¿Estrategia para debilitar a Morena?

Desde hace ya varios días se habla con insistencia de la cantidad de personajes impresentables que se han inscrito como aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a las presidencias municipales de Veracruz.

Con razón, muchos han criticado que Morena reciba material reciclado de otros partidos; cascajo político en el instituto político que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aunque lo cierto que cualquiera puede ir a las oficinas de ese partido y anotarse como aspirante, pues los estatutos lo permiten, al igual que la convocatoria para este proceso, en la cual se contempla la figura de candidaturas externas.

Sin embargo, de eso a que los aspirantes a la candidatura de Morena hayan recibido una “invitación” del partido o de la dirigencia existe una distancia enorme.

Ahí tiene el caso del empresario José Abella García, en Córdoba; de Paco Escalera y Marcos Salas, en Xalapa; y de Rafael Acosta Croda en Veracruz. El primero, con denuncias en su contra por presuntas amenazas de muerte contra un destacado columnista y con críticas a cuestas por haber disfrutado de un generoso trato durante la administración duartista.

Paco Escalera, por su parte, es un priista de hueso colorado que estuvo muchos años en Casa Veracruz, durante las etapas del fidelato y del duartismo; sobre él se tejen todo tipo de historias, como la que apunta a supuestos cobros por el paso al inmueble a políticos que  buscaban audiencia con el entonces gobernador. Incluso, se ha comentado que la administración de Casa Veracruz vendía hasta las botellas de vinos y licores.

Marcos Salas es otro polémico empresario cuyo sueño frustrado ha sido ser alcalde de Xalapa; y para ello ha buscado las candidaturas del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano… y por el partido que se descuide.

Acosta Croda, ex panista, ha protagonizado célebres escándalos, alcoholizado o no, con un léxico, digamos, florido y hasta soez.

Semanas antes vimos incluso a la hermana de Harry Grappa circular una foto con López Obrador en una reciente visita del líder nacional de Morena a Xalapa; así como  a la ex secretaria de Protección Civil durante el gobierno duartista, Yolanda Gutiérrez Carlín, en primera fila en el evento.

El pasado fin de semana circuló que la ex presidenta municipal de Xalapa, Elizabeth Morales García, se había inscrito como aspirante a la alcaldía de esta capital por Morena, hecho que la propia ex diputada federal salió a desmentir unas horas después.

Así las cosas, pareciera, sólo pareciera, que la intención es incrustarle a Morena a candidatos quemados, reciclados, figuras impresentables, como una estrategia perversa para endosarle descrédito público, aprovechando esta debilidad en sus estatutos y en su convocatoria.  

Lo cierto es que es muy poco probable que alguno de ellos se convierta en candidato de esa creciente fuerza política.

En torno a esos “aspirantes”, se tejen comentarios en el sentido de que éstos y otros personajes han buscado un acercamiento con el partido de López Obrador, para ofrecerse como posibles cartas; a cambio, se dice, les han prometido que si no se convierten en abanderados en el presente proceso, serán tomados en cuenta para futuras contiendas. Según estas versiones, Morena estaría jugando su juego: generar la percepción de que por ser una franquicia ganadora, cualquier político busca ese cobijo.

A propósito, AMLO estuvo en Veracruz, donde fue abordado por la prensa local; para no variar, el líder partidista perdió los estribos y sacó a relucir lo más radical de su personalidad cuando ante los cuestionamientos sobre la postulación de ex militantes de otros partidos, denostó a los reporteros locales, de quienes dijo que estaban “maiceados” por Yunes.

Al respecto, habría que preguntar si cualquiera, sin importar su pasado, se cubre con un manto de honestidad por el simple hecho de ser postulado por el partido de Andrés Manuel.

Desvíos en Veracruz, el escáldalo de las cifras

Casi tres meses después de terminado el sexenio que inició Javier Duarte de Ochoa y concluyó Flavino Ríos Alvarado, y tras decenas de versiones que circularon sobre el monto del saqueo a los recursos públicos de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer, la semana pasada, las estimaciones con relación al dinero que habría sido desviado.

Juan Manuel Portal Martínez, titular de la ASF, entregó el pasado 15 de febrero el informe de fiscalización de la cuenta pública 2015 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. El documento, en términos generales, consigna observaciones por 165 mil millones de pesos, sobre presuntas irregularidades en el ejercicio del presupuesto en las instancias que ejercieron recursos federales en todo el país.

