Luis Alberto Romero
El pasado 25 de enero, mediante la circular 02/2017, la
Sedesol instruyó a sus funcionarios a instalar el Comité Central de Legalidad y
Transparencia del Blindaje Electoral, que tendrá la finalidad de
“transparentar, supervisar e implementar las acciones necesarias que permitan
privilegiar la observancia de los principios que rigen y enmarcan la función
pública en materia de transparencia, combate a la corrupción, respeto a los
derechos humanos y rendición de cuentas, durante cualquier proceso electoral”.
Dicha circular, que suscriben el abogado general y
comisionado para la transparencia de la Sedesol, así como el titular del Órgano
Interno de Control de la dependencia, establece que los funcionarios tienen la
obligación de evitar que el uso y manejo de los recursos públicos durante el
periodo que comprende del inicio de las campañas al día de la jornada electoral
se vea relacionado con actos de proselitismo.
De igual manera, se prohíbe la realización de reuniones
masivas, “sin importar la naturaleza del evento con los beneficiarios de
programas sociales”.
Se trata de medidas que para el caso de Coahuila, Estado
de México y Nayarit, iniciarán a partir de los primeros días de abril, en tanto
que para Veracruz comenzarán el dos de mayo próximo, aunque el Comité de
Blindaje será instalado el 17 del presente mes.
Básicamente, los Lineamientos Generales del Programa de
Blindaje Electoral giran en torno a tres ejes: prevenir el uso de los recursos
y programas sociales con fines electorales; suspender la propaganda electoral,
en los términos que establece la ley; y evitar que se incurra en la violación a
las normas penales, administrativas y electorales.
La Sedesol enfatiza a sus funcionarios las acciones
relacionadas con delitos electorales: coaccionar o amenazar a los subordinados
para que participen en eventos proselitistas; condicionar la prestación de un
servicio o programa; destinar apoyos ilegales al uso electoral; apoyar en
horario laboral a un contendiente político; pedir a los burócratas y
trabajadores apoyo económico para algún candidato o partido; entre otras.
En Veracruz, como en todos los estados con problemas de
pobreza y rezago social, el padrón de beneficiarios de programas asistenciales
es impresionante: casi 337 mil de Liconsa; 2 millones 630 mil, de Prospera,
además de casi 666 mil titulares de ese mismo programa; y 472 mil, de Pensión
para Adultos Mayores; así que imagine usted la tentación que representa para
partidos políticos y candidatos el uso electoral de esos programas, sobre todo
porque, en el caso de la entidad, no hay municipio sin presencia de la
Secretaría de Desarrollo Social, a través de las diferentes acciones que maneja
esa dependencia.
En ese contexto, todavía está fresco en la memoria de los
veracruzanos el recuerdo del vergonzoso episodio conocido como “el oro molido”,
que no fue más que un burdo intento del anterior gobierno estatal por utilizar
los programas asistenciales, de la Sedesol en este caso, con fines electorales.
Por otro lado, en el presente proceso electoral de la
entidad, nos dicen que se endurecerá la vigilancia sobre los funcionarios públicos
que manejan programas asistenciales: los priistas tendrán bajo la lupa a
panistas y perredistas de la administración estatal, en tanto que PAN y PRD
harán lo propio sobre los funcionarios del gobierno federal, que ya están
operando en tierras veracruzanas a través de los delegados. Los de Morena, por
su parte, vigilarán a todos los demás porque como no son gobierno en ninguno de
los tres niveles, nadie les vigilará a ellos.
Esperemos ahora que, sin importar la instancia
de gobierno ni las siglas de los partidos políticos, los funcionarios públicos
se abstengan del intento de utilizar esos recursos y programas para inducir el
voto en uno u otro sentido; es decir, que no pretendan usar la pobreza, la
marginación, el rezago y la ignorancia para ganar votos; es una costumbre, por
cierto, que se ha convertido en una de las peores bajezas políticas en nuestro
país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario