Luis Alberto Romero
En julio de 2008
entró en vigor la reforma constitucional de seguridad y justicia, que implicó
cambios en el sistema penal. Se estableció como plazo para la aplicación de las
nuevas leyes el 2016.
Uno de los cambios
más importantes de esa reforma se relaciona con la implementación de los
juicios orales, que, en teoría, tienen como principal característica la
inmediatez del proceso y permiten la contradicción entre las partes acusatoria
y acusada.
Se supone que en
estos juicios, los jueces conocen de primera mano las versiones de las partes,
sin pasar por la integración de expedientes por parte del Ministerio Público.
Por supuesto, hay
voces que han criticado esos cambios y la lentitud con que se avanza en materia
de procuración e impartición de justicia. Una de ellas es la de Fidel Ordoñez
Solana, ex subprocurador de justicia en la zona Xalapa; ex procurador fiscal de
la Secretaría de Finanzas y abogado litigante desde hace unas tres décadas,
quien da en el clavo: de poco sirve que jueces y fiscales se capaciten en
materia de juicios orales y nuevo sistema acusatorio si no existen ni recursos
para la aplicación de las reformas ni conocimiento de los ciudadanos sobre los
nuevos procesos, ni claridad en términos legales.
A finales de 2013
sólo 4 distritos judiciales habían registrado algún avance en esa materia:
Jalacingo, Xalapa, Coatepec y Córdoba. Se estima que en Pánuco quedará listo al
finalizar 2015 y Veracruz el próximo año, que es cuando en todo el país deberá
entrar en vigor el nuevo sistema penal. El problema es que hay un marcado
rezago en más de una decena de los 21 distritos judiciales veracruzanos.
Se supone que jueces
y poder judicial en general ya ultimaron los detalles para la implementación de
los juicios orales; lo preocupante, en todo caso, es el rezago en materia de
capacitación de los abogados; y lo peor, la falta de conocimiento de la
población con relación al tema, porque si no se conocen los nuevos
procedimientos, se abre paso a la indefensión.
Fidel Ordoñez, cabeza de uno de los despachos
jurídicos de más prestigio en la capital de Veracruz, quien cobró relevancia y
notoriedad por su exitosa defensa de los tuiteros detenidos en Veracruz en
2010, y por la representación de docenas de ex ediles que fueron acusados por
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sabe de lo que habla cuando
anticipa los problemas que vienen para implementar los juicios orales porque no
sólo se trata de pintar las fachadas de los inmuebles existentes y cambiar el
nombre y logotipos de las oficinas, sino de clarificar los nuevos procesos y
destinar más recursos para la creación de más juzgados que garanticen la
rapidez en la procuración e impartición de justicia, lo cual se antoja complicado
en un estado que está al borde de la quiebra financiera. @luisromero85
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