En su mayoría, esa cifra corresponde a observaciones hechas al gobierno federal (unos 100 mil millones de pesos), en tanto que el resto, 65 mil millones, van sobre las administraciones estatales y los municipios.

Por sexto año consecutivo, Veracruz encabeza la lista de las entidades con mayores problemas en el ejercicio del presupuesto; Javier Duarte de Ochoa rompió todos los récords en cuanto a observaciones por irregularidades, a mala imagen gubernamental y a problemas judiciales.

Un día después de la entrega del documento sobre la fiscalización de la cuenta 2015 al Congreso, Portal Martínez señaló que sólo en el caso veracruzano hay denuncias que  consignan un monto de 16 mil millones de pesos, más 8 mil millones que se relacionan con procedimientos irregulares, como la simulación en los reintegros de los recursos no ejercidos.

Esa declaración se suma a otras similares del auditor superior sobre las irregularidades documentadas en el ejercicio presupuestal de Veracruz. En noviembre pasado, por ejemplo, Juan Manuel Portal señaló que los presuntos desvíos del gobierno de la entidad registran montos históricos en el ámbito nacional; en pocas palabras, no existen antecedentes de un poder ejecutivo estatal que haya sido tan corrupto.

Eso es únicamente en lo que corresponde a la revisión del ente fiscalizador federal, instancia que hasta noviembre pasado había interpuesto 60 denuncias ante la Procuraduría General de la República, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos que el gobierno estatal recibió de la Federación.

A ese escándalo por corrupción se suma lo ocurrido el pasado jueves 16 de febrero, cuando el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, declaró que el monto del desvío de recursos en Veracruz podría llegar a 55 mil millones de pesos, entre los ejercicios 2011 y 2015.

De acuerdo con el titular del Orfis, de las observaciones a las cuentas públicas veracruzanas falta por solventar unos 34 mil millones de pesos; de igual manera, apuntó que hay denuncias pendientes por 7 mil millones más.

Sin embargo, a pesar de dicha declaración del auditor estatal, es evidente que las acciones emprendidas por el Orfis distan mucho de las realizadas por el ente federal; la diferencia, además de los montos detectados, está en las denuncias contra el duartismo. Recordemos que desde hace años, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, ha manifestado ante los medios informativos y documentado ante la PGR las irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública del gobierno de Veracruz; en contraparte, el auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, se ha referido a esos temas sólo de forma reciente; y hasta hace poco, más o menos somera, superficial; antes, de 2011 a 2014, la instancia de revisión estatal le aprobaba prácticamente todo al hoy ex gobernador prófugo de la justicia.

Así las cosas, el problema del Orfis no sólo pasa por el desempeño, sino, sobre todo, por la credibilidad.

Auditoría a Tuxpan

Cada año, en la revisión que realizan las instancias de fiscalización a las diferentes dependencias gubernamentales, nos encontramos decenas de casos que consignan desvíos y daños patrimoniales.

La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, cada vez descubre más trampas de la pasada administración veracruzana, con relación al uso del erario.

Cada año, también, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se refiere a decenas de ayuntamientos cuyas administraciones no pudieron comprobar el limpio uso de los recursos.

Pocos son los gobiernos municipales que han salido bien librados de las auditorías financieras y técnicas, de las revisiones a las cuentas y a la obra pública.

Uno de esos casos está en el norte de Veracruz, en Tuxpan, donde las autoridades encabezadas por Raúl Ruiz Díaz aprobaron sin mayores problemas las revisiones a la cuenta pública 2015.

Este domingo, el edil tuxpeño informó que el Orfis dictaminó que ese ayuntamiento no presenta daño patrimonial y que cumplió de forma correcta con la rendición de dicha cuenta pública.

De esa manera, el Orfis descartó desvíos en ese gobierno municipal y, determinó que los recursos públicos se han ejercido con trasparencia y honestidad.

Pues bien, esa ha sido la constante en cuanto a la información derivada de las auditorías a ese ayuntamiento; en los tres años que la instancia fiscalizadora ha revisado las cuentas del citado gobierno municipal, el resultado no consigna desvíos ni daño patrimonial alguno.

El 17 de febrero de 2016, por ejemplo, se dio a conocer que Tuxpan fue uno de los municipios veracruzanos que aprobaron la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2014, de acuerdo con la Gaceta Oficial del Estado.

