatzacoalcos.
Al llegar la presente administración, el grupo de Lino
González intentó realizar las mismas medidas de presión, pero se topó con la
negativa del ejecutivo estatal, que no cedió al chantaje y utilizó a la fuerza
pública como instrumento para evitar las afectaciones a una población cercana a
los 500 mil habitantes.
El tema de la entrega de dinero público, en efectivo, del
gobierno estatal a grupos campesinos y políticos resurgió ahora, cuando el
gobernador veracruzano declaró que algo similar ocurrió con la organización
denominada “Movimiento de los 400 Pueblos”, encabezada por Cesar del Ángel
Fuentes, recluido desde el pasado 27 de enero.
De acuerdo con dicha versión, el dirigente de esa
agrupación recibía dinero por manifestarse, unos 40 millones de pesos anuales, que
salían del erario público y que, por cierto, hubieran servido para fines más
benéficos a la sociedad, como la reparación de escuelas.
El anuncio de Yunes Linares sobre la relación del
anterior gobierno estatal con los 400 Pueblos no resulta sorpresivo, como no lo
es la captura del dirigente de dicha organización. Desde hace años había
trascendido que la administración de Duarte de Ocho financiaba a Cesar del
Ángel, que era usado para manifestarse contra los enemigos del entonces
gobernador.
Ya había trascendido, también, el hecho de que las
personas que se desnudaban en las protestas de esa agrupación no lo hacían por
convicción, sino por necesidad; es decir, recibían dinero a cambio. Tal vez la
única novedad sean los montos de ese financiamiento.
En todo caso, lo lamentable es que existan organizaciones
campesinas, sociales y políticas que lucren con la necesidad y con la miseria de
esa gente; censurable también es el que el gobierno estatal se haya prestado a
ello, y destinado recursos para estos fines, porque, por ejemplo, sólo entre
los 400 Pueblos y los ejidatarios de Tatahuicapan ya se fueron más de 100
millones de pesos de los veracruzanos, en una entidad con los problemas
financieros que enfrenta Veracruz.
Por otro lado, es evidente que cuando el control
político se basa en cañonazos de billetes, es más falso que una moneda de tres
pesos… y así quedó demostrado en la zona sur del estado. Finalmente, cualquiera
controla organizaciones, incluso gana elecciones, cuando la estrategia se basa
en el reparto de dinero y prebendas; en problema es que ese control político es
ficticio y, por tanto, resulta inútil y se pierde tarde o temprano, como quedó
demostrado en Veracruz.
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