Luis Alberto Romero
En el conflicto con la Universidad Veracruzana, el gobierno del estado
tiene todo que perder. Al margen de las consideraciones jurídicas y de las
denuncias interpuestas por los abogados de la máxima casa de estudios en la
entidad, el mayor problema a que podría enfrentarse la administración estatal
es, por un lado, el golpe ante la opinión pública, que ya se puede palpar; y la
movilización de la comunidad universitaria, cada vez más cercana.
Evidentemente, el problema no ha sido valorado en toda su dimensión por
el gobierno estatal; por ello ha crecido tanto dicho conflicto, que motivó, en
octubre del año pasado, el
pronunciamiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, Anuies, que exigió el cumplimiento de los pagos pendientes
a la UV.
El tema estalló en mayo de 2015, cuando la rectora Sara Ladrón de
Guevara se refirió por primera vez, de manera pública, a los adeudos del
gobierno del estado con la institución educativa.
El problema creció cuando, en agosto pasado, la rectora sostuvo una
reunión con un grupo de diputados federales electos, integrado por Miguel Ángel
Yunes, Cuitláhuac García, Adolfo Mota y Erick Lagos.
A partir de ahí, los desencuentros entre las autoridades universitarias
y el ejecutivo estatal subieron de tono, hasta que la semana pasada, la UV
presentó las denuncias derivadas del incumplimiento en el pago de los
subsidios, por un monto que supera los dos mil millones de pesos.
Las denuncias fueron interpuestas por los abogados de la máxima casa de
estudios en la entidad, ante la Fiscalía General del Estado y el Ministerio
Público de la Federación. La UV reclama mil 625 millones de subsidio estatal,
así como 451 millones de subsidio federal, que llegaron a Sefiplan pero no a la
universidad.
A través de los secretarios de Gobierno y de Finanzas y Planeación,
Flavino Ríos Alvarado y Antonio Gómez Pelegrín, el gobierno estatal respondió
cobrando las cuotas del Instituto de Pensiones del Estado, por un monto que
supera los 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, especialistas en el tema han aclarado que dicho cobro es
improcedente; así las cosas, el escenario para el gobierno estatal luce sumamente
complicado, porque tarde o temprano, tendrá que cubrir el monto que se le
demanda.
El conflicto va más allá del cobro de los recursos y se ha convertido
en una amenaza para el gobierno veracruzano, porque entre la comunidad
universitaria prevalece la indignación y la solidaridad con la postura de la
rectoría; en ese sentido, en la batalla ante la opinión pública, la
administración estatal está contra las cuerdas.
Yunes Linares, el principal
beneficiario
En este diferendo, hay un factor que las autoridades estatales parece
que han pasado por alto: el costo político para el Partido Revolucionario
Institucional en el contexto de la contienda por la sucesión veracruzana.
Así las cosas, la deuda y la negativa de pago por parte del gobierno veracruzano
podrían golpear la campaña priista, al igual que otros temas que han
contribuido a desgastar la imagen de la administración estatal y del PRI.
A estas alturas de la sucesión, es evidente que el principal
beneficiario de la confrontación entre UV y gobierno estatal es el abanderado
de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, quien se apresuró a exigir que el
ejecutivo cubra el pago del subsidio a la institución educativa, enarbolando
una bandera que podría representarle un beneficio electoral y un avance en
términos de opinión pública.
El costo político para el PRI
El mayor problema para el PRI y su candidato a la gubernatura, Héctor
Yunes Landa, no se relaciona sólo con el conflicto entre la universidad y la
administración estatal, sino que podría extenderse mucho más: el secuestro de
que fue objeto la reportera Anabel Flores Salazar también impactaría de manera
negativa a la campaña priista, mientras el abanderado del partido no se
deslinde de forma clara, contundente, del actual gobierno veracruzano.
De no sostener un discurso mucho más crítico que el de los días
recientes, el candidato del tricolor corre el riesgo de cosechar los puntos en
contra que representan, por ejemplo, la enorme deuda gubernamental con los
empresarios; el saldo de la inseguridad, que ha dejado miles de víctimas de ilícitos
como homicidio, secuestro, extorsión y otros, en los últimos cinco años; la
falta de pago de las pensiones y las recientes agresiones contra jubilados y
pensionados estatales; así como los descuentos que aplicaron a los burócratas
que hoy están en buró de crédito por que contrataron préstamos con financieras
que no recibieron el recurso retenido.
Se trata de temas que hasta hoy han sido bien capitalizados por el
candidato panista, con un discurso que llama al ajuste de cuentas, que resulta
sumamente atractivo para amplios sectores de la población.
Son puntos que, por supuesto, a estas alturas de
la sucesión, ya debió valorar el candidato del PRI y su equipo de campaña; por
ello es predecible una pronta ruptura con la administración estatal.
@luisromero85
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