Asimismo, las autoridades municipales de ese lugar destacaron que en el informe de la cuenta 2014, el Orfis no detectó irregularidades por presunto daño patrimonial, ni responsabilidades de carácter resarcitorio.

En esa ocasión, el Orfis auditó el 95 por ciento de los ingresos y casi 71 por ciento de los egresos municipales; y las conclusiones no dejan lugar a dudas: “una vez concluida la fase de comprobación del procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta  Pública 2014, que se efectuó mediante la práctica de auditoría a pruebas y muestras selectivas, se determinó que no existen observaciones que adviertan una presunta responsabilidad resarcitoria… por un posible daño a la Hacienda Pública Municipal”; asimismo, el Orfis advierte que no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial  en Tuxpan. Igual ocurrió, a propósito, en la revisión a la cuenta 2013.

De esa forma, podríamos decir que en medio de tantas irregularidades, de tantas trampas de las instancias gubernamentales para justificar presuntos desvíos o para malversar los recursos públicos, es alentador que existan ayuntamientos preocupados por la transparencia en el ejercicio del presupuesto; Tuxpan ha sido uno de esos casos.

Por cierto, llama la atención la promoción mediática que realiza el gobierno federal sobre la inversión realizada en el puerto de Tuxpan.

Con un spot pautado en medios electrónicos nacionales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pondera al puerto más cercano al Altiplano, lo  que pone en el mapa nacional a un municipio que hoy registra un importante despegue.

¿Dos cofradías en la Iglesia de Xalapa?

Luis Alberto Romero

En la iglesia católica, como en cualquier institución humana hay grupos, sectas, cofradías, asociaciones de seres humanos, hombre y mujeres, que coinciden en una forma de pensar, en una práctica de vida o de ejercer la ideología de este milenario organismo religioso.

Como en toda institución humana, en la iglesia hay también intrigas palaciegas, intereses, deseos malsanos de avasallamiento, de ponerle el pie al otro, de truncarle su carrera, de quedar bien con el de mayor jerarquía, de querer escalar a costa de todo, con tal de tener los beneficios que da el poder.

En la arquidiócesis de Xalapa, para no ir lejos, un grupo de clérigos se empoderó desde hace muchos años, logrando grandes prebendas y beneficios. Los cercanos a esa cofradía, nos cuenta una fuente, tenían las mejores posiciones en la Curia arzobispal –la oficina administrativa del arzobispo-, las mejores parroquias –entiéndase las más pudientes- y las mejores posibilidades para hacer estudios en el extranjero, concretamente en Roma, donde el cófrade mayor o líder del grupo, había tejido muy buenas relaciones.

Claro, hay curas y muchos, dedicados a su feligresía, atentos a las necesidades de su gente, cumpliendo auténticamente la misión que emerge de las enseñanzas de su fundador. Pero bueno, los hay quienes están, como dijo el Papa en la ya célebre entrevista que dio a El País madrileño a finales del mes de enero, “en una iglesia anestesiada por la mundanidad” y a esos nos referimos en este texto.

La reflexión emerge de un hecho concreto que quizá para el lector no imbuido en estos temas podría pasar desapercibido, pero para quienes conocen las entrañas de la iglesia católica en nuestra capital, resultó muy significativo.

El 29 de enero, en la misa dominical, el arzobispo Hipólito Reyes Larios anunció la salida del padre Rafael González Hernández de la Catedral Metropolitana. Se lo dijo a la feligresía, ya sin la presencia del cura. Ahí dijo que sería relevado por el padre Roberto Reyes Anaya, un sacerdote de reconocida solvencia moral e intelectual, quien en su carrera clerical tiene anotado el haber sido rector del Seminario Mayor de Xalapa.

A algunos feligreses les extrañó, pero bueno, como la fe es ciega, aceptaron el anuncio de su pastor Hipólito Reyes Larios.

Esa misma semana, el 1 de febrero, por la noche, en una ceremonia religiosa, el prelado titular, acompañado del obispo auxiliar, José Rafael Palma Capetillo, le dio posesión de la sede de la Iglesia Catedral.

