Luis Alberto Romero
Al finalizar el año anterior, la Legislatura del Estado
aprobó el presupuesto 2015 para las instancias de gobierno y los organismos
autónomos; en total, 102 mil 574 millones de pesos.
Al Instituto Electoral Veracruzano le asignaron más de 340
millones; 9 veces más de lo destinado para el Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información; y 7 veces más que lo autorizado a la Comisión de los Derechos
Humanos.
El IEV había solicitado 460 millones pero únicamente recibió
poco menos del 75 por ciento; de los 340 millones autorizados, 257 corresponden
a recursos etiquetados para los partidos políticos; de esa manera, el órgano
electoral veracruzano tiene que funcionar con un presupuesto de 83 millones de
pesos.
Debido a esa reducción presupuestal y al recorte acordado en
la reforma político electoral, al comenzar enero, el IEV determinó recortar su
nómina y no renovar contratos a casi un centenar de trabajadores.
Todo eso resulta comprensible; sin embargo, el tema no es la
reducción presupuestal sino cómo y con qué criterios se redistribuyen los
recursos, asunto en el que están inmersos los consejeros.
El problema es que desde el interior del instituto se filtró
la intención que tendrían quienes se encuentran a la cabeza del organismo, en
el sentido de disminuir el salario de los trabajadores, realizar un despido de
personal y sumar 10 millones al concepto de servicios personales, a fin de
contratar a empleados eventuales y liquidar,
en julio próximo, a los consejeros electorales; se habla, en ambos
conceptos, de casi 7 millones 500 mil pesos, de los que 3 millones 700 mil
serían para el bono de marcha.
A todo eso y, sobre todo, a la incertidumbre laboral, se
debe la inconformidad de los trabajadores del IEV y su amenaza de tomar las
instalaciones del instituto en caso de ser aprobada esa propuesta de
reasignación presupuestal que, de proceder, equivaldría al año de Hidalgo en el
organismo que encabeza Carolina Viveros. @luisromero85
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