Llamó la atención que tampoco estuvo presente el padre Rafael González Hernández, el párroco saliente y aunque el arzobispo hizo un somero agradecimiento y en el Semanario Alégrate distribuido el 12 de febrero aparecen dos renglones para agradecer “la labor pastoral que desempeñó por varios años el padre Rafael González”, de este clérigo no se dice nada más.

El sacerdote oriundo de Xico, abogado por la Universidad Gregoriana de Roma y conocedor de los pasillos del poder en la Curia papal, fue el que llevó los alegatos legales para que Rafael Guízar y Valencia fuera nombrado Santo de la Iglesia Católica y lleva el mismo procedimiento del padre Martín del Campo.

Hombre de una gran inteligencia, dicen quienes lo conocen, se ha desempeñado con gran institucionalidad, pero también con mucha astucia, para dirigir una cofradía que como escribíamos en renglones arriba, ha tenido grandes beneficios de la iglesia xalapeña. En pocas palabras, ha sabido repartirse y repartir bien el pastel del poder terrenal que representa la iglesia Católica.

“En Roma todas las oficinas vaticanas se abren con su nombre”, dice un testimonio. Su influencia es de muchos años, añaden. Su dominio del latín y del italiano, naturalmente, ha sido fundamental, para convertirse en vínculo necesario de la iglesia central con la iglesia local de Xalapa.

Alrededor de su persona se han tejido muchas leyendas que a este reportero no le constan y que omite por cuestión profesional, pero lo que sí resulta claro, según los testimonios recabados, es el poder que Rafael González Hernández ha ejercido. Por ello la pregunta: ¿por qué no estuvo en la ceremonia de su relevo en la Iglesia Catedral, cuando es normal que el saliente reciba al entrante?

Además, quienes estuvieron ahí, cuentan que el arzobispo Hipólito Reyes Larios, con su natural desparpajo dijo: “le recuerdo al nuevo párroco que su asiento es aquel y no éste”, refiriéndose a la silla catedralicia, reservada única y exclusivamente para el arzobispo, quien por ley es el titular de la Iglesia Catedral.

Los politólogos dirán que Hipólito Reyes Larios se empoderó. Que el relevo de Rafael González Hernández obedece a que el prelado no está dispuesto a compartir el poder y el don de mando que posee. Quién sabe.

La gente sonrió. Todos lo tomaron a chacoteo, pero quienes conocen el fondo del asunto sabrán por qué Hipólito Reyes Larios se refirió así al nuevo párroco y a quién le dirigió ese mensaje.

Habremos de enterarnos muy pronto el destino del padre Rafael González Hernández. Quizá nunca sabremos qué pasó exactamente esos últimos días de enero y primeros de febrero o si son simplemente parte de la leyenda diocesana los rumores de las cofradías en la iglesia de Xalapa. @luisromero85

PRI, a cirugía mayor en Veracruz

Para Lorena Martínez Rodríguez, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Veracruz, en las elecciones municipales del presente año podrá hablarse de un éxito para dicho partido si logra conservar el número de alcaldías, así como el porcentaje de los votos obtenidos en el proceso de 2016, 30.29 por ciento.

La ecuación priista parece simple: se trata de evitar a toda costa que el tricolor se “desfonde”, se desplome y termine rezagado en el tercer lugar de la contienda. Sin  embargo, no es tan sencillo, dada la inercia del voto en contra, el avance que registra el Movimiento de Regeneración Nacional, el factor de un gobernador prófugo de la justicia y, por si fuera poco, el efecto del aumento en el precio de los combustibles.

La ex alcaldesa de Aguascalientes, ex candidata de su partido al gobierno de esa entidad, señala que el proceso local de 2017 no tendrá nada que ver con el registrado en año pasado, sobre todo porque, sostiene, en una elección municipal más que los partidos cuentan los candidatos. En ese contexto, confía en que el PRI tenga la capacidad de postular buenas cartas.

La delegada del CEN del PRI se reunió este miércoles con los periodistas que integran el Grupo de los 10; ante ellos apuntó que llegó a Veracruz, el pasado 6 de enero, con tres objetivos fundamentales: trabajar en el tema de las alianzas con otras fuerzas políticas (al final, se concretó la coalición con el Partido Verde); renovar el Comité Directivo Estatal (quedando en el cargo Renato Alarcón Guevara); y fortalecer al partido con miras a llegar en la mejor condición posible a las campañas. Adicional a esos tres puntos, subrayó, es necesario trabajar en la unidad interna, a fin de que todos los grupos queden representados, incluidos en la toma de decisiones.

Lorena Martínez reconoce la existencia de puntos que podrían considerarse focos rojos para el PRI; señala que uno de ellos se ubica en la zona sur de la entidad (Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y otros), las zonas petroleras, donde el avance de Morena es evidente. De igual manera, enfatiza que de ninguna manera se puede hablar, de forma anticipada, de una derrota en la capital del estado.

Dice que su partido postulará a candidatos competitivos en los 212 municipios veracruzanos, y que la meta es conservar el número de ayuntamientos, 93, obtenidos en las elecciones de 2013.

Pues bien, al margen de la declaración de la delegada priista, es claro que para cumplir ese objetivo, el primer problema a que se enfrentará el PRI es la pérdida de confianza de los ciudadanos y, por supuesto, la falta de un guía que opere la elección desde Palacio de Gobierno. Recordemos que en Veracruz el tricolor no tiene la experiencia de participar en un proceso electoral como oposición porque, finalmente, se trata de un partido creado por y desde el gobierno.

Así las cosas, el camino para el Revolucionario Institucional se observa cuesta arriba en las municipales del presente año.

La delegada, por cierto, comentó que previo a su nombramiento del 6 de enero, se manejó como una posibilidad que asumiera el mismo cargo partidista en la Ciudad de México; al final, destaca, el partido determinó enviarla a Veracruz, porque esta entidad tiene este año un proceso electoral. Como sea, ambos casos, CdMx y Veracruz, lucen como una misión imposible para el partido que encabeza de manera formal Enrique Ochoa Reza. La diferencia, señala Martínez Rodríguez, es que mientras en lo que antes era el Distrito Federal el PRI está casi muerto, en la tierra veracruzana el partido todavía tiene signos vitales y con una cirugía mayor el asunto podría resolverse.

El problema es que Lorena Martínez podría ser una buena cirujana, pero si el enfermo se encuentra en muy mal estado, es viejo y tiene una mala nutrición; el quirófano está infectado con todo tipo de virus y bacterias; y el anestesiólogo está borracho, el resultado fatal es predecible.

A ver si no nos salen, el próximo 4 de junio por la noche, con que el procedimiento quirúrgico fue un éxito, pero el paciente murió.

Desempleo, los números en Veracruz

El Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al cuarto trimestre de 2016.

Básicamente, dicho ejercicio del citado instituto consigna una tasa de desocupación, en el ámbito nacional, de 3.6 por ciento, lo que habla de una reducción de 0.1 por ciento con relación al trimestre anterior; asimismo, la subocupación pasó, en tres meses, de 7.7 a 7.2 por ciento, en tanto que la informalidad laboral se ubicó en 57 por ciento.

La encuesta del Inegi destaca también que 3.7 millones de mexicanos se encuentran en subocupación; es decir, se ven en la necesidad de ofertar más tiempo de trabajo, dado que su ocupación actual no es suficiente para cubrir sus necesidades.

Por otro lado, se establece que de los 54 millones de mexicanos que integran la Población Económicamente Activa, 52.1 millones tienen empleo, lo que significa un incremento de 555 mil personas, con relación al mismo trimestre, el cuarto, de 2015.

El desempleo, que se conoce como “población desocupada”, se ubicó en 3.5 por ciento; es decir, 1.9 millones de mexicanos sobreviven en esa condición. De Acuerdo con las cifras oficiales, en esa casilla, nuestro país también habría registrado un avance considerable, al pasar de 4.2 a 3.5 por ciento.

De la Población Económicamente Activa, 6.9 millones de mexicanos se dedican a las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca), lo que equivale a 13.3 por ciento del total; 13.3 millones, 25.4 por ciento, a las actividades secundarias (industria y construcción); en tanto que 31.7 millones se dedican a las actividades terciarias (comercio, transportes, servicios profesionales y otros).

En cuanto a Veracruz, la ENOE del Inegi establece que la tasa de desocupación se encuentra en la media nacional, 3.5 por ciento; en esa condición se encuentran casi 110 mil veracruzanos que no tienen empleo; en contraparte, hay 3 millones 52 mil personas que entran en la casilla de la población ocupada.

Otros números reflejan que 9.8 por ciento de los veracruzanos tienen una ocupación parcial, mientras que 68.5 por ciento de la Población Económicamente Activa de la entidad están en informalidad laboral.

La buena noticia, dentro de todo lo malo que se puede comentar, es que el desempleo en Veracruz no ha registrado un incremento; de hecho, los números se mantienen más o menos estables, al menos al cuarto trimestre de 2016, como ocurrió en diciembre pasado, cuando se dieron a conocer los números del tercer trimestre de dicho año.

Evidentemente, la economía de la entidad se mueve sin importar la crisis por la que atraviesa el gobierno del estado y que fue provocada en gran medida por la escandalosa corrupción; de hecho, podríamos apuntar que sobre todo en el último lustro, en Veracruz se generaron empleos no gracias, sino a pesar del gobierno estatal.

Blindaje electoral en Veracruz

Luis Alberto Romero

El pasado 25 de enero, mediante la circular 02/2017, la Sedesol instruyó a sus funcionarios a instalar el Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral, que tendrá la finalidad de “transparentar, supervisar e implementar las acciones necesarias que permitan privilegiar la observancia de los principios que rigen y enmarcan la función pública en materia de transparencia, combate a la corrupción, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, durante cualquier proceso electoral”.

Dicha circular, que suscriben el abogado general y comisionado para la transparencia de la Sedesol, así como el titular del Órgano Interno de Control de la dependencia, establece que los funcionarios tienen la obligación de evitar que el uso y manejo de los recursos públicos durante el periodo que comprende del inicio de las campañas al día de la jornada electoral se vea relacionado con actos de proselitismo.

De igual manera, se prohíbe la realización de reuniones masivas, “sin importar la naturaleza del evento con los beneficiarios de programas sociales”.

Se trata de medidas que para el caso de Coahuila, Estado de México y Nayarit, iniciarán a partir de los primeros días de abril, en tanto que para Veracruz comenzarán el dos de mayo próximo, aunque el Comité de Blindaje será instalado el 17 del presente mes.

Básicamente, los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje Electoral giran en torno a tres ejes: prevenir el uso de los recursos y programas sociales con fines electorales; suspender la propaganda electoral, en los términos que establece la ley; y evitar que se incurra en la violación a las normas penales, administrativas y electorales.

La Sedesol enfatiza a sus funcionarios las acciones relacionadas con delitos electorales: coaccionar o amenazar a los subordinados para que participen en eventos proselitistas; condicionar la prestación de un servicio o programa; destinar apoyos ilegales al uso electoral; apoyar en horario laboral a un contendiente político; pedir a los burócratas y trabajadores apoyo económico para algún candidato o partido; entre otras.

En Veracruz, como en todos los estados con problemas de pobreza y rezago social, el padrón de beneficiarios de programas asistenciales es impresionante: casi 337 mil de Liconsa; 2 millones 630 mil, de Prospera, además de casi 666 mil titulares de ese mismo programa; y 472 mil, de Pensión para Adultos Mayores; así que imagine usted la tentación que representa para partidos políticos y candidatos el uso electoral de esos programas, sobre todo porque, en el caso de la entidad, no hay municipio sin presencia de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de las diferentes acciones que maneja esa dependencia.

En ese contexto, todavía está fresco en la memoria de los veracruzanos el recuerdo del vergonzoso episodio conocido como “el oro molido”, que no fue más que un burdo intento del anterior gobierno estatal por utilizar los programas asistenciales, de la Sedesol en este caso, con fines electorales.

Por otro lado, en el presente proceso electoral de la entidad, nos dicen que se endurecerá la vigilancia sobre los funcionarios públicos que manejan programas asistenciales: los priistas tendrán bajo la lupa a panistas y perredistas de la administración estatal, en tanto que PAN y PRD harán lo propio sobre los funcionarios del gobierno federal, que ya están operando en tierras veracruzanas a través de los delegados. Los de Morena, por su parte, vigilarán a todos los demás porque como no son gobierno en ninguno de los tres niveles, nadie les vigilará a ellos.

Esperemos ahora que, sin importar la instancia de gobierno ni las siglas de los partidos políticos, los funcionarios públicos se abstengan del intento de utilizar esos recursos y programas para inducir el voto en uno u otro sentido; es decir, que no pretendan usar la pobreza, la marginación, el rezago y la ignorancia para ganar votos; es una costumbre, por cierto, que se ha convertido en una de las peores bajezas políticas en nuestro país.